El documento analiza la definición y características de los delitos informáticos, enfatizando su naturaleza como acciones culpables y antijurídicas que causan perjuicio sin beneficio directo para el autor. Se discuten las dificultades en la regulación legal que protege principalmente el patrimonio, sugiriendo que la información debería ser el bien jurídico central a proteger. Además, se destacan las características de los delincuentes informáticos, sus acciones y la necesidad de una regulación jurídica internacional efectiva para abordar el problema creciente de los cibercrímenes.