1. Recuperada la democracia después de 17 años de gobiernos de facto asume la presidencia de Chile con bombo y
platillo el distinguidísimo señor Patricio Aylwin (1990-1994) representando el conglomerada político de la concertación
que agrupaba a diversos partidos políticos contrarios a Pinochet. Mas allá de la inconveniencia de gobernar bajo la
atenta mirada del generalísimo Pinochet empieza una escalada de corrupción que hasta el día de hoy no deja de
sorprender.
-1991 -Oficina Nacional de Emergencias, Onemi
Desvío de aportes de emergencia para damnificados por temporales y aluvión de Antofagasta y por la erupción del volcán
Hundson, en Aisén. La Onemi hace desaparecer ayuda avaluada en cerca de $700 millones, siendo desviada a los directivos del
organismo. En 1994, la Corte de Apelaciones acreditó delitos por $ 27 millones, condenando a 5 años al ex-director Sergio
Navas. Se sancionaron también al ex jefe de Adquisiciones Sergio Contreras, Patricio Navas, Sergio Yaksic, Jesús Mundaca y
Juan Manuel Yáñez
-1992 -Federación de Estudiantes de Chile, Fech
Uso irregular de dineros fiscales. Implicados dirigentes, varios de ellos relacionados directamente con los partidos de la
Concertación
-Digeder. Aparecen señales de que la Dirección General de Deporte y Recreación, dirigida entonces por el DC Iván Navarro,
había protagonizado irregularidades por un monto de 500 millones de pesos, equivalente al 5% del presupuesto total del
organismo ese año. Aunque la Contraloría sólo constató desórdenes administrativos, parte de la Cámara de Diputados y la propia
DC reclamaron denunciando que la mayor parte de estos dineros no habían sido perdidos por mala gestión, sino desviados a
campañas políticas del partido
-1993 -Servicio de Vivienda y Urbanismo, Serviu
El organismo se vio involucrado en la extensión irregular de boletas de garantía. Además, hubo cobros indebidos en la comuna
de La Granja
Codelco / El Teniente
Se denunció la existencia de contrataciones irregulares en la VI Región. A pesar de la gravedad del caso, nunca hubo sanciones.
LA CONCERTACIÓN, LA DERECHA, LA NUEVA MAYORÍA Y LA
CORRUPCIÓN, DIA A DIA

2. Correos de Chile
Apropiación indebida de recursos en oficinas de Juan Fernández
Refinerías de Petróleos de Con Cón, RPC
Escándalo por millonarios pagos para "desmalezamiento" de la planta. El diputado RN, Ramón Urrutia, denunció que RPC había
pagado en 1993 $381 millones de pesos por labores de desmalezado del recinto, encargadas a una empresa de la propiedad de
Francisco Zárate. En años anteriores este trabajo no había superado los $90 millones. La evidencia apuntaba a que los dineros
podrían haber sido utilizados en la campaña senatorial de un DC. Dos años más tarde se había expulsado a 8 directores, pero no
había ningún detenido
-Instituto Nacional Previsional, INP. Polémica compra de computadores, aparentemente con montos y cantidades alteradas
-Empresa municipal de obras sanitarias, Emos. Pagos indebidos en Santiago por razones nunca aclaradas
-Empremar. Compra irregular de motonave en Valparaíso.
El gobierno de don Patricio se tildo de gobierno de transición por que lo que su periodo duro cuatro años en donde su
misión era recupera para el país su gobernabilidad democrática y que fuese gobernado por civiles electos
democráticamente.
Posteriormente fue electo otro representante de la concertación, hijo del ex presidente Frei Montalva: Eduardo Frei
Ruiz-Tagle (1994-2000)
-1994 Seremi de Transporte, Concepción, Acusaciones de extorsión y chantaje.
-Oficina Nacional de Retornos desviación de los dineros supuestamente destinados a "retornados" que regresaban a Chile
desde el extranjero.
Servicio Nacional de Aduanas; Conflictos de intereses -
Empremar -La Empresa Marítima del Estado protagonizó transacciones ilegales por parte de sus directores, con las que
desfalcaron al Estado en $495 millones. Tres ejecutivos ligados a la Concertación (Patricio Vidal Walton, Heriberto Guerra
Gálvez y Alexis Ramírez) fueron condenados en primera instancia por los delitos reiterados de fraude al Fisco y cohecho -
Empresa Nacional de Carbón, Enacar-VIII Región. Graves denuncias de narcotráfico e irregularidades. Las acciones venían
realizándose desde el año1992
-Esval-Viña del Mar. Las labores de construcción del colector de Viña del Mar-Valparaíso fueron encargadas a la

