Informe comisión especial de universidades Asamblea Nacional

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Comisión Especial Asamblea Nacional para el Sector Universitario 2016
2
CONTENIDO
PRIMERA PARTE ____________________________________________________________ 3
Agenda de la Comisión ________________________________________________________ 3
Fundamentos de la Comisión__________________________________________________ 3
1. Bases Legales ________________________________________________________ 4
2. Objetivos ____________________________________________________________ 7
B. Actividades______________________________________________________________ 8
1. Información Recibida __________________________________________________ 10
SEGUNDA PARTE___________________________________________________________ 14
Nudos Críticos del Sector______________________________________________________ 14
A. Contexto General: Crisis y conflicto en las universidades venezolanas ______________ 14
B. Financiamiento y Rendición de Cuentas ______________________________________ 16
C. Democracia Universitaria y Gobernabilidad____________________________________ 23
D. Condiciones de Trabajo y Seguridad Social del Trabajador Universitario_____________ 29
Acciones Inmediatas______________________________________________________ 32
E. Servicios y Providencias Estudiantiles________________________________________ 34
F. Inseguridad en los Campus Universitarios Venezolanos __________________________ 36
G. LOCTI Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología _________________________________ 44
Conclusiones y Recomendaciones ______________________________________________ 49
ACTA DE APROBACIÓN DEL INFORME FINAL ___________________________________ 59
EQUIPO DE TRABAJO _______________________________________________________ 61
Asesoría y Fuentes_________________________________________________________ 61

3
Dando cumplimiento a la responsabilidad encomendada por esta Asamblea Nacional (AN),
elevamos a su conocimiento el presente informe que contiene tanto los resultados de las
investigaciones y tareas realizadas, como las recomendaciones consideradas oportunas y
necesarias para fortalecer las universidades del país, de forma que logren cumplir cabalmente
los cometidos previstos por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y
las leyes. Todo lo cual se hace también en estricto apego de los objetivos asignados a esta
Comisión Especial.
PRIMERA PARTE
Agenda de la Comisión
En este apartado se exponen los soportes de la acción emprendida por la Comisión Especial de
la AN para el Sector Universitario, designada en enero de 2016: Sus objetivos, acciones y
bases legales. Destaca la amplia base documental recabada a partir de los múltiples
encuentros propiciados con los diferentes actores del mundo universitario venezolano.
Fundamentos de la Comisión
Durante la sesión ordinaria del jueves 14-01-16, la AN aprobó la conformación de una Comisión
Especial para atender la crisis que atraviesan las universidades públicas del país, con el objeto
de abordar el tema en conjunto con las autoridades universitarias, federaciones de estudiantes,
de profesores, de empleados administrativos y profesionales y todos los sectores que integran
la comunidad universitaria. La propuesta fue realizada por el Bloque de la Unidad Democrática
(BUD) lo que aseguró que su mayoría parlamentaria hoy le haga justicia a un importante sector
de la vida nacional.
La comisión quedó presidida por el diputado Enrique Márquez (MUD/Zulia) y Miguel Pizarro
(MUDMiranda) como vicepresidente, se designó como Secretario al profesor Robert Rodríguez
Raga. Dicha Comisión tiene el mandato de:“…prolongar el debate a la comunidad universitaria
convocando a todos los sectores a esta Asamblea Nacional para que presenten soluciones
constructivas en función de las universidades”.

4
Esta Comisión tiene su fundamento en el Artículo 42 del Reglamento Interior y de Debates de la
Asamblea Nacional, que dispone que “la Asamblea Nacional podrá crear comisiones especiales
con carácter temporal para investigación y estudio, cuando así lo requiera el tratamiento de
alguna materia…”, siendo que es deber de las mismas entregar un Informe, en el cual se
recojan todos los aspectos inherentes a las investigaciones y funciones realizadas, el cual se
elevará para su conocimiento y aprobación por la plenaria de la Asamblea Nacional y conforme
al artículo 47 ejusdem, “…deberá concluir con el proyecto de ley, acuerdo o resolución a que se
contrae, o con la proposición sobre el destino que, a juicio de la Comisión, debe dársele…”.
De igual manera, la comisión emprendió su trabajo conforme a las a las facultades de control
que sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional posee la Asamblea Nacional,
previstas en el Artículo 187 numeral 3 de la CRBV.
1. Bases Legales
El derecho a la educación, como derecho humano fundamental y derecho social, se encuentra
incorporado en nuestro ordenamiento jurídico a través de una pluralidad de fuentes normativas,
no sólo internas, sino también diversos tratados internacionales suscritos y ratificados por
Venezuela, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos (Artículo 26) y el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Artículo 13), por sólo mencionar
los más importantes.
El Artículo 102 de la CRBV consagra el derecho a la educación “democrática, gratuita y
obligatoria” y establece el deber del Estado de garantizarla en todos sus “niveles” y
modalidades, incluido el universitario, catalogando además a la misma, como “instrumento del
conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad”. Igualmente el
Artículo 103 establece el deber del Estado de realizar “inversiones prioritarias” para garantizar
estos mandatos.Las normas jurídicas fundamentales que regulan este derecho son, junto al
Principio Esencial de la Autonomía sancionado en el Artículo 109 de la CRBV, la Ley

5
Orgánica de Educación y la Ley de Universidades. En el presente Informe nos referiremos
especialmente a las disposiciones normativas que guardan relación con el sector universitario.
Dentro de las disposiciones de la Ley Orgánica de Educación, publicada en Gaceta Oficial Nro.
5.929 Extraordinario de fecha 15 de agosto de 2009, se regula en su Artículo 5 el Estado
Docente, estableciéndose el “deber” del Estado de garantizar la infraestructura, dotación,
equipamiento, planes, programas, etc., que garanticen la materialización del derecho a la
educación en los planteles educativos públicos, en todos sus niveles. Igualmente dispone, en su
Artículo 50, el deber del Estado de financiar el sistema educativo público, buscando además su
crecimiento progresivo anual, garantizando la construcción, ampliación, rehabilitación,
equipamiento, mantenimiento, y sostenimiento de edificaciones educativas, así como la
dotación de servicios, equipos, herramientas, maquinarias, insumos, programas telemáticos y
otras necesidades derivadas de las innovaciones culturales y educativas.
En este sentido, es deber del Estado garantizar los recursos económicos para hacer efectiva la
materialización de este fin educativo fundamental, recursos económicos éstos que deberán ser
destinados conforme al presupuesto aprobado por cada una de las universidades, por el
Consejo Universitario de las mismas, conforme a lo dispuesto en el Artículo 26 de la Ley de
Universidades.
El Artículo 32 de la Ley Orgánica de Educación establece que la educación universitaria debe
buscar la formación integral y permanente de ciudadanos críticos, reflexivos y comprometidos
con el desarrollo del país, así como contribuir al estímulo de la creación intelectual, la
creatividad, la investigación y la innovación. Este artículo igualmente dispone la necesidad de
dictar una normativa especial en materia de universidades, toda vez que la vigente es de
antigua data (fue publicada en Gaceta Oficial Nro. 1.429 Extraordinario, el 8 de noviembre de
1970). Sin embargo, esta norma jurídica dispone tanto los principios fundamentales que rigen al
sector universitario como el reconocimiento de que las universidades son instrumentos para el
desarrollo y resolución de los problemas del país.

6
Por otro lado, es importante resaltar que la vigente Ley de Universidades dispone que en cada
universidad debe funcionar un Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico (artículo 132),
encargado de fomentar la investigación en los campos científico, humanístico y social. Ello toda
vez que el objetivo de las universidades no se limita sólo a impartir conocimientos, sino a crear
nuevos conocimientos, científicos y humanísticos, a través de la investigación, que es uno de
los pilares fundamentales de la labor universitaria.
Esta importante tarea se encuentra muy disminuida también desde hace unos años,
especialmente por la situación financiera y presupuestaria que viven las universidades. No
obstante, el impacto de esta merma va más allá de las mismas universidades porque afecta
severamente las posibilidades del desarrollo nacional, dado que son innumerables los
descubrimientos y nuevas tecnologías que surgen de la investigación científica, tecnológica,
humanística y artística que se desarrolla en las universidades.
Un tema de especial interés para esta comisión es el de la autonomía universitaria, la cual se
encuentra claramente establecida en el Artículo 109 de la CRBV, donde se establece que las
universidades experimentales también podrán alcanzarla, conforme a los parámetros
establecidos en la ley. El caso es que todavía hoy se constata la existencia de instituciones
universitarias de gran alcance, trayectoria y prestigio,ancladas en su experimentalidad después
de décadas de probada excelencia académica.En efecto, las universidades experimentales han
demostrado por décadas su “funcionalidad” y constituye un flagrante atropello que hoy en día se
encuentren administradas no bajo parámetros académicos, sino político-partidistas. El Ejecutivo
Nacional es quien designa sus autoridades, administra su presupuesto, dictamina sus planes de
estudio, etc., lo cual en nada propende a la autonomía que deben lograr las mismas, tal como lo
dispone el propio Artículo 10 de la Ley de Universidades.
La Ley de Universidades dispone, en su artículo 9, el significado y alcance de la autonomía
universitaria, señalando lo siguiente:
“Las Universidades son autónomas. Dentro de las previsiones de la presente Ley y de su
Reglamento, disponen de:

7
1.- Autonomía organizativa, en virtud de la cual podrán dictar sus normas internas;
2.- Autonomía académica, para planificar, organizar y realizar los programas de investigación,
docentes y de extensión que fueren necesarios para el cumplimiento de sus fines;
3.- Autonomía administrativa, para elegir y nombrar sus autoridades y designar su personal
docente, de investigación y administrativo;
4.- Autonomía económica y financiera para organizar y administrar su patrimonio” (Ley de
Universidades. Artículo 9).
La autonomía universitaria constituye el principio fundamental para el logro de los cometidos de
las universidades, por lo cual resulta censurable que en el marco del ejercicio del poder
gubernamental se niegue, desconozca o anule.
En Venezuela, durante los últimos años, se han hecho evidentes lasacciones emprendidas
desde el gobierno para dejar sin efecto la autonomía universitaria, tales como las sentencias
dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia para impedir la celebración de procesos
eleccionarios en las universidades autónomas del país; la asignación cada vez más deficitaria
de recursos presupuestarios; el control centralizado de esos recursos como se ha hecho a
través del Decreto Presidencial Nro. 2.198, mediante el cual se creó el Sistema Centralizado y
Estandarizado de Compras Públicas para los Órganos y Entes de la Administración Pública
Nacional y la anulación de los mecanismos de selección de estudiantes creados por las mismas
universidades, para sólo mencionar algunos.
2. Objetivos
A esta Comisión Especial le han sido asignados los siguientes objetivos:
1. Convocar a todos los sectores del mundo universitario venezolano a la AN con el fin
escuchar sus planteamientos, ideas, denuncias, datos, propuestas en torno a la Universidad
Venezolana.
2. Identificar los núcleos de conflicto presentes en la realidad universitaria, sus actores, los
factores, la condición de las situaciones y/o conflictos (Estructurales o Coyunturales).

