La publicación de Contralínea del 16 al 22 de enero de 2017 aborda el impacto de la violencia y la política antiinmigrante en México, destacando la labor del gobierno en la represión de protestas sociales tras el aumento de tarifas de gasolina. Refleja una creciente preocupación sobre la identificación y criminalización de líderes de manifestaciones por parte de órganos de inteligencia, así como un ultimátum del Secretario de Defensa que cuestiona la legitimidad de las protestas. El documento expone la corrupción y el descontento social, evidenciando la difícil situación económica de la población.