El documento describe los órganos del Estado y su clasificación. Los órganos del Estado son aquellos instrumentos o medios que el Estado utiliza para realizar sus funciones y están compuestos por dos elementos: el órgano individuo, que son las personas físicas que ejercen cargos como la Presidencia, y el órgano institución, que son las atribuciones y competencias asociadas con el cargo. Los órganos se clasifican por su origen, estructura, ámbito de acción y naturaleza de sus atribuc

1. Los órganos del estado
La organización del Estado, está integrada por un conjunto de personas jurídicas a cuyo
cargo está la realización de las actividades públicas.
Estas personas expresan su voluntad por medio de personas físicas. Es necesario, para el
ejercicio de las funciones públicas, que determinados individuos de la especie humana
adopten decisiones y emitan manifestaciones de voluntad en nombre de esas personas
jurídicas.
Los órganos del Estado son aquellos instrumentos o medios de que se vale para realizar una
determinada función estatal: Órganos Legislativos, Órganos Ejecutivos y Órganos
Judiciales.
En el órgano se distinguen dos elementos:
Órgano Individuo: Es la persona o personas que expresan la voluntad estatal.
Podemos decir entonces, que las personas individuos son las personas físicas que en un
momento determinado ejercen la
Presidencia de la República, El Ministerio de Educación, la Gobernación de un
determinado Estado, entre otros.
Los órganos individuos son transitorios y cada órgano individuo actúa dentro de la
competencia del respectivo órgano institución
Órgano Institución: Es el conjunto de atribuciones, competencias y poderes que
individualizan al órgano dentro de la Estructura del Estado.
El órgano institución es inseparable de la persona jurídica y forma parte de su propio ser.
Tiene pues, carácter de permanencia. El órgano institución se manifiesta por medio del
órgano .individuo, esto es, por medio del llamado titular del órgano.
EL órgano institución forma parte integrante de la persona jurídica considerada. Tiene una
competencia señalada por el derecho objetivo. La Presidencia de la República, El
Ministerio de Educación, La Gobernación del Estado Nueva Esparta son órganos-
institución.
Los órganos institución del estado tienen la permanencia de la Constitución o las leyes que
lo han creado. Además carecen de personalidad y representan al persona jurídica, pero sólo
dentro de cierta competencia.
Teoría de la representación
Esta teoría argumenta que, a fin de poder actuar, las personas jurídicas tienen sus
representantes legales, al igual que los menores de edad, cuya representación legal es

2. ejercida por los padres y tutores. La ley fija las reglas acerca del funcionamiento de las
personas jurídicas, y regula la forma de dotarlas de representación de los incapaces. Se
provee de representaciones legales a las entidades jurídicas, como a los menores de edad y
a los entredichos, porque aquellas carecen de voluntad, y estos últimos, de voluntad eficaz
para cuidar adecuadamente de sus intereses. Los representantes legales de las entidades
jurídicas actúan en nombre de sus representados y comprometen la responsabilidad de las
mismas.
El estado necesita también de una jerarquía para conseguir la unidad, y por eso es necesario
establecer que ciertos órganos tengan autoridad sobre los otros. Por lo que son necesarios
órganos superiores y órganos subordinados a los primeros.
La necesidad de esta voluntad superior y que sea obedecida, tiene por objeto deslindar
funciones, corregir defectos, resolver conflictos para marcar una pauta de subordinación;
que define los diversos grados del mando y la obediencia. Esta subordinación de voluntades
que tiende a coordinar las actividades para conseguir un fin unitario, se denomina jerarquía.
5. Teoría del órgano
El derecho constitucional tiene por objeto establecer las condiciones mediante las cuales un
acto de voluntad realizado por ciertos individuos debe ser considerado, no ya como una
simple actividad de dichos individuos, sino como una manifestación de la vida del ser
colectivo. Denominándose a tales individuos órganos.
Hans Kelsen dice que el concepto primario y fundamental de órgano del Estado se aprecia
desde el punto de vista dinámico, el orden jurídico estatal es creado en todos sus grados por
hombres cuya función creadora está determinada por el orden mismo, desde el momento en
que las normas de grado superior establecen las condiciones bajo las cuales habrán de ser
creadas las normas de grado inferior.
En tal sentido para Kelsen es Estado el que determinado por la norma de grado superior,
establece la norma de grado inferior.
En la teoría del órgano no aparecen dos personas distintas: las personas jurídicas expresan
su voluntad por medio de sus órganos, que son parte integrante de ellas mismas, y no
sujetos de derecho. Por eso, en la teoría del órgano no se afirma que una persona actúa en
nombre de otra, como el mandatario o el representante legal, sino que las personas jurídicas
obran por si mismas. El órgano es parte de la persona jurídica, y ésta no adquiere plenitud
de existencia sin sus órganos, pues sin ellos no podrá moverse en el campo del derecho.
6. Clasificación De Los Organos
Los Órganos del Estado se clasifican desde distintos puntos de vista:

