Políticas publicas en el sector medio ambiente

1. 1
POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL SECTOR MEDIO
AMBIENTE
Introducción
Durante los últimos años hemos aprendido que no es posible ignorar el
creciente impacto de las actividades humanas hacia el medio ambiente.
El riesgo que corremos al sobrecargar la capacidad de la tierra para absorber
desperdicios contaminantes del aire y del agua, lluvia acida, desechos
sólidos, desperdicios tóxicos. Como resultado, las consideraciones
ambientales han pasado a ocupar un lugar importante en las
estrategias y políticas de desarrollo en todos los países.
Buscar el crecimiento económico primero, para luego añadir medidas que
mitiguen su impacto negativo sobre el medio ambiente no es eficaz ni
eficiente, particularmente desde el punto de vista de la relación entre
el costo de las medidas paliativas y sus resultados.
Una concepción más adecuada del desarrollo debe llevar hacia medidas que
promueven en forma simultánea el crecimiento económico, la reducción de
la pobreza y mejoras en el medio ambiente, es decir el desarrollo sostenible.
Sin embargo es muy probable que se vaya reduciendo el espacio para este
tipo de medidas con las cuales se satisfacen varios objetivos a la vez y en las
que salen ganando todos.
En tal sentido, en base al proceso de integración de los aspectos sociales,
ambientales y económicos de las políticas públicas y la satisfacción de las
necesidades de las actuales y futuras generaciones, la Política Nacional del

2. 2
Ambiente es un instrumento de cumplimiento obligatorio, que orienta las
actividades públicas y privadas.
CAPÍTULO I
Conceptos generales
POLÍTICAS PÚBLICAS
1.1 ¿QUE SE ENTIENDE POR POLITICAS PUBLICAS?
La política puede significar la realización de una acción específica ante
una situación social deseada en materia ambiental, por ejemplo. Sin
embargo, el diseño y desarrollo de las políticas obedece a las
correlaciones de poder de los diversos actores sociales y al dilema
de realizar planificación intelectual, tecnocrática o política con
interacción social y participación ciudadana.
Las políticas públicas, por lo tanto, se reconocen como un proceso de
aprendizaje colectivo para aumentar la capacidad de resolver problemas
e influyen de manera decisoria en la formulación y legitimación de la
agenda pública a través de un proceso de inter-locución y comunicación
democrática entre sociedad y gobierno.
Asimismo, las políticas públicas son un conjunto de acciones y
decisiones encaminadas a solucionar problemas propios de las
comunidades. En el diseño e implementación de las políticas públicas
pueden intervenir conjuntamente la sociedad civil, las entidades
privadas y las instancias gubernamentales en sus distintos niveles. Las
políticas públicas intentan solucionar problemas de diferentes tipos:
económicos, sociales, de infraestructura, ambientales, entre otros. Las

3. 3
políticas públicas pueden estar orientadas a toda la población –en este
caso se habla de políticas universales– o dirigirse a solucionar algún
problema de un grupo específico –en este caso se habla de políticas
focalizadas–.
En síntesis las Políticas Públicas son Procesos Decisionales en contextos
complejos y de múltiples actores que definen los fines y la estrategia
de la intervención estatal.
CAPÍTULO II
POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL SECTOR MEDIO AMBIENTE
2.1 CONCEPTO.-
Un aspecto fundamental debe integrar y jerarquizar factores que redunden
en una gestión capaz de provocar un cambio de signo en los procesos
ambientales deteriorados: la forma en que se generan las políticas
ambientales públicas derivadas de la aplicación de la legislación vigente y
de los programas de gobierno. Hasta ahora no se ha reconocido debidamente
la importancia de este factor para impulsar la incorporación del tema
ambiental. Como sabemos las políticas son el conjunto de objetivos,
principios, criterios y orientaciones generales para la protección del
ambiente de una sociedad particular. En este sentido, constituyen las
visiones estratégicas, las visiones comunes y compartidas de corto, mediano
y largo plazo, orientadas a garantizar la sustentabilidad del desarrollo. Las
políticas se expresan en documentos o declaraciones provenientes de
autoridades nacionales (el Presidente de la República y el Congreso),