3. gestiones anómalas en el pago del colector para el Zanjón de la Aguada Empresa de Ferrocarriles del Estado, Efe
Irregularidades administrativas y financieras.
Ministerio de Salud / Servicio de Salud-Bíobío. Irregularidades en Concepción.
1997 Compín-Santiago. Actividades incompatibles.
Conadi Compra irregular de terrenos y derechos de agua en la Región de la Araucanía
Instituto Nacional de la Juventud Irregularidades en el manejo de los recursos del organismo para cuotas
políticas, que terminaron con pérdidas por cerca de $600 millones. Los ilícitos más comunes fueron fallas
administrativas, falsificación de facturas, entregas reiteradas de adjudicaciones a un grupo específico de empresas
y consultorías millonarias
Zona Franca Internacional de Iquique Múltiples irregularidades.
Junta Nacional de Abastecimientos y Becas, Junaeb.
En junio la Contraloría investiga y descubre la existencia de coimas y pagos adelantados de concesiones para los
contratos de adquisición de alimentos por $5.600 millones, que aparecían utilizados sin ningún respaldo
Empresa Nacional de Minería, Enami
Pago de dineros a la secretaria de un diputado DC
Minvu / Copeva
Invierno 1997, Puente Alto, "Casas de Nylon": Cientos de casas departamentos recién entragadas a sus
moradores, a través del fondo de subsidios, quedaron completamente llovidas, con graves flitraciones y daños
estructurales severos, producto de las lluvias, que obligaron a sus residentes a poner pliegos de plástico para
intentar frenar la entrada de agua. La empresa concesionaraia Copeva era de Francisco Pérez Yoma, hermano del
ex ministro de Defensa. Luego se supo que el ministro de Vivienda de la época, Edmundo Hermosilla había
recibido de regalo un fino caballo de parte de Pérez Yoma, lo cual le costó el puesto. Investigaciones de ingenieros
demostraron la existencia de graves irregularidades en las construcciones. La Corte de Apelaciones de San Miguel
dejó sin efectos el sometimiento a los tres máximos ejecutivos de Copeva por el delito de estafa que había resuelto
el ministro en visita, Ismael Contreras.
Seremi de Puerto Natales, Ventas irregulares de terrenos.
Digeder Entrega de dineros para la campaña política del fallecido diputado DC y ex dirigente sindical, Manuel
Bustos
MOP Irregularidades en licitaciones para tramos de carreteras y modernización de la ruta 5 Sur. En 1995, una
empresa del contratista Francisco Ortúzar había ganado una concesión por $700 millones, pero en 1997 ésta le fue
retirada y entregada a Bitumix Ltda, que pedía $2.100 millones
Serviu-Concepción
Fraude al fisco y cobros indebidos de subsidios. Caso conocido como las "Casas Bilbao" 896 modestas familias de
Concepción postularon vía Serviu a adquirir casas propias encargadas a la inmobiliaria Empresa de inversiones
Bilbao S.A. A pesar de que la firma recibió un millonario adelanto de $1.700 millons, tomados del fondo de subsidio,
las casas

4. nunca fueron construidas. Se indicó como culpable al ex director del Serviu de la VII Región, Ignacio Soler Viada y de la misma
inmobiliaria Bilbao por apropiación de dineros fiscales sin cumplir los contratos.
1998. Junaeb-VII Región Irregularidades en la entrega de raciones.
Intendencia de la XII Región / FNDR. Uso inaceptable de recursos fiscales en campañas políticas de la Concertación
Serviu-X Región, Cuestionada compra de terrenos Rahue Alto Osorno.
Dirección de Gendarmería de Chile. El director de la institución arrendaba su propia residencia al servicio y la ocupaba en el
cargo, recibiendo una gran cantidad de dinero por ella. En vista del escándalo, debió presentar su renuncia
MOP. La empresa mexicana Tribasa ganó la licitación para la remodelación de la Ruta 5 y el Acceso Norte a Concepción, pero
en medio de las faenas, la firma quebró y abandonó la obra, sin pagar las indemnizaciones pertinentes. En marzo de 2003
apareció una posible evidencia de irregularidades, comprometiendo a Tribas con el escándalo MOP-Gate. También se supo que
el primo de la Primera Dama, Matías de la Fuente, participó en estos negocios como Director de Planeamiento MOP-Gate y
MOP-Tribasa, siendo sometido a proceso en dos oportunidades por esta causa el año 2005
Dipreca. Acusaciones de asociación ilícita y fraude al fisco. Se contabilizan desfalcos por $150 millones
Banco del Estado / Oficina Nacional del Retorno
Irregularidades en la entrega de recursos para los retornados proveniente desde Alemania. Los recibieron personas íntimamente
ligadas a las Concertación, como la esposa del PRSD Anselmo Sule, cuando era Senador, a Óscar Guillermo Garretón, cuando
era presidente del Metro; al director de cine Miguel Littin, cuando era alcalde de Palmilla; al PPD Pablo Vergara, cuando era
alcalde de Ñuñoa.
1999. ISP-Santiago. Operaciones ilícitas de una empresa de fachada y otras irregularidades.
Intendencia de la II Región. Denuncia por uso indebido de recursos fiscales.
Servicio de Salud Maule. Irregularidades.
Intendencia de Tocopilla. Escándalo por apropiación de dineros del organismo.
Gobierno de Chile / Comando electoral de Ricardo Lagos
Se denuncia la recepción de una serie de dineros obtenidos de recortes o descuentos a funcionarios públicos en plena campaña
electoral.
Prosigue con la zaga de gobernantes de la concertación el señor Ricardo Lagos ( 2000-2006) integrante
del grupo opositor a Pinochet, el más duro, aquel que se atrevió a apuntar con su dedillo al general .

5. 2000. Metro de Santiago. Alzas abusivas del servicio, aprovechando las alzas paralelas en el petróleo y la locomoción
colectiva
Correos de Chile
Caso indemnizaciones: el director PS René Labraña recibió por desahucio $71 millones tras sólo 4 años de trabajo
Empresa Nacional de Carbón, Enacar. Se contabiliza un total de pérdidas por mala gestión e irregularidades por alrededor
de $800 millones
Empresa de Ferrocarriles del Estado, EFE. Patricio Morales (PRSD) recibió 47 millones como "indemnización" para
abandonar la dirección de EFE tras 7 años en el cargo
MOP / Aeropuerto Arturo Merino Benítez
En medio de los trabajos de ampliación de la infraestructura del aeropuerto, la sociedad concesionaria alegó que las bases de
licitación debían ser modificadas porque se había requerido de obras adicionales que habían encarecido la ejecución. En
mayo, el tribunal arbitral del MOP accedió a cancelar la suma de 4.641 UF
Consejo de Defensa del Estado. Documentación del Departamento de Extranjería de la policía de investigaciones
demostraba que la presidenta del Consejo, Clara Szcaranski, aparecía resolviendo un conflicto de una empresa
minera, mientras se encontraba fuera del país. La presidenta del CDE fue amonestada por la Corte Suprema.
2001. Casa de la Moneda. Severos problemas administrativos que terminan en la salida del Director del organismo.
Conadi. Serias irregularidades en el fondo para la compra de tierras en Temuco.
MOP-Gate. Irregularidades en contrato, detectadas por la Contraloría General de la República.
Conama. Denuncias por irregularidades en licitación de contenedores de basura.
Enap. Altos directores del organismo aparecen implicados en escándalo de "indemnizaciones", sobre sale el nombre del ex
Gerente General, Álvaro García Álamos, padre del ex ministro
Polla chilena de beneficencia. El ex Gerente General, Orlando Cantuarias (PRSD) recibió una indemnización de $90
millones por 10 años de servicio.
Enami. El ex vicepresidente de la empresa, Patricio Artiagoitía (hermano del Rumpy y del cura "Jolo", recibió $32.631.000 por
concepto de "indemnización" luego de dos años y medio en la gerencia, prefiriendo renunciar a su cargo antes que devolver
el dinero, tal como lo pidió Lagos.