3. Por Su Origen:
Constitucionales: Son los creados por la Constitución, Ejemplo: El Presidente de la
república, Los Ministerios, El Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional,
la Contraloría General de la República, entre otros.
Legales: Son los creados por las leyes, tales como las Direcciones de los
Ministerios, las direcciones de los Institutos Autónomos.
Por el número de personas que les están adscritas:
Individuales: Están formados por una sola persona
Colegiados: Formado por varias personas que concurren a un mismo tiempo y en
situación de igualdad al ejercicio de una misma función. La expresión de la
voluntad del órgano colegiado es el resultado de una deliberación regida por reglas
especiales relativas a la convocatoria, al quórum, las condiciones en que deben
efectuarse los debates, el número de votos requeridos para la validez de las
decisiones, que pueden ser la mayoría absoluta, una mayoría calificada o la
unanimidad.
Por su estructura:
Simples: Sea individuales o colegiados, son unidades indivisibles.
Complejos: Comprenden un conjunto de órganos individuales o colegiados, que
bajo ciertos aspectos permanecen distintos, mientras que en otros se consideran
como partes que concurren a formar un órgano único. Ejemplo los Ministerios,
formados por el Ministro, los directores, los consultores jurídicos, entre otros.
Por su esfera de acción
Externos: Son aquellos que ponen a la persona jurídica en relación con otros sujetos
del derecho; tales son, por ejemplo: los Ministros del despacho que actúan en
nombre de la República en la celebración de contratos o el Síndico de un Municipio
que en casos judiciales actúa a nombre del Municipio
Internos: Ejercen una acción ilimitada en la esfera interna de la propia persona
jurídica de la cual forman parte, sin relación con otros sujetos de derecho; tal es el
caso de los consultores jurídicos de los ministerios.
Desde el Punto de Vista de la naturaleza de las atribuciones:
Activos: Son los que forman o contribuyen a formar la voluntad de la entidad
jurídica, o bien están encargados de manifestar es voluntad o de ejecutarla.
Consultivos: No adoptan ni ejecutan decisiones ni en forma alguna realizan
manifestaciones de voluntad, sino de inteligencia; ilustran con sus dictámenes el
criterio de los órganos activos.
De Control: Tienen por misión asegurar la regularidad de los actos de los órganos
activos, tanto en el aspecto de su legitimidad como de su sinceridad.
Acto Administrativo

4. Es la concepción intelectual del hecho administrativo (Ej. Ordenar la construcción
de una oficina). Jurídicamente tiene presunción de legitimidad, por lo que determina
la obligación del particular de cumplirlo y el nacimiento de los términos de
impugnación y caducidad. Puede ser objeto de nulidad. Son impugnados mediante
los recursos administrativos.
Elementos esenciales: sujeto (estado: realiza el acto), causa (motivo o circunstancia
que origino el acto), objeto (particulares: sobre quien recae el acto), finalidad (bien
común), forma (de realización), voluntad (expresión escrita o verbal del acto),
competencia (principio de jerarquía) y notificación (para ser validos los actos deben
ser notificados a los particulares).
Elementos accidentales: termino (periodo de tiempo de vigencia), condición (para la
aplicación) y modo (forma de implementación).
Acto de Gobierno: comprende todos los demás actos del Poder ejecutivo que no sean de
carácter administrativo pero que si tienen impacto jurídico sobre terceros, por ejemplo el
Tratado del MERCOSUR.
Caracteres: legitimidad (presunción de validez), ejecutividad (obligatoriedad de
cumplimiento), ejecutoriedad (autoridad para obtener la ejecución del acto después de la
publicación), estabilidad (prohibición de revocación luego de la notificación),
impugnabilidad.
Teorías Amplias:
a) Actuaciones y declaraciones administrativas unilaterales y bilaterales, individuales y
generales, con efectos directos e indirectos. Esta definición comprende todas las acciones
administrativas. Según esta teoría, los actos de los Poderes Legislativo y Judicial, también
son de carácter administrativo.
b) Declaraciones administrativas unilaterales y bilaterales, individuales y generales, con
efectos directos e indirectos. Esta definición comprende los actos, reglamentos y contratos.
C) Declaraciones administrativas unilaterales y bilaterales, individuales y generales, con
efectos directos. Esta definición comprende los contratos y reglamentos.
Teoría Intermedia: Declaraciones administrativas unilaterales, individuales y generales, con
efectos directos. Esta definición comprende los reglamentos y es la utilizada en nuestro
país.
Teoría Restringida: Declaraciones administrativas unilaterales, individuales, con efectos
directos.