4. 4
sectoriales (los ministerios y las instituciones autónomas) o específicamente
ambientales (Ministerio del Ambiente).
Algunas veces, una política puede tener efectos en forma inmediata y
directa, pero generalmente necesita de un instrumento que actúe por medio
de una estructura organizativa y un conjunto de mecanismos operativos. En
otras palabras, esas políticas se ponen en marcha mediante una amplia
variedad de instrumentos y planes.
La adopción de políticas ambientales y la gestión que en el campo público o
privado se desarrolla prevé evitar conflictos ambientales y mejorar la calidad
de los productos, los procesos y, en general, el estándar de vida colectivo.
Se dice que las políticas ambientales determinan la orientación de un sujeto
público o privado para la sustentabilidad de su desarrollo en su triple
dimensión: social, económica y ecológica. Dada la estrecha interrelación
entre desarrollo y ambiente, la pertinencia de lo ambiental en toda actividad
pública y privada, y la complejidad de sus articulaciones con los aspectos
sociales, culturales, económicos y geográficos, la definición de las políticas
ambientales debieran ser tan complejas como su naturaleza. Sin embargo,
es imprescindible que una política sea simple de expresar y para ello, debe
ser capaz de: 1) convertir el crecimiento económico en desarrollo sustentable
a través de un equilibrio entre el desarrollo socioeconómico, utilización de
recursos naturales y conservación del ambiente; y 2) generar el cambio
mediante lineamientos de política, con principios de gestión e instrumentos
aplicados por los sectores tanto público como privado.
Por lo tanto la política pública en sector ambiental es el conjunto de los
esfuerzos políticos para conservar las bases naturales de la vida humana y
conseguir un desarrollo sostenible. Desde los años 70, con
la conciencia ambiental creciente, se ha convertido en un sector político
autónomo cada vez más importante tanto a nivel regional y nacional como

5. 5
internacional. En los gobiernos de muchos países hay un ministerio
encargado de temas ambientales y a nivel de empresa empresas la política
ambiental es un requisito de los sistemas de gestión medioambiental
certificados (como ISO 14001).
2.2 BASE LEGAL.-
La Constitución Política del Perú reconoce que la persona es el fin supremo
de la sociedad y del Estado y privilegia el derecho fundamental a gozar de
un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida. Del mismo
modo, los artículos 66° al 69°, disponen que el Estado deba determinar la
Política Nacional del Ambiente, y que los recursos naturales, renovables y
no renovables, sean patrimonio de la Nación. Precisa que el Estado está
obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y las áreas
naturales protegidas, en el territorio nacional, así como el desarrollo
sostenible de la Amazonía.
El Ministerio del Ambiente es el ente rector del Sector Ambiente y
la autoridad competente para formular la Políticas Publicas en el Sector
Medio Ambiente aplicable a los tres niveles de gobierno, conforme a lo
dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1013 que aprueba la Ley de
creación, organización y funciones de este organismo.
La Política Nacional del Ambiente se estructura en base a la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley N° 29158, que por su jerarquía y su
promulgación posterior a la Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611.
Teniendo en cuenta que las políticas de Estado deben integrar las
política ambientales con las demás políticas públicas, la Política
Nacional del Ambiente se elabora en concordancia con lo dispuesto en
la Ley General del Ambiente y otras normas, tales como la Ley Nº 27783,
Ley de Bases de la Descentralización; Ley Nº 27867, Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales; Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,

6. 6
la Ley Nº 26821, Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de
los Recursos Naturales; así como con los tratados internacionales
suscritos por el país.
En tal sentido, en base al proceso de integración de los aspectos sociales,
ambientales y económicos de las políticas públicas y la satisfacción de
las necesidades de las actuales y futuras generaciones, la Política
Nacional del Ambiente es un instrumento de cumplimiento obligatorio,
que orienta las actividades públicas y privadas. Asimismo, esta política
sirve de base para la formulación del Plan Nacional de Acción Ambiental,
la Agenda Nacional de Acción Ambiental y otros instrumentos de gestión
pública ambiental en el marco del Sistema Nacional de Gestión
Ambiental. La Política Nacional del Ambiente considera los lineamientos
de las políticas públicas establecidos por la Ley N° 29158, Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y las disposiciones de la Ley N° 28611, Ley General
del Ambiente. Define los objetivos prioritarios, lineamientos, contenidos
principales y estándares nacionales de obligatorio cumplimiento.
Conforma la política general de gobierno en materia ambiental, la cual
enmarca las políticas sectoriales, regionales y locales.
2.3 PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE LA POLITICAS PÚBLICAS EN EL
SECTOR MEDIO AMBIENTE.-
Estos principios son aquellos que orientan el recorrido específico que
debemos efectuar en el proceso de toma de decisiones. Entre ellos se
podría destacar los siguientes:
1) Obligatoriedad en el cumplimiento de las políticas ambientales
preestablecidas y de las normas que se dicten para alcanzar sus
objetivos;

