Este documento describe el proceso de elaboración de la Ley del Medio Ambiente de Bolivia de 1992. Se destaca que la ley fue el resultado de un proceso participativo sin precedentes que involucró a diversos actores a nivel nacional. Además, la ley estableció un marco jurídico para la gestión ambiental y la conservación de recursos naturales en el país y ha permitido avances como la creación de áreas protegidas y fondos de financiamiento. Sin embargo, la aplicación de la ley aún enfrenta desafíos como la falta de institucionalidad

1. 1. Introducción
Con la puesta en vigencia de la Ley del Medio Ambiente (Ley
1333 del 27 de abril de 1992) se estableció en Bolivia un
nuevo marco jurídico para la preservación y conservación
del medio ambiente y de los recursos naturales, además de
constituirse la base sustantiva de un nuevo derecho que em-
pieza a gestarse como conjunto de normas sistematizadas
que deben regir la problemática ambiental.
La Ley tiene por objeto establecer un marco legal adecuado
para regular la intervención del hombre en su medio, así co-
mo, para normar bajo un nuevo concepto jurídico el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales. Emana de una
respuesta a la necesidad de implementar un nuevo ordena-
miento legal y regulatorio completo, coherente, sistematiza-
do y acorde a las necesidades y realidades del país y sus re-
giones.
Nace además de la constatación del deterioro generalizado
del ambiente y del impacto sobre los recursos naturales, y
propone incorporar la variable ambiental a la problemática
del desarrollo, bajo el principio de la sostenibilidad. Estable-
ce una nueva concepción de lo que puede significar la con-
servación del medio ambiente y su vinculación directa con el
desarrollo, ensanchando la concepción tradicional proteccio-
nista e involucrando dentro de su contexto el aprovecha-
miento sostenible de los recursos naturales renovables y el
mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas.
2. Un proceso novedoso de
elaboración de la ley
Pocas veces en Bolivia un instrumento normativo respondió
a una dinámica de participación en la cual se pudo recoger
las grandes preocupaciones o el sentir de la sociedad. En la
mayoría de los casos, la formulación de leyes, decretos o de
meras disposiciones de cualquier índole, responde a intere-
ses o es producto de la propia coyuntura del poder.
Desde el inicio del Proyecto de Elaboración de la Ley Gene-
ral del Medio Ambiente, se buscaron las mejores formas de
lograr una amplia participación de los actores protagónicos
de esta problemática. Los grandes principios y postulados
que la orientan fueron recabados en consenso como resulta-
do de diferentes actividades, reuniones y talleres desarrolla-
dos en todos los departamentos del país, de los que partici-
paron representantes nacionales, partidos políticos, organi-
zaciones públicas y privadas, agrupaciones cívicas, empre-
sariales, conservacionistas y sociales.
De no haber existido el enfoque pluralista, democrático, des-
centralizado y multidisciplinario con que se llevó a cabo su
responsable tratamiento, y de no haber primado un adecua-
do nivel técnico y de especialización en los diferentes temas
que conforman la problemática ambiental, no hubiese sido
posible contar hoy en día con una ley de esta naturaleza,
donde muchos intereses están en contraposición.
Cabe remarcar y hacer un reconocimiento al trabajo realiza-
do por la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Di-
putados, el apoyo técnico de LIDEMA (Liga de Defensa del
Medio Ambiente), organización que aglutina en su seno a va-
rias organizaciones no gubernamentales que trabajan por la
conservación ambiental, y el papel de destacados profesio-
nales, expertos y consultores de apoyo, quienes contribuye-
ron a dotar al país de una Ley, que a decir de organismos
internacionales y del propio Programa de la Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA), constituye una valiosa
herramienta jurídica para el desarrollo sostenible de nues-
tros pueblos.
Resulta necesario también destacar la participación de las
regiones en todo el proceso y la importancia y el rol desem-
peñado por los Comités Cívicos, en representación de los
verdaderos intereses de la región y de sus propias institucio-
nes. Finalmente, el apoyo y la contribución financiera de
USAID - PL 480, Gobiernos de Alemania, España y Bélgica,
así como de la propia Cámara de Diputados, quienes hicie-
ron posible costear los gastos que demandó dicho proceso
participativo.
Esta modalidad de encarar los procesos de formulación o
elaboración de nuevos marcos normativos y de construir el
derecho al desarrollo sostenible, resulta hasta la fecha la téc-
nica y herramienta jurídica más eficaz y provechosa lograda
en los últimos tiempos, algo digno de imitar en todos nues-
tros países de la región.