8
3. Recopilar Información de primera fuente sobre la situación de las casas de estudio para
construir una agenda de prioridades de atención, por los diferentes poderes del estado.
4. Proponer unas líneas maestras de atención al sector universitario desde la AN que permitan
continuar un trabajo de seguimiento y evaluación de la realidad institucional y sus posibles
salidas.
5. Atender y responder los diferentes planteamientos realizados desde todos los sectores
vinculados a la universidad a la Comisión.
6. Organizar y facilitar desde la AN, a partir de lo recopilado hasta ahora, una agenda de
debates públicos sobre los problemas y propuestas de transformación de la Universidad
Venezolana.
7. Visibilizar la problemática Universitaria en sentido constructivo, propiciando la confluencia
del conocimiento con todos los sectores organizados para aportar en la construcción del
país y superación de la crisis. (Por ejemplo: Universidad y productores del AGRO, o
cualquier ámbito, lo que conduciría a materializar una“UNIVERSIDAD COMPROMETIDA
SOCIALMENTECON RESPUESTAS AL PAÍS”
B. Actividades
Son múltiples las actividades desplegadas por esta comisión para alcanzar sus objetivos. Cabe
destacar que en el encuentro con los distintos sectores del mundo universitario prevaleció la
amplitud y el interés de conocer todas las aristas del problema que enfrenta este importante
sector de la vida nacional. Siempre estuvo abierto un espacio para las opiniones discordantes y
aún frente a los temas más polémicos o controversiales prevaleció el respeto, la tolerancia y la
disposición al diálogo.
Entre todas las actividades emprendidas por la Comisión destacan las siguientes:
1. Instalación de la Comisión 19/01/2016.
2. Reunión con AVERU martes 19 01 2016.
3. Reunión con 9 Decanos de la UCV 19/01/2016.
4. Reunión con FAPUV 20/01/2016.

9
5. Reunión con 75 representantes del Movimiento Estudiantil de 24 Universidades Nacionales
el 20/01/2016.
6. Reunión con Federaciones de Sindicatos de Obreros y Empleados 27/01/2016.
7. Reunión con Científicos y Especialistas en LOCTI 28 01 16.
8. Visita a CU LUZ 05 02 2016.
9. Visita a Escuela de Medicina José María Vargas UCV 10 02 16.
10.Visita a CU UCV 10 02 16.
11.Reunión con Directivos y Especialistas en Fondos y Seguridad Social Universitaria 11 02 16.
12.Reunión con Científicos especialistas en LOCTI para recibir proyecto de Reforma de ley.
Viernes 04 03 16.
13.Reunión y rueda de Prensa con AVERU y FAPUV para advertir del inminente cierre de las
universidades por no transferir los recursos ordinarios 2016 (08/03/16).
14.Visita del Presidente de la Comisión al Estado Aragua donde atendió y recibió
planteamientos de las universidades del estado.
De igual forma:
• Se realizó una invitación cordial y dos convocatorias formales al Ministro Jorge Arreaza,
quien se excusó en último momento, a las dos últimas solicitudes, negándose a comparecer.
• En el caso de ARBOL se realizaron dos invitaciones formales que no fueron atendidas por
motivos de trabajo y por encontrarse de viaje en el exterior.
• En cuanto al Movimiento Estudiantil Bolivariano, se solicitó a los diputados de dicha bancada
realizar la invitación correspondiente la cual no ha sido materializadalo que mantiene este
sectorsin participación alguna hasta la fecha.
Se tiene en archivo además las grabaciones y transcripciones de las diferentes reuniones
realizadas a excepción de la reunión de AVERU del 19-01-16 en la AN la cual no fue grabada
por los servicios de la asamblea por no haber sido notificados, igualmente el archivo de la
comisión ubicado en la primera vicepresidencia se mantienen todos los documentos de trabajo,
así como denuncias y propuestas recibidos.

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1. Información Recibida
Como podrá constatarse en el siguiente cuadro, la Comisión recibió información relevante de
las más disímiles fuentes y todos los aportes dan cuenta del amplio abanico de problemas que
hoy sufren las universidades y los universitarios del país.
FECHA SECTOR
FORMA
ASPECTOS TRATADOS RECIBIDO PORDig. Fís.
S/F Facultad Odontología
UCV
X Insuficiencia de material
odontológico y su relación
con la enseñanza de la
facultad de odontología UCV
Prof. Rodríguez
20/01/2016 LUZ X Problemática sobre
transporte estudiantil.
Prof. Rodríguez
20/01/2016 Movimientos
Estudiantiles
X Problemática espacios
físicos
Prof. Rodríguez
20/01/2016 Estudiantil X Problemática en general Prof. Rodríguez
20/01/2016 Universitario X Informe sobre comedor
UPEL
Prof. Rodríguez
20/01/2016 Universitario X Sentencia contra la UNEFA Prof. Rodríguez
20/01/2016 Universitario X Situación Actual de la UDO-
Núcleo Bolívar
Prof. Rodríguez
20/01/2016 Federación Nacional
de Trabajadores de
la Educación Superior
de Venezuela
X Solicitan elecciones de
autoridades, otorgamiento
de presupuesto real e
investigación sobre fondos
de la II convención
colectiva.-
Prof. Rodríguez
20/01/2016 Universitario X Presupuesto Universitario,
Sueldos de Profesores y
becas estudiantiles
Prof. Rodríguez
20/01/2016 Universitario X Informe situación UNEXPO Prof. Rodríguez
20/01/2016 Universitario X Boletín Estadístico 2014
UPEL
Prof. Rodríguez
28/01/2016 ARBOL X X Invitación a Comisión (2
invitaciones)
Prof. Rodríguez

11
FECHA SECTOR
FORMA
27/01/2016 Sindicatos Obreros X Problemática en General Prof. Rodríguez
27/01/2016 Centro de Estudiantes X Problemática en General Prof. Rodríguez
27/01/2016 Federación
FENATESV
X Problemática en General Prof. Rodríguez
27/01/2016 FAPICUV X Problemática en General Prof. Rodríguez
27/01/2016 Sindicato de
profesores
X Testimonio Grafico Desalojo
Sede Sindical
Prof. Rodríguez
27/01/2016 APUFAT X Análisis de Tabla Salarial Prof. Rodríguez
27/01/2016 Consejo de Jubilados
Universitarios UCV
X Esquema Prof. Rodríguez
05/02/2016
ZULIA
Universitario APUZ X Problemática en General
(Vacaciones - Presupuesto)
Prof. Rodríguez
05/02/2016
ZULIA
Vicerrectorado
Académico LUZ
X Informe Vicerrectorado
Académico
Prof. Rodríguez
05/02/2016
ZULIA
Decanato Facultad de
Ingeniería
X Problemática de la casa de
Estudios
Prof. Rodríguez
05/02/2016
ZULIA
Universitario X Informe de Compilaciones
de Necesidades de
funcionamiento LUZ
Prof. Rodríguez
05/02/2016
ZULIA
Rectorado LUZ X Salutación y Problemática Prof. Rodríguez
05/02/2016
ZULIA
Universitario
Secretaría LUZ
X Políticas y programas de
ingreso estudiantil
Prof. Rodríguez
05/02/2016
ZULIA
Representante CU-
LUZ
X Problemática de los
profesores CU-LUZ
Prof. Rodríguez
10/02/2016
UCV
Universitario X Informe sobre las
necesidades del
departamento y sus
cátedras. Facultad de
Medicina. Escuela Luis
Razetti
Prof. Rodríguez
10/02/2016
UCV
Universitario X Necesidades del Dpto.
Ciencias Fisiológicas.
Facultad de Medicina.
Escuela Luis Razetti.
Prof. Rodríguez

12
FECHA SECTOR
FORMA
10/02/2016
UCV
Universitario X Modernización de los
espacios docentes y de
investigación. Facultad de
Medicina
Prof. Rodríguez
10/02/2016
UCV
Universitario X Problemática de la Cátedra
de Anatomía Normal.
Facultad de Medicina
Escuela “Luis Razetti”.
Prof. Rodríguez
10/02/2016
UCV
Prof. Universitario X Solicitud de Jubilación, Jefe
de cátedra de Anatomía
Normal.
10/02/2016
UCV
Jefe de Departamento
Microbiología,
Parasitología y
Medicina Tropical
X Informe sobre la capacidad
Instalad. Departamento de
microbiología – Facultad de
Medicina.
Prof. Rodríguez
21/01/2016 Secretaria Asamblea
Nacional
X Comunicación en donde
designan al Dip. Márquez.
Presidente de la Comisión
Especial y transcripción de la
sesión del día jueves 14 de
enero.
Entregado por la
Lcda. Verónica
Brito. 22/02/16
Enero Secretaria
Universidad de
Carabobo
X Informe en donde solicitan la
Exención al Pago del
I.S.L.R. a los trabajadores
universitarios.
Entregado por la
Lcda. Verónica
Brito. 22/02/16
Enero Dirección de
Planificación y
Presupuesto (UC)
X Informe sobre la elaboración
del Proyecto 2016
Entregado por la
Lcda. Verónica
Brito. 22/02/16
05/02/2016 Diputado Luis
Stefanelli
X Propuesta de reforma a la
LEY ORGANICA DE
EDUCACION
Entregado por la
Lcda. Verónica
Brito. 22/02/16
Febrero UDO Mov. Estudiantil
Conciencia Activa
X Comunicación en donde
Solicitan derecho de palabra
ante la Comisión Especial a
fin de exponer crisis que
sufren las casas de estudios.
Prof. Rodríguez

