Contralínea 574

Año 16 • Número 574 • $30
Del 22 al 28 de enero de 2018
ISSN: 1665-1626
REVISTA SEMANAL

4 22 de enero de 2018
CONTENIDO
CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 16, número
574, del 22 al 28 de enero de 2018– es una publicación semanal edi-
tada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Ignacio Aldama
74-8, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, Méxi-
co, DF; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea.com.
mx, info@contralinea.com.mx. Editor responsable: Agustín Miguel Ba-
dillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de autor: 04-
2001-1206164804 00-102. Número de certificado de licitud de título:
12264, y de contenido: 8918. ISSN: 1665-1626. Impresa por Editorial
Libertad y Expresión, Insurgentes Centro 98, colonia Tabacalera, Ciu-
dad de México, teléfono 55549192. Este número se terminó de impri-
mir el 19 de enero de 2018. Distribuida por la Unión de Voceadores
de México, despacho de Gloria Santillán, Ignacio Mariscal 44, col. Ta-
bacalera, CP 06030, México, DF, teléfono 55 92 08 91.
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ciencia de reporteros y articulistas. Los textos son responsabilidad
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bertad y Expresión, SA de CV.
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Hermida y Cía, SC,
folio: 00010-RHY
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PORTADA
Más de 90 mil policías vigilan la Ciudad de México. Pero la
entidad ha vuelto a los primeros lugares de comisión de
delitos y violencia
CIUDAD DE MÉXICO: MUCHOS
POLICÍAS… PERO MAL
PAGADOS E INCOMPETENTES
OPINIÓN
OFICIO DE PAPEL EL OMINOSO GASTO DEL CISEN Miguel Badillo
AGENDA DE LA CORRUPCIÓN MÉXICO SENTENCIA A MUERTE A
NIÑAS Y MUJERES Nancy Flores
ZONA CERO ¿QUE VIENEN LOS RUSOS? Zósimo Camacho
DEFENSOR DEL PERIODISTA A LA CORTE DE LA HAYA EL RECLAMO
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Álvaro Cepeda Neri
ARTÍCULOS
CONSERVACIÓN COMUNITARIA: RESISTENCIA ANTE LA
DEPREDACIÓN AMBIENTAL Omar Suárez García
INCREMENTOS A COMBUSTIBLES DERRUMBAN REFORMA
ENERGÉTICA Martín Esparza Flores
AUSTRIA: LA FORMACIÓN DEL PRIMER GOBIERNO DE
ULTRADERECHA EN LA UNIÓN EUROPEA Axel Plasa
2017, UN AÑO TORTUOSO PARA GUATEMALA Y JIMMY MORALES Maitte
Marrero Canda/Prensa Latina
SOLIDEZ ECONÓMICA Y DEMANDA MARÍTIMA EN LA AGENDA
BOLIVIANA DE 2018 Carmen Esquivel/Prensa Latina
AFGANISTÁN, OTRO AÑO BAJO LA INTERMINABLE SOMBRA DE LA
GUERRA Ivette Hernández/Prensa Latina
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CONTENIDO
DIRECTOR Miguel Badillo
oﬁciodepapel@yahoo.com.mx
COORDINADORES
INFORMACIÓN Zósimo Camacho
zosimo@contralinea.com.mx
EDICIÓN Nancy Flores
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WEB Gonzalo Monterrosa
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DISEÑO Miguel Minero
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DEFENSOR DEL PERIODISTA
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DEFENSOR DEL LECTOR
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EDITORIALISTAS
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ASISTENTE WEB
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Ignacio Aldama 74-8, colonia Del Carmen,
delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF
Fotografía de
portada: Moisés
Pablo/Cuartoscuro
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ANÁLISIS
INTERNACIONAL Desperdicios de alimentos en un mundo con hambre Silvia Martínez/
Prensa Latina
INTERNACIONAL El proyecto francés de reconocimiento de “Rojava” Thierry Meyssan/
Red Voltaire
INTERNACIONAL Secesionismo: Estados Unidos y Alemania abrieron la caja de Pandora
Živadin Jovanović/Red Voltaire-Zeit Fragen
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MISCELÁNEO
SOCIEDAD BETA El Bitcoin no está diseñado para dar ganancias Gonzalo Monterrosa
EX LIBRIS El capital, a casi siglo y medio de su publicación por Carlos Marx Álvaro Cepeda
Neri
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INVESTIGACIÓN
PORTADA Ciudad de México: muchos policías… pero mal pagados e incompetentes Zósimo
Camacho
SOCIEDAD La “justicia” en México, fuente de impunidad y desigualdad social José Réyez
LÍNEA GLOBAL Cuba: el reto de la “actualización” del socialismo María Julia Mayoral/
Prensa Latina
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OFICIO DE PAPEL
OPINIÓN
EL OMINOSO GASTO
DEL CISEN
MIGUEL BADILLO
U
na de las primeras decisiones del nuevo
secretario de Gobernación, Alfonso Nava-
rrete Prida, fue remover de inmediato al
director general del Centro de Investigación y Se-
guridad Nacional (Cisen), Eugenio Ímaz Gispert,
quien sin experiencia alguna en materia de inteli-
gencia y seguridad se sostuvo en el cargo desde el
arranque del gobierno de Enrique Peña Nieto, por
capricho del ahora exsecretario Miguel Ángel Oso-
rio Chong.
Con la permanencia de Ímaz en los primeros
5 años del actual gobierno, el principal órgano de
seguridad nacional de México se mantuvo a la de-
riva; una tendencia que siguió en los últimos 17
años, por lo que en este lapso México careció de
un instrumento de in-
teligencia eficaz que le
permitiera combatir los
principales riesgos que
enfrenta el país, como
por ejemplo el crimen
organizado.
Desde que el enton-
ces panista Vicente Fox asumió la Presidencia de la
República, la incapacidad, el despilfarro y el derro-
che en el Cisen se mantuvieron hasta el gobierno
de Felipe Calderón, a quien lo que menos le im-
portaba era la seguridad de la nación: utilizó la es-
tructura de ese centro de inteligencia para espiar a
sus adversarios políticos, líderes sociales, periodistas
críticos y movimientos estudiantiles, como el llama-
do Yo soy 132.
Esa crisis en la seguridad nacional aumentó
en la actual administración priísta con el nombra-
miento de Ímaz Gispert. Por eso es un acierto su
remoción inmediata, aunque el nuevo director ge-
neral, Alberto Bazbaz, trae a cuestas su renuncia a
la Procuraduría del Estado de México en 2010 por
aquel escandaloso caso de la muerte de la niña Pau-
lette, ampliamente publicitado por los medios y que
hasta la fecha se le critica por el pésimo resultado de
la investigación.
Sin embargo, en su último encargo al frente de
la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Bazbaz
fuemáseficazycientosdedenunciassepresentaron
ante las procuradurías Fiscal de la Federación y Ge-
neral de la República en contra de presuntos lava-
dores de dinero, defraudadores y miembros del crimen
organizado. Un trabajo tan importante que debe-
ría ser una de las acciones principales del gobierno
federal para frenar los ﬂujos de dinero sucio, y con
ello reducir la capaci-
dad de financiamiento
de los cárteles del nar-
cotráfico; pues con ese
dinero corrompen a las
distintas autoridades de
gobierno.
Aunque es un movi-
miento tardío, Bazbaz debe aprovechar los 11 me-
ses que le quedan a la actual administración para
dar resultados en ese órgano de inteligencia, más
aún cuando estuvo varios años en la UIF y eso le
permite tener toda la información necesaria para
reducir los elevados niveles de corrupción, violencia
y lavado de dinero.
El Cisen arrastra los constantes desmantela-
mientos en los gobiernos panistas de Fox y Cal-
derón, quienes convirtieron a ese órgano civil
destinado a preservar la seguridad nacional en un
vil centro de espionaje. En los últimos 3 sexenios
ese centro de investigación ha visto disminuida su
Alberto Bazbaz trae a cuestas su re-
nuncia a la Procuraduría del Estado de
México en 2010, por aquel escandaloso
caso de la muerte de la niña Paulette
Alberto Bazbaz trae a cuestas su re-
caso de la muerte de la niña Paulette

OFICIO DE PAPEL OPINIÓN
responsabilidad de defender la integridad, indepen-
dencia y soberanía del territorio nacional.
En los 5 años de la actual administración de
Peña Nieto no sólo no supo o no quiso reordenar
esa área de inteligencia fundamental para el gobier-
no federal, sino que nombró a un titular carente de
méritos y capacidades para atender las priorida-
des de la seguridad nacional, lo que dio paso a un
desorden administrativo, un gasto desmesurado y
a una operación descontrolada que aprovecharon
coordinadores y agentes para hacer negocios inde-
pendientes y convertirse en informantes al servicio
de intereses privados.
A pesar de todas esas deficiencias, lo que no se
reduce es el enorme presupuesto que gasta el Cisen.
Por ejemplo, en 2017 as-
cendió a 2 mil 823.45 mi-
llones de pesos, cantidad
nada despreciable si se
considera que esa direc-
ción general de la otrora
inteligencia civil, depen-
diente de la Secretaría de
Gobernación, utiliza casi
la totalidad del recurso
(90.64 por ciento) para el
gasto corriente y el resto
(9.36 por ciento) al gasto
de capital, ante lo cual su
labor ha sido convertida
en un vil centro de es-
pionaje en contra de los
movimientos sociales y
sus líderes, a quienes intervienen teléfonos, internet
y redes sociales, mientras que la inseguridad, la vio-
lencia y la violación a la privacidad por parte de go-
biernos estatales o empresas privadas está en auge.
Así se explica el último escándalo de espionaje
denunciado hace varias semanas por un exagente
del Cisen, Raúl González Vázquez, quien acusó
al exgobernador poblano Rafael Moreno Valle de
destinar millones de pesos del presupuesto estatal
para armar una red de espionaje en contra de al-
tos funcionarios del gobierno federal, incluido el
presidente Peña Nieto y el ahora exsecretario de
Gobernación, Osorio Chong; así como adversarios
políticos y hasta miembros de su propio partido.
La denuncia investigada supuestamente por la
Procuraduría General de la República señala que
Moreno Valle habría gastado 3 millones de dólares
en un sofisticado sistema de intercepción de llama-
das telefónicas y otros 14.9 millones de pesos en
aparatos que permiten clonar números de teléfo-
no para tener acceso a su información y que sirven
además de micrófonos. A esto se suma el gasto en
casas de seguridad y salarios de los operadores.
Ante esas graves acusaciones, Moreno Valle
dijo desconocer a Raúl González Vázquez y aña-
dió que éste nunca trabajó en su administración.
Además, señaló que el exagente era un delincuente
confeso, pues reconoció haber sido contratado para
realizar un trabajo ilegal de espionaje.
Después de esos días de tensión por tan grave
señalamiento en con-
tra de un exgoberna-
dor y la aportación de
“pruebas” en su contra,
como algunas grabacio-
nes ilegales, la actividad
política del exmandata-
rio se redujo considera-
blemente, sobre todo si
consideramos que antes
del escándalo aparecía
permanentemente en es-
pacios noticiosos de radio
y televisión y en portadas
de revistas, sin descontar
que sus aspiraciones pre-
sidenciales se acabaron.
Así, con un presu-
puesto superior a los 2.8 mil millones de pesos
anuales y una voluminosa nómina de 3 mil 500 em-
pleados de confianza, el Cisen es operado por 40
mandos superiores que perciben salarios mensuales
de entre los 160 mil y 200 mil pesos, más un bono
por riesgo adicional equivalente al 30 por ciento de
sueldo.
Apesardelenormegastoquerepresentaparalas
finanzas públicas ese órgano de seguridad nacional,
en los últimos 17 años, periodo en el que el Partido
Acción Nacional ocupó la Presidencia 2 sexenios y
lo que lleva Peña Nieto al frente, se convirtió en una
institución gris en su desempeño y en un barril sin
fondo en su gasto público. Esto debe cambiar y Baz-
baz sólo tiene 11 meses para lograrlo.
CUARTOSCURO

