La retención en la fuente surgió originalmente como mecanismo de recaudo del impuesto sobre la renta para inversionistas extranjeros sin domicilio en el país. El Decreto 1651 de 1961 autorizó al Gobierno Nacional para establecer retenciones en la fuente con el fin de facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del impuesto sobre la renta y sus complementarios. La Ley 38 de 1969 estableció un estatuto legal sobre la retención en la fuente.