13
FECHA SECTOR
FORMA
ASPECTOS TRATADOS RECIBIDO PORDig Fís.
03/02/2016 AVERU X Anteproyecto y recursos asignados
2015 anteproyecto 2016 (pre
cuota) Universidad Nacional
Experimental del Táchira. //
Rendición de Asignación de
Crédito adicional y rendición de
cuenta del 2009 al 2015.
Universidad de Carabobo. //
Rendición de Cuenta años 2010 al
2015 Universidad de Oriente. //
Situación sobre la Inseguridad en
la Universidades Venezolanas.
Elaborado por la Universidad de
Oriente.
Prof. Rodríguez
10/02/2016 AVERU X Relación de Presupuesto Asignado
desde el año 2010 al 2016 a la
Universidad Nacional Experimental
del Táchira.
Prof. Rodríguez
24/02/2016 UDO Monagas X Propuestas a considerar Prof. Rodríguez
17/02/2016 AVERU X Informe Jurídico de los procesos
Eleccionarios de las Universidades
Nacionales Autónomas
Prof. Rodríguez
24/02/2016 Ramón Sánchez l
Núcleo de Directores
de Desarrollo
X Conclusiones de la 1ra. Reunión
ordinaria de la comisión
permanente de directores de
desarrollo estudiantil.
Recepción 1ra
Vicepresidencia
24/02/2016 Dip. Karim Vera X Solicitud de atención a la casa de
estudio, Universidad Politécnica
Territorial Norte del Táchira
Manuela Sáenz.
Recepción 1ra
Vicepresidencia
24/02/2016 MarlenysMateran X Planteamiento de problema en
cuanto a la exclusión de la
Universidad Caribbean
Internacional University por lo tanto
no es reconocido el titulo allí
obtenido. Por parte de la UNEFA.
Bloque
Parlamentario
Zulia

14
SEGUNDA PARTE
Nudos Críticos del Sector
Son múltiples y de distinta naturaleza los nudos críticos del sector universitario venezolano.
Todos ellos se enmarcan en un contexto de crisis que no sólo se origina por la ausencia de
recursos presupuestarios. El desconocimiento de la autonomía, como ya se ha indicado; el
interés de imponer un modelo universitario distinto al contemplado en nuestra propia CRBV y un
estilo político de relacionamiento pugnaz y polarizante, han hecho que los problemas
universitarios se agraven y profundicen.
A. Contexto General: Crisis y conflicto en las universidades venezolanas
La importancia atribuida por esta AN al sector universitario en este preciso momento histórico,
constituye de por sí una reivindicación y un reconocimiento a uno de los sectores más
afectados por las políticas gubernamentales de los últimos años.
Los valores, principios y prácticas propias de la dinámica universitaria, en la que prevalecen la
irreverencia, el ejercicio perenne de la crítica y el inconformismo existencial, siempre ubicarán a
las universidades en una relación de incomodidad con el poder. Pero lo que ha ocurrido durante
los últimos años en Venezuela con las universidades públicas, va más allá de toda
incomprensión. Estas instituciones han sido hostigadas permanentemente y sus principales
dirigentes, estudiantiles y gremiales, convertidos en objetivos de la sospecha y el hostigamiento
policial.
Desde 1999 se impusieron, además, las tesis oficiales del “Rechazo al Pasado” y “el Nuevo
Comienzo”, a partir de las cuales se asumió que toda la institucionalidad social venezolana
podía y debía cambiarse o eliminarse, sin alternativa a la función social que desempeñara,
trayectoria o aportessociales. Tal concepción, junto a la bonanza petrolera del momento, motivó
al gobierno la creación o reformulación de las instituciones universitarias antiguas pero sin
autonomía, como la UNEFA, a las que se les cambió básicamente el nombre y se construyó un

15
sistema universitario paralelo que ciertamente expandió la matrícula pero del que no ha sido
posible conocer con certeza sus frutos ya sea en investigación, aportes tecnológicos, extensión
o proyección profesional de sus egresados.
El asunto es que el gobierno al no poder controlar políticamente a las universidades nacionales
las acorraló hasta llevarlas al borde del colapso, con la descapitalización de su patrimonio
intelectual y la depauperación de las condiciones laborales de profesores y trabajadores
administrativos, técnicos y obreros, a los que se les ha llevado hasta el límite de la subsistencia,
siendo éste, precisamente, uno de los más activos focos de conflicto laboral en Venezuela.Pero
además de ello, el efecto perverso de la política oficial dirigida contra las universidades se
traduce en el colapso de la infraestructura que hoy presenta la mayoría de las universidades y
en el atraso tecnológico de su equipamiento.
Está claro que la estrategia de repetir presupuestos, asignar partidas y auxilios deficitarios y
concentrar el presupuesto en el pago de salarios y providencias estudiantiles insuficientes, ha
terminado quebrando a la educación universitaria pública.
Pero la confrontación con las Universidades no cesa allí. El Poder Judicial ha impedido la
renovación democrática de las autoridades universitarias en todos los niveles con lo cual se ha
creado en algunos casos, una evidente situación de ingobernabilidad, y en todos, una situación
de desgaste de las autoridades electas, algunas hasta con 10 años en su
ejercicio.Paradójicamente, el modelo impuesto a través de la Ley Orgánica de Educación
(LOE), de una supuesta participación igualitaria de todos los sectores, tampoco se ha podido
aplicaren las llamadas “Universidades Bolivarianas” creadas por el gobierno, porque el modelo
predominante en ellas ha sido más bien el discrecional nombramiento y remoción de
autoridades.
En este sentido, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela
(FAPUV), en el documento consignado a esta Comisión el 20/01/2016, llega a indicar que, en
materia educativa, cada vez es mayor la brecha entre lo que establece la CRBV y lo que ocurre
en la realidad. Veamos:

16
“Mientras que la CRBV garantiza el derecho a la educación. El Artículo 102 establece la
educación como un derecho humano y un deber social fundamental, y la define democrática,
gratuita y obligatoria y el Artículo 103 consagra el derecho que tiene toda persona “a una
educación integral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin
más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones”; la realidad es
que aún, como sociedad, no hemos alcanzado ni siquiera la enseñanza primaria universal, y la
calidad de la formación académica de nuestra juventud viene en franco deterioro. Las pruebas
de admisión de las universidades ponen crudamente en evidencia que son cada vez mayores
las disparidades y se profundiza la distribución desigual del acceso a los bienes culturales.
Inclusive aquellos estudiantes que logran ingresar en el sistema de educación superior vienen
con graves lagunas en competencias y conocimientos claves, como lengua y matemáticas, lo
que evidencia un aprovechamiento escolar limitado. De allí la necesidad de prestarle a la
educación en Venezuela toda la atención que requiere para lograr: 1. La realización del
principio de que, independientemente del lugar en que se nace, se vive y se estudia, todos
puedan acceder a un mismo y elevado nivel educativo en nuestro país. 2. Que la Universidad
ocupe el papel central para el desarrollo que demanda nuestra realidad nacional y nuestro
entorno internacional”.
Es en este contexto que la AN asume el compromiso y mandato constitucional de convocar a
todos los sectores de la universidad venezolana para iniciar un constructivo intercambio que
propicie la solución de muchos de sus problemas. Sin embargo, ante esta realidad la respuesta
del gobierno va en la dirección contraria: No participa en el debate, ni permite que los actores
principales de las llamadas Universidades Bolivarianas, organizaciones estudiantiles y
profesorales, expongan ante esta comisión sus verdades y dudas, sus problemas y
expectativas.
B. Financiamiento y Rendición de Cuentas

17
Más allá de una discusión coyuntural sobre el presupuesto insuficiente de las universidades que
debe ser atendido de manera urgente, es impostergable también apuntar a un debate de fondo,
estructural, sobre el financiamiento de la Educación Superior en Venezuela.
Sobre este asunto, Luis Bravo Jáuregui (2015), advierte:“Nadie duda de los proyectos de
Gestión y Política Pública de la Educación hasta que no se ven los resultados, más allá del
discurso que suele ser bienintencionado. Nadie aspira a que no crezca la Educación del Pueblo
por falta de financiamiento. Quizás algunos extremistas en funciones de poder, defiendan la
tesis de que es preferible, por ejemplo, el gasto militar a la inversión educativa. Pero
habitualmente hay consenso social respecto a que la inversión social en materia de Educación
y Salud debe privilegiarse. El problema son los límites de esa buena intención y los intereses
que la sustentan.Si un proyecto político ejerce el poder fundamentalmente para perpetuarse,
para seguir gobernando, su prioridad es otra al desarrollo de unos servicios públicos de
educación, robustos y sostenibles en el tiempo. Prioriza los gastos que le generan adhesiones y
votos en lo inmediato, sin mayores consideraciones con el desarrollo real de la Educación
Popular Sustentable. Pone en primera línea lo que hace falta para el desarrollo de una ideología
funcional a sus pretensiones de gobernar eternamente, por intermedio de medios educativos y
pedagógicos. Sus principales energías se canalizaran a la propaganda y los anuncios
estrambóticos respecto a los efectos de su amor por un pueblo ideológicamente empoderado.
Convierte, sin mayores miramientos históricos, la inversión pública en gasto generador de
inflación y sobreempleo estatal”1
.
No obstante, la gravedad de la coyuntura presupuestaria actual se deriva de las políticas y
prácticas gubernamentales de “asignar” sin criterios “conocidos o cognoscibles” presupuestos
formulados sin relación con las necesidades y requerimientos reportados y demostrados de las
universidades,lo cual genera las subsiguientes solicitudes de “insuficiencias”,algunas de las
cuales terminan cubiertas con créditos adicionales. Esta práctica, utilizada aún en medio de
épocas de bonanza, obligó a las universidades a enfrentar una situación marcada por
desembolsos irregulares y arbitrarios que ha hecho imposible un ejercicio presupuestario
1). Bravo J., Luis (2015): “El financiamiento educativo y el gasto (inversión) social en Venezuela”. Documento
Publicado por el Observatorio de Gasto Público del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico. CEDICE.