6. 2002 MOP.Los diputados Víctor Pérez y Lily Pérez acusaron a la Dirección de Vialidad del MOP de
despilfarrar $3.400 millones en los últimos tres años bajo el pretexto de hacerle publicidad a esa cartera.
Entre los gastos figuraban una conferencia de prensa de $850 mil, la suscripción a una revista por $8
millones al año y contratos de asesorías
Cámara de Diputados / Ministerio de Transportes.
"Caso Coimas": Canal 13 dio a conocer una red de falsificación de certificados de revisión técnica. Una
investigación judicial dio como resultado la culpabilidad del dueño de una planta revisora en
Rancagua, llamado Alejandro Fillipi. En represalia, Fillipi denunció que él y su socio, Gabriel Álamo
operaban con el consentimiento del Subsecretario de Transportes, Patricio Tombolini (PS), a quien habría
pagado $15 millones para obtener el permiso para su planta, parte de los cuales Tombolini había usado
para su campaña al interior del partido. Además, implicó a Alejandro Chaparro y al ex ministro Víctor
Manuel Rebolledo. En tanto, el empresario Alejandro Denhan, dueño de 18 plantas de reviión
técnica, denunció a los diputados DC Jaime Jiménez y Cristián Pareto y al PRSD Eduardo Lagos, que fue
excluído más tarde. El ministro en visita Carlos Aránguiz tomó el caso y consiguió el desafuero de los
involucrados y sometió a proceso a varios de ellos
Minsal / Ministerio Secretaría General de Gobierno. Se utilizan $600 millones del Estado para financiar
la publicidad del Plan Auge en radio y televisión.
Congreso Nacional (uso de recursos públicos y nepotismo). Guido Girardi (PPD) aparece implicado
en el uso ilegal de sobres del Congreso para campañas electorales al interior del partido. Se descubre
además que el senador Jaime Naranjo (PS) mantiene contratada a su esposa en servicios no
especificados. Adicionalmente, varios otros parlamentarios aparecen implicados en irregularidades.
Enap. Se denuncia a través de los medios de comunicación sobre la existencia de un poderoso lobby
ligado a la empresa estatal, que se encargaría de procurar la mantención del alto precio del combustible
en el mercado nacional y el alza constante del mismo.
Seremi de Educación VI Región / Mineduc. Canal 13 denunció el fraude al fisco protagonizado por dos
institutos de educación de Rancagua que recibían subvenciones del Estado por impartir clases a ancianos
de la zona. Al estudiarse la lista de matriculados se descubrió que casi todos ellos eran abuelos postrados
o físicamente impedidos para asistir a clases y que, incluso, algunos habían fallecido. Las acusaciones
apuntaron sobre todo a la directora del Instituto Manuel de Salas, Valentina Tapia. Estas responsabilidades
significaron la salida del Seremi de la VI Región, Víctor Olea. Un informe de la Contraloría de marzo de
2003 verifica la existencia de funcionarios públicos y privados en complicidad para esta estafa.

7. Minsal. Se realizó una fiesta con cerca de $28 millones en el ministerio para celebrar el aniversario de la creación del Servicio
Nacional de Salud
MOP-Gate. En 1997, el ex Seremi de Transportes, Héctor Peña, creó la empresa Gestión Ambiental y Territorial SA (GATE), que
asesoraba servicios de reparticiones públicas. En el año 2000, Peña Véliz denunció el robo de $190 millones a Gate, pero
investigaciones concluyó que se trató de un autorrobo y culpó a la secretaria, Sara Oliva, y su madre, María Martínez, como
autoras. Se recuperaron $172 millones. Tiempo después unas mujeres denunciaron que Gate era una empresa falsa que buscaba
desviar fondos públicos a campañas políticas, pero pocos creyeron la acusación. En abril de 2001 la Contraloría General de la
República detectó las primeras irregularidades en un contrato Gate, luego de una fiscalización realizada al MOP. El ministro en
visita, Carlos Aránguiz, mientras investigaba el "Caso Coimas", descubrió que la empresa había estado pagando sobresueldos a
funcionarios del MOP, comprometiendo seriamente al ministro Carlos Cruz (PS). Se verificó que Gate recibía pagos por más de
$1.700 millones, mientras que el contrato con el MOP sólo registraba $1.400 millones. Las presiones del Gobierno consiguieron
sacar al juez Aránguiz de la investigación, la Corte Suprema designó a una ministra en visita exclusiva para el caso: Gloria Ana
Chevesich, quien investigó el caso e involucró a personas relacionadas con el Presidente Lagos, como Matías de la
Fuente, sobrino de la Primera Dama. El 8 de diciembre de 2005 la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones estableció que los
delitos del caso MOP-Gate estaban prescritos
MOP / Ciade (Universidad de Chile). Se detectó la participación del Centro de Investigación Aplicada para la Investigación de la
Empresa (CIADE), de la Universidad de Chile en trabajos con el MOP que fueron pagados, pero no ejecutados. Este caso tuvo
otras aristas, como el robo de uno de los computadores de los implicados en el caso, la desaparición (23 de diciembre de 2002) y
el hallazgo de sus restos (13 de abril de 2003) del contador del Idecon y pieza clave del caso, Daniel Figueroa y luego el suicidio
en Las Condes (octubre de 2004) del sociólogo Enrique Ponce de león Milnes, procesado en el marco del caso. Se precisó que
cerca de 12 Seremis recibieron sobresueldos por un total de 120 millones de pesos gracias a un contrato suscrito entre el MOP y
el CIADE, pero en octubre de 2003, la Corte de Apelaciones anuló los procesos por fraude al fisco que pesaban sobre ellos.

