Este documento analiza los desafíos de la fiscalización minera en Perú a través de los casos de Doe Run y Caudalosa. Identifica problemas como la falta de sanciones disuasorias, normas que no permitieron una intervención oportuna, y recursos insuficientes para la supervisión. También señala la necesidad de fortalecer la independencia del organismo fiscalizador, actualizar normas, y promover la participación ciudadana en la vigilancia ambiental.

1. Desafíos para la Fiscalización Minera: casos Doe
Run y Caudalosa
Ana Leyva – Red Muqui

2. Problemas de la Fiscalización en el caso Doe
Run
• Si bien es cierto, en el último tiempo hubo una mayor presencia del
organismo supervisor y fiscalizador, un monitoreo en tiempo real, procesos
sancionadores y algunas multas impuestas; la contaminación no disminuyó
en La Oroya mientras el complejo metalúrgico operaba.
• La empresa siguió incumpliendo con las obligaciones y compromisos del
PAMA.
• ¿Por qué? Las sanciones establecidas en la ley no han sido disuasorias. Por
ejemplo, las multas para infracciones graves pueden llegar solo a 600 UITs,
pero además, varias de ellas fueron apeladas ante el Poder Judicial.

3. • Ante los inminentes incumplimientos la
normatividad se modificó, lo que no permitió
una intervención oportuna y efectiva del
organismo fiscalizador.

4. Problemas de la Fiscalización Minera en el
caso Caudalosa
• Según Osinergmin la cancha de relave A colapsó porque la
empresa hizo ampliaciones por encima de lo indicado en su
estudio técnico y debido a la sobrecarga de relaves.
• Las operaciones ilegales en la relavera A fueron advertidas por el
Osinergmin en una supervisión realizada en julio de 2009. Sobre
ello, Osinergmin da recomendaciones (el retiro desechos de la
zona ampliada, la adecuación de la operación al estudio técnico,
entre otras) e inicia un proceso sancionador.

5. • ¿Por qué ante dicha situación no se paralizó la actividad?
• Porque la norma solo prevé este tipo de medida cuando hay un
peligro inminente.
• Otras infracciones de Caudalosa:
- En julio de 2009 también se supervisa la relavera B y se paraliza sus
actividades por incumplimiento de estándares, procedimientos y
prácticas de trabajo seguro.
- La planta concentradora de Huachocolpa operó de enero a junio de
2009 por encima del 50% de su capacidad autorizada.

6. - En 4 monitoreos ambientales realizados el 2008 se encontró pH, STS y Zn
por encima de los LMP.
- El 2009 se realizaron monitoreos con similares resultados. En ambos
casos se iniciaron procesos sancionadores que aún no concluyen.
- El 2007 se produjeron 3 accidentes fatales en sus instalaciones.
- Problemas de ventilación en el interior de la mina durante el 2007.
- ¿Por qué la intervención del órgano supervisor y fiscalizador no corrigió la
conducta de esta empresa?

7. Reflexiones
• El sistema de fiscalización (articulación y
coordinación de los órganos que intervienen
en ella, normas, procedimientos, etc) muestra
problemas.
• El órgano de supervisión y fiscalización
necesita fortalecerse con mayores niveles de
independencia funcional, técnica y
económica.

8. • En el tema de recursos cabe mencionar que para el 2010 los
presupuestos institucionales de apertura eran:
Osinergmin S/206,860,337
Ministerio del Ambiente S/66,620,813
OEFA S/ 4,861,000
La fuente de financiamiento de Osinergmin son recursos
directamente recaudados del aporte por regulación que
realizan las empresas de hidrocarburos y electricidad (1% del
valor de su facturación anual)

9. • El arancel para la fiscalización y los recursos
provenientes de las multas no son suficientes para
solventar el costo de lo que supone una adecuada
supervisión y fiscalización.
• Ayudaría a una supervisión y fiscalización más eficaz
el que el órgano competente para hacerlo también
apruebe los estudios de impacto ambiental. Ello
permitiría establecer compromisos más claros y
detallados y por lo tanto, exigibles.

10. • Es necesario actualizar el Reglamento de Protección ambiental del Sector
y sus normas complementarias a fin de favorecer la prevención, etc.
• Es necesario actualizar las normas de tipificación de infracciones y
establecimiento de sanciones.
• Desarrollar una estrecha coordinación con las entidades que deben
intervenir en esta función.
• Promover la la vigilancia ambiental en la población, por lo tanto
desarrollar capacidades en ella y dotarla de instrumentos.