5. Nulidad: esta dada por la exclusión de la voluntad de la Administración por error esencial,
existencia de dolo, incompetencia en razón de materia tiempo, territorio o grado, falta de
causa o violación de la ley aplicable, formas esenciales o la finalidad que inspiro su
dictado.
Acto defectuoso: es aquel que presenta vicios, deficiencias o irregularidades.
Caracteres: legitimidad (presunción de validez), ejecutividad (obligatoriedad de
cumplimiento), ejecutoriedad (autoridad para obtener la ejecución del acto después de la
publicación), estabilidad (prohibición de revocación luego de la notificación),
impugnabilidad.
Teorías Amplias:
a) Actuaciones y declaraciones administrativas unilaterales y bilaterales, individuales y
generales, con efectos directos e indirectos. Esta definición comprende todas las acciones
administrativas. Según esta teoría, los actos de los Poderes Legislativo y Judicial, también
son de carácter administrativo.
b) Declaraciones administrativas unilaterales y bilaterales, individuales y generales, con
efectos directos e indirectos. Esta definición comprende los actos, reglamentos y contratos.
C) Declaraciones administrativas unilaterales y bilaterales, individuales y generales, con
efectos directos. Esta definición comprende los contratos y reglamentos.
Teoría Intermedia: Declaraciones administrativas unilaterales, individuales y generales, con
efectos directos. Esta definición comprende los reglamentos y es la utilizada en nuestro
país.
Teoría Restringida: Declaraciones administrativas unilaterales, individuales, con efectos
directos.
Nulidad: esta dada por la exclusión de la voluntad de la Administración por error esencial,
existencia de dolo, incompetencia en razón de materia tiempo, territorio o grado, falta de
causa o violación de la ley aplicable, formas esenciales o la finalidad que inspiro su
dictado.
Acto defectuoso: es aquel que presenta vicios, deficiencias o irregularidades.
VALIDEZ
En ciertos casos los Actos Administrativos pueden incurrir en vicios y ser inválidos.
Consecuencia: la estructura del régimen de las nulidades en el derecho Administrativo
estaba tomado del derecho civil. Nulidad absoluta y nulidad relativa.

6. Nulidad absoluta: ciertos vicios son tan intensos que el negocio, desde el primer momento,
carece de efectos jurídicos. La nulidad es " ipso iure " y si se impugna, aunque no es
necesario, la decisión judicial es meramente declarativa.
Nulidad relativa o anulabilidad: sí ha producido efectos pero tienen algún vicio. Se
permite que se subsane esa ilegalidad por el transcurso del tiempo y si no se subsana, la
declaración judicial es constitutiva. Se extrae de la Ley de Procedimiento Administrativo
un principio general de favorecimiento del Acto Administrativo. Se advierte en varios
aspectos.
Presunción de la validez (Artículo 57.1 de la Ley) se presume que el Acto Administrativo
es válido. En caso de duda entre nulidad absoluta o relativa se presume la relativa. Se
manifiesta en una serie de reglas:
1. Conversión de los Actos viciados: un Acto Administrativo viciado nulo de pleno
derecho... (Artículo 65 de la Ley de Procedimiento)
2. Conservación de Actos y trámites (Artículo 66 de la Ley). En aquellas ilegalidades de
Procedimiento Administrativo, si se produce desde un punto, se repite desde ese punto, no
desde el principio. Reposición de actuaciones.
3 Convalidación de los Actos anulables (Artículo 67) pueden ser siempre convalidados. La
Administración advierte que se ha producido una ilegalidad y la subsana. Dos supuestos:
1) 67.3 Incompetencia jerárquica: orden dictada por un órgano incompetente
jerárquicamente.
2) Supuesto de dos fases. En la primera, la Administración tomó una decisión para la que es
necesaria la autorización de otra. Si falta esa autorización puede ser convalidada
autorizando. Distintos supuestos de ilegalidad. La Ley de Procedimiento Administrativo
prevé otros supuestos: irregularidades no invalidantes, no tienen trascendencia alguna. Y
errores (aritméticos, de cálculo...).
Supuestos de la nulidad absoluta o de pleno derecho (Artículo 62 de la Ley).
1. Actos que lesionan los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional:
derechos fundamentales. Cualquier lesión.
2. Incompetencia del órgano (territorial o material).
3. Actos con un contenido imposible. No se dan las circunstancias del hecho. Supuesto de
hecho inexistente.
4. Actos constitutivos de infracción penal o que traigan en causa o son consecuencia de una
infracción penal. Actos que ordenan un delito o falta.