7. 7
2) Articulación en el ejercicio de las funciones públicas de acuerdo con el
carácter transectorial de la gestión ambiental;
3) Descentralización y desconcentración de capacidades y funciones;
4) Simplificación administrativa, a n de unificar, reducir y simplificar los
procedimientos y trámites administrativos en materia ambiental y
garantizar que ellos no tengan que ser iniciados ante más de una
dependencia pública;
5) Coherencia, orientada a eliminar y evitar superposiciones, duplicidades y
vacíos en el ejercicio de las competencias ambientales;
6) Transparencia de los procedimientos y trámites administrativos.
7) Participación y concertación, a fin de promover la integración de las
organizaciones representativas del sector privado y la sociedad civil en la
toma de decisiones ambientales;
8) Priorización de mecanismos alternativos para la resolución de conflictos;
9) Prevención en la gestión ambiental;
10) Complementariedad entre los instrumentos de incentivo y sanción,
con privilegio de la eficiencia, la prevención, la adopción de buenas
prácticas ambientales y el mejoramiento continuo del desempeño
ambiental;
11) Valorización e internalización de costos ambientales;
12) Permanencia, continuidad y transparencia de las acciones de
fiscalización;
13) Generación de instrumentos que garanticen, en plenitud, el derecho de
información; y, finalmente,

8. 8
14) Integración ambiental, con el objetivo de buscar la complementariedad
entre desarrollo y medio ambiente, y procurar que la variable ambiental
esté involucrada en los planes y políticas de desarrollo.
2.4 PRINCIPIOS DE LA POLITICA AMBIENTAL.-
Los principios de la política ambiental se sustentan en los contenidos en
la ley general del ambiente y adicionalmente en los siguientes principios.
 Transectorialidad: el carácter transectorial de la gestión implica que
la actuación de las autoridades públicas
con competencias ambientales debe ser coordinadas y procesadas a
nivel nacional, sectorial, regional y local, con el objetivo de asegurar
las acciones de acciones integradas, para optimizar sus resultados.
 Análisis costo - beneficio: las acciones públicas deben considerar
el análisis entre los recursos a invertir y los retornos
 Competitividad: las acciones públicas en matera ambiental deben
contribuir a mejor la competitividad del país en el marco del desarrollo
socioeconómico y la protección del interés público.
 Gestión por resultados: las acciones públicas deben a una gestión
por resultados e incluir mecanismos de incentivo y sanción para
asegurar el adecuado cumplimiento de los resultados esperados.
 Seguridad jurídica: las acciones públicas deben sustentarse en
normas y criterios claros, coherentes y consisten en el tiempo, a fin
de asegurar la productividad, confianza y gradualismo de la gestión
pública en material ambiental.
 Mejora continua: la sostenibilidad ambiental es un objetivo de largo
plazo que debe alcanzarse a través de esfuerzos progresivos,
dinámicos, y permanentes, que mejoras incrementales.

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 Cooperación pública y privada: debe propinarse la conjunción de
esfuerzos entre las acciones públicas y las del sector privado,
incluyendo a la sociedad civil, a fin de consolidar objetivos comunes y
compartir responsabilidades en la gestión ambiental.
2.5 TIPOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTALES
A decir de Nicolo Gligo, experto principal en Medio Ambiente de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, las políticas
ambientales públicas pueden ser de dos tipos: explícitas o implícitas.
2.5.1.- POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTALES EXPLÍCITAS
Esta categoría se refiere a las políticas que se originan en los
organismos centrales ambientales de la administración pública:
los ministerios del Ambiente o las comisiones o consejos
ambientales. Se califican como explícitas porque son aquellas
que están formuladas y publicadas en documentos oficiales,
aprobados o expedidos formalmente por algún organismo
estatal y que tienen como objetivo la protección ambiental. En
la práctica se les denomina políticas nacionales y subnacionales
sobre ambiente o sobre recursos particulares como el agua, los
bosques o el aire. Algunos elementos de la política ambiental
explícita se encuentran consagrados en la Constitución y la ley,
o en los decretos y resoluciones normativas y administrativas
que emanan del poder ejecutivo, para desarrollarlas o
reglamentarlas, y con frecuencia se reiteran en los documentos
referidos como política.
2.5.2.- POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTALES IMPLICITAS
Las políticas implícitas son aquellas decisiones que se toman en
otros ámbitos de la política pública o en los sectores