3. Un nuevo modelo de gestión (perspectivas)
La gestión ambiental debe estar comprendida en el marco
del proceso de desarrollo histórico, demográfico, social, cul-
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Sociedad Boliviana de Derecho Ambiental.
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LA EXPERIENCIA EN BOLIVIA (1992 – 2002)
A 10 AÑOS DE LA VIGENCIA DE LA LEY DEL MEDIO AMBIENTE
por Ricardo Cronembold Bello1
ASPECTOS INSTITUCIONALES, COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

2. tural, político y económico de nuestros países, con todas su
peculiaridades, diversidad, potencialidades y limitaciones.
En este desarrollo sin embargo, la conservación de los recur-
sos naturales y el medio ambiente a lo largo de la historia ha
tenido un perfil bajo, una escasa valoración, considerando
esta práctica marginal, ajena a la realidad nacional o poco
significativa a la hora de establecer las políticas y las accio-
nes del desarrollo.
Pese a ello, es menester reconocer que, en los últimos años,
la gestión ambiental iniciada en Bolivia con la puesta en vi-
gencia de la Ley del Medio Ambiente, tiende a rever dicha si-
tuación y a reconquistar este espacio dentro de la realidad y
la dinámica nacional y regional. De hecho los avances en la
materia son una prueba de esta posibilidad.
Procesos como la descentralización administrativa, la partici-
pación popular (municipalización), el control y monitoreo am-
biental, la evaluación del impacto ambiental, el ordenamien-
to territorial, los planes de manejo, uso y aprovechamiento
de los recursos naturales, replantean de manera dinámica y
crítica conceptos, políticas e instrumentos de planificación y
gestión de épocas pasadas, para formular de forma vigoro-
sa y creativa una nueva visión de futuro y sostenible del de-
sarrollo.
La problemática ambiental en Bolivia está hoy en día, de al-
guna manera, intrínsecamente vinculada a los procesos de
nuestro desarrollo. Está contenida en las modalidades asu-
midas en los campos de producción, consumo y distribución
impuestas por los diferentes estilos de desarrollo heredados
del pasado, en el vigente y en las corrientes económicas ac-
tualmente en ascenso.
Son las prioridades derivadas de ellos, muchas veces funcio-
nales a estilos de vida no acordes con las necesidades de la
mayoría de la población, las que han determinado una rela-
ción sociedad – naturaleza desventajosa para esta última y
han definido trayectorias de desarrollo que no son, bajo nin-
gún punto de vista, sostenibles. Aunque de manera general
debemos compartir los efectos del deterioro ambiental del
planeta, también debemos reconocer que nuestros proble-
mas ambientales no son los mismos que afectan a los paí-
ses industrializados. En nuestro país, gran parte de éstos,
afectan directamente a la salud y la vida misma de la pobla-
ción, y definen una calidad de vida precaria e insalubre para
las grandes mayorías nacionales.
Por su parte, las limitaciones de nuestro propio desarrollo y
nuestra dependencia expresada en obligaciones a asumir
por compromisos de endeudamiento externo, provocan tam-
bién procesos de degradación ambiental. Las manifestacio-
nes de la pobreza tales como la insuficiencia de servicios bá-
sicos, la desnutrición, la falta de atención y desamparo rural
y las limitaciones del sistema educativo en general, entre
otras, retroalimentan y profundizan la pobreza, al desenca-
denar procesos de degradación del hábitat, exponiendo a la
mayoría de la población a una calidad de vida inadecuada e
inaceptable.
Los esfuerzos por una modernización del Estado se sienten
por doquier. Los gobiernos tratan a toda costa de impulsar y
poner en práctica políticas, leyes y modelos económicos
orientados en lo particular a superar la grave recesión eco-
nómica, a frenar la inflación y lograr un crecimiento en este
campo y por mantener una democracia estable.
Nuevos actores sociales como la emergencia de las regio-
nes, los gobiernos municipales o locales, así como los pue-
blos y comunidades indígenas en el escenario social; nuevos
roles, debates y formas políticas; e incluso un contexto inter-
nacional y subregional dinámico y renovado en los últimos
tiempos, son elementos de este tránsito hacia un nuevo ciclo
de la historia nacional. Sin embargo, ésta todavía no tiene un
perfil definido, ni otro nombre que el del período de la esta-
bilidad democrática en transición, que desafía a la creativi-
dad y a la búsqueda de alternativas de solución, en medio de
profundas crisis económicas de los países y de escándalos
de corrupción atribuibles a sus gobernantes.