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN
OPINIÓN
MÉXICO SENTENCIA A MUERTE
A NIÑAS Y MUJERES
NANCY FLORES
E
meli, una niña de apenas 11 años de edad,
fue abusada sexualmente y luego asesinada
en uno de los países más indolentes frente
al feminicidio: México. Su cuerpo sin vida fue en-
contrado el pasado 14 de enero en su propio hogar,
ubicado en Puebla.
El de Emeli se contabilizó ya como el sexto fe-
minicidio acontecido en los primeros 15 días de
2018, lo que de nueva cuenta augura un año atroz
para el género femenino, de por sí humillado en to-
dos los ámbitos.
La tendencia de estos crímenes es alarmante:
cada día al menos cinco mujeres, niñas y adolescen-
tes son asesinadas en el país, sin que las autoridades
de los tres poderes y los
tres niveles hagan algo
para frenar esta terrible
realidad.
Otro número aún
más elevado correspon-
de a las desaparecidas,
muchas de ellas con fa-
tales desenlaces y otras, con destinos terribles como
lo es la esclavitud sexual.
Por ello, acusar a México como un Estado que
sentencia a muerte a niñas y mujeres es mínimo
ante la crisis humanitaria que padece el género fe-
menino, y que cobra la vida de miles por esta in-
dolencia sistemática brutalmente arraigada entre
quienes deberían procurar justicia.
Y es que aquí el costo de matar a una mujer es
casi inexistente; y no es porque los feminicidas se
esfuercen por generar estrategias para evadir la ley,
sino porque la impunidad reina y a ninguna auto-
ridad le interesa realmente perseguir a los agreso-
res de mujeres. ¿O cómo explicar que un político
priísta venido a “independiente” que aspira ser pre-
sidente del país haya hecho una estúpida compara-
ción entre su caballo y su mujer?
Por ello es necesario entender que el feminicidio
no sólo lo cometen los hombres, sino también las
instituciones cuando se convierte en una violencia
de Estado. Como lo explica la carpeta informativa
Feminicidios: causas, consecuencias y tendencias, elaborada
por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión
Pública (CESOP), esto es cuando el Estado se vuel-
ve cómplice de la violencia.
Pobreza, la peor condena
de muerte
En este contexto
que las mujeres pade-
cen a diario, la pobreza
–que afecta a más de
53 millones de mexica-
nos– se impone como
un elemento crucial. “El
feminicidio no amenaza por igual a todos los estra-
tos sociales. La probabilidad de ser víctima de un
feminicidio es particularmente alta en determina-
dos contextos sociales, como pobreza, marginación
y exclusión de las oportunidades educativas”, refiere
la carpeta informativa del CESOP.
La investigación de Salvador Moreno Pérez y
Kenya Lizárraga Morales agrega que, en México,
la sociedad “se distingue por un muy alto nivel de
violencia específica de género inscrita en la vida co-
tidiana. La forma extrema de violencia que repre-
senta el feminicidio”.
Del diagnóstico se desprende que el problema
es tan grave y tan amplío porque es estructural. Y es
La probabilidad de ser víctima de un
feminicidio es particularmente alta en
contextos sociales como pobreza, mar-
ginación y exclusión educativa
La probabilidad de ser víctima de un
ginación y exclusión educativa

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN OPINIÓN
que, indica, “existe un discurso de las autoridades
policiacas y de funcionarios públicos que estigma-
tiza a las víctimas como responsables, parciales, de
los feminicidios”.
Y el caso de Lesvy Berlín Osorio –asesinada
en Ciudad Universitaria el 3 de mayo de 2017– es
ejemplo emblemático de ello: las autoridades de la
Ciudad de México –entidad considerada por mu-
chas personas como “de avanzada” en materia de
derechos de género, sexuales y reproductivos– indi-
có que la víctima se suicidó, en vez de investigar y
perseguir al asesino.
Pero lejos de buscar justicia y no obstante que
los peritajes indi-
caban la imposi-
bilidad de que la
joven se hubiera
quitado la vida, el
gobierno capitalino
intentó destrozar
su imagen, lo que
revictimizaba no
sólo a ella sino a su
familia, y promovía
que el caso siguiera
impune.
Según la Comi-
sión de Derechos
Humanos de la
Ciudad de México,
la violencia femini-
cida “obedece no
sólo a un contexto
de cultura machista
y misógina arraiga-
da, sino también a una serie de factores sociales,
económicos y políticos (discriminación por género,
impunidad, condición social, edad, etnia y crimina-
lidad, entre otros) que sistemáticamente vulneran
todos los derechos de las mujeres al extremo de po-
ner en peligro su integridad y causar su muerte”.
Y esa muerte es excesivamente cruel. El CE-
SOP refiere que los feminicidios revelan métodos
brutales mediante los cuales los cuerpos de las mu-
jeres son sometidos para privarlas de la vida; tam-
bién evidencia que los agresores plasman el odio
hacia las víctimas a través de la destrucción de sus
cuerpos.
Crisis en el Estado de México
Aunque los feminicidios ocurren en todo el
país, hay entidades donde esta violencia es peor. De
enero a junio de 2017, el Observatorio Ciudadano
Nacional del Feminicidio registró 914 asesinatos de
mujeres en el Estado de México, Ciudad de Mé-
xico, Morelos, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco,
Oaxaca, Sonora, Chihuahua, Puebla, Coahuila,
Sinaloa, Campeche, Hidalgo, Chiapas, Quintana
Roo y Colima.
Perolaorganizaciónnocuentaconinformación
de estados como Guerrero, Tamaulipas, Veracruz y
Michoacán, con un
alto índice de vio-
lencia feminicida.
Según el Ob-
servatorio, sólo el
49 por ciento de los
casos que sí cono-
ció es investigado
como feminicidio, a
pesar de que desde
2015 la Suprema
Corte de Justicia de
la Nación determi-
nó –en la sentencia
554/2013, sobre
el caso de Mariana
Lima Buendía– que
“todas las muertes
violentas de mujeres
deben ser investiga-
das como feminici-
dios, con perspecti-
va de género y con base en los estándares interna-
cionales más altos”.
También, que en todos los casos es necesario re-
colectar y salvaguardar la evidencia para determi-
nar si la víctima sufrió de violencia sexual o si ésta
vivía en un contexto de violencia. Y que la inacción
y la indiferencia del Estado ante los casos llevan a
la revictimización y discriminación, por lo que los
responsables deben ser sancionados.
Lamentablemente nada de eso pasa y si se es
niña, adolescente o mujer en México, parece cues-
tión de suerte no ser víctima de violencia de género,
violaciones sexuales y feminicidio.
123RF

ZONA CERO
OPINIÓN
¡H
uy!, nos dicen que un gobierno ex-
tranjero intervendrá en las próximas
elecciones de México. Los amanuen-
ses del peñismo nos lo “advirtieron” desde hace
algunos meses. Ahora ya le ponen nombre e
“identifican” al candidato a la Presidencia que
los rusos apoyarán: el rayito de esperanza, Andrés
Manuel López Obrador. Quienes acusan, sin ru-
bor, son algunos políticos y periodistas, apurados
por hacer subir en las encuestas a sus candida-
tos: el fantasmagórico José Antonio Meade y el
locuaz Ricardo Anaya o, incluso, a la Calderona,
como llaman algunos a la esposa del fatal expre-
sidente Felipe Calderón, Margarita Zavala.
En algo tienen ra-
zón. Es verdad: un go-
bierno buscará incidir
en el proceso electoral
mexicano de este año.
Pero no es el de Vladi-
mir Putin.
Quien ya intervie-
ne e intervendrá es el mismo gobierno que inci-
de sexenio tras sexenio en los asuntos de Méxi-
co; que bendice elecciones (por muy sucias que
sean), que reconoce los “triunfos” de sus amigous
y que los sostiene en el poder.
Hasta parece obvio decirlo; pero ante la anda-
nada contra los rusos, es necesario señalar con to-
das sus letras: el gobierno que buscará incidir en el
proceso electoral de México de este año es Estados
Unidos. Y lo hará como lo hace cada elección.
Cuando leemos las acusaciones contra Rusia
provenientes de Estados Unidos y repetidas por
el coro de aquí, no podemos más que recordar
aquella historia en la que el ladrón, para despis-
tar, señala a otra persona y grita a todo pulmón:
“¡al ladrón, al ladrón!”.
El gobierno que ya ha expresado con todas
su letras sus preferencias sobre el proceso elec-
toral de México no es el de Rusia. Ha sido el
de Estados Unidos. Baste recordar que en abril
del año pasado John Kelly, entonces secretario
de Seguridad Nacional y hoy jefe de gabinete
de Donald Trump, dijo que un gobierno de iz-
quierda “no sería bueno para Estados Unidos ni
para México”.
La declaración de Kelly se produjo en res-
puesta al senador John McCain, quien le co-
mentó que había “un
problema con Méxi-
co”, pues en caso de
celebrarse las eleccio-
nes es ese momento su
vecino del sur tendría
un presidente de “iz-
quierda antiestadu-
nidense”. El senador hurgaba sobre qué iba a
hacer el gobierno de Trump ante esa “realidad”.
Resulta incluso vergonzoso que se atribuya a
los medios rusos RT en Español y Sputnik como
la punta de lanza para convencer a los mexica-
nos por quién deben votar. Estos medios tendrán
alguna posición editorial como cualquier trasna-
cional mediática.
Lo grotesco es que no se cuestione así a CNN,
por ejemplo, ante su “cobertura” golpista en Ve-
nezuela. O a la revista Time. ¿Ya se olvidó que
ese viejo medio publicó en su edición de febrero
de 2014 una apología de Peña Nieto? Cuando el
ZÓSIMO CAMACHO
¿QUE VIENEN LOS RUSOS?
Es verdad: un gobierno buscará incidir
en el proceso electoral mexicano de este
año. Pero no es el ruso, de Vladimir Putin,
es el estadunidense, de Donald Trump
Es verdad: un gobierno buscará incidir
es el estadunidense, de Donald Trump

ZONA CERO OPINIÓN
por la Presidencia de México. ¿No es precisa-
mente este periódico, al publicar un texto así, el
que busca incidir en el ánimo de los mexicanos
ante sus candidatos?
Que no quepa duda. Quienes ya intervienen
en el proceso electoral son los estadunidenses.
Y lo hacen como cada elección, sin que los pe-
riodistas hoy “preocupados” por la “soberanía”
digan algo.
Fragmentos
Lo cierto es que el circo electoral apenas co-
mienza. El nivel no subirá. Los candidatos que
pueden ganar se revolcarán hasta que quede
uno. El pleito sólo es para ver quién administra
el desastre llamado México y quiénes de la mis-
ma clase serán los nuevos amos. Las diferencias
entre Meade, Anaya o López Obrador sólo son
cosméticas. Nunca de fondo. La única propuesta
antisistémica surgió de los pueblos indígenas. La
candidatura de la nahua María de Jesús Patricio
Martínez, Marichuy, trasciende 2018, esté o no
en las boletas electorales.
país era un caos por la imposición de las fallidas
reformas, cuando la violencia cobraba decenas
de vidas a diario y cuando se debatían las deci-
siones del gobierno peñista, la revista llevó a su
portada una imagen de un Peña Nieto impeca-
ble, tomada a contrapicada para que viera desde
arriba y todos diéramos cuenta de su ¿grandeza?
Time acompañó esa imagen con la cabeza “Sa-
ving Mexico” (¡Salvando México!).
Más allá del ridículo que hizo, la revista en
esos momentos buscó apuntalar a un presidente
amigo en problemas e intervenir en la política
interna de México.
Ahora otra anquilosada catedral del periodis-
mo gringo, The Washington Post, conjeturó, sin
prueba alguna, que los rusos están apoyando al
rayito de esperanza. La principal “prueba” de la ge-
nio que firmó el texto es que uno de los asesores
del candidato es colaborador de RT en Español.
¡Vaya contundencia! ¿Y The Washington Post
no se ha preguntado siquiera cuantos de los
asesores de Meade, por ejemplo, colaboran en
medios gringos? Algo que debería causar risa es
ahora parte del debate “serio” de las campañas
CUARTOSCURO