8. 2003 Seremi de Educación IX Región. 14 funcionarios fueron expulsados por irregularidades en dineros y falsificación de
documentos públicos.
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence)/Proem. La empresa Proem logró gestionar en el sistema bancario, a
través del Sence, créditos por unos $4.000 millones para centenares de microempresarios en todo el país que nunca recibieron
estos beneficios.
Minsal/Centro Nacional de Abastecimientos (CENABAST). En febrero, miles de cajas de leche descompuesta para niños
fue repartida por todo Chile por el Ministerio de Salud en los consultorios nacionales. El ministerio y CENABAST se culparon
agresivamente entre sí. Se destituyó a la directora de Cenabast. El problema se agravó cuando una partida llegó a Arica, a pesar
de que el tema ya había sido difundido por los medios. Un mes después fueron descubiertas bolsas de arroz para niños en mal
estado. El gremio de los trabajadores de la salud denunció que el Ministerio había realizado esta compra y distribución de leches
sabiendo los riesgos que se corrían, pero con la urgencia de desviar dineros para el financiamiento del Plan Auge.
Sence/Escuela de conducción Siglo XXI. Una investigación de la Contraloría General de la República dejó al descubierto que
una serie de sospechosas fallas en los mecanismos de control del servicio habían permitido el uso malicioso de recursos
estatales, especialmente por parte de la escuela de conductor "Siglo XXI", empresa que recibió más de $1.000 millones en
franquicias tributarias para una capacitación en la que figuraban personas que nunca asistieron a los cursos y que, en otros
casos, no tenían relación laboral con quienes cobraron las facturas.
Senado. Se hizo pública la noticia de que el entonces Presidente del Senado, Andrés Zaldívar (DC) votaría a favor de ls Ley de
Pesca, de la que estaría técnicamente inhibido de hacerlo al ser accionista de una empresa vinculada al rubro, con la que junto a
otros 16 miembros de su familia controlaba el 1,1% de las acciones. La Moneda solidarizó con Zaldívar.
Ministerio Secretaría General de Gobierno / Ceduc. En el marco del programa Pro-Empleo, por intermedio de la
Municipalidad de Tocopilla, se traspasaron $400 millones desde el Gobierno a la ONG Ceduc, cuyo Director Ejecutivo era
funcionario del Ministerio Secretaría General de Gobierno.
Ministerio de Relaciones Exteriores. Después de decidirse el traslado de la Cancillería a las dependencias del Hotel Carrera,
el diputado Arturo Longton demostró que en septiembre se habían pagado cerca de US$8 millones por sobre el valor real del
edificio.

9. Banco Central / Inverlink / CORFO. Se descubrió que la secretaria del Director del BC, Pamela Andrada, entregaba
información confidencial al holding Inverlink. Se detuvo al gerente general de la corredora de bolsa, Enzo Bertinelli. El
Presidente de Inverlink, Eduardo Monasterio trató de salvar la empresa realizando actos ilícitos. Se registró un robo de
instrumentos financieros de CORFO, que fueron traspasados al holding sin autorización y gracias a la complicidad del
jefe de la tesorería de CORFO. Los papeles se estimaron en unos US$80.000 millones y fueron vendidos al mercado
financiero, provocando un caos total. En el directorio de la empresa figuraba Álvaro García Hurtado. El alcalde de Viña,
Jorge Kaplan, denunció que García lo había presionado para que no retirara fondos municipales invertidos en Inverlink.
El ministro en visita, Patricio Villarroel, lo sometió a proceso como cómplice de estafa a la Municipalidad por $1.500
millones. Otro implicado fue el gerente general de CORFO y yerno de Lagos, Gonzalo Rivas, lo que le costó su
renuncia. El presidente del BC, Carlos Massad, también presentó su renuncia.
2004 CONAF. A través de un reportaje de televisión sobre actividades de tala ilegal e indiscriminada de alerce al interior
de Chiloé continental y en áreas protegidas, se descubrieron vínculos entre altos funcionarios regionales de la CONAF y
algunos leñadores, llegando a ser detenido su director, Carlos Weber.
MOP. El 18 de noviembre se derrumbó el puente Loncomilla, acceso principal a la Constitución. La situación comenzó a
ser investigada y a las pocas semanas se supo en la Cámara de Diputados que empresas particulares estaban pasando
por el puente con exceso de carga y con pleno conocimiento del entonces ministro de Obras Públicas, Javier Etcheverry
(PS). En enero de 2005 el ex director de Vialidad del MOP, Oscar Ferrel, admitió que hubo negligencia de parte de la
cartera en la caída del puente, ya que el desplome obedeció a que uno de los dos soportes del puente no fue asentado
en terreno firme. Posteriormente, se generaron una serie de informes que confirmaban la negligencia. La comisión de
Obras Públicas de la cámara de diputados declaró que si bien se había conocido la condición del puente por parte del
MOP, el tránsito en éste no fue suspendido. Los sumarios internos del MOP concluyeron con la destitución del Jefe del
Departamento de Puentes y Estructuras, Ricardo Reginensi, y el jefe del Departamento de Construcción de Vialidad,
Francisco Cornejo.
Conama. La municipalidad de Talagante denunció acuerdos entre la Conama de Santiago y la empresa de Residuos
Sanitarios Santa Marta, para liberar a esta última de acciones legales en su contra.

