El documento trata sobre los delitos informáticos y la necesidad de actualizar la normatividad vigente para adecuarla a este tipo de delitos. Menciona que conductas como la destrucción de bases de datos personales, el hurto o fraude informático pueden quedar en la impunidad. También examina diferentes enfoques doctrinarios respecto al bien jurídico tutelado en los delitos informáticos.