10. 10
productivos, y que influyen en la transformación del medio
ambiente.
Existen políticas ambientales implícitas que surgen de los
ministerios o del poder central y que se relacionan, casi todas,
con el crecimiento económico, pero su trascendencia no ha sido
debidamente analizada. Las políticas de crecimiento económico
y las políticas sociales son las que tienen un mayor peso relativo
en los países y, como suelen privilegiar el corto sobre el largo
plazo, generan políticas ambientales implícitas de signo
negativo. Al respecto, el Banco Mundial señala que se debe
reconocer la naturaleza inter-disciplinaria de los temas
ambientales y mejorar el entendimiento sobre los vínculos entre
las políticas que refieren a ese campo y las económicas. Sin
embargo, rara vez se toma en cuenta el efecto de las políticas
económicas de amplio espectro (por ejemplo, de la política fiscal,
de la referida a la promoción de la privatización, de las políticas
sectoriales, de la vinculada con el precio de los combustibles o
de las relacionadas con leyes de promoción de inversión) en la
formulación de políticas ambientales.
En general, las políticas ambientales implícitas, insertas o
difuminadas en las políticas económicas, son las siguientes:
1) Políticas macroeconómicas: En tanto repercuten en la
situación ambiental al mantener o extender una modalidad de
desarrollo abiertamente perjudicial para el ambiente. Dentro de
las políticas macroeconómicas, existen tres políticas que, desde
una perspectiva global, los países buscan profundizar:
(a) políticas de fomento a las exportaciones,

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(b) política de captación de inversiones extranjeras y
(c) política de fomento de la ocupación del espacio
territorial.
2) Políticas económicas sectoriales: Estas políticas generan
políticas ambientales de la mayor importancia. Dentro de estas
destacan:
(a) políticas de desarrollo industrial,
(b) políticas de desarrollo energético,
(c) políticas agrícolas,
(d) políticas de reforestación y explotación forestal,
(e) políticas de obras públicas,
(f) políticas de desarrollo científico y tecnológico, y
(g) políticas de desarrollo urbano.
Entre las políticas ambientales implícitas deben recibir especial
atención las contenidas en las políticas de apertura económica y en
los acuerdos comerciales que han surgido en la región como respuesta
al proceso de globalización de la economía. Entre estos últimos
pueden citarse los acuerdos comerciales alcanzados en el Mercado
Común del Sur (Mercosur), así como los Tratados de Libre Comercio
alcanzados entre Peru y China; México, Estados Unidos y Canadá;
Estados Unidos y Perú; Perú y Canadá, entre otros.

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2.6 TIPOS DE INSTRUMENTO DE POLÍTICA AMBIENTAL
Un instrumento de política puede ser una regulación compleja que
comprenda uno o más de los siguientes elementos:
1) Un instrumento legal, que incorpora la política o componentes de
ella en una ley, norma o decreto. Los acuerdos formales y los contratos
con el Estado también pueden ser clasificados en esta categoría. Debe
precisarse que un dispositivo legal constituye la operativización de
una política y va más allá de ella, estableciendo obligaciones,
derechos, recompensas y sanciones asociadas a su cumplimiento.
2) Una estructura organizativa a cargo de la implementación de
la política. Este ámbito puede comprender los siguientes aspectos:
(a) Una o más instituciones. Una política puede ser puesta en
práctica mediante una o más instituciones existentes, o una entidad
nueva fundada para ese efecto. Esto puede ser visto como el hardware
de una estructura organizativa.
(b) Los procedimientos, metodologías, criterios de decisión y los
programas que abarcan a una o más instituciones. Estos son de
naturaleza administrativa y técnica, y especifican los pasos que se
deben seguir para procesar o combinar información pertinente con el
propósito de aplicar la política. Pueden ser considerados como el
software de una estructura organizativa.
A menudo, las políticas ambientales son ejecutadas mediante
estructuras organizativas que ya existen para otras áreas de política.
3) Un conjunto de mecanismos operativos, que son los medios por los
cuales la estructura organizativa ejecuta las decisiones diarias y
busca lograr el objetivo previamente definido en las variables de la