10. 2005 MOP / Ficor. Dentro de la investigación llevada por la ministra Gloria Ana Chevesich, se supo que la empresa contratista
Ficor había reconocido que en 1999 el MOP había utilizado a la firma como "caja de cuadre" para desviar fondos hacia la
campaña presidencial de Ricardo Lagos. Se declaró ante la jueza que la empresa entregaba facturas por servicios no
prestados.
Chiledeportes. Una investigación que analizó proyectos presentados entre 2003 y 2004, develó un abuso en las franquicias
tributarias y la presencia de empresas intermediarias que lograron favorecer con los fondos actividades deportivas de elite,
violando así el espíritu del organismo. Las denuncias implicaron a importantes personajes del ambiente dirigencia de los clubes
chilenos. En una polémica decisión, la comisión de la Cámara encargada de investigar estas denuncias comunicó en octubre de
2005 que los procedimientos cuestionados estaban ajustados a las normas vigentes.
Ministerio de Justicia / DJP S.A.. Los diputados Marcela Cubillos, Cristián Leay y Víctor Pérez, revelaron que durante la
secretaría de Soledad Alvear el ministerio de Justicia a su cargo había entregado millonarias licitaciones de las Defensorías
Públicas de la RM, entre 1994 y 1999, a una de las firmas de abogados integradas por su marido, Gutemberg Martínez. De las
123 sociedades jurídicas que postularon, al menos 90 habían pasado la evaluación técnica, pero sólo 2 de ellas captaron el 80%
de las defensas licitadas: la Sociedad de Defensa Jurídico Penal (DJP S.S.), integrada por la Universidad Miguel de Cervantes,
que preside Martínez y la Sociedad Defensores Penales Metropolitanos. El 48% del total de causas adjudicadas lo obtuvo la
DJP. También se reveló que el subsecretario de Justicia y miembro del comité de Licitaciones era entonces profesor de esa
universidad
MOP / Presidencia de la República / Gescam. En junio, el candidato presidencial, Joaquín Lavín, exigió al Presidente Lagos
que explicara la presencia de una millonaria licitación que fue adjudicada a su cuñado, Hernán Durán. La información apareció
en el el transcurso de la investigación que Chevesich estaba realizando sobre todos los contratos extendidos por el MOP,
descubriendo uno de diciembre de 2002 para asesorías por cerca de $2.000 millones, entregado a la firma Victor Faraggi y
Gescam Consultores Ambientales, del hermano de la Primera Dama, Otro importante socio de la consultora era el embajador
de Chile en Francia, Hernán Sandoval. Luego de 8 intentos fallidos por abrir una comisión investigadora ern el Congreso, la
oposición logró aprobar la comisión. Aparecieron nuevos miembros de la familia de la Primera Dama en cargos y licitaciones
estratégicas, como la de Pedro Durán con su cargo de Director de Programación de la Presidencia y el del hijo de Lagos,
Ricardo Lagos Weber, en la Dirección Económica de la Cancillería

11. Codelco. Paralelamente al caso anterior, se supo que Gescam, entre 1997 y 2005, había realizado 18 asesorías
ambientales para Codelco por montos superiores a los $US 900 millones, de los cuales sólo 5 fueron asignados por
licitación, mientras que los otros se asignaron directamente. En junio, Evelyn Matthei (UDI) reveló que Codelco había
extendido similar tipo de contratos sin licitaciones a firmas de propiedad de los hermanos del ex ministro del
Trabajo, Ricardo Solari, y del entonces ministro MOP, Jaime Estévez. La sociedad de Gestión Limitada de Jaime Solari
Saavedra aparecía con un contrato por más de 365 millones de pesos por asignación directa, mientras que la empresa
TOP Consultores, de Rafael Estévez Valencia, tenía contratos por más de $1.100 millones en cursos de capacitación sin
licitación. Hernán Durán, cuñado del Presidente Lagos, también apareció recibiendo de Codelco millonarios proyectos sin
procesos de licitación
MOP / Autopista Vespucio Express. En 2004 el ministro del MOP fue informado de un posible agotamiento del stock
inicial de 900 mil televías o Tags. El problema derivaba de un error en la estimación inicial de la demanda de usuarios
desde 900 mil a 1.350.000 de los dispositivos. El MOP acordó adquirir más Tags, pero a cuenta del Estado. Sin
embargo, en septiembre de 2006 se supo que el error le había costado al Estado $5.175 millones.
MOP / Aeropuerto Arturo Merino Benítez
La recién renovada pista del aeropuerto comenzó a presentar serios daños estructurales y se verificó que no cumplía con
las normas internacionales de seguridad, al extremo de que generaba una nube de partículas en suspensión de varios
metros de alto tras el despegue. Dos semanas después de inaugurada, la pista presentaba grietas y fallas y tuvo que ser
reconstruida en al menos 600 metros sin que la empresa concesionaria pagara por las cartas de garantía vigente. Según el
ministro del MOP de la época, Jaime Estévez, la pista se puso en operación porque necesitaban reparar de urgencia la
pista 1.
MOP / Gesys.En octubre, la ministra Chevesich confirmó la existencia de dineros desviados por el ex Director de
Planeamiento del MOP, Matías de la Fuente (primo de Luisa Durán y ex jefe de gabinete de Lagos) a la campaña
presidencial de Ricardo Lagos en 1999 a través de su página web. De la Fuente y Sergio Cortés, ex jefe de Finanzas de
Vialidad del MOP, fueron procesados por la jueza por fraude y estafa al fisco, al igual que Raúl Herrera de Gesys y óscar
Araos, de Ábaco. Las triangulaciones se realizaron a través de la consultora y se destinaron a la empresa faunes para la
elaboración de una página web que apoyaba a Lagos. La operación fue realizada simulando un desvío de fondos hacia un
supuesto programa de capacitación por $15 millones, que nunca se realizó. Tras ese monto, se descontaron dos

