Este documento propone un punto de acuerdo para exhortar a las procuradurías de justicia estatales a abatir el rezago en la ejecución de órdenes de aprehensión. Señala que existe un gran número de órdenes sin cumplir que permiten la impunidad. Propone que las procuradurías establezcan metas para reducir el rezago, establezcan estándares de productividad para los agentes policiales, e informe periódicamente sobre los avances para prevenir futuros rezagos.