DEFENSOR DEL PERIODISTA
OPINIÓN
E
l reportero Roberto Garduño (La Jornada,
23 de noviembre de 2017) informa que los
diputados federales del partido Movimien-
to Regeneración Nacional (Morena) han presen-
tado una denuncia ante la Corte Internacional
de Justicia de La Haya (domiciliada en Holanda),
para demandar una investigación sobre los dife-
rentes delitos cometidos contra los periodistas
mexicanos que van desde homicidios a una serie
de agresiones como secuestros, desapariciones for-
zadas, etcétera, ya que, como delitos federales, el
gobierno de Peña y su Procuraduría General de la
República (PGR), hace
como que indaga; pero
igual que los desgoberna-
dores en casos similares,
no arrojan resultados y
quedan en la impuni-
dad.
Sólo en este sexenio
hay más de 20 reporteros asesinados, sin que sepa-
mos por qué y por quiénes (aunque presumimos
que los autores son delincuentes del narcotráfico
a través de sus sicarios; y no pocos funcionarios
municipales, estatales y federales, para tratar de
silenciar a los medios de comunicación). Y ante
todo a los de la prensa escrita y de los que nos
ha dado cuenta el periodista Carlos Moncada en
su libro, con prólogo de Miguel Ángel Granados
Chapa, Oficio de muerte: periodistas asesinados en el país
de la impunidad (Grijalbo-Proceso).
El legislador federal Virgilio Caballero ha in-
formado que la Corte de La Haya, conforme al
Estatuto de Roma, acusó recibo del documento
con nombres y pruebas para conocer jurídica-
mente de las omisiones de los gobiernos mexica-
nos, al no rastrear con sus ministerios públicos, los
casos de periodistas mexicanos mandados golpear,
matar, amenazar y hasta encarcelar injustamente,
porque ejercen sus derechos para buscar informa-
ción y darla a conocer en los medios, ofreciendo
material para el análisis y la crítica. Ha sido ati-
nada la acción jurídica para evidenciar que los
gobernantes del Estado Federal, cuando mucho,
hacen declaraciones censurando los hechos con-
tra los periodistas, en-
viando pésames y ase-
gurando que las averi-
guaciones buscarán a
los responsables de los
delitos. Pero no es así.
Casi todos, por no de-
cir que todos los homi-
cidios han quedado en la impunidad. Y sólo en
el sexenio sangriento de Peña y sus cómplices los
desgobernadores, ya se rebasan los 150 mil asesinatos.
Así que la Corte de La Haya aceptó intervenir,
conforme a su competencia internacional, para
hacer una investigación que irá hasta las últimas
consecuencias penales contra los funcionarios que
han sido omisos y que serán demandados para
que, realmente, cumplan con su obligación para
dar con los autores materiales e intelectuales de los
homicidios, en este caso principalmente contra los
reporteros. El que los legisladores federales hayan
decidido intervenir ante la Corte Internacional de
A LA CORTE DE LA HAYA
EL RECLAMO DE LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
ÁLVARO CEPEDA NERI
En este sexenio, más de 20 reporteros
han sido asesinados, sin que se sepa por
qué o quiénes. Presumimos que los auto-
res son narcotraficantes y funcionarios
En este sexenio, más de 20 reporteros
res son narcotraficantes y funcionarios

DEFENSOR DEL PERIODISTA OPINIÓN
Justicia, significa que solamente la oposición real
sí toma en serio la defensa de los integrantes de
la nación.
Todos los mexicanos necesitamos que los go-
bernantes garanticen nuestras vidas. Y en esa
misma proporción, los periodistas, quienes, como
todo trabajador, sólo cumplen con realizar su ac-
tividad. Y no deben ser amenazados o asesinados
por esto. La intolerancia política y quienes no
quieren que sus actos sean objeto de esa actividad
son quienes han estado cometiendo estos homici-
dios; y entonces bien vale que la Corte de La Haya
esté ya conociendo jurídicamente esos hechos que
los gobernantes mexicanos han mantenido en la
impunidad. En muchos casos por complicidad.
Ante esto, también 39 grupos de comunicación
suscribieron un documento publicado en varios
de ellos (4 de diciembre de 2017) para “desarrollar
una estrategia conjunta que nos permita incidir de
manera eficaz en la prevención de ataques contra
periodistas y medios de comunicación… consti-
tuir un grupo de trabajo para delinear acciones
de corto, mediano y largo plazos y emprender
una campaña conjunta orientada a la sociedad en
general, para compartir con transparencia nues-
tra visión sobre el desafío que
tenemos enfrente”. Con dos
párrafos de introducción y cua-
tro acuerdos, expresan que “el
crimen organizado (que) está
cancelando la libre expresión en
regiones enteras del país, donde
los periodistas ya no sólo son si-
lenciados, sino que se les exige
llevar los mensajes de los delin-
cuentes. Por si fuera poco, es
grave que servidores públicos de
los tres niveles de gobierno estén
entre los agresores”.
Petición y reclamo, el docu-
mento hace un llamado al “go-
bierno federal como a los go-
biernos estatales y municipales”,
para que los periodistas, como el
resto de los mexicanos ajenos a
la violencia criminal, reciban la
máxima seguridad para su pací-
fica convivencia y la mayor paz
social para el desempeño de sus trabajos. Y solicita
acabar con la impunidad que privilegia a los res-
ponsables de los delitos que están constantemente
presionando contra las libertades de publicación y
difusión de toda clase de información.
El Basta Ya del desplegado, detalla cómo los
medios de comunicación están siendo víctimas de
la dramática inseguridad que priva en todo el país
y que es “violencia contra la prensa” y, por consi-
guiente, también contra la opinión pública. Pues
en sus vidas privadas y organizaciones públicas,
como en este caso los medios de comunicación
“que en contraposición a sociedades cerradas, son
accesibles a todos” (Jürgen Habermas: Historia y
critica de la opinión pública), los mexicanos sobreviven
a los violentos ataques de la criminalidad.
Basta ya es una demanda pública a los gobier-
nos municipal, federal y de las 32 entidades, para
que cumplen con sus obligaciones de reestablecer
la máxima seguridad ordenada constitucional-
mente. No se piden privilegios para los medios de
comunicación, sino de que cesen los actos violen-
tos que sufren los periodistas al realizar su traba-
jo, pues “con cada asesinato de un periodista se le
arranca (a la sociedad) su derecho a saber”.
123RF

ARTÍCULO
OPINIÓN
A las comunidades oaxaqueñas de San Pedro Yolox,
Pluma Hidalgo y Santa María Vigallo, ejemplo de hospita-
lidad y amor por la naturaleza
H
ace un par de meses, durante una confe-
rencia sobre conservación biológica lleva-
da a cabo en Oaxaca, un prestigioso con-
servacionista mexicano hablaba de las bondades
del sistema de Áreas Naturales Protegidas federales
(de aquí en adelante ANP), a la vez que lamenta-
ba que en el sitio de mayor biodiversidad del país
hubiese tan pocas de estas áreas y, aún más, expre-
saba su deseo de que se decretaran más de estos
sitios en dicho territorio
en un futuro cercano.
Al decir esto, el pres-
tigioso conservacionista
no se dio cuenta de la
contradicción en la que
cayó ese día: a pesar de
que Oaxaca tiene tan
pocas ANP, aún ostenta la mayor biodiversidad de
México. ¿A qué se debe el contrasentido?
La respuesta no es sencilla, sin embargo pode-
mos revisar algunas cifras (1) para arrojar luz so-
bre el asunto. Hasta la fecha, en Oaxaca existen
ocho ANP con las cuales el gobierno de la repú-
blica protege un total de 519 mil 277 hectáreas de
superficie terrestre, lo que representa un 5.53 por
ciento del total del territorio del estado. Sin em-
bargo, hay que resaltar que, de dicha superficie
protegida, alrededor del 90 por ciento pertenece
solamente a una reserva (la Reserva de la Biósfe-
ra Tehuacán-Cuicatlán), que es compartida con el
vecino estado de Puebla. Entonces, el 10 porciento
restante se reparte entre las otras ANP.
Más datos: alrededor del 67 por ciento de la
circunscripción oaxaqueña se encuentra cubierta
por zonas forestales, lo que sitúa a esta entidad fe-
derativa en el tercer lugar nacional en superficie
arbolada. Además, en Oaxaca alrededor del 72
por ciento del territorio total está bajo el régimen
de tenencia ejidal o comunal de la tierra. Por otra
parte, alrededor del 40 por ciento del total de habi-
tantes de Oaxaca son indígenas. Además, Oaxaca
ocupa el primer lugar nacional en riqueza de aves,
reptiles y anfibios, así como en helechos y orquí-
deas, y es reconocido
como centro de origen
y diversidad de plantas
como maíz, frijol y chi-
le.
Todos estos datos
definitivamente nos
indican que, aún con
muy pocas ANP, en Oaxaca existe una gran can-
tidad de territorio bien conservado, el cual alber-
ga una enorme biodiversidad. La información
expuesta en el párrafo anterior se complementa
con el hecho de que en Oaxaca existe un esque-
ma de conservación alternativo denominado
Áreas Indígenas y Comunales de Conservación
(de aquí en adelante AICC). Básicamente, ésta es
una forma de conservación voluntaria de los re-
cursos naturales, en la cual los propietarios de las
tierras (principalmente comunidades indígenas y
campesinas) deciden destinar parte de sus territo-
OMAR SUÁREZ GARCÍA, BIÓLOGO; DOCTORANTE EN EL CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE
INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL REGIONAL (UNIDAD OAXACA) DEL INSTI-
TUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CONSERVACIÓN COMUNITARIA
RESISTENCIA ANTE LA
DEPREDACIÓN AMBIENTAL
Aún con muy pocas Áreas Naturales
Protegidas, en Oaxaca existe una gran
cantidad de territorio bien conservado, el
cual alberga una enorme biodiversidad
Aún con muy pocas Áreas Naturales
cual alberga una enorme biodiversidad

ARTÍCULO OPINIÓN
rios a la conservación, ya sea pasiva (es decir, sim-
plemente dejándolas intactas) o activa (llevando a
cabo dentro de ellas actividades de bajo impacto
tales como cultivo de café de sombra, agricultura
de temporal o manejo forestal). Hasta 2010, un
total de 127 mil 300 hectáreas, repartidas en 104
AICC, fueron reconocidas y certificadas de ma-
nera oficial.
Tal parece que, al menos en Oaxaca, la estra-
tegia de ANP no tiene un papel fundamental en la
conservación biológica; más bien, esta se da de la
mano de las comunidades oaxaqueñas, las cuales
valoran, más allá de lo económico, sus recursos na-
turales: para ellos, los suyos son territorios sagrados
que les proveen de todo lo que necesitan (alimento,
agua, recreación, etcétera), dotado de significados
culturales y legado para sus descendientes. En las
AICC las decisiones se toman en el ámbito local,
desde los comités, concejos o juntas ejidales, a di-
ferencia de las ANP, en donde las determinaciones
se toman principalmente en oficinas gubernamen-
tales, en instituciones extranjeras o incluso en los
grandes centros financieros; bajo un enfoque es-
trictamente económico.
Finalmente, vale la pena mencionar la aproba-
ción, sin debate público de por medio, de la Ley
General de Biodiversidad por parte de nuestros se-
nadores, en diciembre pasado. Entre muchas otras
cosas, en dicha ley se da luz verde para que una
de las actividades más devastadoras en el aspecto
ambiental, como lo es la minería, se pueda llevar a
cabo en las ANP. Es en casos como éste: el hecho
de que haya tan pocas ANP en Oaxaca puede ser
favorable para la conservación, ya que desde es-
trategias alternativas como la de las AICC se pue-
de empezar a construir una resistencia contra las
políticas públicas que tienen al gran capital como
prioridad, el cual se beneficia del sistema de ANP
para erosionar nuestro patrimonio biológico.
Nota
1
Las cifras citadas en este artículo fueron tomadas
de Durán et al., “Mexico: wildlife conservation on
community conserved land in Oaxaca”, en Dud-
ley, N & S Stolton (2012), Protected Landscapes and
Wild Biodiversity. World Commision of Protected
Areas. IUCN. Gland, Switzerland
MARGARITO
PÉREZ
RETANA/CUARTOSCURO