Bajo esta perspectiva, es posible afirmar que la problemáti-
ca ambiental en Bolivia, institucionalidad mediante la Ley
1.333, constituye otro de estos elementos que caracterizan
este período en transición. Los problemas ambientales y la
pretensión de incorporar la naturaleza en la gestión del de-
sarrollo, plantean un nuevo escenario amplio y complejo de
problemas nacionales en donde está involucrada la sociedad
entera en su relación con su medio ambiente.
Siendo la gestión ambiental un medio de alcanzar un fin supe-
rior que se resume en un desarrollo sostenible a largo plazo,
adecuado en función de los recursos naturales y la capacidad
ecológica de nuestro territorio, la gestión ambiental del Esta-
do debe procurar un conjunto de acciones normativas, admi-
nistrativas y operativas que lo impulsen, promuevan y logren
resultados positivos en términos de mejorar la calidad de vida
de la población, bajo el criterio de equidad y justicia social.
4. Los grandes logros
El concepto del desarrollo sostenible, como modelo de desa-
rrollo a alcanzar, la planificación y gestión ambiental han si-
do incorporados a través de la Ley del Medio Ambiente al de-
recho positivo boliviano, mediante instrumentos y procesos
normativos como ser la evaluación de impacto ambiental, el
ordenamiento territorial , los sistemas de control de la calidad
ambiental, infracciones administrativas y delitos ambienta-
les, entre otros.
Asimismo, esta ley de carácter general o ley marco, ha per-
mito el desarrollo de otras legislaciones relacionadas a re-
cursos naturales como ser la del sector forestal, conserva-
ción de la biodiversidad, áreas protegidas, de acceso a los
recursos genéticos, uso de suelos, entre otras.
Cabe resaltar que la propia Ley estableció y puso en vigen-
cia un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el mismo que
sirve de marco legal para el manejo y conservación de los
principales Parques Nacionales en Bolivia.
En la actualidad, la Ley cuenta con su principal reglamenta-
ción en vigencia, que establece los procedimientos técnicos,
administrativos y jurídicos para su aplicación y cumplimiento,
en diferentes cuerpos regulatorios referentes a: a. la gestión
ambiental, b. prevención y control ambiental, c. contamina-
1º CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL EN AMÉRICA LATINA - FARN
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3. ción atmosférica, d. contaminación hídrica, e. actividades
con sustancias peligrosas y f. de gestión de residuos sólidos.
La puesta en vigencia de la Ley ha permitido el estableci-
miento de políticas, planes y proyectos estratégicos ambien-
tales multisectoriales en algunas oficinas públicas, ministe-
rios, prefecturas y alcaldías, así como también ha
posibilitado la captación de recursos económicos y financie-
ros para proyectos ambientalmente sostenibles, inicialmente
con la creación del Fondo Nacional del Medio Ambiente (FO-
NAMA) y actualmente con la constitución de fondos en fidei-
comiso con recursos provenientes de organismos financie-
ros internacionales, multilaterales o regionales, así como de
algunos países desarrollados interesados en la problemáti-
ca. De igual forma, se ha logrado desarrollar, aunque no en
un nivel deseado, mayor y mejor información técnica que
permite prevenir y controlar impactos ambientales, en espe-
cial, en algunos proyectos de desarrollo u obras de grandes
dimensiones e inversiones.
Finalmente, la Ley resulta ser, aunque no todavía del todo
convincente, una herramienta de promoción de conciencia
ciudadana y de denuncia pública de los recursos y derechos
que otorga como instrumentos de participación popular en
defensa de los derechos de la colectividad.
5. Impases o debilidades
Los derechos ambientales ofrecen hoy en nuestro país, y
hay casos similares casi en toda Latinoamérica, escenarios
paradójicos. Por un lado, son el caballito de batalla de dis-
cursos políticos y jurídicos; y por otra, son materia de graves
y sistémicas violaciones. Es una normativa reconocida en in-
numerables textos legales, pero que no se traduce en prác-
ticas incorporadas al comportamiento de autoridades y fun-
cionarios públicos.
