Texto elegido para quinto año del colegio el bosque

1. Colegio El Bosque Historia 5º Año
Unidad IV Dictadura Militar 1976-1983 Análisis económico
LA ECONOMÍA DURANTE EL PROCESO MILITAR
FIN DEL ESTADO DE BIENESTAR
Un elemento fundamental la propuesta económica de la dictadura militar es la reformulación del gasto
público que se desplaza de las políticas sociales y de inversión en infraestructura hacia subsidios a la
exportación, compras estatales y gastos de defensa.
Es decir, hay una transferencia hacia los grupos a través de subsidio financiero, promoción industrial,
sobreprecios estatales, estatización de la deuda, redescuentos. Esto lleva –como dicen Aspiazu y
Basualdo– a “la desfinanciación de las empresas públicas y al quiebre fiscal del Estado de Bienestar”.
Al tiempo que aumentaba la inversión pública en defensa y obras de infraestructura de dudosa
racionalidad, los gastos en personal se redujeron tanto como resultado del ajuste salarial de los
primeros años como por la caída del número de los ocupados. Si bien el empleo provincial aumentó, ese
incremento fue equivalente a la disminución registrada en la jurisdicción nacional por el traspaso a las
provincias de servicios educativos (primarios y preprimarios), algunos hospitales y parte de la provisión
de agua potable.
Estas transferencias se producen sin el correlato financiero por lo que se crearon aranceles
jurisdiccionales. Desde este momento, el gasto social provincial muestra un crecimiento más acelerado
que el de la jurisdicción nacional.
Mientras crecía el gasto en obras sociales y el de previsión social, en este período también se registra
una fuerte caída del gasto en asistencia social, salud pública, asignaciones familiares y educación, en ese
orden. Aunque pareciera contradictorio, el factor de expansión del gasto en previsión social fue la
ampliación de la cobertura del sistema –por las facilidades del acceso otorgadas– y, en menor medida, la
tendencia al envejecimiento de la población, mientras que cayó el valor real de los beneficios unitarios.
Por otro lado, debemos decir que la comisión asesora creada en 1967 en la que se encontraban
representantes sindicales será sustituida por agrupaciones de pensionados y jubilados de indudable
menor capacidad de presión.
La subordinación de las políticas sociales al programa de estabilidad quedó claramente expuesta
cuando, en octubre de 1980, se decidió sustituir las alícuotas del impuesto al salario destinadas al
programa previsional y al de vivienda - a cargo del empleador-, por un monto equivalente transferido
desde la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Esta medida no puede considerarse como un
intento de reforma del sistema previsional sino como una estrategia de reducción de costos
empresariales frente a la presión de la apertura externa y el tipo de cambio sobrevaluado. Para el
programa previsional, el resultado fue que sus flujos financieros se resintieron notablemente,
generándose, al mismo tiempo, una tensión con las provincias, dado el carácter coparticipable del IVA.
Por otra parte, entre 1975 y 1980, el gasto público en educación disminuyó a una tasa anual acumulativa
de –0.2% y el correspondiente al programa de salud pública propiamente dicha cayó al –0.7% anual. El
acceso al sistema educativo, particularmente en el nivel terciario, fue restringido mediante la
determinación de cupos y aranceles. Frente a la presión derivada del crecimiento inercial de la población
en edad educativa, la caída del gasto público en educación se explica por la disminución de la cobertura
del sistema y, en una mayor dimensión, por la disminución del gasto por alumno matriculado.
Mientras el PBI creció un promedio anual del 1,16% entre 1975 y 1980, el gasto público total siguió su
fuerte tendencia expansiva (4,1%) anual superando en este caso el crecimiento del gasto público social.
La inversión pública impulsó parte importante del incremento del gasto total; en promedio representó
casi el 11% del PBI en 1976-1980 mientras que en la década del sesenta y del primer lustro de los años
setenta habían oscilado entre el 7,5% y 8,5%.
De esta manera, se resintieron los pilares del funcionamiento del sistema de políticas sociales.
De ahí el empobrecimiento del conjunto y el ininterrumpido reflujo de fuerza de trabajo hacia sectores
de menor productividad, especialmente la construcción, pero revirtiendo la tendencia del sector a crear
empleo obrero asalariado ya que la casi totalidad de los nuevos obreros de la construcción surgidos en
este período fueron cuentapropistas.
El aumento entonces de cuentapropismo se refleja en el crecimiento de asalariados ocultos y
trabajadores marginales. En el primer caso se trata de trabajadores que venden su fuerza de trabajo en
condiciones contractuales tan lábiles que se autoclasifican como autónomos. El ejemplo que utilizamos
es el del gremio de la construcción.
