Eduardo Gamero
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El documento analiza las garantías de los derechos electrónicos en España. Señala que los instrumentos jurídicos existentes son insuficientes para garantizar el ejercicio efectivo de estos derechos. Propone clasificar los servicios en mínimos y complementarios, e imponer a todas las administraciones la obligación de aprobar planes de adaptación con porcentajes vinculantes. También sugiere reforzar la cooperación interadministrativa y convertirla en asistencia forzosa para las entidades locales más pequeñas.
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- 1. Garantías de los derechos electrónicos Los nuevos derechos electrónicos y las garantías sobre su ejercicio Eduardo Gamero Casado Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla
Notas del editor
- - La proclamación de los nuevos derechos electrónicos es la aportación estelar de la Ley de acceso electrónico Proclamación unívoca en la doctrina: COTINO, VALERO, yo mismo Así se desprende de su cambio de denominación: pasó de llamarse Ley de Administración Electrónica (anteproyecto) a Ley de acceso electrónico
- Ejemplos de jurisprudencia: STSJ Aragón 624/2004 (JUR 2005/70787), confirmada por STS 29/7/09 (JUR 360079): Inejecución por parte de la Diputación Provincial de Aragón de las obligaciones dimanantes de un convenio firmado en 1993: la sentencia se limita a confirmar la existencia de las obligaciones y a condenar a su cumplimiento, sin especificar el medio de ejecución. STS 14/12/07 (RJ 2008, 491): excluye de la posibilidad de la aplicación de lo dispuesto en el art. 29 de la Ley de la Jurisdicción, el supuesto en que exista un margen de actuación u apreciación por la Administración o cuando la disposición general que impone la obligación de actuar exija un acto concreto de aplicación, en cuyo supuesto y, según afirma esa sentencia, no será posible la admisión del recurso Contencioso-Administrativo contra la inactividad material de la Administración consistente en que no se ha dictado el acto aplicativo exigido por la disposición general, sino que, en estos casos, en defensa de los derechos e intereses legítimos afectados, los administrados podrán interponer recurso Contencioso-Administrativo frente a los actos expresos o presuntos en virtud de la técnica del silencio administrativo negativo, respecto de los cuales se impone un régimen de recursos y de plazos de interposición distintos del exigido para los supuestos de impugnación de la inactividad material de la Administración. La STS 18/02/05 (RJ 2005, 3781), entiende restringidos los supuestos en los que es posible acudir a la vía Contencioso-Administrativa al amparo del precepto que, según resulta de su propia redacción y los antecedentes de su tramitación parlamentaria, contiene un ámbito legalmente limitado. STS 20/06/05 (RJ 6886), declara inaplicable el precepto para que el interesado pueda instar la expropiación forzosa de unos terrenos necesarios para iniciar unas obras autorizadas mediante la correspondiente licencia de construcción (suponía un cambio de alineación de la calle). STS 1/10/08 (RJ 5831): la norma invocada como infringida exige que una disposición, acto, contrato o convenio establezca una prestación de forma clara y concreta en favor de una persona determinada, y sólo será la misma la que podrá acudir, ejercitando el derecho que dicha norma le atribuye, a exigir de los tribunales, la adopción de las medidas concretas que impongan a la Administración la efectividad de la actividad omitida. STS 24/07/00 (RJ 2001, 289), "para que pueda prosperar la pretensión se necesita que la disposición general invocada sea constitutiva de una obligación, con un contenido prestacional concreto y determinado, no necesitado de ulterior especificación y que, además, el titular de la pretensión sea a su vez acreedor de aquella prestación a la que viene obligada la Administración, de modo que no basta con invocar el posible beneficio que para el recurrente implique una actividad concreta de la Administración, lo cual constituye soporte procesal suficiente para pretender frente a cualquier otra actividad o inactividad de la Administración, sino que, en el supuesto del artículo 29 lo lesionado por esta inactividad, ha de ser necesariamente un derecho del recurrente, definido en la norma, correlativo a la imposición a la Administración de la obligación de realizar una actividad que satisfaga la prestación concreta que aquel tiene derecho a percibir, conforme a la propia disposición general".
- DEFENSORES GENERALES: Art.96 de la Constitución sueca de 1809. Finlandia, 1919. Noruega, 1952. Dinamarca, 1954. RFA, 1957. UK, 1967. Francia, 1973. Portugal, 1976. Defensor del Pueblo Europeo: Tratado UE (Maastricht), 1992. Decisión Parlamento Europeo 94/262/CECA, CE, Euratom CCAA: todas excepto Cantabria, Región de Murcia, Extremadura, Baleares y Comunidad de Madrid. Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, D.A. 14ª: Defensor Universitario. DEFENSORES SECTORIALES: Consejo para la Defensa del Contribuyente, creado por RD 2458/1996 (actualmente, regulado por RD 1676/2009): órgano colegiado Defensor del Deportista, art.16.1 h) de la Ley 19/2007, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte