El documento discute tres aspectos relevantes en el plano legislativo que podrían asociarse con los retos educativos continuos en México: 1) La distribución del gasto público en educación y falta de ligarlo a estándares de desempeño, 2) La distribución de facultades y responsabilidades entre niveles de gobierno que ha generado concentración en la federación, y 3) La organización del sistema de rendición de cuentas que no permite identificar responsabilidades directas por el desempeño estudiantil.