ARTÍCULO
OPINIÓN
C
omo ocurrió hace 1 año, el naciente
2018 vuelve colocar en la palestra de los
cuestionamientos a una reforma ener-
gética que ni remotamente arroja saldos positi-
vos para la economía nacional y la de millones
de hogares; tras la liberación de los precios de
los combustibles el pasado 1 de diciembre, las
gasolinas y el diésel registran en este enero un
incremento promedio del 6.5 por ciento, impac-
tando en la actividad de empresarios de todos
los niveles, así como en la de los comerciantes y
agricultores.
Las malas noticias se hacen extensivas en los
hechos al incremento registrado en el precio de
la tortilla, que en algunas zonas del país se ha ele-
vado de 12 y 13 pesos hasta 18 y 19. Y mientras
la Secretaría de Economía juega a la demagogia
discursiva al acusar a los molineros y tortilleros
de elevar arbitrariamente el costo del alimento
por excelencia en la mesa de los mexicanos, con
datos y cifras en la mano los inculpados demues-
tran que el origen de los incrementos está en la
errada política energética y agropecuaria de las
autoridades.
Al echar lápiz al asunto, dicen los molineros y
tortilleros, resulta incosteable mantener los ac-
tuales precios cuando sus recibos de electricidad
se han elevado al doble y, en algunos casos, se
han triplicado; a esto hay que sumarle los des-
controlados incrementos al precio del gas, que
en los últimos meses de 2017 pasó de 6.40 pesos
el litro a 10 pesos. Y en el caso del gas doméstico
de 13 a 19 pesos el kilo, luego de que desde el
1de enero de 2017 el gobierno dejó de regular
los precios.
Entre los fundamentos de la reforma ener-
gética se estableció que con la liberación de los
precios de los combustibles y la electricidad ba-
jarían los precios en beneficio de la población.
Pero apenas entraron en juego las reglas del libre
mercado, las cosas se han salido del control para
las autoridades que ahora intentan detener la es-
calada de incrementos con sanciones inocuas de
la Procuraduría Federal del Consumidor, cayen-
do en una franca contradicción.
Aunque las voces oficiales buscan amorti-
guar políticamente los efectos colaterales de los
incrementos a la electricidad y los combustibles
en este año electoral, cargándoles nuevamente el
Sambenito de los factores externos como el alza en
el precio de los hidrocarburos, es inobjetable que
las calamidades por venir apenas comienzan.
La Comisión Reguladora de Energía (CRE)
da un pequeño jalón de orejas a los gasolineros,
pues con los cambios establecidos en la reforma
energética para la venta de combustibles y la li-
beración de precios sólo debe conformarse con
que los empresarios le informen cuál es el costo
al que expenden la gasolina y el diésel a los con-
sumidores. Hasta ahí su “regulación”.
Datos de la propia CRE y de Petróleos Mexi-
canos señalan que en el actual sexenio donde se
impulsaron las reformas estructurales los hechos
han derrumbado a la retórica oficial: los precios
de las gasolinas y el diésel se han disparado en el
marco de la reforma energética de tal suerte que
mientras en 2013 el precio de la gasolina Magna
–la de mayor consumo– era de 12.13 pesos por
litro, en los primeros días de 2018 llegó a 17.32
pesos; es decir, se ha incrementado en un 42.7
INCREMENTOSA COMBUSTIBLES
DERRUMBAN REFORMA
ENERGÉTICA
MARTÍN ESPARZA FLORES, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MEXICANO DE
ELECTRICISTAS

ARTÍCULO OPINIÓN
por ciento, mientras que la Premium lo ha hecho
en un 50.8 por ciento, al llegar a los 19.42 por
litro, cuando el precio máximo definido por la
CRE es de 18.48 pesos.
Porcentajes entre los que también ha oscila-
do el aumento al diésel que ya llega a los 17.41
pesos por litro. Este combustible, empleado en
actividades agropecuarias, pesqueras y del trans-
porte, ha tenido un impacto directo en el precio
de diversos productos de la canasta básica. Y lo
seguirá teniendo en el presente año, incidiendo
en una mayor inflación que bien podría superar
el 6.69 por ciento con que cerró en 2017.
Ante este escenario de imparables aumentos
a la electricidad y los combustibles, resulta
imposible tanto para los molineros y torti-
lleros como para los industriales, agriculto-
res y comerciantes mantener los precios de
sus productos.
En el caso del aumento a la tortilla tam-
poco puede ocultarse el indudable fracaso
de la política agropecuaria que, a 24 años
de vigencia del Tratado de Libre Comer-
cio con América del Norte (TLCAN), ha
terminado por ceder la autosuficiencia ali-
mentaria al exterior, ubicando a México en
la imposibilidad de producir el maíz que
requiere para su consumo interno. Es por
este motivo que cualquier depreciación del
peso frente al dólar repercute en los costos
de los granos que importamos sobre todo
del vecino país del Norte.
Y así como en el gasolinazo de enero de
2017, que amenazó con desbordar los áni-
mos sociales, los legisladores que impulsaron la
reforma energética en el Congreso buscaron des-
lindarse de las consecuencias de su irresponsabi-
lidad política, ahora en un año electoral donde se
definirá al próximo presidente de la República,
los partidos Revolucionario Institucional, Acción
Nacional, de la Revolución Democrática, Verde
Ecologista de México, Movimiento Social y Nue-
va Alianza –que votaron por la liberación de los
precios de los combustibles el pasado 19 de oc-
tubre en San Lázaro– se unen a la excusa oficial
de justificar las incontrolables alzas y sus efectos
colaterales a situaciones del orden internacional,
cuando de sobra saben que la raíz del problema
está en su complicidad parlamentaria para ava-
lar una reforma que representa un atentado a la
economía de millones de mexicanos.
En este contexto de incrementos a los com-
bustibles, con toda seguridad se agudizará el
problema del robo de combustibles por parte de
los huachicoleros, pues hay que admitir que aun-
que resulta un delito comprar gasolinas extraídas
de manera ilegal, en muchas zonas del país es la
única forma de paliar en algo las desmesuradas
alzas que hacen imposible toda actividad por el
alto costo de los hidrocarburos.
Por eso, este año electoral será de vital impor-
tancia para todos los mexicanos con derecho a
voto el razonar sobre un voto de castigo a aque-
llos partidos que aprobaron las reformas que
ahora arrojan resultados desastrosos para todo
el país.
Que no vengan los partidos cómplices a que-
rer apostarle a la desmemoria. Los causantes de
las alzas no únicamente a los combustibles y la
electricidad sino a toda una gama de productos
y servicios tienen nombres, apellidos y siglas par-
tidistas. Los mexicanos están en su derecho de
cobrarles en las urnas su proceder en contra de
la nación, pues ahora sucede que por la reforma
energética hasta las tortillas serán un artículo de
lujo.
DAVID
MANRIQUE

ARTÍCULO
OPINIÓN
B
erlín, Alemania. Luego de 2 meses de ne-
gociaciones se concretó a mediados de di-
ciembre pasado un gobierno de coalición en
Austria. El ungido canciller Sebastian Kurz prestó
juramento al presidente de Austria, Alexander Van
der Bellen, el día 18 de ese mes. El Partido Popular
de Austria, del que es el Secretario General, (ÖVP,
por su sigla en alemán) se alió con el Partido Liberal
de Austria (FPÖ, también por su sigla en alemán)
bajo Heinz-Christian Strache. Mientras que el pri-
mero es considerado de derecha, el segundo está
clasificado como de extrema derecha.
Salido del acuerdo entre los dos partidos el FPÖ
tendrá la cartera de Interior, Relaciones Exteriores
y de Defensa, además de la posición de vicecanci-
ller. Con ello, la Unión Europea se enfrenta a la pri-
mera formación de este tipo que llega al gobierno.
También se convierte en el gobernante más joven
de toda Europa con sus 31 años de edad.
El 19 de diciembre emprendió su primer viaje
al extranjero, en este caso a Bruselas, Bélgica. Ahí
se encontró con el presidente de la Unión Euro-
pea, Jean-Claude Juncker, y con el presidente del
Consejo Europeo, Donald Tusk. El objetivo de
este viaje fue allanar sus relaciones con el bloque
europeo. Su aliado FPÖ, quien es conocido por sus
posturas antieuropeas y su discurso antimigrante y
antimusulmán. No obstante ello, para poder llegar
a la conclusión de su acuerdo tuvo que renunciar
a toda salida de la Unión Europea y al recurso de
plebiscitos en esta legislatura. Ante todo, Kurz fue a
tranquilizar sus socios europeos.
El presidente del Consejo Europeo lo felicitó el
18 de diciembre, por medio de una carta, por su
nombramiento. En ella expresó que no duda de que
el gobierno austriaco “continuará jugando un rol
constructivo y proeuropeo en la Unión Europea”.
En 2018 Austria tendrá, en el segundo semestre, la
presidencia pro-tempore, por lo que asegurarse su leal-
tad al proyecto europeísta es elemental en tiempos
de turbulencias políticas en la Unión Europea.
En el año 2000 una coalición similar entre el
FPÖ y el ÖVP, casi lleva al fallecido Jörg Haider a
convertirse en canciller. Sin embargo, una ola de
indignación y un “bloqueo” diplomático en toda la
Unión Europea pudo prevenir su concreción. Hoy
parece que las críticas al actual gobierno se mantie-
nen bajas, pese a la avanzada de la derecha a nivel
europeo, como en los Países Bajos o Francia, donde
son fuerzas parlamentarias importantes.
El Partido Popular de Austria defiende el fre-
no a la inmigración, condena la “islamización” de
la sociedad y erige muros contra migrantes en sus
fronteras exteriores. Según su programa político,
recortarán las ayudas sociales, sobre todo a perso-
nas extracomunitarias y les dificultará el acceso a la
ciudadanía. Se habla de flexibilizar el trabajo y de
favorecer a las empresas fiscalmente. En lo particu-
lar no tienen la intención clara de no recibir más
refugiados en la nación alpina.
El tema de la migración y de los refugiados así
como la falta de la participación de muchos estados
miembros en su acogida, en particular los del grupo
“Visegrad”, que está formado por Polonia, Repú-
AXEL PLASA, CORRESPONSAL
AUSTRIA: LA FORMACIÓN
DEL PRIMER GOBIERNO
DE ULTRADERECHA EN
LA UNIÓN EUROPEA

ARTÍCULO OPINIÓN
blica Checa, Eslovaquia y Hungría, son temas sin
resolución aún en la Unión Europea. La negativa
de estos países en admitir a refugiados y el auge de
fuerzas políticas de ultraderecha en esos países está
dificultando muchas decisiones comunitarias.
La diplomacia estará a cargo de Karin Kneissl,
una exfuncionaria diplomática y periodista sin afi-
liación partidista, que políticamente se considera
afín al FPÖ. Salvando los asuntos europeos, que
están a cargo de Kurz, Kneissl llevará bajo su man-
do las relaciones exteriores con un enfoque afín al
actual vicecanciller Strache. Kneissl es políglota y
arabófona se presenta como experta en el Oriente
Medio, en donde vivió una parte de su infancia.
Una vez más el pasado de la FPÖ crea reticen-
cias, no solamente en la Unión Europea, sino inclu-
so en Israel. El primer ministro Benjamin Netan-
yahu ha dicho no querer estrechar contactos con
nadie de dicho partido ni tampoco con Kneissl; sí,
en cambio, con el canciller y exministro de relacio-
nes exteriores Sebastian Kurz. En todo caso la di-
plomacia austriaca claramente está dominaba por
el partido liberal.
Otro puesto clave es el del Secretario General
de la FPÖ, Herbert Kickl. Éste fue nombrado mi-
nistro de interior en el actual gobierno. Al inicio era
el que escribía los discursos de Jörg Haider. Supo as-
cender hasta el Secretariado General, al que acce-
dió en 2005, y desde entonces ha sido un importan-
te líder ideológico del partido con lemas altamente
polémicos en relación a la religión musulmana en
particular. Desde su actual cartera su actuación en
la gestión de la migración y de la reforma del asilo
no será menor a la luz de la actual coyuntura.
Este es el primer gobierno de la Unión Europea
que tiene tintes claramente de ultraderecha. En el
año 2000 estuvo cerca de darse el precedente en
Austria, y hoy finalmente se cumple la profecía. El
gobierno encabezado por el canciller más joven de
la historia austriaca viene a presionar por la dere-
cha a Alemania, quien se encuentra en un vía cru-
cis de la Canciller Angela Merkel, que no consigue
una coalición desde septiembre del año en curso.
La derecha y extrema derecha europea se ven
fortalecidas con la asunción del gobierno de Kurz y
de Strache. Se acabó el tabú de excluir a estas fuer-
zas del margen derecho de la política, a más tardar
cuando logren hacerse con el gobierno. El prece-
dente está ahí y el Frente Nacional en Francia, el
Vlaams Belang de Bélgica, el Partido de la Libertad
de Geert Wilders en los Países Bajos, la Alternativa
para Alemania (AfD) se están frotando las manos
esperando cuando sea su turno de tomar por asalto
el poder de su país.
123RF