De todas formas, ocurrido el daño o denunciado el asunto, la
población sabe o entiende que existe una ley y que el caso
es penado o amerita una reparación. Es necesario hacer no-
tar que, el conjunto de la sociedad no ha hecho plenamente
suya todavía la demanda de la plena vigencia de los dere-
chos que la Ley del Medio Ambiente le otorga, aunque en ca-
sos aislados en los últimos años, la preocupación sobre la
materia ha logrado avanzar considerablemente.
Los constantes cambios de las estructuras del Poder Ejecu-
tivo, han generado una confusión total respecto de la autori-
dad ambiental competente. Nadie sabe ante qué autoridad
recurrir, ni tampoco se cuenta con funcionarios públicos ca-
pacitados para atender y llevar adelante una gestión respon-
sable, ni se cuenta con mecanismos de información y difu-
sión adecuados, lo que origina un caos en la administración
pública, debido en gran parte al manejo político de quienes
administran la gestión y al constante cambio de personal de
las instituciones responsables.
La constante asignación de tareas y responsabilidades en un
marco institucional precario y débil, sin los recursos econó-
micos y logísticos necesarios, debilita los procesos y siste-
mas instaurados, haciendo que los mismos se conviertan te-
diosos, burocráticos y generen corrupción en la gestión.
La Ley del Medio Ambiente fue pensada y creó los espacios
necesarios para que los pueblos y las regiones constituyan
su propia gestión en función a sus propias realidades, situa-
ción que no ha sido aprovechada de esa manera, dejando de
lado una gestión descentralizada, permitiendo en la actuali-
dad haber vuelto a las prácticas tradicionales del centralis-
mo. Es necesario remarcar el espíritu descentralizador de la
Ley 1.333 que queda esclarecido en la creación del Conse-
jo Departamental del Medio Ambiente (CODEMA) con la atri-
bución de definir la política ambiental y controlar la gestión
ambiental a nivel departamental.
Finalmente, resulta necesario hoy en día reformular y ade-
cuar el marco institucional de la Ley, es decir dejar claramen-
te sentadas las responsabilidades y tareas asignadas a la
“autoridad ambiental” a nivel de instancias nacionales, de-
partamentales, sectoriales y locales. Tal trabajo debe compi-
larse en función a los cambios estructurales al que ha esta-
do sometido el Poder Ejecutivo. Para ellos, se deberá
compilar en base a los postulados de la Ley de Descentrali-
zación Administrativa, Ley de Participación Popular, Ley de
Municipalidades, generando en lo posible una mayor partici-
pación del Gobierno Municipal y de los vecinos en los asun-
tos ambientales.
6. Los grandes desafíos
Es preocupante hablar de las oportunidades que nos depara
el desarrollo sostenible. A diez años de la vigencia de la Ley
del Medio Ambiente el camino del desarrollo sostenible ape-
nas se ha iniciado.
Inicialmente, algunos esfuerzos dieron como resultado, la
creación del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Am-
biente, como instrumento articulador del desarrollo nacional,
que previó incorporar la variable ambiental a los procesos de
planificación del desarrollo. A la fecha, dicha instancia ha
perdido el peso político necesario para hacer frente a los in-
tereses y a las políticas que predominan para el desarrollo
de ciertos sectores productivos o de servicios.
Esta situación es el reflejo fiel de la que atraviesan muchos
de nuestros países latinoamericanos a diez años también de
la Cumbre de la Tierra. Logros aún insuficientes muestra la
región, pese al entusiasmo y a los compromisos que se pu-
sieron en marcha por parte de los Estados y de la Sociedad
Civil para llevar adelante y cumplir con una Agenda 21, que
contiene una serie de líneas de acción sobre una variedad
de temáticas. Asimismo, se organizaron posteriormente,
cumbres regionales, incluyéndose una destinada a la consi-
deración y el tratamiento de la problemática del desarrollo
sostenible, como fuera la Cumbre y la Declaración de San-
ta Cruz de la Sierra.
Un documento reciente elaborado conjuntamente por la CE-
PAL/PNUMA “La sostenibilidad del desarrollo en América La-
tina y el Caribe: desafíos y oportunidades”, nos señala que
la revisión del comportamiento del desempeño económico y
social en los años noventa, y el análisis de la situación am-
biental, nos sitúa en una etapa llena de contradicciones.
ASPECTOS INSTITUCIONALES, COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
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4. Se puede apreciar que la transformación productiva de la úl-
tima década tiene relación directa con la globalización. Si
bien el sector primario disminuyó en el total de la producción,
frente al sector secundario y/o terciario, principalmente por
las grandes inversiones realizadas en programas de integra-
ción física, servicios de transportes, energéticos y proyectos
de telecomunicaciones, la ampliación de la frontera agrícola
continúa en base a un gran impacto sobre las recursos natu-
rales, en especial sobre los bosques nativos y la diversidad
biológica, y la extracción de minerales e hidrocarburos man-
tiene una tendencia creciente.