13. 13
política que quiere influir. Operativización de un instrumento de
política: supervisión y cumplimiento.
A partir de la intervención de los actores que accionan los
instrumentos de política, estos pueden mostrar dinámicas y
características cambiantes. En la práctica, un instrumento de política
no se mantiene inamovible, sino que sufre modificaciones o se
reemplaza por otro. En este proceso de crecimiento, maduración y
decadencia, los agentes encargados de operarlo, que pueden ser
llamados los «ejecutores de política» o «tomadores de decisión»
(decision makers), juegan un rol muy importante. La operativización
de un instrumento de política empieza cuando se establecen los
dispositivos legales, estructuras organizativas y los mecanismos
operativos necesarios para su funcionamiento. La implementación de
una política con frecuencia implica modificaciones. Estas pueden
suponer cambios legales, adaptación de organizaciones, redefinición
de procedimientos operativos y, en general, un proceso de mutación
del instrumento para ajustarlo a los objetivos propuestos. Estos
procesos de cambio suceden mediante la intervención de los
responsables de la operativización del instrumento: los «ejecutores de
política» o «tomadores de decisión». En esencia, el «ejecutor de política»
o «tomador de decisión» es parte del mecanismo operativo del
instrumento de política, en tanto actúa dentro de un marco dado por
los dispositivos legales y estructuras organizativas, y se encarga de la
gestión permanente del instrumento de política. Este hecho no implica
que el ejecutor de política sea incapaz de modificar los marcos legales
y organizativos dentro de los cuales opera. El «ejecutor de política» o «
tomador de decisión» emerge, entonces, como el actor principal, cuya
función es mantener el instrumento funcionando conforme a los

14. 14
criterios originales establecidos en la política, introduciendo las
modificaciones necesarias en su estructura.
En síntesis, los instrumentos de política deben permitir la
implementación progresiva de las visiones estratégicas que se
definan y expresen en políticas.
Sin embargo, a pesar de que el impacto de las variables ambientales
en las políticas de desarrollo nacionales es un tema explorado en
abundancia, se sabe mucho menos sobre los procedimientos para
formular y ejecutar políticas ambientales. En el caso del Perú, el
Acuerdo Nacional ha esbozado de manera genérica la política de
institucionalidad de la gestión ambiental optimizando la coordinación
entre la sociedad civil, la autoridad ambiental nacional, las sectoriales
y los niveles de gestión descentralizada, en el marco de un sistema
nacional de gestión ambiental».
2.7 CARACTERÍSTICAS DE LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA
AMBIENTAL
La decisión de emplear un determinado instrumento en la ejecución
de políticas ambientales depende de la evaluación de algunas de sus
características:
(1) El alcance de un instrumento se refiere al rango afectado de
actividades o a los tipos de decisiones técnicas en las que pueda
influir. El alcance también puede referirse al tamaño y volumen de las
funciones y actividades afectadas.
(2) La cobertura de un instrumento se define como el número absoluto
o la proporción de unidades productivas, instancias de gobierno u
organizaciones de investigación a las cuales puede afectar. Este

15. 15
concepto se puede extender para considerar las consecuencias e
implicancias de la aplicación de la política.
(3) La equidad de un instrumento significa que debe buscarse el
mismo impacto sobre todas las unidades que tienen características
similares. Sin embargo, puede haber situaciones específicas en las
cuales el instrumento no puede aplicarse con igualdad a todos los
casos con características similares.
(4) La eficiencia de un instrumento es la relación entre el esfuerzo
(administrativo, financiero y técnico) desplegado y los efectos que
resultan de su uso. El esfuerzo puede incluir consideraciones de
carácter cuantitativo como el costo de su aplicación o de carácter
cualitativo como la experiencia requerida para operativizarlo.
(5) La efectividad se refiere a la probabilidad de obtener el resultado
deseado. La medición de efectividad puede resultar difícil, pues los
instrumentos de política no operan de un modo simple. Por ello, debe
tomarse en cuenta el efecto del instrumento, no solo sobre las
actividades para las cuales fue específicamente diseñado sino,
también, sobre otras variables como la efectividad de otros
instrumentos (complementariedad).
(6) La precaución.
2.7 CARACTERÍSTICAS DE LA LEGISLACIÓN PERUANA EN MATERIA
DE GESTIÓN DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES
Para comprender la problemática que afecta la normativa sobre
gestión del ambiente y los recursos naturales en el Perú debemos
considerar, al menos, cuatro puntos de conflicto en la legislación:

