El documento discute los problemas con la descentralización fiscal en Venezuela. Señala que aunque la constitución de 1999 preservó avances en la descentralización de 1989, existen fallas graves en el diseño del estado federal descentralizado. La implementación de mecanismos que reducen los aportes fiscales de PDVSA al presupuesto constituyen un fraude a la constitución, y la estatización de la economía minimizará los ingresos asignados a los estados.