Este documento presenta conclusiones sobre una iniciativa de desarrollo rural en Guatemala. Argumenta que la ley de desarrollo rural integral podría mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales al facilitar el acceso a recursos y servicios. Sin embargo, la ley sigue sin aprobarse a pesar de ser una promesa de campaña. También señala algunas falacias en los artículos de la ley relacionados con la economía solidaria, políticas laborales y objetivos de soberanía alimentaria.