ARTÍCULO
OPINIÓN
G
uatemala. Para el presidente guatemal-
teco Jimmy Morales 2017 fue un año
tortuoso. El comediante devenido polí-
tico tuvo que timonear un segundo período de
gobierno agobiado por pedidos de antejuicios y
voces ciudadanas que exigieron su renuncia.
Aunque llegó al poder con el lema de la trans-
parencia como caballo de batalla, muy pronto el
apoyo incondicional a la lucha anticorrupción
tropezó con intereses personales, al tocar a su
hermano mayor y su hijo con acusaciones de su-
puesto fraude.
La investigación salía a la luz pocos días des-
pués de la presenta-
ción del informe de su
primer año de gestión
y, pese a todo, Morales
mantuvo su discurso
de cero tolerancia a
la corrupción, aunque
un tanto más distante.
Apenas unos meses tuvo el gobernante para
tomar un aire, pues un incendio en el estatal Ho-
gar Seguro Virgen de la Asunción dejaba como
saldo 41 niñas muertas y otras 15 con graves se-
cuelas físicas y sicológicas.
La indignación ciudadana por la incapacidad
del Estado de cuidar a su niñez floreció como
nunca en esos días tormentosos en que la Plaza
de la Constitución fue nuevamente tribuna para
denunciar el crimen y señalar con el índice al
presidente por su responsabilidad en la tragedia.
Había sido alertado de una “fuga masiva” y
conoció la orden de encerrarlas en una pequeña
habitación, que demoró demasiado en ser abier-
ta.
La cruzada del Ministerio Público (MP) y la
Comisión Internacional contra la Impunidad
en Guatemala (Cicig) calentaron nuevamente
el ambiente político el 25 de agosto, cuando so-
licitaron al Congreso levantar la inmunidad de
Morales para indagar su participación en un su-
puesto caso de financiamiento electoral ilícito.
Dos días después, los acontecimientos se des-
encadenarían en ráfagas. En un sorpresivo men-
saje a la nación, el presidente declaraba persona
no grata al jefe de la Cicig, Iván Velásquez, y
pedía su inmediata sa-
lida del país.
A partir de enton-
ces, un inusual pulseo
con Velásquez dio
paso a una profunda
crisis política que casi
pone a Guatemala al
borde de la ingobernabilidad.
Nuevamente, como en 2015, la lucha con-
tra la corrupción tuvo como protagonista a la
ciudadanía, que se mantuvo atenta, expresó sus
demandas en la plaza, y hasta desmanteló las
intenciones de un grupo de diputados de modi-
ficar el Código Penal a favor de la impunidad.
La solicitud de antejuicio contra Jimmy Mo-
rales llegó hasta el Congreso, el cual arropó al
presidente dos veces en un mismo mes, una vo-
tación inusual que puso al descubierto las com-
ponendas entre la bancada oficialista y otras in-
teresadas en seguir disfrutando de sus beneficios.
MAITTE MARRERO CANDA/PRENSA LATINA
2017, UN AÑO TORTUOSO
PARA GUATEMALA Y JIMMY
MORALES
La solicitud de antejuicio contra Mora-
les puso al descubierto las componendas
entre la bancada oficialista y las otras, in-
teresadas en seguir con sus beneficios
La solicitud de antejuicio contra Mora-
teresadas en seguir con sus beneficios

ARTÍCULO OPINIÓN
Los constantes llamados de la población a
Jimmy Morales para que abandonara el poder
tuvieron resonancia nacional e internacional, y
demostraron la complejidad de la batalla para
desarticular a las estructuras criminales enquis-
tadas en el Estado.
El paro del 20 de septiembre pasó a la histo-
ria como otra muestra de la unidad necesaria,
más allá de ideologías y creencias, si se quieren
impulsar los necesarios cambios institucionales
del país.
Con el cierre de 2017 se hizo más palpable
la distancia de Morales hacia la Fiscal General y
jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana, Ve-
lásquez, el Procurador General de los Derechos
Humanos y, de paso, la prensa.
El año que suspira será también recordado
por cifras insólitas como el número de niños con
desnutrición crónica más alto de América La-
tina (casi 50 por ciento), una de las estadísticas
más elevadas de trabajo infantil (más de 750 mil
menores) y uno de los países más desiguales del
mundo (el 1 por ciento más rico de la población
tiene un ingreso igual a la suma del 40 por cien-
to más pobre).
La brecha crece si nos adentramos en la po-
blación indígena, más de la mitad de sus habi-
tantes, pero cuatro de cinco vive en condiciones
de pobreza y pobreza extrema.
La Navidad trajo otro polémico episodio
para Morales, quien se plegó a Estados Unidos
e Israel y confirmó desde su cuenta en Facebook
el traslado de la sede diplomática en Tel Aviv
hacia Jerusalén.
El hecho desató internacionalmente una ola
de condena por parte de la comunidad interna-
cional y, a lo interno, trajo más críticas a una
gestión considerada por analistas como de gran-
des torpezas políticas.
Con el nuevo año, el jefe de Estado tendrá
posiblemente la responsabilidad más grande de
su administración: nombrar al sustituto de Alda-
na, un puesto clave para la continuidad de im-
portantes investigaciones judiciales en curso y de
otras aún por esclarecer.
Este 2017 demostró a los guatemaltecos que
deben seguir vigilantes para salir a las calles y
volver a tomar la Plaza.
123RF

ARTÍCULO
OPINIÓN
L
a Paz, Bolivia. Mantener el liderazgo en
el crecimiento, impulsar el Tren Bioceá-
nico y la industrialización y avanzar en la
demanda marítima figuran entre las prioridades
de Bolivia para 2018, luego de un año de logros
económicos, sociales y políticos.
Según proyecciones nacionales y de organis-
mos financieros internacionales, la nación suda-
mericana continuará encabezando en 2018 el alza
en la región del producto interno bruto (PIB), con
alrededor de 4.5 por ciento.
“Hemos tenido un cierre de año exitoso”, dijo
el presidente Evo Morales en su primera confe-
rencia de prensa de 2018.
El mandatario recordó que mientras en los
países de la región hay
un promedio de cre-
cimiento de 1.5 por
ciento por año, Boli-
via mantiene más de 4
puntos porcentuales.
Entre los factores
que dinamizarán la
economía figuran la demanda interna, el incre-
mento de las inversiones, la venta de gas a países
vecinos y el mejoramiento del precio de las mate-
rias primas, sobre todo del petróleo.
Bolivia decidió en 2006 nacionalizar los hi-
drocarburos y recuperar las empresas estratégicas
para el Estado.
Como resultado de la nacionalización, en poco
más de una década el PIB ascendió a 36 mil mi-
llones de dólares, mientras que en 20 años de neo-
liberalismo (1985-2005) apenas pasó de 5 mil a 9
mil millones de dólares.
Después de su liberación política y económi-
ca, Bolivia avanza ahora hacia la independencia
tecnológica y la industrialización, y el objetivo del
gobierno es convertir al país en corazón energéti-
co de toda Sudamérica.
En septiembre pasado quedó inaugurada en el
departamento de Cochabamba la planta de urea
y amoniaco, hecho que marcó el inicio de la indus-
trialización de los hidrocarburos en esta nación.
La instalación producirá 600 mil toneladas de
fertilizantes al año, de los cuales 80 por ciento es-
tarán destinados a la exportación y 20 por ciento
al mercado interno.
Está previsto que para abril concluya la cons-
trucción de la Planta de Carbonato de Litio, con
una producción inicial
de 4 mil a 5 mil tone-
ladas de ese producto,
utilizado para la fabri-
cación de baterías.
También se prevé la
entrega de la fábrica de
cemento de Oruro y la
de hierro del Mutún.
A principios de 2018 comenzará sus operacio-
nes la Secretaría Técnica del Tren Bioceánico, con
el reto de realizar el diseño final de esta megaobra
que enlazará a los océanos Atlántico y Pacífico, y
concretar las sociedades público-privadas para su
financiamiento.
La línea férrea, de 3 mil 750 kilómetros, co-
menzará en el puerto brasileño de Santos, atrave-
sará la cordillera de los Andes y la selva amazóni-
ca boliviana y se adentrará en el territorio perua-
no para concluir en la terminal marítima de Ilo.
CARMEN ESQUIVEL/PRENSA LATINA
SOLIDEZ ECONÓMICA
Y DEMANDA MARÍTIMA EN LA
AGENDA BOLIVIANA DE 2018
Después de su liberación, Bolivia avan-
za hacia la industrialización: el objetivo
del gobierno es convertirla en corazón
energético de toda Sudamérica
Después de su liberación, Bolivia avan-
energético de toda Sudamérica

ARTÍCULO OPINIÓN
Durante una gira realizada en diciembre por
Austria y Suiza, el presidente Evo Morales firmó
acuerdos importantes para impulsar el corredor,
sobre todo en la formación de recursos humanos,
la tecnología y el financiamiento a fin de llevar
adelante esta obra.
Bolivia es la principal impulsora del considera-
do como Canal de Panamá del Siglo XXI, debido
a los problemas enfrentados por este país para el
comercio por la falta de acceso al mar.
Según diversos estudios, la nación andino-ama-
zónica deja de percibir cada año 1 mil 500 millones
de dólares por su situación de
mediterraneidad y la reducción
del PIB es de hasta 2 por ciento.
Bolivia perdió su litoral
cuando en la Guerra del Pacífi-
co (1879-1883) Chile le arrebató
400 kilómetros de costas y otros
120 mil kilómetros cuadrados
de terrenos ricos en recursos na-
turales, entre ellos cobre, litio y
salitre.
Después de esfuerzos infruc-
tuosos para lograr una salida
soberana al Pacífico, el gobierno
decidió en 2013 dar un paso his-
tórico y presentar una demanda
ante la Corte Internacional de
Justicia (CIJ), de La Haya, y 2
años después ese tribunal de la
Organización de las Naciones
Unidas (ONU) se declaró com-
petente para atender la reivindi-
cación.
El 21 de marzo de 2017 Bo-
livia entregó su réplica ante la CIJ, mientras que
Chile presentó los documentos con sus alegatos en
septiembre último.
A partir de febrero próximo la CIJ deberá
anunciar su cronograma y fijar la fecha de los
juicios orales, última etapa pendiente en la causa
marítima.
Una vez concluida la fase oral, el tribunal se
tomará entre cuatro y seis meses para adoptar una
decisión final, por lo que se espera para este año
tener un resultado de la corte.
Bolivia confía en un fallo favorable de La Haya,
basado en la contundencia de sus argumentos, se-
gún declaró el vicepresidente Álvaro García Linera.
En el ámbito político uno de los temas que mar-
cará la agenda serán las elecciones de 2019, sobre
todo después de que el Tribunal Constitucional
Plurinacional aprobara un recurso que permite la
repostulación del presidente, el vicepresidente y de
las autoridades departamentales y municipales.
Durante una reunión con los movimientos so-
ciales, el jefe de Estado admitió que este será un
año de dura lucha ideológica, política, partidaria
y programática y pronosticó un incremento de
las campañas de la derecha, apoyada por Estados
Unidos, contra el proceso de cambio.
Dentro de las prioridades del Gobierno está
también avanzar hacia un sistema de atención
médica gratuito y universal, para lo cual convocó
a un encuentro nacional Por la Salud y la Vida, y
modernizar la justicia tras la toma de posesión de
los nuevos magistrados electos por voto popular
directo el 3 de diciembre último.
“Estoy convencido, este año 2018 va a ser me-
jor que 2017”, pronosticó el presidente Evo Mo-
rales.
DAVID
MANRIQUE