16. 16
(1) Existen severas contradicciones en los textos legales, tanto en la
propia Constitución como entre esta y las normas sectoriales, y entre
estas mismas. Así mismo, existen contradicciones entre los
enunciados productivos y los de conservación y uso sostenible de los
recursos naturales.
(2) Un segundo problema es la abundancia de legislación formulada
sin técnica legislativa, en tanto que las leyes no siempre incorporan
todas las disposiciones necesarias. Por ello, se recurre a legislar
mediante el reglamento con el objeto de suplir tales vacíos y, en
muchos casos, contradecir o frenar la aplicación de la ley, a pesar de
que el sentido del reglamento es el de ordenar y facilitar la
implementación de las normas legales.
(3) Un tercer problema se constata en las contradicciones entre las
políticas de gestión del ambiente y los recursos naturales, y el fomento
del crecimiento económico.
(4) Un cuarto factor que afecta el cumplimiento de la legislación es la
debilidad institucional y operativa para la implementación de las leyes
por parte de las instancias estatales, debido a la carencia de recursos
humanos y físicos.
2.8 GESTIÓN DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES: LA
INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL
Un ministerio del Ambiente: ¿cuál es el modelo más adecuado? El
problema de las insuficiencias de la gestión ambiental no está
vinculado a los presuntos defectos de los modelos que se han se-guido
para organizar el correspondiente sistema administrativo. La verdad
es que no existe ningún modelo que sea apropiado para todos los
casos. Hay, sin embargo, algunas experiencias: por ejemplo, son

17. 17
notorias las dificultades que, en la práctica, han encontrado los
modelos que se basan en la concentración defunciones, como quiera
que dicha concentración se lleve a cabo: mediante el reforzamiento de
una estructura jurídico-administrativa preexistente o mediante la
creación de una estructura jurídico administrativa especial. En efecto,
en ambos casos ha sido común la generación de un complicado
proceso de transferencia de funciones, que ha ido acompañada de una
cierta pérdida de las propiedades que estas funciones tenían en su
sector original. Asimismo, son notorios los problemas que han tenido
las instancias de coordinación que han sido creadas sin facultades
decisorias: por lo general, estas funciones han terminado ejerciéndose
en el vacío. Por otro lado, el hecho de que los organismos tradicionales
de la Administración Pública que ejercen el control de ciertos recursos
naturales y de otros componentes ambientales, así como de algunas
actividades que tienen incidencia en el medio ambiente, hayan
seguido a cargo de esas funciones ha implicado muchas veces que
nada haya cambiado.
EJES ESTRATÉGICOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL
Cuatro aspectos que definen la incorporación plena y gradual de la
dimensión ambiental en las políticas públicas:
Eje 1: Estado Soberano y garante de derechos
1. Reducir los conflictos socio-ambientales.
2. Elevar el nivel de cultura y ciudadanía ambiental.
3. Fortalecer el ejercicio de la función fiscalizadora ambiental.
Eje 2: Mejora de la calidad de vida con un ambiente sano
1. Reducir la contaminación de los recursos hídricos en cuencas
y en zonas marino costeras.