12. facturas que se adeudaban a Faunes, sumando un total de $4.720.000. La Séptima Sala de Apelaciones revocó los
procesamientos en diciembre.
Candidatura PS VI Región / Fosis / Chiledeportes / Sernam / Serviu / Prodemu. El diputado PPD y candidato por la VI
Región, Aníbal Pérez, denunció la existencia de una red de corrupción estatal destinada a beneficiar la candidatura del
socialista Juan Pablo Letelier, que involucró el uso de funcionarios, recintos y dineros públicos. Pérez puso estos
antecedentes a disposición de la Contraloría General de la República. En la red participaban entidades como el
Fosis, Chiledeportes, el Sernam, el Serviu y Prodemu
Servicio Nacional de Capacitación y empleo (Sence) / Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC)
En noviembre se anunció un exhaustivo proceso de fiscalización del Sence, tras una denuncia recibida por la Contraloría
General de la República sobre vínculos comerciales existentes entre dos altos funcionarios del organismo y empresas ligadas
a la adjudicación de recursos estatales destinados a la capacitación. Se denunció al Jefe de la Unidad de Microempresas y ex
Director del Programa Proempleo del organismo, Enrique Correa Jaña y al Jefe de la Unidad de Innovación y Desarrollo de la
entidad, Ramón Castillo Corral.
MOP / Ministerio de Transportes / Ministerio del Trabajo. Malversación de fondos del Ministerio de Transportes, Obras
Públicas y del Trabajo, a raíz de la ley de modernización de los puertos.
Intendencia de la V Región / Seremi V Región / Candidatura parlamentaria del PS en Quillota
El 7 de diciembre el alcalde de Quillota, Luis Mella (DC), denunció que la candidatura a diputado del PS Marco Enríquez-
Ominami utilizó fondos públicos para financiar parte de su campaña, comprar votantes y cometer cohecho. El dinero, unos $3
millones, habrían sido de 55 documentos bancarios respaldados por el Estado y originalmente destinados a un plan de
generación de empleos para trabajadores de Quillota, que iban a recibir $50 mil por el desmalezamiento del cerro Macaya. El
Fiscal Jefe de Quillota, Pablo Bravo, formalizó cargos contra 4 personas: los contratistas Giovanni Malatesta y Hernán Meza;
el activista político, Luis Fernández Sarmiento, y el ex Seremi de Trabajo en la V Región, José Manuel Mancilla, todos por
fraude al fisco. En abril, el Ministerio Público logró acreditar que estos recursos estatales fueron utilizados para el pago de
activistas políticos. En la querella se agregó al presidente regional del PS, Edgardo Lepe, al concejal de Rinconada de Los
Andes, Ricardo Romero León, y el ex funcionario de la Intendencia Jaime Quiroz Moscoso.

13. Valparaíso El 27 de febrero, el Ministerio Público formaliza cargos, también por fraude al Fisco, contra Mancilla y
Malatesta y otras cinco personas por falsificación de facturas, el pago indebido a una persona que trabajó en la
Intendencia y adulteración de documentos. Se investiga el uso de unos 70 millones de pesos.
Indap VIII Región. Supuesto envío de un documento por parte del director de Indap de la VIII Región, César
Rodríguez, a los distintos jefes que trabajan en su repartición instruyendo recolectar fondos entre sus subalternos
para la campaña de Michelle Bachelet. La Contraloría General de la República investiga el tema.
Indap V Región. Utilización escandalosa de subsidios de INDAP para el desarrollo agrícola en Quillota por parte
de la candidata DC, María Eugenia Mella.
2006. Ministerio de Educación / Cofinsa. Al entregarse los resultados del proceso de admisión en enero de 2006
para los créditos universitarios con aval del Estado para estudiantes de Chile, aparecieron una serie de denuncias
sobre asignaciones a postulantes que estaban en condiciones económicas muy superiores a otros que no
quedaron en la selección. Luego de un gran enredo de declaraciones para tratar de ocultar lo sucedido, el
Presidente Lagos declaró que subirían los créditos para alumnos de escasos recursos desde los 14 mil anunciados
a 40 mil. Sin embargo, la ministra Hornckhol debió corregir al Presidente, dando a conocer que sólo serían 28 mil.
El 21 de enero se reconoció desde el Ministerio que por un "error informático" se habían asignado créditos
universitarios a los estudiantes con más recursos.
PGE / San Antonio. En San Antonio aún no se formalizan cargos. Se investiga el pago a trabajadores por obras
que no se hicieron, la incorporación de reclusos, menores de edad y agitadores políticos en los listados de
personas que cobraban remuneraciones correspondientes a los planes de empleo y el robo de
computadores, donde estaba almacenada la información.
PGE / San Felipe. El alcalde de San Felipe, Jaime Amar (RN), denunció que a su comuna se destinaron 23
millones de pesos para planes que nunca se hicieron. El edil agregó que en la nómina de personas supuestamente
favorecidos con estos programas laborales figuran 23 de San Felipe, pero sólo 6 de ellas estaban inscritas en los
listados de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL).
PGE / Choapa / Gobernación. El Ministerio Público acusó al ex Gobernador de Choapa, Julio Rojos (DC), de
negociación incompatible y fraude al fisco. El documento acusatorio de 70 páginas, presentado en el juzgado de
garantía de Illapel detalla la participación del acusado en la desviación de fondos públicos a campañas políticas.
Según establece la investigación, unos $25 millones fueron usados para el pago de activistas de la campaña
parlamentaria de la diputada

