El Consejo Nacional Anticorrupción investigó irregularidades en la administración del Registro Nacional de las Personas, incluyendo la suscripción de contratos de comunicación con operadores de telefonía sin reflejar los ingresos, el arrendamiento de un inmueble sin seguir el procedimiento legal, el uso excesivo de fondos para viáticos sin soporte, y compras y contratos de servicios profesionales irregulares.