7. 5. Otro supuesto: los supuestos prescindiendo total y absolutamente del Procedimiento
establecido. La infracción ha de ser total. Nulidad de pleno derecho. Junto a este supuesto,
la jurisprudencia consideró también la infracción de trámites esenciales o uno solo. Por
ejemplo, la audiencia del interesado, reposición de las actuaciones. Da lugar a nulidad
relativa. Todas aquellas infracciones de Procedimiento que no sean de pleno derecho, se
mandan a anulabilidad relativa, y a su vez a las irregularidades.
6. Último supuesto (Artículo 62) Actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento
jurídico, por lo que se adquieren facultades o derechos si se carece de requisitos para su
prestación (muy cercana a los Actos de contenido imposible) la Ley, aquí está refiriéndose
al silencio positivo, si en ese supuesto, el particular carecía de los requisitos esenciales para
su adquisición, no se produce el silencio positivo.
También las disposiciones Administrativas pueden incurrir en nulidad de pleno derecho.
Reglamento contra Ley será nulo de pleno derecho.
La Ley prevé la sanción de reglamentos: al producirse una infracción de la jerarquía
normativa, para el criterio que sigue la Ley (nulidad y anulabilidad, y en caso de duda
anulabilidad) El legislativo sigue el criterio opuesto, siempre nulidad absoluta al romper
con la jerarquía normativa.
Nulidad relativa o irregularidad.
Artículo 63.1 los supuestos son cualquier otra infracción del ordenamiento jurídico no
contemplada en el Artículo 62. Son anulables los Actos de la Administración que incurran
en infracciones del ordenamiento jurídico incluso la "desviación de poder". La desviación
de poder (Ley contencioso Administrativa) es el uso de facultades Administrativas para
fines distintos de los previstos en el ordenamiento jurídico. Resolución de una norma
formalmente correcta pero no para esa finalidad sino distinta (fraude de Ley). En la
jurisprudencia no es fácil encontrarlos; porque siempre hay ilegalidad. Por tanto, son
anulables: Infracciones distintas del ordenamiento jurídico (de nulidad absoluta) y
desviaciones de poder.
Todo Acto Administrativo tiene un fin: el que prevé la norma que lo habilita, si no sigue el
fin, se desvía de la norma.
Irregularidades no invalidantes: (Artículo 63 "a contrario sensu").
Podemos encontrar dos supuestos:
1) Acto Administrativo incurra en defecto de forma. En principio, es una mera
irregularidad, pero puede que en una determinada circunstancia tenga una mayor
trascendencia y por tanto ese supuesto será de nulidad relativa. Artículo 63.2 cuando el
Acto no pueda alcanzar su fin, en los otros supuestos pasa ser una mera irregularidad. Así,
los vicios de tramitación pueden ser: nulidad absoluta, nulidad relativa (indefensión o no-
fin), y resto de los casos.

