El documento propone la necesidad urgente de una constituyente económica que regule la administración de los recursos públicos y permita la participación ciudadana. Actualmente el gobierno controla más del 50% del tesoro público sin supervisión y ha habido despilfarro. La constituyente económica crearía leyes para declarar bienes, prohibir el mal uso de fondos públicos y someter decisiones como devaluaciones a discusión pública.