En el segundo caso son trabajadores de bajo o nulo nivel de calificación que al carecer de alternativas
ocupacionales estables, realizan en forma ocasional “changas”. Entre 1976 y 1983 se observa el
crecimiento del empleo denominado precario: son aquellos que en su ocupación principal no gozaban
1

2. Colegio El Bosque Historia 5º Año
Unidad IV Dictadura Militar 1976-1983 Análisis económico
de indemnización por despido a pesar de tener derecho a ella. Tradicionalmente, era casi exclusivo del
servicio doméstico. En la dictadura, este tipo de empleo denominado “precario” se amplió y comenzó a
afectar a sectores de la industria, de la construcción y a vendedores de comercio que pertenecían a la
franja de ingresos bajos de los sectores medios asalariados.
En general, podemos decir que el conjunto de los asalariados precarios constituían un segmento de
trabajadores de baja calificación que trabajan en establecimientos pequeños de menor productividad y
padecen de mayor vulnerabilidad laboral con peores condiciones de trabajo: jornadas más extensas y
niveles salariales inferiores a los no precarios. La precarizacion del empleo va afectando las soporte más
fuertes del viejo sistema de regulación laboral, base fundamental de las políticas de bienestar.
Lo que debe quedar claro es que para 1983 este tipo de trabajo ya no era un fenómeno coyuntural e
involucró a sectores no marginales de la fuerza laboral.
Por otro lado, en el período de la dictadura se registra un leve aumento del número de empresas en el
sector terciario al mismo tiempo que se modificó su composición interna. Crecieron rápidamente las
ramas del comercio, los servicios financieros y el segmento privado dedicado a servicios sociales y
comunales, pero disminuyeron las ramas de servicios públicos dedicadas a la administración, el
transporte y las comunicaciones.
También se registraron modificaciones en las características del empleo en el sector terciario puesto que
hasta 1976 la mayoría de estos trabajadores eran asalariados integrantes de los sectores medios
urbanos. Desde ese momento, se observa el crecimiento del número de trabajadores autónomos sobre
todo entre los comerciantes y trabajadores por cuenta propia como contrapartida de la disminución de
los obreros asalariados en el transporte público.
Estos datos permiten apreciar que, en el período, el sector terciario recibió un contingente de
trabajadores que no lograron o que perdieron su inserción de tipo salarial.
Si en términos laborales esto implicaría el crecimiento del cuentapropismo y el empleo precario, tanto
los sectores medios como obreros son contingentes poblacionales que quedan excluidos de los servicios
del EB por agregación.
Para 1983 se ha extendido la pobreza crítica, es decir, la existencia de población por debajo de las
necesidades básicas insatisfechas o con ingresos insuficientes. La información estadística muestra que
hay sectores obreros que han caído por debajo de la pobreza crítica y sectores medios por debajo de la
pobreza relativa.
La política social –si podemos llamarla de esta manera – no intentó paliar esta situación, todo lo
contrario. Como veremos luego, reveló el propósito de transferir a los propios trabajadores el costo de
los servicios sociales “que usufructuaban”
Tal como analiza Marta Novick: “El sistema de relaciones se vio alterado desde el comienzo de este
período con la implantación de la dictadura militar. El acuerdo fordista fue suspendido. Se disolvió la
Confederación General de Empresas, se intervino la CGT, las direcciones de los sindicatos más
importantes y las obras sociales, se suspendió el aumento automático del salario mínimo, vital y móvil –
base de cálculo de los pagos indemnizatorios- lo cual facilitó a las empresas una política de reducción del
personal por despidos. La estabilidad laboral del empleado público se vio afectada por la ley de
prescindibilidad. Quedó suspendido el derecho a huelga.
Esto se acompañó con una feroz represión sobre los cuadros y bases sindicales que integraron las listas
de detenidos-desaparecidos y muertos por la dictadura militar. Las convenciones colectivas dejaron de
celebrarse para ajustar salarios y condiciones de trabajo desde 1975 a 1988. Se suspendió primero y
cambió después la legislación laboral, en particular, la ley de contrato de trabajo (1979) y,
posteriormente, la ley 22105 de asociaciones profesionales. Las condiciones de trabajos se modificaron
en términos de alteraciones de ritmos de trabajo, despidos, achicamiento de planteles, introducción de
nueva tecnología, sin que los representantes de los trabajadores pudieran intervenir. Algunas
Consecuencias sociopolíticas del derrumbe del Estado de Bienestar en la Argentina empresas
reinstauraron las comisiones internas de delegados a pesar de la prohibición con el fin de facilitar el
diálogo en las plantas. los mecanismos alternativos a la negociación salarial y las transformaciones
provocadas por el cambio tecnológico se dirigía a desdibujar la correspondencia que existía – bajo el
modelo de organización fordista taylorista- entre proceso productivo y categorías de convenio
introduciendo una fuerte heterogeneidad tanto sectorial como intrasectorial.
Texto tomado de NOVICK Marta (2001) Nuevas reglas del juego en Argentina, competitividad y actores sindicales.
En Enrique de la Garza Toledo (Compilador) Los sindicatos frente a los procesos de transición política. Buenos aires.
Clacso.
2