8. 2) la Ley singulariza el incumplimiento de los plazos, ¿Qué ocurre? Tienen la misma
sistemática que los defectos de forma. Ya que si provoca indefensión lleva a nulidad
relativa (Artículo 63.3) es el particular el que debe demostrarlo (por la ejecutividad de la
Administración).
Errores (Artículo 105.2) dentro de la revisión de Actos Administrativos se establecen los
errores. Errores de hecho, de los propios Actos, no son una auténtica ilegalidad ni
irregularidad, por ejemplo operaciones en el IRPF.
2. Eficacia de los Actos Administrativos.
La Ley de Procedimiento Administrativo es decisiva porque ninguna Administración puede
actuar sin rapidez ni celeridad. Frente a criterios de mediados del siglo XIX en que en
ciertos casos los Tribunales decidieron sobre la validez de los Actos Administrativos, se ha
impuesto en este criterio de eficacia. (Artículo 57.1) los Actos sujetos al derecho
Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicta.
Presunción de validez de los Actos Administrativos y de ejecución inmediata o efectividad.
Tal eficacia inmediata, que es fundamental en la aplicación del Acto Administrativo, es
contradicha en el Artículo 57.2.
Eficacia del Acto no es inmediata, si su contenido implica desarrollo o demora en su
aplicación, por ejemplo un llamamiento a filas.
Aprobación de un superior (decisión adoptada por entidades locales pero que necesita la
aprobación de la Administración que las tutela) Acto válido pero que demora su eficacia
hasta que se apruebe.
Demora como consecuencia de su notificación o publicación. Tal demora no es una
excepción sino que es una regla general para que todo Acto Administrativo debe ser
notificado si afecta a derechos o intereses particulares (Artículo 57.3) lo que se quiere decir
que es que la notificación funciona como condición de eficacia del Acto Administrativo. Es
el punto débil de los Actos Administrativos, que se presume válido pero no eficaz hasta su
notificación.
El reglamento de notificación aparece en los Artículos 58 y 59: obligación de notificar todo
Acto que afecte a intereses y derechos de los particulares en un plazo de diez días.
Condición suspensiva del Acto Administrativo. ¿Qué sucede si se incumple el plazo de diez
días? En principio, que es mera irregularidad, salvo si produce indefensión. La notificación
debe contener unos elementos:
 Texto íntegro del Acto. Lo que se traslad al particular, no es un resumen-guía, sino el
a
texto íntegro (ya con la Ley del 58).
 Mecanismos y vías de defensa del particular frente al Acto (recurso, plazo, Artículo
58.2.3) El Procedimiento Administrativo es informal, y se parte de la idea de que hay que
guiar al particular para que pueda defender sus intereses. Si la notificación es defectuosa,

9. depende del vicio de tal notificación,1). Si se ha indicado un recurso por ejemplo inválido y
se reconoce válidamente se subsana. Y 2). Subsanándola la propia Administración. Todos
terminan subsanando tal Acto.
Su régimen, el legislador ha procurado la subsanación y se aplica a aquella parte de la
notificación referida a los recursos. Pero puede suceder que el defecto consista en la
omisión del texto íntegro del Acto, en tal caso, la Ley no indica nada al respecto y por tanto
hay que entender que en este supuesto no procede la subsanación, el Acto no es eficaz y la
Administración debe dar una nueva notificación. En cuanto a la práctica de la notificación,
el Artículo 59 de la Ley indica una serie de requisitos al respecto.
En cuanto a la publicación, y con independencia de casos de notificación y publicación, en
unos casos los Actos Administrativos necesitan notificación (derechos e intereses del
particular) y en otros puede no darse la notificación y, por tanto, necesita la publicación,
estos serían los Actos Plúrimos (a una generalidad de personas) en tal caso la publicación
es una condición de eficacia de este Acto Administrativo. El único problema sería la duda
sobre si se ha publicado un Acto Administrativo o un reglamento (el Acto Administrativo
se agota en sí mismo y al reglamento hasta que sea derogado).
Parada Vázquez lo define como " Todo acto dictado por un Poder Público en el ejercicio de
una potestad administrativa y mediante el que impone su voluntad sobre los derechos,
libertades o intereses de otros sujetos públicos o privados, bajo el control de la jurisdicción
contencioso-administrativa".-
Al decir "todo acto dictado por un Poder Público" hace referencia no solo a los
actos dictados por una Administración Pública, sino también a determinados actos
dictados por órganos constitucionales tales como las Cortes, el Consejo General del
Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo en materia de
gestión de su patrimonio, de personal , de contratos etc, y que son enjuiciables ante
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Poder Público:
Se entiende por Poder Público cada uno de los órganos fundamentales de que se sirve el
Estado Venezolano o en los que se concreta y personifica el mismo Estado al ejercerse
soberanía territorial y personal.
Los órganos de Poder Público son, según su distribución vertical:
Poder Nacional
Poder Estadal
Poder Municipal.