ARTÍCULO
OPINIÓN
A
fganistánvivió2017devoradoporlosinfortu-
nios de la guerra; ese año sumó desesperan-
zas a un país roído por décadas de conflictos.
Otros12mesesdecontiendapareceríannomarcar
la diferencia frente a los 3 lustros precedentes, pero el
clima de inestabilidad e inseguridad en el Estado cen-
troasiático se agudiza a causa de los frecuentes atenta-
dos terroristas y los enfrentamientos entre la insurgen-
cia y las fuerzas del gobierno, apoyadas por la Organi-
zacióndelTratadodelAtlánticoNorte(OTAN).
En 2017 Afganistán vivió el peor atentado de su
historia y el lanzamiento en el oriental territorio de
Nangarhar del proyectil GBU-43, bautizado como
“madre de todas las bombas”, la más potente del ar-
senal convencional de Estados Unidos.
Losataquessuicidascobraronlavidaacientosde
personas, en su mayoría civiles, debido a la expan-
sión de la organización terrorista Estado Islámico
(EI), establecida allí en 2015.
El 31 de mayo, en pleno mes sagrado del Ra-
madán, se produjo en la capital, Kabul, el episodio
más mortal registrado hasta la fecha, que causó 150
muertos, más de 350 heridos, y daños a 50 vehículos
y viviendas aledañas al sitio de la explosión. El dra-
máticopanoramaquedejóelestallido,originadopor
un coche bomba en una zona diplomática conside-
rada uno de los lugares más seguros de la ciudad, fue
calificado por la prensa internacional de “caótico”.
Varias sedes diplomáticas quedaron afectadas,
entre ellas la de Alemania, la más cercana al lugar de
la detonación, donde algunos empleados sufrieron
lesiones y un guardia de seguridad afgano murió.
Las embajadas de Francia, Japón, India y Tur-
quía, también próximas, confirmaron la integridad
física de su personal y reportaron daños materiales
en mayor o menor medida.
Días después, en el funeral de las víctimas, la
organización terrorista perpetró un nuevo ataque,
el séptimo en sólo 5 días, para un total de casi 200
víctimas mortales.
A raíz de los hechos, el gobierno estableció 26
puestos de control en esa zona y creó 27 entradas de
seguridad, plan que podría extenderse a otras partes
de la ciudad, de acuerdo con el gobernador provin-
cial, Hamid Akram.
La minoría chiíta también fue blanco frecuente
de ataques del EI, entre los que sobresalen los per-
petrados en mezquitas de la ciudad de Kabul (en
junio y octubre) y en la occidental demarcación de
Herat (en agosto), que dejaron un saldo total de casi
90 muertos y más de 100 heridos.
Esa comunidad, que representa el 20 por ciento
delapoblaciónyseconcentrafundamentalmenteen
la región central del país, ha sufrido el incremento de
actos violentos en los últimos años, con un repunte
después del verano de 2016 que suma hasta la fecha
10 atentados.
Los referidos sucesos sembraron tirantez y an-
siedad en la población, y medios de prensa nacio-
nales se refirieron a las medidas antiterroristas de
la Policía como “potenciadoras de un ambiente de
tensión”.
Las autoridades cortaron todas las carreteras de
acceso al centro y prohibieron las manifestaciones
y grandes reuniones, ante la posibilidad de ataques
coordinados y explosiones durante congregaciones y
protestas, de acuerdo con un comunicado de la Co-
mandancia de Kabul.
A pesar de esas disposiciones, decenas de perso-
nas pidieron a la comunidad internacional “accio-
nes prácticas” contra el terrorismo y exigieron la
dimisión del presidente, Ashraf Gani, y del jefe del
IVETTE HERNÁNDEZ/PRENSA LATINA
AFGANISTÁN
OTRO AÑO BAJO LA INTERMINABLE
SOMBRA DE LA GUERRA

ARTÍCULO OPINIÓN
gobierno, Abdulá Abdulá, por “incapacidad para
manejar la actual crisis”.
Para los expertos, los incidentes debilitarían toda-
vía más al gobierno de unidad de ambos políticos, en-
frentados en 2014 en unas elecciones salpicadas por
acusaciones de fraude que resultaron en una alianza
tras la intrusión de Estados Unidos.
Sibienesarealidadestremeceydeterioraaúnmás
el complejo contexto que ha caracterizado a Afga-
nistán desde su propia génesis, existen otros aspectos
igualmente dañinos y nebulosos.
Uno de ellos, la permanencia en suelo afgano de
13 mil 500 soldados –más de 8 mil estadunidenses–
bajo el mando de la OTAN, que acantonó allí sus
fuerzas desde 2001 con alegados fines de lucha anti-
terroristayelobjetivodedestronaralrégimentalibán.
Inicialmente la cifra de uniformados alcanzó los
130 mil, procedentes de más de 50 países, pero con el
fin de la misión en 2014 ésta fue transformada en ase-
soramiento, asistencia y adiestramiento de las fuerzas
nacionales.
Pese a todo el poderío desplegado por Estados
Unidos y la Alianza, la formación insurgente controla
hoy casi la mitad del territorio nacional y genera un
clima inestable que desafía al gobierno a ejercer com-
petentemente su autoridad.
Fuertes enfrentamientos ocurren en casi todo el
país en un intento del mando castrense por “limpiar”
el territorio, pero encontraron una verdadera resisten-
ciaenlostalibanes,quearreciaronsusaccionesenabril
últimotrasellanzamientodesuofensivadeprimavera.
Al caos se suma el surgimiento de grupos terro-
ristas y las denuncias sobre corrupción dentro de la
propia administración de Ghani, a la que expertos
califican de “títere y simbólica”.
Por otro lado está la política de Washington res-
pecto al país centroasiático, esta vez con el tercer pre-
sidente desde el inicio de la ocupación, que se alejó de
cualquier vía diplomática para solucionar el conflicto.
El21deagosto,DonaldTrumprevelólanuevaes-
trategia de su país para Afganistán, la cual contempla
el incremento de efectivos militares y estará “guiada
por las condiciones sobre el terreno”.
A juicio de analistas, la presencia en suelo afgano
garantizaaWashingtonlaconsolidacióndesuestrate-
gia política y económica en la región.
El mandatario, que durante su candidatura abo-
gaba por la retirada de las tropas estadunidenses, sos-
tuvo que el repliegue es inaceptable, pues dejaría un
vacío de poder a los terroristas.
Asimismo expresó que quizás después de un es-
fuerzo militar efectivo, podría alcanzarse un acuerdo
político que incluya los talibanes y Afganistán, posibi-
lidad descartada por los insurgentes, quienes exigen
la retirada de las tropas extranjeras como condición
para establecer diálogos de paz con el gobierno del
país centroasiático.
En respuesta a las nuevas directrices de la nación
estadunidense, los talibanes advirtieron que Afganis-
tán se convertirá en un cementerio para sus soldados.
“Trump se limita a perpetuar la conducta arro-
gante de presidentes anteriores, como George W
Bush. Está desperdiciando soldados (...) Sabemos
cómo defender nuestro país. No va a cambiar nada”,
expresó esa formación en un comunicado.
Lostalibanesyelgobiernosostuvieronunencuen-
tro oficial en julio de 2015 pero el proceso quedó sus-
pendido tras conocerse la muerte de su fundador, el
mulá Omar, y desde entonces el movimiento se niega
a dialogar.
Mientras, el engorroso conflicto promete años de
penurias y los más vulnerables continúan pagando las
consecuencias.
Decenas de miles de civiles perdieron la vida desde
eliniciodelacontienda,el40porcientodeellosacausa
deoperacionesdegruposirregulares,sobretodoenlas
provincias de Kabul, Helmand, Kandahar y Nangar-
har, según datos de la misión de Naciones Unidas en
esepaís.Lacantidadestimadadedesplazadosinternos
al concluir 2017 fue de 450 mil, aunque ya en agosto
superabanlos200milen30delas 34provincias.
La zona con mayor flujo de desplazados internos
es la región Norte, con el 41 por ciento, en tanto en la
región oriental se registró un 17 por ciento.
El reporte también precisó que el 13 por ciento de
ellosprocededelOccidente,yun22delSuryelSures-
te, donde prevalecen las ofensivas militares.
Afganistán vivió otro año bajo la sombra de la
conflagración y expertos aseguran que la solución a la
crisis no ocurrirá en un futuro cercano.
De momento, la guerra impuesta por las fuerzas
foráneas, los conflictos internos entre las propias co-
munidades étnicas, la creciente presencia del EI y su
estrategia para conquistar terreno a toda costa, son
algunos de los males que continuarán desgastando al
país en 2018.

INVESTIGACIÓN PORTADA
CIUDAD DE MÉXICO
MUCHOS POLICÍAS…
PERO MAL PAGADOS
E INCOMPETENTES

INVESTIGACIÓN
PORTADA
Más de 90 mil policías
vigilan la Ciudad de
México; pero destaca por
la comisión de delitos y
violencia. Mal pagados
y mal capacitados, los
efectivos policiacos
carecen de un instituto de
formación digno, aunque
le llamen “universidad”
L
a Ciudad de México está saturada de poli-
cías. La fuerza de la Secretaría de Seguridad
Pública de la entidad supera los 90 mil efec-
tivos. Sin embargo, ha sido incapaz de contener la
violencia y la comisión de delitos en la capital de la
República.
El todavía jefe de gobierno Miguel Ángel Man-
cera recibió la entidad como una de las menos inse-
guras del país.Cuando deje el cargo,en los próximos
meses,la Ciudad de México estará de nueva cuenta
–como hace 20 años– en los primeros lugares delic-
tivos de los estados que integran la nación.
Aunquelascausassonmúltiples,destacalapreca-
riedad laboral y formativa de los efectivos policiacos.
No se trata de un problema de dinero.El presupues-
to de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) –que
encabeza el abogado Hiram Almeida Estrada– se
ha incrementado sustancialmente año con año.Para
2018 ejercerá 16 mil millones de pesos.
El informe Modelo óptimo de la función policial.
Diagnóstico nacional sobre las policías preventivas de
las entidades federativas, elaborado por la Secretaría
ZÓSIMO CAMACHO
DIEGO
SIMÓN
SÁNCHEZ/CUARTOSCURO

de Gobernación, consigna que la Ciudad de Mé-
xico es la entidad federativa que cuenta con mayor
número de policías por cada 1 mil habitantes.
Incluso,seencuentramuyporencimadelamayo-
ría de los países del mundo. Mientras que casi todas
las naciones cuentan con 2.8 policías por cada 1 mil
habitantes, en la Ciudad de México la tasa es de 4.2
policías.AlinteriordelaRepública,losdemásestados
no llegan ni a 1.9 policías
por cada 1 mil habitantes.
No se trata de seguir
incrementando el número
de policías, ataja el legis-
lador César Cravioto Ro-
mero. El coordinador del
grupo parlamentario del
Movimiento Regeneración
Nacional (Morena) en la
Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF)
señala que lo que se necesita
es combatir la corrupción tanto en la SSP como en
la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de
México y reorganizar todo el sector de la seguridad.
Contando con tal número de policías y tomando
en cuenta el número de colonias de la ciudad (2 mil),
a cada colonia le corresponden más de 40 policías.
“Perohayunadistanciaenormeentrelospolicíasylos
ciudadanos que supuestamente debe estar cuidando.
Lo que tenemos es un mal manejo de la operación
policiaca;un mal diseño de cómo debe hacerse la ac-
tuación de la policía en las colonias,barrios unidades
habitacionales y pueblos,y mucha corrupción”.
El diputado reprueba que cada vez se otorguen
más recursos a la SSP y se obtengan peores resul-
tados. El actual presupuesto de la Secretaría que
encabeza Hiram Almeida es similar al presupuesto
total de un estado de la República.Tlaxcala erogará
18 mil millones de pesos en este año.
“Así que el desastre en la seguridad de la Ciudad
no es un asunto de dinero, de falta de recursos. Es
un asunto de pésima operación, de mal diseño de
política pública y de negligencia.”
Muchos policías pero mal
capacitados
Ninguna de las academias o institutos de forma-
ciónpolicialdelaCiudaddeMéxicocuentaconlato-
talidad de los 12 rubros mínimos para garantizar una
capacitación adecuada,señala el documento de la Se-
cretaríadeGobernaciónfechadoendiciembrepasado.
Los 12 aspectos que no pueden faltar en cada
institución para formar policías competentes,a decir
del informe,son: aulas suficientes; aula de cómputo;
sala de juicios orales; comedor; cocina; dormitorios
suficientes; pista de prueba
física o pista del infante;
sala con equipo audio-
visual; servicio médico;
estand de tiro; área de en-
trenamiento; explanada o
pista de práctica vehicular.
La pomposa Universi-
dad de la Policía de la Ciu-
dad de México no cuenta
con las 12 condiciones mí-
nimas. Las instituciones
que sí cumplen con ellas
son las de Baja California, Chihuahua, Hidalgo,
Estado de México,Puebla y Sonora.
Particularmente, los cadetes que se forman
como policías en la capital de la República no cuen-
tan con pista de prueba física.
El documento recomienda a los gobiernos esta-
tales“hacer un esfuerzo por otorgar a sus elementos
policiales preventivos en activo las mejoras y/o pres-
taciones laborales mínimas para otorgar estabilidad,
seguridad e igualdad de oportunidades de empleo,
fortaleciendo la vocación de servicio y el sentido de
pertenencia a la corporación”.
El legislador César Cravioto señala que la ca-
pacitación del policía debe ser integral. Es decir, no
se debe reducir al uso de armas y comunicaciones.
Debe promover que cada policía siga avanzando en
sus estudios de educación básica,media y superior.
“Necesitamos que los policías tengan también
mejor expectativa de vida y también mejor prepa-
ración en general; que se les abra el panorama y
que no estén pensando en cómo sacar la mordida
al automovilista. Necesitamos que el policía tenga
una visión mayor, de crecimiento profesional y se
interese hacer mejor su trabajo y cuide su empleo.”
Cravioto agrega que sólo dignificando la profe-
sión de policía habrá personas que deseen ser po-
licías y hagan bien su trabajo. Sin embargo, hoy la
En la Ciudad de
México, a cada colonia le
corresponden más de 40
policías. Y es que la tasa
es de 4.2 uniformados por
cada 1 mil habitantes
En la Ciudad de
cada 1 mil habitantes

