Artículo de opinión sobre Estado de Derecho e Independencia de Poderes del Estado. Aborda en particular la competencia y constitucionalidad del Poder Ejecutivo y Asamblea Nacional.

1. ¡El Presidente dio la orden!
Hace un par de días, mientras
conducía mi auto por las calles de Managua,
me detuvo una Agente de Tránsito y lo
primero que hizo fue mirar la parte
superior derecha del vidrio delantero. Le
pregunté cuál era la razón para su “debida y
presurosa diligencia”, si aparentemente se
nos había extendido una prórroga para portar el Certificado de emisión de gases y
chequeo mecánico. Ella respondió: Usted tiene la razón, los conductores no deben
portarla porque el Presidente dio la orden! Aunque si debe portar el stiker de
rodamiento. Aun cuando tengo en orden mis documentos pensé que el Presidente es
magnánimo al dar a los managüenses el alivio de no verse expuestos a que su carro
pare en el depósito municipal con el consecuente pago de multas, servicio de grúa y
otros conceptos similares que sabe Dios a quien benefician. Pensé: ¡Bien para nosotros
y mal para aquellos a los cuales se les aplicó la ley!
Por si Usted amigo lector no lo sabe, la Jefatura de la Policía Nacional otorgó,
por orientaciones del Presidente Daniel Ortega Saavedra, una prorroga que se
extiende hasta el 02 de enero del 2016 para que los conductores puedan completar el
trámite referido, tal como lo manda la Ley N° 431, Ley para el Régimen de Circulación
Vehicular e Infracciones de Tránsito y sus Reformas.
Llama la atención que la Policía Nacional se atribuye facultades que son
privativas del Poder Legislativo. De acuerdo al art. 138, 1) de la Constitución Política
de Nicaragua, es competencia de la Asamblea Nacional el elaborar y aprobar las leyes,
así como, el reformarlas y derogarlas. De tal manera que el hecho de que la Jefatura de
la Policía Nacional haya hecho público el Comunicado N° 03-2015, mediante el cual se
otorga prórroga para la aplicación de multas por la infracción establecida en el
artículo 26, numeral 55 de la Ley 431 y sus reformas, refleja en teoría un conflicto de
Competencia y Constitucionalidad entre Poderes del Estado, sin embargo, en la
realidad no hay ningún conflicto por que a ningún Diputado, oficialista u opositor, se
le ha ocurrido protestar o impugnar legalmente el desprecio a la Constitución. De
parte de la población común y corriente, el efecto lógico es un alivio temporal
mientras transcurre el plazo para cumplir con un requisito que por lo visto carece de
un fundamento social y ambiental y digo esto porque al parecer la norma puede ser
cambiada o prorrogada cuando a un funcionario de gobierno se le antoja hacerlo y sin
que nada suceda.

2. Los ciudadanos debemos pensar que tenemos el derecho a que se observe el
orden jurídico y el Estado la obligación de respetar las reglas constitucionales que al
final son garantías para los que estamos sometidos al derecho. En ese orden de ideas,
no obstante el hecho de no existir ningún Recurso de Amparo en contra de tal
atropello, el representante del Poder Ejecutivo debería viabilizar sus buenas
intenciones y enviar a la Asamblea Nacional una iniciativa de reforma a la Ley N° 431
para legitimar y legalizar la voluntad, no del soberano, sino del Presidente de la
República de prorrogar la citada ley; el no hacerlo atenta contra la eficacia de la norma
constitucional. En cuanto a la Policía Nacional esta debe recordar principalmente dos
cosas: Primero el principio que reza: “En derecho las cosas se deshacen como se
hacen” y segundo, que el art. 129 Cn., establece el Principio de Separación de Poderes
del Estado y la necesaria coordinación armónica entre estos.
Ricardo Eliseo Illescas Hidalgo
Abogado y candidato a Doctor en Ciencias Sociales