10. En cada uno de esos tres niveles figura la distribución horizontal
El Poder Público Nacional, a su vez, se divide en:
Poder Legislativo
Poder Ejecutivo
Poder Judicial
Poder Ciudadano
Poder Electoral
El Poder Legislativo es aquel que tiene la función de hacer, reformar y derogar las leyes de
la República, y la de controlar al Gobierno
El Poder Ejecutivo es aquel que tiene por finalidad llevar a desarrollo práctico las leyes
emanadas del Poder Legislativo, y por ello tiene la dirección suprema de los asuntos
nacionales. En otras palabras, a este Poder le corresponde las funciones del Gobierno
El Poder Judicial es el conjunto de órganos jurisdiccionales encargados de la
administración de justicia. Tiene la competencia de conocer y resolver las controversias
entre parte
El Poder Ciudadano es aquel que tiene a su cargo prevenir, investigar y sancionar los
hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa, promover la educación
como proceso creador de la ciudadanía, así como la solidaridad, la libertad, la democracia,
la responsabilidad social y el trabajo.
El Poder Electoral es aquel que tiene, entre otras finalidades, la organización,
administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de cargos de
representación popular de los poderes públicos, sindicatos, gremios y organizadores con
fines políticos, así como de los referendos
El Poder Ejecutivo Nacional
 Fundamento constitucional
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que el Poder Ejecutivo
se ejerce por:
El Presidente o Presidenta de la República
El Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva

11. Los Ministros o Ministras
Otros funcionarios o funcionarias que determinen la Constitución y la Ley .
El principio de legalidad o Primacía de la ley es un principio fundamental del Derecho
público conforme al cual todo ejercicio del poder público debería estar sometido a la
voluntad de la ley de su jurisdicción y no a la voluntad de las personas (ej. el Estado
sometido a la constitución o al Imperio de la ley). Por esta razón se dice que el principio de
legalidad establece la seguridad jurídica.
Se podría decir que el principio de legalidad es la regla de oro del Derecho público y en tal
carácter actúa como parámetro para decir que un Estado es un Estado de Derecho, pues en
él el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas.
En íntima conexión con este principio, la institución de la reserva de Ley obliga a regular la
materia concreta con normas que posean rango de Ley, particularmente aquellas materias
que tienen que ver la intervención del poder público en la esfera de derechos del individuo.
Por lo tanto, son materias vedadas al reglamento y a la normativa emanada por el Poder
Ejecutivo. La reserva de ley, al resguardar la afectación de derechos al Poder legislativo,
refleja la doctrina liberal de la separación de poderes.
Esta relación entre el principio de legalidad y el de reserva de la ley esta generalmente
establecida -en una democracia- en el llamado ordenamiento jurídico y recibe un
tratamiento dogmático especial en el Derecho constitucional, el Derecho administrativo, el
Derecho tributario y el Derecho penal.
Principio de legalidad administrativa
En su planteamiento original, conforme al principio de legalidad, la Administración pública
no podría actuar por autoridad propia, sino que ejecutando el contenido de la ley. Ello
obedecía a una interpretación estricta del principio de la separación de poderes originado en
la Revolución francesa.
Esta tarea de ejecución, a poco andar, llegó a ser interpretada como una función de
realización de fines públicos en virtud de la autonomía subjetiva de la Administración, pero
dentro de los límites de la ley (doctrina de la vinculación negativa). La ley sería entonces
un límite externo a la actividad administrativa, dentro de cuyo marco la Administración es
libre.
Actualmente, en cambio, se considera que es el Derecho el que condiciona y determina, de
manera positiva, la acción administrativa, la cual no es válida si no responde a una
previsión normativa actual. El principio de legalidad opera entonces como una cobertura
legal previa de toda potestad: cuando la Administra con ella, su actuación es legítima
(doctrina de la vinculación positiva).[1

12. Principio de legalidad tributaria
En el Derecho Tributario, en virtud del principio de legalidad, sólo a través de una norma
jurídica con carácter de ley se puede definir todos y cada uno de los elementos de la
obligación tributaria, esto es, el hecho imponible, los sujetos obligados al pago, el sistema o
la base para determinar el hecho imponible, la fecha de pago, las infracciones, sanciones y
las exenciones, así como el órgano legalizado para recibir el pago de los tributos. La
máxima latina nullum tributum sine legem determina que para que un tributo sea
considerado como tal debe estar contenido en una ley, de lo contrario no es tributo.
Principio de legalidad en el Derecho Penal
En el derecho penal rige respecto de los delitos y las penas, postura originariamente
defendida por Cesare Beccaria.
Paul Johann Anselm von Feuerbach estableció este principio en materia de derecho penal
basándose en la máxima nullum crimen, nulla poena sine praevia lege, es decir, para que
una conducta sea calificada como delito debe ser descrita de tal manera con anterioridad a
la realización de esa conducta, y el castigo impuesto debe estar especificado también de
manera previa por la ley.
La legalidad penal es entonces un límite a la potestad punitiva del Estado, en el sentido que
sólo pueden castigarse las conductas expresamente descritas como delitos en una ley
anterior a la comisión del delito.