La Constitución, aprobada en 2008, dio plazo de un año para tratar la llamada Ley de Aguas. Seis años después fue aprobada este martes 24 de junio. En tanto, sectores sociales llevan a cabo una caminata desde el sur del país hasta Quito, en señal de protesta. La Asamblea Nacional de mayoría oficialista aprobó con 103 votos la ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua. En el texto se incluye la no privatización del agua; el acceso al agua como derecho humano y que el Estado promueva su gestión pública y comunitaria. Además se incorporaron aspectos sobre la conservación de fuentes hídricas, patrimonio y sanciones. Sin embargo sectores sociales organizados la cuestionan. Sus representantes señalan que están a favor de la elaboración de una ley, pero denuncian que la actual centraliza la administración de este recurso. Los sistemas de riegos en el país son tres: privado, comunal y estatal.