INVESTIGACIÓN
PORTADA
Policías, en precariedad laboral
Si la formación no es el fuerte de los policías de
la Ciudad de México,tampoco lo son sus condicio-
nes de trabajo.
Las condiciones laborales mínimas que se
asientan en el Diagnóstico nacional sobre las policías
preventivas de las entidades federativas son de un
salario igual o mayor a los 9 mil 933 pesos; acceso
a créditos para vivienda; seguro de vida; servicio
médico; fondo de ahorro para el retiro; acceso a
apoyos para las familias de quienes hayan caído en
el cumplimiento de su deber,y becas escolares para
sus hijos.
Los policías de la Ciudad de México están por
debajo del promedio nacional. Ganan 8 mil 674
pesos al mes. Muy lejos de los 13 mil 687 pesos
que perciben los de Sonora o los 13 mil 436 de
los efectivos de Tamaulipas. Otras entidades que
pagan más a sus policías que la capital de la Re-
pública son Aguascalientes, Baja California Sur,
mayoría de las personas que son policías en la Ciu-
dad de México ha adoptado ese trabajo porque no
tuvieron otra opción.
En contraste, el presidente de la Comisión de
Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa de la
Ciudad de México,José Gonzalo Espina,considera
que la actual administración ha “hecho una gran la-
bor en materia de capacitación”.
El legislador integrante del grupo parlamenta-
rio del Partido Acción Nacional (PAN) reconoce el
“talento y energía”de la directora de la Universidad
de la Policía de la Ciudad de México,Irene Quinto
Montenegro.
Agrega que el secretario Hiram Almeida es el
único de todos los titulares de seguridad de los esta-
dos de la República que ha certificado al ciento por
ciento de sus policías.
“No es menor: 90 mil personas tuvieron que ser
capacitadas en un sistema de justicia penal. Esto,
poco a poco,se va reflejando en la calidad del servi-
cio que se ofrece.”
En materia de sueldo, los policías de la Ciudad de México están por debajo del promedio nacional: ganan 8 mil 674 pesos al mes
DIEGO
SIMÓN
SÁNCHEZ/CUARTOSCURO

Chihuahua,Coahuila,Colima,Durango,Guana-
juato, Guerrero, Estado de México, Michoacán,
Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo,
San Luis Potosí,Sinaloa,Veracruz,Yucatán y Za-
catecas.
Es decir, los policías capitalinos sólo ganan más
que los de Baja California, Campeche, Chiapas,
Hidalgo,Jalisco,Morelos,Nayarit,Oaxaca,Tabasco
y Tlaxcala.
“Otra vez,se trata de un problema de diseño.Si
hay tantos recursos para la Secretaría [de Seguridad
Pública],adónde se está yendo el dinero”,observa el
diputado César Cravioto. “¿Adónde se está entre-
gando el recurso si no es,entre otras cosas,para dar
un salario digno a los policías?”,pregunta.
En cuanto a las prestaciones mínimas para ase-
gurar condiciones laborales dignas,en la Ciudad de
México no todos los policías cuentan con créditos
para vivienda. El Diagnóstico consigna que, asimis-
mo, no todas las familias de los caídos en cumpli-
miento de su deber tienen derecho a apoyo.No to-
dos los policías tienen fondo de ahorro para el retiro
ni reciben becas escolares para sus hijos.
Un asunto adicional es que,a decir del legislador
César Cravioto,los policías ni siquiera cuentan con
los recursos materiales mínimos para hacer su tra-
bajo.Ejemplifica con el asunto del combustible que
los propios patrulleros tienen que comprar. “Eso
fomenta la corrupción brutalmente” y que se sus-
pendan los patrullajes.
Además,la Unidad de Policía Procesal no cum-
ple con el modelo nacional, reporta el Diagnóstico
de la Secretaría de Gobernación.Mientras,las uni-
dades de Operaciones Especiales y de Policía Ci-
bernética están “en proceso de validación”.
El documento recomienda: “los integrantes de
las instituciones de seguridad pública deberán operar
conforme a los protocolos mínimos que les permitan
desempeñarse de manera adecuada en sus funciones.
En este sentido,las entidades federativas deben acre-
ditar la existencia de los seis protocolos mínimos y la
capacitación de sus elementos en los mismos”.
El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera
TERCERO
DÍAZ/CUARTOSCURO

INVESTIGACIÓN
PORTADA
Los seis protocolos son: para la Función de Pre-
vención o Reacción; de Actuación Policial en Ma-
teria de Violencia de Género; para el Uso Legítimo
de la Fuerza; Nacional de Primer Respondiente;
Nacional de Cadena de Custodia, y para la Aten-
ción a Víctimas y Grupos Vulnerables. Sólo seis
entidades federativas operan conforme los seis pro-
tocolos.Ninguna de ellas es la Ciudad de México.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pú-
blica de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de
México, Gonzalo Espina, reconoce que las condi-
ciones laborales de los policías “son determinantes”
para que realicen con eficiencia su trabajo.
“Arriesgan su vida por nosotros y lo mínimo que
merecen son estímulos: becas para sus hijos,vivien-
da digna, hospitales de calidad, servicios”. Espina
dice que la Asamblea Legislativa y la SSP han “tra-
bajado en conjunto” para mejorar las condiciones
de los efectivos policiacos. Se refiere al impulso de
una Ley de Dignificación Policial, hasta ahora no
concretada.
Seguridad, de mal en peor
Los datos del Sistema Nacional de Seguridad
Pública señalan que la seguridad en la Ciudad de
México se deteriora año con año. En 2017, se co-
metieron casi 2 mil delitos de alto impacto, entre
ellos 1 mil 500 homicidios dolosos.
La cifra negra, sin embargo, es mucho mayor.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (Inegi), en el 93.6 por ciento de los
delitos cometidos no se inició averiguación previa.
Según la Encuesta nacional de victimización y percep-
ción sobre seguridad pública 2017,el 77 por ciento de
los habitantes de la Ciudad de México ha dejado
de usar joyas por miedo a ser asaltados y el 78 por
ciento prohíbe a sus hijos salir a la calle por miedo a
que sean víctimas de violencia.
Durante el año pasado,con datos hasta noviem-
bre del Secretariado Nacional de Seguridad Públi-
ca, en la ciudad se cometieron 1 mil 96 homicidios
dolosos; 716 homicidios culposos; 44 secuestros,20
violaciones sexuales y 457 extorsiones.
“Y supuestamente el tema de la seguridad era su
fuerte”,ironiza el diputado César Cravioto Romero.
El legislador de Morena resalta que ese tema fue
la carta de presentación de Miguel Ángel Mancera;
“pero los resultados son lamentables, negativos y
delicados para la población en general”.
Cravioto Romero reprueba que seis delegaciones
políticas de la Ciudad de México hayan superado los
nivelesdelamedianacionalenocurrenciademuertes
violentas en la vía pública.“Lo que pasa en la Gusta-
vo A Madero es tremendo: no hay día que pase sin
que haya al menos un asesinado en la vía pública”.
Para el diputado Carlos Alfonso Candelaria
López, secretario de la Comisión de Seguridad Pú-
blica de la ALDF, una de las causas del incremento
de la inseguridad en la ciudad es la falta de trabajo en
políticasocialdelgobiernodeMiguelÁngelMance-
ra.El legislador independiente ejemplifica con el in-
cremento de la deserción escolar: el 58 por ciento de
los estudiantes de nivel bachillerato y el 30 por ciento
de los estudiantes de educación básica secundaria.
“Nos preocupa que se haya focalizado el trabajo
con esta población mayoritaria en los eventos ma-
sivos musicales, pero olvidando la atención a pro-
blemáticas como las adicciones o el embarazo entre
adolescentes.”
Los policías ni siquiera cuentan con los recursos materiales mínimos para hacer su trabajo: diputado
César Cravioto
CARLOS
LÓPEZ

Según datos de la Procuraduría General de
Justicia de la Ciudad de México, desde que Mi-
guel Ángel Mancera es jefe de gobierno han sido
asesinadas 576 mujeres. En 237 de esos casos se
han abierto carpetas de investigación por femini-
cidio.
“La violencia no se soluciona con silbatos”, dice
el diputado Candelaria López en referencia a una
de las políticas para combatir la violencia contra las
mujeres. En julio de 2016, el gobierno de Miguel
Ángel Mancera inició la entrega de silbatos a las
usuarias del Sistema de Transporte Colectivo Me-
tro para combatir el acoso contra las pasajeras.
Durante el actual gobierno se han presentado
15 mil 353 denuncias por violencia contra las mu-
jeres; de ese total, 3 mil 506 se trata de violaciones
sexuales. “Y no podemos tener una cifra exacta de
feminicidios, ya que no son clasificados, investiga-
dos y sentenciados como tales,aun cuando [en esos
casos] se empleó uso excesivo de la fuerza, armas,
estrangulamiento o golpes”.
Para el legislador independiente, es necesario
que se trabajen tres aspectos para evitar que la in-
seguridad crezca en la Ciudad: “la prevención inte-
gral,seguridad pública y reinserción social”.
El diputado Gonzalo Espina, presidente de la
Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea
Legislativa, señala que el contexto de la Ciudad ha
contribuido en el deterioro de la seguridad públi-
ca. “Tenemos el efecto cucaracha, que consiste en el
desplazamiento de las bandas de entidades vecinas,
como Puebla,Morelos y el Estado de México”.
También el legislador panista señala que el nue-
vo sistema penal acusatorio se ha convertido –a su
parecer– en una puerta giratoria, “en donde los de-
lincuentes salen rápidamente de las cárceles y, con
ello,la labor de la policía se ve rebasada por las deci-
siones del Poder Judicial”.
Contralínea solicitó entrevista con el titular de
la SSP de la Ciudad de México,Hiram Almeida,a
través de su oficina de comunicación social. Hasta
el cierre de edición no se obtuvo respuesta.
Según datos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, desde que Miguel Ángel Mancera es jefe de gobierno han sido asesinadas 576 mujeres
LUIS
CARBAYO/CUARTOSCURO