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normal y, con ello, el cumplimiento de su misión institucional. En otras palabras, también en
esta materia el gobierno terminó imponiendo su filosofía: de improvisación irresponsable.
En un marco más amplio, Luis Torres (2016), profesor e investigador dedicado al tema del
financiamiento de la Educación Superior en Venezuela y en América Latina, al analiza el
modelo venezolano, aporta un conjunto de elementos fundamentales para su comprensión. En
este sentido, advierte que “Los recursos públicos son y, posiblemente siempre sean,
insuficientes para el desempeño adecuado de la gestión académica de las universidades
latinoamericanas”,en consecuencia una verdadera política gubernamental de financiamiento del
sector está obligada a incluir a todos los factores intervinientes en el problema, aunque destaca
que el financiamiento de la educación superior debe considerarse una inversión social,“un bien
social y cultural que el estado debe velar y proteger como patrimonio de toda
lasociedad”(Torres, 2016).
Por tanto, abordar eficientemente este problema implica desplegar medidas de amplio espectro
que van desde equilibrar el presupuesto universitario a través de la diversificación de las
fuentes de financiamiento y la derivación de gastos recurrentes calculados como presupuesto
universitario; avanzar en la consolidación de un Sistema de Seguridad Social de los
Trabajadores Universitarios que cumpla con los derechos adquiridos y sea sustentable y
sostenible en el tiempo; promover una cultura tributaria directa a los egresados de la
universidades públicas y promover alianzas entre los sectores productivos públicos y privados
con las universidades para desarrollar la investigación a través de la reforma de la Ley Orgánica
de la Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI), entre muchas otras medidas.
Siguiendo al Profesor Luis Torres (2016), veamos su propuesta de lineamientos para una
política de financiamiento de las universidades:
1. Tener claro que el éxito de cualquier política pública radica en la participación seria y
responsable de las partes involucradas para el establecimiento de los acuerdos. En tal
sentido, cualquier política de financiamiento para la Educación Superior (ES), solo tendrá
éxito en la medida que todos los órganos del Estado y los diferentes actores de las

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Instituciones de Educación Superior (IES) logren precisar los puntos de coincidencia para su
aplicación. Finalmente se debe acordar un mecanismo transitorio para el establecimiento de
la nueva política de financiamiento.
2. Mantener una postura firme y una estrategia de internacionalización bien diseñada para
preservar la protección del Estado al carácter “público” de la ES.
3. Definir y reorganizar la plataforma institucional de todo el Sistema de Educación Superior
(SES) venezolano; iniciar por precisar cuáles son las funciones y alcances de los órganos
del Estado y, cuáles son los planteamientos concretos que se esperan en el cumplimiento
de la misión universitaria en materia de profesionalización, generación de ciencia-tecnología
y preservación de la cultura por parte de la IES, en este punto es preciso señalar que cada
IES deberá diseñar cuál es su política académica y como le será viable.
4. Impulsar mecanismos diferenciados para el financiamiento de la gestión académica; es
decir, separar los criterios y origen de los fondos para financiar la formación del pregrado,
con respecto del origen y criterios para financiar la generación y el desarrollo científico y las
actividades de extensión.
5. Crear un programa nacional integral para la atención efectiva de las providencias
estudiantiles. Entre otras consideraciones se debe precisar los costos operativos de los
servicios de alimentación, transporte y atención medica; además se deberá establecer una
plataforma única de registro nacional para conocer los beneficiarios de las providencias
estudiantiles; con el firme propósito de priorizar el financiamiento de las becas para aquellos
estudiantes provenientes de los estratos sociales IV y V; asimismo evitar la duplicidad de
beneficiarios en diferentes plazas ofertadas por el Estado venezolano o las IES.
6. Impulsar una política de gestión electrónica en todo el SES, toda vez que se procura en
primer lugar, una disminución considerable de los costos de papelería y demás suministros
de imprenta y reproducción. Y en segundo lugar, una contribución sostenible para el
desarrollo económico del país.
Ahora bien, entre las generalidades que podría contener una estructura sistémica de la política
de financiamiento que les permita a todas las IES que existen hoy en Venezuela un acceso
equitativo en la distribución, ejecución y control de los recursos púbicos por el Estado,
podríamos señalar los siguientes:

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1. Diversificación de las fuentes de financiamiento provenientes de la esfera pública. En
Venezuela existen algunas experiencias que bien vale la pena revisar, redefinir,
contextualizar y proponer. Nos referimos a:
a. Generación de ingresos captados del sector empresarial por la Ley orgánica de ciencia y
tecnología2
. Es un mecanismo de inmediata recaudación.
b. Establecimiento de fundaciones3
. Para las IES venezolanas es indiscutible el
establecimiento de órganos propios dedicados a la generación de recursos económicos
de los resultados de la gestión científica-tecnológica, asesorías y consultorías al sector
público y privado, entre otras actividades productivas propias de los activos que
gestionen las IES.
c. Gestión de las reservas liquidas por parte de las IES. Hasta hace pocos años, las IES
una vez conocido y honrado el cronograma de desembolso de los recursos para el año
por parte del Estado, se dedicaba a gestionar algunos instrumentos financieros en la
banca nacional, con el firme propósito de generar algunos recursos adicionales.
2. Asignación racional de los recursos ordinarios en bloque para cada IES que le permita la
cobertura de los costos fijos “normados” para su funcionamiento (gasto de personal,
materiales y servicios). Para este caso, se deberían diseñar varias fórmulas a saber:
fórmulas de financiación basada en los insumos para la gestión universitaria4
; fórmulas de
2). El principal cuestionamiento de toda la experiencia, es que se ha situado en los extremos de su aplicación. En
primer lugar, fue completamente descentralizada a las IES con criterios absolutos que desfavorecían el concurso
efectivo de las IES de reciente creación y poca capacidad de desarrollo científico (en concreto era un mecanismo
excluyente para propiciar el desarrollo científico integral del SES venezolano) y; en segundo lugar, la centralización
absoluta por parte de los órganos del Estado, en donde se ha dificultado conocer cuáles son los mecanismos de
concursos para las asignaciones de recursos y su correspondencia con los planes previstos.
3). El principal cuestionamiento de esta experiencia venezolana; fue el uso de órganos o figuras jurídicas ajenas a
la condición universitaria (empresas réntales) que impidieron los mecanismos efectivos de auditoría, control,
supervisión y custodia de los fondos captados, situación que condujo a que las mismas no lograran su cometido e
incluso no fueran auto-sostenibles.
4). Es una de las primeras fórmulas diseñadas por los Estados y las IES, procura identificar varios elementos base,
que permitan establecer una correlación entre las variables: número del personal administrativo y obrero, la
relación del personal académico y la matrícula y, la demanda de insumos según las actividades académicas-
administrativas previstas.

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financiación basadas en la matrícula y costes por estudiante5
. En ambos casos es
recomendable establecer las proporciones, toda vez que se procura favorecer la gestión
académica de las IES.
3. Establecimiento de un fondo de subvenciones en bloque para la investigación y el
establecimiento de otras retribuciones salariales para los investigadores. Se propone en este
punto el establecimiento de un Fondo de desarrollo científico “categorizado6
” con
indicadores de desarrollo y progreso científico7
, de cooperación y asociación entre las IES
de diferentes categorías, entre otros criterios transparentes para su concurso.
4. Establecimiento de un fondo de subvenciones para las providencias estudiantiles. Este
fondo podrá emplear diferentes modalidades a saber:
a. Subvenciones que otorga directamente el Estado y las IES a los estudiantes para
contribuir en sufragar los costes de manutención y residencia para los estudiantes de
escasos recursos (principalmente estratos sociales IV y V).
b. Fórmulas de financiación basada en insumos8
para los gastos de operatividad y
mantenimiento del servicio de transporte, comedor y atención médica.
5). Es preciso establecer las diferencias entre los costos de estudiantes discriminados por las diferentes áreas del
conocimiento, puesto que todos no demandan ni los mismos insumos y en menor sentido sus cantidades; incluso
estos costos podrán ser considerados por regiones geográficas.
6). Nos referimos a la categorización de las IES y la categorización de los científicos del país; en primer lugar, se
deben diferencias las capacidades científicas y tecnológicas que las mismas poseen en la actualidad ambos
criterios para que el concurso sea equilibrado entre pares. Los fondos categóricos constituyen otra alternativa de
asignación de fondos públicos a las IES; a través de este medio el Estado puede asignar recursos con finalidad
específica a varias IES y a los científicos, toda vez que procura corregir o ajustar una financiación insuficiente en el
pasado, real y percibida.
7). Tomando en consideración algunos elementos propios de la actividad investigativa como podrían ser: la
evaluación de proyectos de investigación, la capacidad científica demostrada por la IES, creación de centros de
investigación de excelente capacidad científica y prioridad para los Estados.
8). Son fórmulas diseñadas por los Estados y las IES, que procura identificar varios elementos base, que permitan
establecer una correlación entre las variables: número de unidades de transporte, rutas empleadas y estudiantes
beneficiados; número de bandejas a ofertar en el almuerzo y cenas, sus costos en la zona geográfica y su relación
con los estudiantes beneficiados; definición de los servicios de atención médica básica y su relación con los
insumos requeridos.

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5. Producción de indicadores académicos, económicos y de impacto social: para poder
establecer cualquier sistema integral de financiamiento público, es indispensable conocer las
estadísticas de las IES y de los diferentes órganos del Estado involucrados en la gestión del
SES. La producción de indicadores, procura apartarse solo de los índices económicos y
resultados académicos que imposibilitan el análisis particular de las IES y a su vez la
comprensión del impacto social y científico que está ejerciendo todo el SES. Debe quedar
en claro, que la inexistencia de este elemento, dificultara emplear con efectividad cualquier
mecanismo de control y evaluación sistémica que procuren el mecanismo de ajustes que
vaya requiriendo el SES en Venezuela.
6. Utilización de los recursos: esta fase es conocida por muchos técnicos como la debida
instrumentación de la vinculación Plan-Presupuesto, y es que precisamente el objetivo de
este elemento es identificar todas las actividades que demandan la utilización o empleo de
cualquier tipo de recursos (humanos, financieros, materiales y técnicos) más allá de los
mecanismo de los cuales los ha obtenido, de tal manera que facilita a las IES el proceso de
rendición de cuentas públicas a la cual está obligada y al Estado el control de la gestión
académica, logística y económica de las IES.
7. Evaluación y auditoria: son estos dos aspectos poco desarrollados en la gestión universitaria
que llevan adelante las diferentes IES, siempre se están presentando algún desbalance
entre la relación de la gestión académica, sus resultados y la vinculación con los costes y/o
recursos consumidos. Como elemento positivo, se empieza a observar a nivel mundial, la
tendencia de publicar en diferentes medios de difusión los documentos oficiales sobre la
rendición de cuentas de las IES entregados a los Estados; sin embargo es una política que
se debe convenir para instrumentar efectivamente los mecanismos de captación y difusión
de información pública que evite en todo caso la omisión, manipulación y errores de los
datos publicados.
Finalmente, como consideraciones complementarias, el Profesor Luis Torres (2016), expone:

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Los mecanismos de financiamiento de la ES “requieren que los Estados superen los viejos
esquemas de presupuesto negociados de tipo “incrementales” y las fórmulas de financiación
“rígidas” que no favorecen la identificación de las necesidades y coste básicos asociados al
soporte económico de la gestión académica de las IES”.
En este sentido el papel de la AN esclave para promover nuevas fórmulas de financiamiento de
las universidades que merecen todos los venezolanos. Es esencial contar con una nueva Ley
de Universidades y si es posible con una Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria,
ya contemplada en la Ley Orgánica de Educación del 2009, sin perder de vista su papel
histórico y su carácter de bien público que está por encima de cualquier interés particular de
índole económico o político.
C. Democracia Universitaria y Gobernabilidad
Uno de los planteamientos centrales realizados a la Comisión por todos los sectores
entrevistados es el tema de la Democracia Universitaria, Elecciones y Gobernabilidad dentro de
las casas de estudios superiores en Venezuela.
Resulta fundamental abordar en lo inmediato una salida a la actual situación de estancamiento
en el ejercicio democrático y autonómico de las universidades, planteada como una batalla
judicial entre las Comunidades Universitarias y sectores pro oficialistas que han desarrollado
junto a un poder judicial (TSJ) obediente, no a la CRBV, sino a un proyecto político particular,
una política de suspender elecciones de todo tipo (Autoridades, Gremiales, Cajas de Ahorro,
Sindicales) dentro de las universidades, generando un clima de confrontación y afectando
gravemente el sentido democrático de la participación en el destino de las casas de estudio,
cuya autonomía está suficientemente fundamentada en todos los instrumentos jurídicos citados
en las bases legales del presente informe menos en la LOE (2009) que carente de todo análisis
en su art. 34 y aras de una presunta participación igualitarista, no equitativa, de todos los
sectores y actores de la comunidad universitaria se atrevió a pasar por encima los principios y
actores del art. (109) de la CRBV. Curiosamente en la mayoría de la Universidades -que son
casi todas controladas por el gobierno y sin autonomía- tampoco se ha realizado un solo

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proceso electoral válido, lo que conduce a pensar que existe preocupación incluso del mismo
gobierno por este exceso de la LOE 2009 y que debe ser corregido.
Actualmente las universidades nacionales autónomas y experimentales que durante más de
treinta años algunas de ellas, eligieron sus autoridades democráticamente a través de
diferentes modelos de participación con el voto de profesores y estudiantes, han sido sometidas
por estas decisiones judiciales y la incongruencia de la LOE a un “interinato permanente” de sus
autoridades electas, algunas de ellas hace más de 8 años, lo cual debilita de algún modo la
gestión e impide el crecimiento y desarrollo interno de la necesaria democracia y gobernabilidad
al poseer legitimidad de origen y ser legalmente interinas durante un periodo tan largo como
insostenible en muchos casos.
Ramírez (2016) expresa esta situación en términos sencillos:“La situación actual de las
universidades autónomas en cuanto a la renovación de sus autoridades por la vía electoral se
encuentra estancada desde el año 2009, año cuando fue aprobada la Ley Orgánica de
Educación (LOE). En su artículo 34 la LOE introduce elementos que modifican de manera
sustancial el concepto de comunidad universitaria establecido en el artículo 109 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). La Carta Fundamental deja
claramente establecido quienes conforman la Comunidad Universitaria, veamos: “El Estado
reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los profesores,
profesoras, estudiantes, estudiantas (SIC), egresados y egresadas de su comunidad
dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y
tecnológica, para beneficio espiritual y material de la Nación. Las universidades autónomas se
darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio
bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley. Se consagra la autonomía
universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación,
docencia y extensión. Se establece la inviolabilidad del recinto universitario. Las universidades
nacionales experimentales alcanzarán su autonomía de conformidad con la ley” (Artículo 109,
CRBV).

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Ahora bien, mientras que en la constitución se establece que la comunidad universitaria está
compuesta por profesores, estudiantes y egresados quienes tendrían la cualidad de ser quienes
elijan a las autoridades universitarias, en el numeral 3 del artículo 34 de la Ley Orgánica de
Educación, se amplía al personal obrero y administrativo, adjudicándoles el derecho de
participar en la elección de dichas autoridades tal como expresa el texto:
Artículo 34. En aquellas instituciones de educación universitaria que les sea aplicable, el
principio de autonomía reconocido por el Estado se materializa mediante el ejercicio de la
libertad intelectual, la actividad teórico-práctica y la investigación científica, humanística y
tecnológica, con el fin de crear y desarrollar el conocimiento y los valores culturales. La
autonomía se ejercerá mediante las siguientes funciones:
1. Establecer sus estructuras de carácter flexible, democrático, participativo y eficiente, para
dictar sus normas de gobierno y sus reglas internas de acuerdo con lo establecido en la
Constitución de la República y la ley.
2. Planificar, crear, organizar y realizar los programas de formación, creación intelectual e
interacción con las comunidades, en atención a las áreas estratégicas de acuerdo con el
Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, las potencialidades existentes en el
país, las necesidades prioritarias, el logro de la soberanía científica y tecnológica y el
pleno desarrollo de los seres humanos.
3. Elegir y nombrar sus autoridades con base en la democracia participativa, protagónica y
de mandato revocable, para el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de los
derechos políticos de los y las integrantes de la comunidad universitaria, profesores y
profesoras, estudiantes, personal administrativo, personal obrero y, los egresados y
las egresadas de acuerdo al Reglamento. Se elegirá un consejo contralor conformado
por los y las integrantes de la comunidad universitaria.
4. Administrar su patrimonio con austeridad, justa distribución, transparencia, honestidad y
rendición de cuentas, bajo el control y vigilancia interna por parte del consejo contralor, y
externa por parte del Estado. El principio de autonomía se ejercerá respetando los
derechos consagrados a los ciudadanos y ciudadanas en la Constitución de la
República, sin menoscabo de lo que establezca la ley en lo relativo al control y vigilancia
del Estado, para garantizar el uso eficiente del patrimonio de las instituciones del

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subsistema de educación universitaria. Es responsabilidad de todos y todas, los y las
integrantes del subsistema, la rendición de cuentas periódicas al Estado y a la sociedad
sobre el uso de los recursos, así como la oportuna información en torno a la cuantía,
pertinencia y calidad de los productos de sus labores (Artículo 34 de la LOE).
Es indudable que tal alteración de la composición de la comunidad universitaria es
inconstitucional. Se confunde el hecho de pertenecer a la comunidad de los trabajadores de la
universidad que se desempeñan en el área administrativa, de servicios y de mantenimiento con
la participación en la actividad académica que se debe llevar a cabo en estas instituciones, tal
como reza el artículo 1 de la Ley de Universidades vigente, a saber, “La universidad es
fundamentalmente una comunidad de intereses espirituales que reúne a profesores y
estudiantes en la tarea de buscar la verdad y afianzar los valores trascendentales del hombre”.
Tal incongruencia de normas se ha intentado resolver a través de un recurso de nulidad por
inconstitucionalidad del artículo 34 de la LOE introducido por la Universidad Central de
Venezuela ante el TSJ en el año 2011, junto a recursos de nulidad e inconstitucionalidad
introducidos por todas las universidades que son parte de AVERU ante las salas Electoral y
Constitucional del TSJ quién hasta la fecha no ha respondido ninguno de tales recursos.
Ahora bien el artículo 34 de la LOE no solo altera la conformación de la comunidad universitaria
prevista en la CRBV, sino que también establece que, en cuanto a la elección de las
autoridades universitarias, los votos de los estudiantes, de los egresados y del personal
administrativo y obrero deben ser contabilizados uno a uno, en virtud que establece que a tales
actores se les debe garantizar “el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de los derechos
políticos”, trasladando de manera automática al ámbito de las universidades autónomas el
derecho a ser electos y ser elegido consagrado en la CRBV como uno de los derechos políticos
de los venezolanos, obviando la naturaleza eminentemente académica de estas instituciones.
Un aspecto clave para entender la naturaleza de las instituciones se tiene en las instituciones
sociales como la justicia o el ejército donde se debe poseer un conjunto de condiciones para
ejercer la conducción no se elige un juez por votación popular de todos los trabajadores del
tribunal, o en el ejercito se elige el general entre la tropa por votación, sería desnaturalizar estas

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organizaciones, al igual que las instituciones profesionales como la salud y la educación que
pueden poseer niveles de democracia pero que su vez garanticen su existencia y naturaleza
propia, como las universidades.
Finalmente el tema del igualitarismo como sinónimo de igualdad y participación resulta errado y
cuestionable, contar uno a uno cada miembro de la comunidad traería como consecuencia que
participarían varios sectores de la comunidad universitaria, pero sólo uno (el estudiantil o los
egresados según el caso) siempre mayoritario, sería siempre el que elegiría, los demás sólo
votarían y sabemos hace mucho que votar no es siempre elegir en consecuencia participar
efectivamente es elegir.,esto se logra sólo si no existe diferencia numérica entre sectores, esto
es que cada sector aporte su capacidad de votar y elegirsinse avasallado por la mayoría
numérica de otro sector.
Como salida a esta situación Ramírez (2016) propone:
“…la reforma parcial de la vigente Ley Orgánica de Educación en su artículo 34 con el fin de
ajustarlo a lo establecido en el artículo 109 de la CRBV. Tal reforma se propone ante la
Asamblea Nacional en virtud de lo establecido en los artículos 203 y 218 en cuanto a la
potestad del Poder Legislativo de modificar las leyes orgánicas a través de reformas totales o
parciales.
La Reforma Parcial del artículo 34 de la LOE, proponemos vaya acompañada de la Reforma
Parcial del artículo 30 de la Ley de Universidades vigente. Este artículo identifica quienes
conforman el Claustro para elegir a las Autoridades Universitarias.
La reforma parcial que se propone es en el contenido de los numerales 1 y 2 de este artículo, el
cual tiene que ver con la conformación del Claustro de profesores con derecho a voto y el
porcentaje de alumnos que conforman el Claustro. Se incorporan al claustro a los profesores
instructores que hayan concursado. Se democratiza la participación en la elección de las
autoridades universitarias, incorporando a este sector profesoral hoy excluido por mandato
legal. Ahora bien, es un hecho que en nuestras universidades la planta estudiantil tiende a