14. por el noveno distrito, Adriana Muñoz (PPD).
MOP-Foro. El ex presidente de EFE y ex subsecretario de Transporte, Guillermo Díaz, fue encausado por fraude al fisco de $9
millones en el caso MOP-Foro.
PGE / Mapuches / Región de la Araucanía. Según denuncio el diputado Gonzalo Arenas (UDI), 9 de los 20 mapuches
acusados de participar en los 23 ataques sufridos en los últimos 5 años por el agricultor de Ercilla René Urban, son beneficiarios
de los programas de generación de empleo (PGE) que promueve el gobierno en la Región de la Araucanía. Según Arenas, entre
enero y septiembre de 2006, estos 9 miembros de la comunidad Temuvuivui han recibido medio sueldo mínimo mensual (cerca
de $70 mil) por trabajos que nunca realizaron.
Chiledeportes / Irregularidades. La Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades en el manejo de
los recursos del Fondo Nacional del Deporte al auditar aleatoriamente 77 proyectos beneficiados en forma directa con recursos
por $417.114.788 entregados los últimos 3 meses de 2005.
Siguiendo la secuela concertacionista asume la presidencia la primera mujer en gobernar Chile,
(Michel Bachelet ( 2006 – 2010 ) ya se agotaban los líderes opositores a Pinochet y no eran valida las
disculpas y la ciudadanía se impacientaba ya que la alegría ya viene que enunciaban los
concertacionistas ya no era creíble y esperaban un cambio.
El año 2007 continuó con las secuelas judiciales y políticas de los graves casos de corrupción denunciados con anterioridad,
además de una intensa discusión sobre transparencia y probidad, al tomar la opinión pública conocimiento de una serie de
prácticas cuestionables.
El primer caso grave de corrupción fue el de los:
"Empleos brujos", originado en la elección parlamentaria de diciembre de 2005, cuando se denunció el uso de fondos públicos destinados
a programas de generación de empleo (PGE) para financiar campañas de candidatos de la Concertación en la Región de Valparaíso. Las
denuncias afectaban a cinco diputados y a un senador. La justicia finalmente formalizó a los diputados PPD Rodrigo González y Laura Soto,
siendo ratificado por la Corte Suprema el desafuero contra esta última en enero de 2008.
El segundo caso ocurrió en la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE). El año 2007 había comenzado con la renuncia a la
Presidencia de EFE de Guillermo Díaz, como efecto de su procesamiento en otro caso de corrupción (MOP-Gate). Las mayores
irregularidades en EFE, sin embargo, se habrían cometido durante el gobierno de Ricardo Lagos,

15. siendo Luis Ajenjo presidente de EFE, en el contexto de un Plan Trienal de Modernización 2003-2005. Dicho plan generó solo
magros resultados, aun cuando contempló una inyección de alrededor de 1.350 millones de dólares. En abril de 2007 la Cámara
de Diputados creó una comisión para investigar las irregularidades detectadas en EFE. En noviembre de 2007 esta Comisión
acordó sólo con los votos de la Alianza enviar al ex presidente Ricardo Lagos preguntas sobre el plan trienal de la empresa. En
junio de 2007, el Consejo de Defensa del Estado presentó querellas contra ex ejecutivos de EFE y de empresas consultoras por
duplicación de contratos y consultorías no realizadas, entre otras irregularidades.
El tercer caso grave de corrupción fue el de la agencia nacional del deporte (Chiledeportes). En 2006 la Controlaría
General de la República había detectado un fraude por $ 417 millones (unos 800 mil dólares). El 5 de octubre de 2007 se
conoció la primera condena de tres años por este caso, la que sólo afectó a funcionarios de rango medio e inferior.Pese a las
escasas consecuencias judiciales, el caso Chiledeportes ha tenido importantes repercusiones políticas para la Concertación,
debido a la crisis que se gestó al interior del PPD. El ex diputado y ex presidente de ese partido Jorge Schaulsohn señaló a fines
de 2006 que en la Concertación existía una ideología de la corrupción,4 lo que terminó con su pronta expulsión del partido, y la
solidaridad del senador Fernando Flores y del diputado Esteban Valenzuela que renunciaron a esa tienda en enero de 2007.
Encabezado por Schaulsohn, Flores y Valenzuela, en mayo de 2007 fue estrenado el movimiento Chile Primero. En octubre el
movimiento presentó la documentación requerida ante el Servicio Electoral para convertirse en partido político, estableciéndose
un plazo de 7 meses para reunir las 35.000 firmas establecidas por ley.
TRANSANTIAGO: La fracasada puesta en marcha del Transantiago –el nuevo sistema de trasporte público para la ciudad de
Santiago– ha sido en Chile el hecho político más importante del año 2007. Se trata de una reforma total del sistema, que incluye
la licitación de recorridos, una renovación de la flota, y un rediseño de la malla de rutas en función de recorridos troncales y
recorridos alimentadores articulada, además, con el ferrocarril metropolitano de Santiago: Metro. Por otro lado, el sistema
regularía el parque automotor de buses, las tarifas, las frecuencias y los sistemas tecnológicos de gestión de flota y pago por
parte de los usuarios. La participación de los privados se realizaría mediante la licitación, tanto de los recorridos como de un
administrador financiero. Según el Gobierno en marzo el Transantiago
había generado un déficit de 14 millones de dólares, mientras que en abril la cifra se habría elevado a 30 millones. En mayo de
2007 el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley que inyectaría 290 millones de dólares para el financiamiento del
sistema durante lo que restaba del año. Por su parte, el Metro se comprometió a prestar 80 millones de dólares al Transantiago,
en una decisión del directorio de la empresa estatal del ferrocarril subterráneo que no fue compartida por su presidente Blas
Tomic, lo que le costó el cargo.
Los 290 millones de dólares se descomponían en 100 millones de aporte directo del fisco y en 190 provenientes de una línea de
financiamiento público de largo plazo. El proyecto fue aprobado en la Cámara el 11 de junio con 63 votos a favor,