INVESTIGACIÓN SOCIEDAD
FUENTE DE
IMPUNIDAD Y
DESIGUALDAD SOCIAL
LA “JUSTICIA” EN MÉXICO

INVESTIGACIÓN
SOCIEDAD
El sistema jurídico-político
mexicano no atempera o
revierte la polarización del
desarrollo ni la desigualdad
económica y social. Tampoco
promueve la distribución de
la riqueza. Por el contrario,
garantiza la impunidad y
un Estado profundamente
injusto, aseguran académicos y
especialistas
U
n estudio de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) revela
que,estructuralmente,el sistema jurídi-
co y político mexicano está diseñado para favo-
recer a quienes tienen más poder económico y
para mantener en la pobreza a las clases menos
favorecidas.
La desigualdad económica y social promueve
la impunidad y perpetúa la vulnerabilidad de las
personas de escasos recursos; además provoca un
deterioro creciente en la calidad de vida, asegura
Guillermo Raúl Zepeda Lecuona, doctor en so-
ciología del derecho por la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).
Considera que la desigualdad reduce la ac-
tividad económica, la productividad y genera
ineficiencia en la asignación de los recursos de
la sociedad,por lo que implica un menor aprove-
chamiento de los mismos y un crecimiento nulo,
raquítico o no sustentable.
Se trata, dice, de un fenómeno estructural en
el que “los grupos de interés a través del siste-
JOSÉ RÉYEZ
CUARTOSCURO
L

ma político han logrado consolidar los acuerdos
institucionales a favor de las personas con mayor
nivel de ingresos, lo que mina la legitimidad del
sistema político y erosiona el capital social”.
En su análisis Disponibilidad presupuestal
para el combate a la impunidad, el también direc-
tor de la asociación civil Jurimetría, Iniciativas
para el Estado de Derecho y académico de El
Colegio de Jalisco,apunta que el sistema jurídico
mexicano “no sólo no atempera o revierte la po-
larización del desarrollo, la injusticia económica
y social, y la escasa distribución de la riqueza,
sino que también contribuye a la impunidad y
exacerba la desigualdad”.
Zepeda Lecuona desmenuza lo que a su jui-
cio constituyen los ámbitos que impactan en
forma decisiva en el crecimiento de la desigual-
dad y el estancamiento económico en México:
el mercado de capital y sistema financiero; los
oligopolios y cambio tecnológico; el mercado de
trabajo; y la brecha entre pobres y no pobres.
En ese contexto, señala que la educación es
una de las mayores fuentes de desigualdad, al
ampliar cada vez más la brecha entre la educa-
ción de las personas de mayores ingresos y la de
los segmentos menos favorecidos. Además, aña-
de, el rezago educativo y en competencias tras-
lada la desigualdad a las siguientes generaciones.
“La desigualdad reduce la productividad, dis-
tribuye de manera ineficiente el talento y no res-
peta el mérito; estanca el crecimiento económico,
genera inestabilidad económica, ineficiencia, au-
menta la pobreza y contribuye al vaciamiento de
la clase media y la consecuente contracción del
mercado interno”, subraya.
Este contexto, agrega el académico, permi-
te que la desigualdad permee las esferas de la
política, los procesos de toma de decisiones, el
sistema de justicia, perpetuando así los acuerdos
institucionales y la impunidad que exacerban la
desigualdad.
Zepeda Lecuoma, quien se ha dedicado al
diagnóstico, propuestas, búsqueda y documen-
tación de buenas prácticas sobre el sistema de
justicia desde hace 20 años, considera que desde
el punto de vista económico, el sistema jurídico
debe estrechar la brecha entre los beneficios y
costos particulares, y los beneficios y costos so-
ciales de generar riqueza.
Mismo sistema, mayor
desigualdad
Isidro Soloaga, coordinador académico del
Centro de Estudios Económicos del Colegio de
México (Colmex), señala que el modelo econó-
mico que ha prevalecido en México desde hace
25 años es el causante de la mayor desigualdad
social que permea en el país. “El modelo eco-
nómico que ha seguido el país por un cuarto de
siglo no ha generado un mayor crecimiento ni
reducido la desigualdad”, subraya.
Con base en datos del Banco Mundial que
reflejan ese contraste, el académico explica en
entrevista que, hasta 2008, el 10 por ciento más
rico de la población acaparó el 41.3 por ciento
del ingreso, mientras que el 10 por ciento más
pobre sólo obtuvo el 1.2 por ciento.
En ese sentido, el catedrático explica que
México enfrenta tres problemas graves: “Prime-
ro, no crece; segundo, la desigualdad persiste, y,
tercero, la economía política hace que los dos
primeros factores sucedan. Así, la desigualdad
económica provoca que la presión política de
distintos grupos tenga distintas fuerzas de la que
la mayoría de la sociedad está excluida”, lo cual
es un problema de justicia social.
Soloaga establece que el bajo crecimiento
económico del país radica en la baja inversión,
falta de buenas oportunidades y el tipo de cam-
bio que no es competitivo. Para que el tipo de
cambio sea competitivo tendría que ubicarse en-
tre 14 y 15 pesos por dólar.
El sistema jurídico
mexicano, incapaz de
atemperar o revertir la
polarización del desarrollo
y la injusticia económica y
social
social

INVESTIGACIÓN
SOCIEDAD
Mientras tanto, el gasto público no ha ser-
vido como motor para que las obras públicas de
infraestructura sean complementarias de la in-
versión privada, y los problemas focalizados en
el país contribuyen a que haya mayor pobreza
y desigualdad, considera el experto del Colmex.
Mercado de capitales
y sistema financiero
Por su parte, Saúl Zepeda Lecuona, para-
fraseando a Benito Juárez, indica: “a los amigos
riesgo y gracia; para el pueblo, incertidumbre
a secas”. Y es que, dice, entre los factores de la
producción, el capital es el que tiene mayor par-
ticipación en el ingreso nacional: 73 por ciento
contra 27 por ciento de participación del factor
trabajo, lo que indica el mayor poder de nego-
ciación que tienen los dueños del capital frente a
los trabajadores.
Apunta que en México las tasas de los im-
puestos al capital y sus rendimientos son las más
bajas entre los países de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), y la tasa marginal del impuesto sobre
la renta se ha reducido 40 por ciento en los últi-
mos 30 años (la mayor reducción entre los países
de la OCDE en ese periodo).
Los impuestos al consumo se consideran in-
justos (“regresivos”) por afectar más a quienes
menos tienen, pues son los sectores más humil-
des de la población quienes mayor proporción de
su ingreso dedican al consumo.Sin embargo,son
este tipo de impuestos, y los especiales, los que
aportan el 54 por ciento de la tributación nacio-
nal, en tanto que la desregulación o regulación
La desigualdad económica y social promueve la impunidad y perpetúa la vulnerabilidad de las personas de escasos recursos
MARGARITO
PÉREZ
RETANA/CUARTOSCURO

laxa y el dogma de no gravar las transacciones
financieras aumentan la rentabilidad del sector
capitalista sin realizar las aportaciones sociales
para la redistribución de la riqueza.
Este marco injusto de incentivos fue eviden-
ciado cuando el grupo financiero Bancomer fue
vendido sin pagar impuestos al realizarse la tran-
sacción a través de la bolsa de valores.Un caso de
un excedente o beneficio social no compensado a
la sociedad: impunidad.
Esta inequidad en la contribución impositi-
va de este poderoso sector de la economía está
vinculado con el derecho y la política fiscales en
nuestro país. Los créditos en México son poco
accesibles y muy costosos. Las tasas de interés
son muy altas, comparadas con variables ma-
croeconómicas que se han mantenido estables,
como la inflación, los salarios, entre otros.
Sin embargo, se justifican las altas tasas de
interés por los riesgos asociados a la operación
económica, así como a la probabilidad de que no
pueda ejecutarse la garantía del préstamo. Este
riesgo es transferido completamente al acredi-
tado a través de altas tasas de interés, garantías,
gastos notariales, seguros, entre otros. Una bue-
na parte del excedente de las tasas se convierte
en ganancias para los bancos. Una rentabilidad
muy por encima de los costos de mercado y ries-
gos: una transferencia excesiva de riqueza no
justificada: impunidad.
De acuerdo con el especialista los usuarios
del sistema financiero mexicano se ven obligados
a transitar en un ámbito de impunidad y vul-
nerabilidad, el cual se deriva de un entramado
legal que fue construido y opera en un entorno
de cooptación política.
Oligopoliosycambiotecnológico
Para el catedrático de la UNAM, la mayo-
ría de las fortunas más grandes de México están
relacionadas con sectores productivos desin-
corporados del sector paraestatal, así como con
concesiones de recursos de propiedad nacional
como las telecomunicaciones, el transporte, la
extracción minera y los medios masivos de co-
municación.“Éstas y otras grandes empresas han
configurado una estructura oligopólica en diver-
sos ámbitos de la economía mexicana”, apunta.
Zepeda Lecuona explica que los privilegios
fiscales de estos grupos empresariales son resul-
tado de su influencia política en la toma de deci-
siones y un arreglo ventajoso con generación de
rentas indebidas.
Por ejemplo,dice,en la minería en tan sólo 11
años (2000-2010) se extrajo de las minas mexi-
canas más del doble de oro del que se extrajo en
los 300 años del periodo colonial. Además de la
expansión de este sector, hasta antes del 2013 no
se cobraba ningún tipo de impuesto o regalía por
la producción a boca de mina.
Enfatiza que mientras que las fortunas de los
16 multimillonarios mexicanos se quintuplica-
ron (aumentaron 423.5 por ciento) entre 1996 y
2014, el producto interno bruto (PIB) per cápita
apenas aumentó 26 por ciento en el mismo pe-
Los oligopolios en México actúan en detrimento de los consumidores

INVESTIGACIÓN
SOCIEDAD
riodo.La estructura oligopólica o monopólica de
diversos sectores en México traduce el poder de
mercado en un margen de ganancia muy por en-
cima de los costos de producción, en detrimento
de los consumidores.
El cambio tecnológico es otra de las fuentes
de desigualdad, ya que genera nuevos rumbos y
abre mercados insospechados que brindan ren-
dimientos crecientes a las empresas que innovan
y se posicionan en los mercados emergentes. Sin
embargo, el académico arguye que dejar que la
mayor parte de la inversión en tecnología e in-
novación se haga por parte de los particulares
propicia mayor concentración, al ser los grandes
corporativos los que concentran las oportuni-
dades, los nuevos mercados, mayores ingresos y
rentabilidad.
En ese sentido subraya que en los actores
monopólicos u oligopólicos se hace más eviden-
te su actuación política y la forma en que han
penetrado o corrompido las instancias que se su-
pone deben regular su actuación y controlar su
preponderancia en detrimento de otros actores
económicos y de los consumidores.
“La debilidad institucional y la impotencia
de las instancias reguladoras y protectoras de la
libre concurrencia y el derecho de competencia
económica para acotar a las empresas y hacer
cumplir la normatividad en la materia han sido
puestas en evidencia durante las 2 décadas que
lleva el Estado mexicano tratando de declarar a
Telmex como agente económico preponderante
en el mercado de las telecomunicaciones.”
Telmex, gracias a su preponderancia y a su
incidencia en la fijación de tarifas, ha obtenido
un amplio margen de ganancias y ha impues-
to altos costos y afectaciones a los consumido-
res, así como a los empresarios que intentaron
competir con ese coloso y fueron excluidos del
mercado y llevados a la quiebra ante las prácticas
monopólicas impunes de dicha compañía.
Y pese a que desde 1997, Telmex fue decla-
rada como agente dominante por la Comisión
Federal de Competencia (Cofeco),por vía del “el
amparo del siglo”), tras 5 años de litigio obtuvo
la victoria contra esa determinación, cesando las
19 obligaciones específicas en cinco mercados
relevantes que le había impuesto la Comisión
Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) en
septiembre de 2000.
De nuevo se planteó por la autoridad la pre-
ponderancia económica de esa empresa y se vol-
vieron a promover amparos. En 2014, tras una
El cambio tecnológico
es fuente de desigualdad:
al ser particulares quienes
realizan la mayor inversión
propicia, a su vez, mayor
concentración
concentración
RICARDO
CASTELAN/CUARTOSCURO

reforma constitucional en materia de telecomu-
nicaciones, el Instituto Federal de Telecomuni-
caciones (Ifetel) declaró a Televisa y a Telmex
como agentes preponderantes, y emitió reglas e
indicaciones que deben acatar dichos sujetos y
sus filiales. Nuevamente los amparos comenza-
ron a fluir en las áreas jurídicas de dichas em-
presas.
El especialista de la UNAM señala que este
caso ilustra cómo el amparo es un mecanismo
jurídico que, contrario a la aspiración de su di-
seño original, ha devenido en una institución
social “regresiva”, pues termina por beneficiar a
quienes más tienen por ser los que pueden acce-
der a este costoso y complejo recurso, excluyen-
do a las personas de menores ingresos.
Esta materia ha devenido en una de las ra-
mas más técnicas del derecho: se presenta ante
autoridades judiciales federales y suele tener una
duración prolongada.
En su análisis, señala que el amparo es un
recursos poco accesible que genera impunidad
(hay 26 causales de improcedencia, que aumen-
taron con la nueva ley en 2013), por lo que en
más de 90 por ciento de los casos no se llega a
resolver el fondo del asunto: determinar si hubo
o no la violación de un derecho fundamental.
Mercado de trabajo
y sistema jurídico
Zepeda Lecuona anota que la participación
del trabajo en el ingreso nacional ha decrecido
en los últimos 40 años, pasando de 38 a 27 por
ciento.“Esto indica la pérdida de peso y poder de
negociación de este factor, además de que la bre-
Contrario a la aspiración de su diseño original, el amparo ha devenido en una institución social “regresiva”, pues termina por beneficiar a quienes más tienen.Telmex yTelevisa, entre los
beneficiarios
MOISÉS
PABLO/CUARTOSCURO

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