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crecer rápidamente por el aumento de la población, pero el ritmo de crecimiento de la planta de
profesores es más bien lento. Esto hace que la participación en la elección de las autoridades
universitarias de los representantes estudiantiles que forman parte del Claustro, con el tiempo
se vaya reduciendo o estancando a pesar de incrementarse el número de alumnos regulares en
la universidad. Dicho de otra manera, es cada vez menor el número absoluto de estudiantes
que forman parte del claustro en comparación con la totalidad de la población estudiantil ya que
solo participan, de acuerdo a este artículo, una cantidad equivalente al 25% de la planta
profesoral, lo que hace que el número de estudiantes tenga poca variabilidad a pesar del
crecimiento constante del número de estudiantes en la universidad. Proponemos entonces
elevar el mencionado porcentaje a un 50% para así garantizar elevar significativamente la
participación estudiantil en la elección de las autoridades.
En este mismo orden de ideas se propone la Reforma Parcial del artículo 25 de la Ley de
Universidades. Las razones que justifican esta propuesta se basan en la necesidad de que en
los Consejos Universitarios participen representantes del personal administrativo y obrero, ya
que en estos órganos colegiados se tratan materias que abarcan aspectos de carácter
administrativo que ameritan el concurso de una representación de los trabajadores que aporte
insumos para que las decisiones que se tomen en esa área cuenten con el criterio técnico de
quienes son los encargados de garantizar el buen funcionamiento administrativo y del
mantenimiento de las instalaciones de estas instituciones.
En la Reforma Parcial que se propone se incluye como miembro del Consejo Universitario al
menos a un representante del personal administrativo y obrero quien ejercerá sus funciones por
un año y será electo entre los integrantes de ese sector de los trabajadores universitarios.
Consideramos que estas reformas contribuirían a destrabar el tema de las elecciones de las
universidades autónomas y la democratización en la toma de decisiones en esas instituciones.
Cada Universidad en su reglamento electoral interno establecerá los mecanismos más
expeditos para hacer operativos estos mandatos legales.

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Como observación, finalmente cabe destacar que del anterior análisis en lo que toca a la actual
Ley de Universidades estas materias y propuestas pueden y deben ser incluidas en la Nueva
Ley no sólo de Universidades sino de Ley de Educación Superior (concepto más amplio,
incluyente y cónsono con el desarrollo actual del conocimiento en la materia) que debe surgir de
un amplio y democrático debate nacional propiciado desde ya, por parte de esta soberana
Asamblea Nacional.
D. Condiciones de Trabajo y Seguridad Social del Trabajador Universitario
Durante los últimos años el país ha podido constatar frecuentes conflictos laborales en las
universidades nacionales públicas, que han derivado en paralizaciones parciales y totales de
las mismas particularmente en los años 2011 2013 2015 2016 tales conflictos han involucrado,
desde demandas de presupuesto para funcionamiento de parte de autoridades, demandas
estudiantiles por becas, comedor, transporte, biblioteca, salud, en síntesis de condiciones
mínimas para poder desarrollar el derecho a la educación en condiciones dignas y finalmente
conflictos signados por demandas laborales de todos los trabajadores universitarios y
profesores, quienes igualmente demandan condiciones de trabajo acordes a la elevada misión
de mantener en funcionamiento la Universidad y garantizar no sólo la Formación del Recurso
Humano para el desarrollo del país, sino además de las esenciales misiones de la universidad
como son Investigación y Extensión, misiones estas que sintetizan la posibilidad de
independencia tecnológica, formación del más calificado recurso humano, acceso al
conocimiento y transformación en definitiva, del modelo económico y social que ha mantenido al
país en la dependencia económica de manera estructural durante toda su existencia
republicana; por otra parte la Extensión como misión que debe garantizar de manera inmediata
el acceso masivo de todos los sectores del país a los bienes del conocimiento Cultural,
Científico y Tecnológico como fórmula eficaz para el avance y la justicia social que demanda
nuestro pueblo.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), en sus artículos 86 y 87, le
asigna rango Constitucional al derecho al trabajo y la seguridad social, otorgando al estado el

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deber ineludible de garantizar la adopción de medidas necesarias para satisfacerlos de manera
eficaz y eficiente.
Asimismo, la Carta Magna impulsa cambios esenciales en legislaciones como el reciente
Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y
Trabajadoras, y la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, los cuales aun cuando
materialmente fueron modificadas, su ejecución no se ajusta al deber de garantizar el
cumplimiento del pacto social de 1999
Además de ello, Venezuela ha ratificados diferentes convenios internacionales en la materia
como el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, Convenio
sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, entre otros.
Desde que se inicia esta etapa institucional con la Constitución del año 1999 como marco del
nuevo pacto social se impulsan de manera consecuente cambios esenciales en legislaciones
como la LOPSTT anterior LOT, igualmente el marco de la LOSS que no ha sido desarrollada,
entre otras deudas que aún no son capaces de garantizar el cumplimiento del pacto social de
1999. La confrontación política y la polarización han sido la norma para impedir que se
produjera el necesario desarrollo de un marco que garantice el trabajo digno y de calidad con la
adecuada protección y Seguridad Social de los trabajadores.
El trabajo como hecho social, es de los procesos más trascendentales para toda sociedad, pero
en Venezuela posee un grave desfase normativo en todos los ámbitos incluyendo el
Universitario. Sin duda parte de esta grave falta está vinculada a la intención y acción de
imponer un proyecto de país que no está reflejado en la CRBV como lo es el llamado
“Socialismo del Siglo XXI”, que ha sido impuesto por la vía de los hechos y sin el consenso y/o
comprensión de la mayoría del país, por otra parte una tradición institucional laboral acumulada
que igualmente no ha podido adecuarse de manera efectiva a la realidad, no sólo constitucional
sino además de los tiempos que vive Venezuela y el mundo, ha sido razón permanente de
tensión en un conflicto que no ha sido capaz de producir acuerdos sino aislamiento y

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radicalización estéril y tremendamente nociva para el país, lamentablemente el diálogo social
entre trabajadores universitarios y gobierno ha sido precario o inexistente.
El mundo Universitario no ha sido consecuentemente a su naturaleza crítica parte a este
proceso de confrontación y es ejemplo de la precariedad del diálogo social de trabajadores y
gobierno. El ejecutivo nacional ha optado por desconocer las organizaciones y actores sociales
laborales, legales y legítimos de la Universidad, empleando todos los recursos del poder
Judicial, Ejecutivo y CNE, para crear de forma paralela organizaciones laborales, sindicatos y
gremios afectos y obedientes al régimen, siguiendo una práctica autoritaria lamentablemente
tradicional en el mundo educativo venezolano.
Estas antiguas y renovadas prácticas totalitarias, impiden el desarrollo democrático y la
necesaria renovación de las instituciones gremiales y sindicales libres y autónomas,
desnaturalizando la condición de tan esencial institución del trabajo en el mundo libre y
moderno. Con el interés de mantener lealtad sobre un presunto proyecto político socialista, ha
generado un grave proceso de exclusión y apartheid a las organizaciones que no se declaran
seguidoras y sumisas de su proyecto, violentando de manera flagrante no sólo la CRBV sino
además pactos y tratados internacionales suscritos por la república y como tal ley de obligatoria
aplicación en Venezuela este hecho en principio constituye en declaración de los actores
consultados un eje fundamental de la confrontación y el conflicto en el sector laboral
universitario.
Aunado al desconocimiento y exclusión de los actores legales y legítimos del sector laboral
universitario se suma el cerco institucional, económico y político de las organizaciones que
ejercen la representación de los trabajadores. A través de una institucionalidad precaria y
obediente de un proyecto político y no del pacto social constitucional, se han cometido y
cometen frecuentes exabruptos como la violación de la progresividad e intangibilidad de los
derechos laborales por ejemplo -aún vigente- las llamadas Convenciones Colectivas Únicas a
través de la figura de la Normativa Laboral han obligado compulsivamente a sectores como los
profesores a participar, pese a poseer históricamente estos un marco de contratación colectiva
superior que indexa el salario como son las Normas de Homologación, plenamente vigentes

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desde 1982. El gobierno califica de manera permanente a organizaciones legítimas que
representan claramente la mayoría de los profesores como FAPUV con la excusa de no ser
sindicatos, contraviniendo nuevamente principios universales y constitucionales. Producto de la
lucha de calle y la inobjetable legitimidad de FAPUV el gobierno se ha visto en la necesidad de
reconocerla, sin embargo, es precaria la relación de diálogo y frecuentemente el gobierno ha
violentado acuerdos obtenidos tras muchas negociaciones que han tratado de salvaguardar a
los estudiantes y la universidad misma.
Por otra parte organizaciones laborales históricas se han visto frecuentemente coaccionadas a
“adaptarse” a las pautas del régimen para poder ser reconocidas permitiendo con base a este
“reconocimiento selectivo” que se produzcan injusticias y vicios propios del apartheid y limitando
seriamente su capacidad de defender los derechos de los trabajadores en luchas que deberían
ser normales y consuetudinarias en una sociedad libre, ejemplo el cumplimiento de la
contratación colectiva y las condiciones de trabajo que son absolutamente precarias no sólo en
el presente momento sino desde hace años de manera progresiva. No hemos podido conocer
esas condiciones de trabajo y desarrollo de las organizaciones que defienden los trabajadores
universitarios de las llamadas universidades o proyectos de educación superior bolivarianos,
por lo que esto constituye una tarea esencial a realizar en el futuro inmediato por parte de la AN
a fin de poder generar un profundo debate sobre las condiciones de trabajo que deberían
prevalecer en la universidad autónoma, libre, popular democrática y de calidad que precisa
Venezuela.
Acciones Inmediatas
Oficiar al MPPEU, (MPPTTPST Defensoría y Procuraduría) sobre una respuesta inmediata y
urgente a la firma definitiva de la II CCU (2015-2016) que en teoría tiene una duración de
dos años, con vigencia hasta el 2016 y aún no ha sido homologada por el Ejecutivo, tal
situación viola el derecho a la contratación colectiva de manera efectiva pues los
organismos garantes como el MPPTTPST no pueden tramitar legalmente acciones para la
defensa del citado II CCU pues no ha sido legalizado de manera correspondiente.