16. 48 abstenciones y 3 votos en contra. En el Senado el 19 de junio la iniciativa fue aprobada con 20 votos a favor y 18 en
contra. Por la negativa estuvieron todos los senadores de la Alianza más el PDC Adolfo Zaldívar. Por la aceptación votaron
el resto de los senadores de la Concertación más los independientes Fernando Flores y Carlos Bianchi. La pasada exitosa
por el Congreso dio pie, sin embargo, a la creación de una comisión investigadora del Transantiago aprobada el 5 de junio
con votos de la Alianza y de la Concertación.
Como era de esperar al final la concertación se debilita y sin credibilidad ante la ciudanía pierde la
elección el año 2010 asumiendo el empresario de la derecha el señor Sebastián Piñera ( 2010 –
2014).
-Perdonazo a Johnson´s: La investigación se inició a causa del perdonazo de multas e intereses por el Servicio de
Impuestos Internos, que benefició a la empresa del retail, que debía pagar 119 millones de dólares y terminó cancelando
solo ocho millones. El dictamen fue emitido el 27 de diciembre de 2012 por el contralor Ramiro Mendoza, tras la
presentación de la asociación de funcionarios del servicio, liderados por Carlos Inzunsa, quien denunció al director Julio
Pereira, y al subdirector jurídico, Mario Vila, por la condonación de la deuda. Ambos estuvieron vinculados laboralmente con
la empresa de auditoría Price Waterhouse Coopers, que asesoró a Johnson's en materias relacionadas con la operación
tributaria.
-Sobreprecios: Surgió con la cuestionada licitación del ministerio del Interior para proveer densímetros y fibrocopios al plan
antidrogas Frontera Norte, y que es objeto de indagación por presuntos sobre precios. Aquí las pistas van tras el cohecho,
fraude al Fisco y pago de comisiones ilícitas.
-Minvu-Gate: Uno de los más graves fue el denominado caso Minvu-Gate, y el casi pago de 17 mil millones de pesos desde
el ministerio liderado por Magdalena Matte (UDI) a la constructora Kodama. El oneroso dispendio habría tenido como
objetivo evitar una demanda de parte de esa empresa, por problemas en la construcción de un corredor del Transantiago.
Abusos de confianza, viajes al extranjero, pagos, firmas de por medio y renuncias son los antecedentes que se reúnen en
este caso, pero que para el gobierno pareciese pasar inadvertido.
-Chiledeportes: En diciembre de 2010 las irregularidades también llegaron a Chiledeportes. Según denunciaron en ese
entonces los diputados Jorge Burgos y Gabriel Ascencio, existieron dos licitaciones irregulares del Instituto Nacional de
Deporte, durante la administración de Gabriel Ruiz Tagle (UDI) que debían ser investigadas: La empresa Meta Proyectos
S.A. se adjudicó la licitación para las Fiestas de Bicentenario para las zonas norte y sur, sin contar con los requisitos
establecidos. Esta adjudicación alcanzó los 500 millones de pesos. Asimismo, entre los antecedentes existió una relación de
amistad entre el dueño de esta compañía, Juan Pablo Grez Gubbins, y la presidenta de la comisión evaluadora de las

17. dos licitaciones, Maria José Torrealba Simonetti, jefa de gabinete del subsecretario de Deportes, e hija del alcalde de
Vitacura Raúl Torrealba.
“Las denuncias contra Cencosud: Las que también son en contra de la conducta de la Dirección de Aduanas, tras el
escándalo por la internación de mercadería por parte de esta empresa caratulada como "ayuda humanitaria" para las
víctimas del terremoto de 2010, pero que se vendieron a la Onemi sin pagar impuestos. Hoy el caso está en tribunales y
formalizados dos ex ejecutivos y otros dos actuales. Delitos graves: fraude al fisco y contrabando.
Plan Banderas Bicententario: Este caso incluyó 14 banderas gigantes por una suma superior a los 10 millones de
dólares. Una cifra que generó escándalo ante las enormes demandas sociales pendientes. La idea era poner una bandera
gigante en casa capital regional y surgió del ministerio de Obras Públicas, cuando Laurence Golborne era su titular.
"Manos a la Obra": En marzo la Contraloría confirmó que las grandes empresas Easy, Construmart y Sodimac, que
estuvieron a cargo del programa del ministerio del Interior "Manos a la Obra" para proceder a la reconstrucción tras el
terremoto del 27F, modificaron los precios respecto a los inicialmente cotizados. La adjudicación, como se sabe, se hizo sin
licitación sino que con la fòrmula de compra directa.
La "Coca": Quien ha sido uno de los grandes dolores de cabeza de Piñera es la ex intendenta de la Octava
Región, Jacqueline Van Rysselberghe. Tuvo su polémica por la entrega de subsidios a personas que no lo ameritaban y
donde la ex autoridad reconoció haberle mentido al gobierno para lograrlo.
Ad portas de la asunción de un nuevo gobierno concertacionista con el nombre ahora de “ la
nueva mayoría” esperamos como chilenos que se gobierne para el pueblo, para los ciudadanos
aunque la cáfila de aprovechadores hace rato que hace filas tal como si se realizara un concierto
de los Beatles en vivo.