Por otro lado, como indica dicho documento, es bueno reco-
nocer que, si bien el volumen de exportaciones provenientes
de sectores con reconocido impacto ambiental (aluminio, pa-
pel, celulosa), se ha triplicado en la mayoría de los países
productores, cuenta con sistemas productivos más limpios,
por lo que las actividades primarias pueden provocar un me-
nor impacto o degradación ambiental por unidad de produc-
to. Eso también se puede percibir en los cambios tecnológi-
cos ya iniciados en el sector industrial donde el
mejoramiento de procesos de producción de bienes y servi-
cios y las exigencias de calidad, han logrado un efecto sinér-
gico.
7. Insuficiencia de recursos económicos
y financieros
Tampoco “se ha avanzado lo suficiente en lo que respecta a
las metas financieras que la comunidad internacional se
comprometió alcanzar en el Programa 21”, sostiene la CE-
PAL en el documento “El Financiamiento para el desarrollo
sostenible en América Latina y el Caribe”. En dicho informe
se recomienda una acción regional más integrada y coordi-
nada para que la cooperación internacional dé mayores fru-
tos y los países de la región logren una inserción comercial
más sostenible.
Según el estudio se observan algunas tendencias que pre-
valecen. Por un lado la disminución de los flujos de asisten-
cia oficial para el desarrollo (AOD), lo que representa ahora
menos de la tercera parte de los compromisos asumidos en
Río. Por el otro, se aprecia por el contrario, que los flujos fi-
nancieros internacionales privados aumentaron. Sin embar-
go, su volatilidad es preocupante y su concentración en paí-
ses desarrollados o economías emergentes margina a los
más pobres.
Asimismo, el estudio hace referencia a que se incrementaron
los aportes financieros de organismos internacionales para
apoyar la gestión ambiental y se empezaron a aplicar crite-
rios ambientales en la evaluación de todos sus proyectos. De
igual forma, comenzaron a operar fondos multilaterales inter-
nacionales de carácter concesional, aunque los recursos son
limitados.
Finalmente, se señala que las políticas de financiamiento in-
terno del desarrollo sostenible, expresado en el gasto am-
biental tanto público como privado, evolucionan con lentitud,
lo que refleja la debilidad institucional pertinente dentro de
los aparatos estatales. Con diferencias nacionales, en la re-
gión el gasto ambiental total no suele superar el 1% del PBI.
La realidad boliviana puede ser aún peor que la de otros paí-
ses de la región. De acuerdo con el informe sobre la pobre-
za rural en el año 2001 del FIDA (Fondo Internacional de De-
sarrollo Agrícola), la mayoría de las personas en situación de
extrema pobreza viven en zonas rurales y dependen de la
agricultura y otras actividades conexas de subsistencia.
Aunque la cooperación internacional para el desarrollo da
cada vez más prioridad a la pobreza (Iniciativa HIPC), aún
no se ha concentrado plenamente a llegar a los pobres en su
medio de vida o hábitat y en proporcionarles los medios más
necesarios o instrumentos para consolidar sus fuentes de
subsistencia. Esto trae a colación una mala utilización de los
recursos y un fuerte impacto social y económico sobre el pa-
trimonio natural y por ende a la comunidad. Por otro lado, la
asistencia a la agricultura ha disminuido considerablemente
y muchos países industrializados apelan hoy en día al régi-
men de subsidios internos para el sector.
Para muchos países pobres como Bolivia, la canalización de
la ayuda externa y las inversiones nacionales hacia el sector
rural constituyen una de las formas más eficaces de promo-
ver el crecimiento económico y el desarrollo sostenible, ade-
más de constituir el medio más directo para reducir en gran
porcentaje la pobreza, erradicar el hambre y conservar el
ecosistema. Es alarmante ver los índices que lastimosamen-
te muestra el área rural en cuanto a mortalidad infantil, des-
nutrición, grado de analfabetismo, desempleo, de carencia o
falta de servicios básicos, etc. Con todo ello, todavía no es-
tamos en condiciones de hablar del desarrollo sostenible y
de sus logros significativos.
1º CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL EN AMÉRICA LATINA - FARN
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