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Tramitar ante las instancias correspondientes los casos presentados de desconocimiento de
leyes y tratados internacionales sobre el derecho a la libre asociación de los trabajadores, la
legitimidad de las organizaciones gremiales y sindicales desconocidas por el ejecutivo
nacional durante los últimos años y por otra parte investigar la creación de sindicatos
paralelos patronales como práctica que ha deteriorado aún más la situación dentro de la
universidades.
Exigir al Ejecutivo Nacional la inmediata aplicación de los acuerdos para la tregua alcanzada
en Noviembre de 2015 con FAPUV en presencia de AVERU para producir la reanudación de
las actividades docentes de aula en las universidades nacionales, interrumpidas por el
proceso excluyente de negociación de la II CCU que produjo el ejecutivo.
Operacionalizar un gran debate y consulta nacional sobre los pasivos laborales y el Sistema
de Seguridad Social de los Trabajadores Universitarios que permita garantizar
progresivamente la sinceración de los presupuestos universitarios.
Oficiar a las instancias correspondientes las denuncias recibidas por parte de los
trabajadores universitarios en materia del derecho a disfrutar la pensión del Seguro Social
pues los trabajadores no pueden ser responsables de la burocracia y fallas que ha tenido
tanto las universidades como el MPPEU y el SSO para garantizar este derecho
constitucional se puede solventar dicha situación a través de un decreto único que permita
resolver los casos que presentan algunas universidades con sus trabajadores.
Realizar un estudio jurídico que permita establecer si se ha respetado la progresividad e
intangibilidad de los derechos de los trabajadores a través de las contrataciones colectivas y
decretos ejecutivos de aumento y otros beneficios socioeconómicos.
Abordar un gran debate nacional sobre las condiciones de trabajo en todas las
universidades venezolanas como marco referencial para futuras iniciativas legislativas en
esta materia.

34
E. Servicios y Providencias Estudiantiles
En informe realizado el mes de Febrero de 2016 y remitido al Diputado Miguel Pizarro el 19 de
febrero, las diferentes unidades de desarrollo o bienestar estudiantil de las Instituciones de
Educación Universitarias (IEU) de Venezuela agrupadas en la Comisión Permanente (CNU) de
Directores de Desarrollo Estudiantil quienes como instancias que velan por la calidad de vida de
los estudiantes, en concordancia con las políticas y lineamientos establecidos por el Ministerio
del Poder Popular para la Educación Superior señalan que es responsabilidad directa de este
organismo proveer a las IEU de presupuestos ajustados a la realidad del país. Son importantes
los esfuerzos para establecer, de sus menguados presupuestos, recursos que complementen,
por ejemplo, las denominadas providencias estudiantiles, que el Ejecutivo Nacional estipula a la
atención del estudiante universitario.
De las diferentes reuniones realizadas por esta comisión con autoridades universitarias y luego
de la revisión de sus aportes verbales y escritos, relacionados con este aspecto es preciso
señalar que en cuanto a los Servicios de bienestar estudiantil en las IEU se tiene:
1. Precariedad en la infraestructura de atención médica. Espacios destinados a la atención en
salud, tales como consultorios médicos y odontológicos.
2. Obsolescencia y/o inexistencia de insumos básicos para la atención médica integral de los
estudiantes.
3. En relación al recurso humano, el aumento progresivo de vacantes y la falta de reposición
de cargos, se convierte en una carencia que merma la posibilidad de garantizar la atención y
la calidad de los servicios estudiantiles.
4. Becas, ayudantías y preparadurías: montos insuficientes, consumidos por la alta inflación
que afecta al país. El anuncio efectuado por el Ciudadano Presidente de la República en el
sentido de incrementar en un 100% las ayudas directas a los estudiantes (becas, ayudantías
y preparadurías) durante el mes de Noviembre de 2015, aún no se ha materializado (Marzo
2016)y los estudiantes están exigiendo a las direcciones de bienestar estudiantil que se
concrete dicho aumento.

35
5. La imposibilidad de sostener el servicio de alimentación garantizada a través de los
comedores estudiantiles. Causa principal: El presupuesto base estimado de acuerdo a la
disponibilidad, en discordancia total con los precios reales del mercado. Caso UPEL: Monto
destinado para cubrir el plato de almuerzo por estudiante: Bs. 113, colapso del comedor de
ULA y UNET por nombrar algunas de las denuncias recibidas.
6. Transporte: la situación del transporte, no escapa de las limitaciones y dificultades en el
acceso a repuestos y la mínima cantidad de empresas o talleres que cumplan con las
formalidades exigidas en la Ley de Contrataciones Públicas. En relación al estado de las
unidades de transporte, en su mayoría se encuentran fuera de servicio por falta de insumos,
repuestos, cauchos, baterías y recursos para las reparaciones.
Es pertinente mencionar, la situación de la Fundación para el Servicio de Asistencia Médica
Hospitalaria para los Estudiantes de Educación Superior (FAMES), adscrita al Ministerio para el
Poder Popular de Educación Universitaria Ciencia y Tecnología, con las comisiones de salud de
IEU, la cual tiene como finalidad fomentar y establecer como política de estado, actividades de
promoción de la salud en el área médico-odontológico y reproductiva y prevención de
enfermedades, así como también la atención mediante aportes económicos solidarios para
casos de emergencias, atención médica y/o quirúrgica en forma electiva, maternidad, casos
especiales y ayudas, como derecho social y reivindicación estudiantil, que permita apoyar la
permanencia y culminación académica con éxito del proceso de formación de los futuros
profesionales. Según la Memoria y Cuenta del MPPEUCT 2015, se atendieron a nivel nacional
4.214 casos, correspondiente a estudiantes universitarios del sector público, en las
modalidades de operaciones electivas, emergencias, ayuda solidaria y casos especiales. Esta
afirmación, hecha por el propio MPPEUCT, refleja la baja capacidad de atención del Estado en
relación a la población estudiantil nacional (2.622.000 cifras oficiales en revisión), lo que implica
que sólo el 0.16% de los estudiantes universitarios fueron atendidos por la FAMES. Además de
esto se observa la disminución de presupuesto para este año 2016 con respecto al 2015, lo que
se pude observar en el siguiente cuadro:
Año Presupuesto Asignado
2015 265.710.027
2016 186.563.004

36
Esto demuestra que para este año 2016 se avecina una profundización de la crisis de tales
servicios en la IEU lo que hace más insostenible la garantía del derecho al estudio con calidad.
Como propuestas concretas esta Comisión Especial dictamina:
Dirigir comunicación pública al Ejecutivo Nacional en la persona del Ministro Arreaza a fin de
que en lo inmediato se atienda esta situación con extrema prioridad dentro del conjunto de
planteamientos que derivaran de esta Comisión, basados en los informes técnicos de sus
propias instancias y de las Instituciones de Educación Universitaria, así como con las
denuncias debidamente fundamentadas recibidas en esta Comisión.
Remitir a la Comisión de Desarrollo Social de la AN la tarea de generar los debates y
consultas así como las iniciativas legislativas correspondientes a fin de generar un marco
normativo permanente para la atención y protección social del estudiante Venezolano en
todos sus niveles, asumiendo el mandato constitucional de garantizar acceso a la educación
de calidad a todos, pero igualmente la permanencia y culminación satisfactoria de la
formación en el sistema educativo, garantía esta que sólo es posible con una adecuada
protecciónsocieconómica del estudiante en todos sus niveles.
F. Inseguridad en los Campus Universitarios Venezolanos
Con la inseguridad creciente a nivel nacional como en ninguna época del pasado reciente,
sentida y vivida por cada venezolano, tal como lo señala el Global PeaceIndex (2015), donde
Venezuela registra el nivel máximo considerado con respecto a: Criminalidad percibida en la
sociedad, Ocurrencia de Homicidios, Manifestaciones violentas y Crímenes violentos, situando
al país entre los 20 países menos pacíficos, ocupando la posición 142 entre 162 países
evaluados. En este mismo orden de ideas, la encuesta Gallup (2014) en su Índice de Seguridad
Ciudadana reportó a Venezuela como el país más peligroso de América Latina.

37
Esta realidad se expresa en la crítica situación de inseguridad que confronta la Universidad
Venezolana donde se coloca en juego el resguardo de la vida y bienes de estas. La inseguridad
en las instituciones universitarias es un problema urgente y complejo, dadas las presiones
sociales, políticas y económicas, internas y externas a las cuales se ve sometida la comunidad
universitaria, reflejadas y/o condicionadas por la carencia de medios y/o procedimientos legales
para hacer frente de manera efectiva a la situación de inseguridad.
La problemática de la seguridad universitaria es, como se señala anteriormente, de naturaleza
compleja y contempla diversos aspectos que afectan no sólo la integridad física y psicológica de
sus miembros, sino también la preservación de los bienes e infraestructura, que en algunos
casos, son parte del patrimonio cultural, nacional y hasta mundial de la humanidad: El 2 de
diciembre de 2001 la Ciudad Universitaria de Caracas fue declarada por la UNESCO Patrimonio
de la Humanidad y como tal incorporada en la lista correspondiente de ese Organismo de la
ONU, sólo por citar un ejemplo.
Resulta difícil esconder el aumento progresivo de los actos delictivos que evidencian la grave
situación de inseguridad y vulnerabilidad que sufre la Universidad Venezolana, reportados en
diferentes medios de comunicación del país:
a. Continuos robos a mano armada por grupos delictivos organizados, suscitados dentro de
aulas de clases y en los alrededores de los recintos universitarios. Donde despojan de
pertenencias y equipos tecnológicos personales e institucionales (teléfonos celulares,
computadores, proyectores de imagen, etc.)requeridos para el desarrollo de las actividades
académicas, tanto a estudiantes como profesores y trabajadores de la universidad. Algunos
ejemplos recientes (Octubre 2015- Marzo 2016):
-Unergistas denuncian inseguridad en su casa de estudios
-Profesores de la UDO dan clases a medias por inseguridad
-Profesores de la Upel reportan constantes robos
-Denuncian nuevo robo en Escuela de Ciencias Administrativas de la UDO
-USB denuncia incremento de atracos en los últimos meses
-Robos constantes: Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño

38
- Hampa siembra el pánico en Universidad Simón Rodríguez
- Segundo robo en la UCAB Guayana en menos de un mes
b. Desmantelamiento de la infraestructura universitaria materializado en hurtos y robos de
laboratorios, salas computacionales, entre otros.
-11 robos reportados en dos meses: El hampa cerró las puertas del instituto de medicina
tropical de la UCV
- Reportaron robo de 11 computadoras en la Universidad de los Andes.
- Laboratorio de soldadura de la UPEL en Lara fue asaltado
c. Ataques de represión contra estudiantes en ejercicio de su derecho a la justa protesta en
reclamo de servicios de atención en materia alimentaria (comedores), salud, becas,
infraestructura, etc.
-Motorizados ponen fin a protesta estudiantil en la ULA
-Estudiantes del UPTA trancaron La Victoria por inseguridad
-Siete universitarios heridos en Aragua cuando GNB dispersó protesta por inseguridad
d. Afectación de profesores y estudiantes en manos del hampa en adyacencias de recintos
universitarios.
-Estudiante herido en Balacera frente a la Urbe, en Maracaibo.
-De una puñalada matan a profesor de la UDO para robarlo
-Asesinado director de la Unefa en Carabobo por robo de anillo
Esta continua, insistente y creciente amenaza contra la Universidad Venezolana conlleva a
manifestaciones irracionales por parte de una ciudadanía conminada a practicar la auto
preservación como mecanismo único de defensa ante tal barbarie. Es así como se pueden
enumerar hechos lamentables como los siguientes, reportados por diferentes medios de
comunicación nacional:
-Estudiantes linchan a ladrón que entró a robar en la UDO
-Estudiantes intentaron linchar a ladrón en la Universidad de Carabobo

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Lo anteriormente expuesto es una breve muestra del contexto del problema de seguridad que
sufre la universidad toda en el marco de la actual coyuntura político-social del País. A pesar del
gran esfuerzo que realizan las autoridades universitarias, ésta grave situación es una más de
las aristas que conforma la crisis que aqueja a la Universidad Venezolana. Muchos son los
esfuerzos que se han ejecutado desde las Casas de Estudio, bajo condiciones precarias de
disponibilidad de recursos financieros, humanos, tecnológicos, cada día, mermados y
consumidos por una inflación desbordante y por la insuficiencia presupuestaria que aqueja al
sector. Hoy la dimensión de la inseguridad que se vive a nivel nacional y su repercusión en
nuestras universidades exige la creación de un marco político-social e institucional que permita
la atención inmediata basado en la corresponsabilidad a través de la participación, como
elemento integrador que garantice acciones coherentes de todos los sectores involucrados
(autoridades, docentes, empleados, obreros y estudiantes), debidamente articulados con los
entes externos responsables de la seguridad pública, con miras a la construcción de macro
políticas en materia de seguridad en el contexto universitario.
En este orden de ideas, la Universidad de Oriente (UDO 2016), propone dos estrategias
complementarías para atacar de inmediato y con posibilidades de éxito, la situación de
Inseguridad en las Universidades Nacionales Autónomas:
Primera estrategia: La estructuración de un Sistema Integral de Seguridad Progresivo, de
acuerdo a las características y entornos específicos de cada Campus Universitario.
En este contexto, la Seguridad Integral dentro del recinto universitario es entendida como la
convivencia pacífica y responsable donde todos los miembros de la comunidad procuren
respetar los derechos individuales y colectivos de todos y cada uno de los integrantes, para
mantener las libertades, resguardar la integridad física de las personas y los bienes de la
Institución, a fin de que ésta pueda cumplir cabalmente con su función doctrinaria.

40
Un Sistema efectivo de Seguridad Integral Universitario debería incluir y articular los siguientes
elementos de acción:
Registros sobre las amenazas y sobre las defensas existentes.
Mecanismos de difusión de información y opiniones.
Mecanismos de participación responsable de la comunidad universitaria en las denuncias, el
control, el apoyo solidario y el manejo adecuado de situaciones de emergencia.
Procesos de evaluaciones periódicas y participativas de la situación de seguridad.
Existencia de una dirección de seguridad y un cuerpo de vigilantes, formados y
comprometidos con una perspectiva compartida sobre la seguridad.
Mecanismo de articulación con la fuerza pública, para su participación legal en el recinto
universitario.
Usos de las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) para optimizar los
procesos y respuestas del sistema.
Tal como se ilustra en la Figura 1, un Sistema Integral de Seguridad para las Universidades
Autónomas debe ser diseñado para atender un conjunto de aspectos interdependientes, que
pudieran ser desarrollados en forma progresiva pero coherente.
Segunda estrategia: El desarrollo de un Proyecto de Investigación-Acción que permita
implementar un Sistema Integral de Seguridad fundamentado en la participación de todos los
miembros de la Comunidad Universitaria.
A través de esta segunda estrategia se propiciaría un amplio campo de comunicación e
interacción de los diferentes factores y sub-comunidades que hacen vida en la Institución, los
cuales deben estar involucrados en la estructuración e implementación del Sistema Integral de
Seguridad.
Los principales objetivos del Proyecto de Investigación-Acción que serviría de base para
desarrollar el Sistema de Seguridad Integral serían:

41
Contribuir al diseño de estrategias de seguridad integral con la participación de la
comunidad universitaria.
Impulsar la construcción de un modelo colectivo de seguridad integral en las universidades.
Incentivar la participación de la comunidad universitaria en la defensa de sus derechos y en
la protección y resguardo de los bienes de todos.
Como estrategia para recoger la información necesaria y al mismo tiempo activar la
participación de los miembros de la comunidad universitaria, se sugiere la ejecución de talleres
en las diferentes dependencias y espacios académicos y administrativos, con la finalidad de
formar los grupos multiplicadores y establecer los vínculos que posibiliten la estructuración y
posterior implementación del Sistema de Seguridad Integral.
FIGURA 1.ELEMENTOS DE ACCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD

42
En la estructuración del proyecto Investigación-Acción, las TIC se convierten en un instrumento
fundamental para desarrollar las redes de seguridad, los sistemas de registro de amenazas, los
programas informativos y formativos, que aparecen como componentes fundamentales del
Sistema de Seguridad Integral.
La puesta en marcha de las acciones para la estructuración e implementación del Sistema
Integral de Seguridad, debe ser asumida por cada Universidad, de acuerdo con sus recursos y
características.
En atención a lo anteriormente expuesto, es de interés de la Comisión Especial AN para el
Sector Universitario, proponer las siguientes acciones:
1. Revisión del marco jurídico nacional relacionado a la preservación de la seguridad en los
recintos universitarios a fin de garantizar la autonomía universitaria en el diseño de
proyectos en la materia.
2. Exigir al Estado venezolano la garantía de la seguridad de la comunidad universitaria, sujeta
a la asignación de los medios y recursos necesarios como apoyo a cada una de las Casas
de Estudio del país.
3. Recomendar a las Universidades del país, la estructuración de un Sistema de Seguridad
Integral en el contexto de sus necesidades prioritarias, estimando los costos para su diseño
e implementación, a través del cual pueda atender en forma inmediata su particular situación
de inseguridad.
4. Atención y seguimiento en la AN a través de la Comisión Permanente de Política Interior de
los casos y de los Sistemas de Seguridad Integral propuestos por las universidades del país
para la adjudicación de créditos para su diseño e implementación.
Fuentes Consultadas: Inseguridad en Instituciones Universitarias
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Marzo de 2016, de La Prensa de Monagas: http://lasaeta.com.ve/?p=1914

43
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11 robos reportados en dos meses: El hampa cerró las puertas del instituto de medicina tropical de la UCV. (09 de
Marzo de 2016). Recuperado el 16 de Marzo de 2016, de Aporrea:
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Asesinado director de la Unefa en Carabobo por robo de anillo. (29 de Febrero de 2016). Recuperado el 16 de
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Unefa-en-Carabobo-por-robo-de-anillo-20160229-0026.html
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F19%2Fhampa-siembra-panico-universidad-simon-rodriguez%2F&usg=AFQjCNG7-Xbxu-EOo
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Unergistas denuncian inseguridad en su casa de estudios. (19 de Febrero de 2016). Recuperado el 16 de Marzo
de 2016, de El Tubazo Digital.com: http://www.eltubazodigital.com/noticias-de-venezuela/sucesos-
guarico/unergistas-denuncian-inseguridad-en-su-casa-de-estudios/
USB denuncia incremento de atracos en los últimos meses. (19 de Febrero de 2016). Recuperado el 16 de Marzo
de 2016, de Ultimas Noticias: http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/ciudad/educacion/usb-denuncia-
incremento-de-atracos-en-los-ultimos-.aspx#ixzz43C33StgG
Peace, I. f. (s.f.). Vision of Humanity. Recuperado el 17 de Marzo de 2016, de Global Peace Index:
http://www.visionofhumanity.org/#/page/indexes/global-peace-index
G. LOCTI Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología
Dentro de los planteamientos recibidos por las autoridades universitarias y los profesores se
insistió en el tema de la urgente reforma de la LOCTI, por estar vinculada profundamente a las
universidades como centros fundamentales del quehacer científico y tecnológico de Venezuela.
Las demandas de los universitarios exigen la reforma por razones de la propia crisis que ha
generado la absoluta centralización de recursos en un organismo burocrático como el

45
FONACYT en la producción científica de Venezuela, este ente sin ningún control estadal o
profesionalizado, dictamina qué y cuánto se asigna a la producción de conocimientos y
tecnologías, limitando seriamente el desarrollo de la ciencia en unas universidades desprovistas
de recursos regulares del presupuesto para esta actividad fundamental y estratégica para el
país.
En virtud de esto un calificado grupo de expertos, científicos e investigadores presentaron a
esta Comisión una propuesta razonada de reforma LOCTI que puede contribuir en lo inmediato
no sólo al impulso de la Ciencia y Tecnología sino además a la recuperación de Centros de
Investigación, Investigadoresy aportes directos de recursos a las Universidades por parte de las
empresas públicas y privadas,generando una reactivación económica importante de sectores
estratégicos en Venezuela para la superación de la crisis. Compartimos la exposición de
motivos del proyecto de reforma y la visión de este respetable grupo de venezolanos sobre esta
materia sin que ello implique en modo alguna que sea la única válida o aceptable.
“PROPUESTA DE REFORMA DE LA LOCTI 2014
EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
FEBRERO 2016
En este documento se plantea la reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e
Innovación (LOCTI), que fue decretada por vez primera en 2001 y que ha sido reformada en
tres oportunidades (2005, 2010 y 2014). La reforma de la LOCTI en 2005 constituyó un avance
en la intención de relacionar directamente al sector productivo con las universidades e institutos
de investigación del país. La reforma del año 2010 (LOCTI 2010) no corrigió los detalles muy
puntuales que llevaron a cuestionar y eventualmente a reformar la LOCTI 2005. Muy por el
contrario, la LOCTI 2010 eliminó la posibilidad de que a través de este marco jurídico y
financiero las empresas y los centros de investigación científica y tecnológica se relacionaran
directamente. La LOCTI 2014 agravó la situación de la ciencia, la tecnología y la innovación
(CTI) hasta hacerla prácticamente inviable para Venezuela.
El entramado ideológico de la LOCTI 2014 con otras leyes del país.

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