18. 18
2. Reducir la contaminación del aire.
3. Prevenir y detener la degradación y contaminación del suelo.
4. Incrementar el conocimiento sobre la disponibilidad del recurso
hídrico.
5. Reducir la contaminación sonora.
Eje 3: Compatibilizando el aprovechamiento armonioso de los
recursos naturales
1. Reducir la vulnerabilidad de la población por riesgos de
desastres con el ordenamiento territorial.
2. Mantener los servicios ecosistémicos de las Áreas Naturales.
Eje 4: Patrimonio Natural Saludable
1. Elevar la capacidad de adaptación al cambio climático.
2. Reducir la deforestación y degradación de los bosques.
3. Reducir la emisión de los Gases de Efecto Invernadero (GEI).
4. Conservar y poner en valor la diversidad
biológica, especialmente las especies amenazadas.
5. Preservar la diversidad genética cultivada (en los agro
ecosistemas) y silvestre.
6. Preservar la integridad de los ecosistemas frágiles.
2.9 LA GESTIÓN AMBIENTAL EN SÍ
Es un proceso permanente y continuo, constituido por el conjunto
estructurado de:
(1) principios (definidos en el artículo 5° de la ley 28245),
(2) normas técnicas

19. 19
(3) procesos y
(4) actividades.
Este proceso está orientado a administrar los intereses, expectativas
y recursos relacionados con los objetivos de la política ambiental y
alcanzar así:
(1) una mejor calidad de vida,
(2) el desarrollo integral de la población,
(3) el desarrollo de las actividades económicas y
(4) la conservación del patrimonio ambiental y natural del país.
INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL: LA URGENCIA DE DEFINIR
POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTALES
La definición de políticas públicas ambientales puede contribuir a la
construcción de una visión común y compartida de objetivos entre los
actores clave que sustentan los procesos de desarrollo en los ámbitos
regional y local: el Estado, la población local (incluyen-do sus
instituciones representativas) y el sector privado.
Desde un análisis de prospectiva social y regional, el Ministerio del
Ambiente (institución que se constituye en la autoridad nacional
ambiental) debería asumir, como tarea inicial y urgente, la definición
de políticas públicas ambientales explícitas para su aplicación en los
sistemas territoriales en los siguientes temas:
(1) sistema de incentivos y promoción para la internalización de costos
ambientales (instrumentos económicos y fiscales ambientales);

20. 20
(2) sistema nacional de contabilidad ambiental (que incluye la
valorización económica total (VET) y los servicios ambientales);
(3) sistema de fiscalización técnico-legal y supervisión ética de las
actividades económicas con incidencia en la variable ambiental y socio
ambiental (implementación del ombuds-man para las actividades
extractivas);
(4) estrategia de asociación en participación entre la inversión privada
y la población local para la distribución de beneficios durante la etapa
de explotación de las inversiones en actividades extractivas;
(5) sistema para la implementación integral de la responsabilidad
social corporativa (RSC);
(6) sistemas regionales de conservación de la agro biodiversidad y
definición de políticas claras frente a los organismos genéticamente
modificados (OGM);
(7) descentralización efectiva de la gestión ambiental; y, finalmente,
(8) ordenamiento, sistematización y difusión de información clave:
acceso a la información pública.
ENTIDADES DE FINANCIAMIENTO:
1. FONDO DE PROMOCIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS DEL PERÚ
El Profonanpe es una entidad presidida por el Ministerio del
Ambiente. Creada el 29 de diciembre de 1992 para apoyar la
conservación y manejo de áreas protegidas, se ha consolidado como

21. 21
herramienta financiera para la conservación de la diversidad
biológica, gracias a su funcionamiento y al trabajo realizado con
instituciones involucradas en la gestión de áreas protegidas. Gracias
a esta labor de coordinación, se han realizado sinergias y se ha
orientado los esfuerzos a la visión de conservar la diversidad
biológica.
2. FONDO NACIONAL DEL AMBIENTE
El Fonam fue creado por el Congreso y tiene el objetivo de promover
proyectos y actividades al mejoramiento de calidad ambiental, el uso
sostenible de recursos naturales y el fortalecimiento de la gestión
ambiental. Presidido por el Ministerio del Ambiente, el FONAM es
reconocido por WB-CF (Negocio de Carbono del Banco Mundial) como
punto de actividades de identificación y manejo de proyectos para que
sean presentados al Mecanismo de Desarrollo Limpio para obtención
de Certificados de Emisiones Reducidas de efecto invernadero.
ORGANISMOS ADSCRITOS AL MEDIO AMBIENTE:
Son los siguientes:
 SENAMHI
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú -
SENAMHI es un organismo público especializado fundado en 1969.
Al crearse el Ministerio del Ambiente, en mayo del 2008, pasó a ser
un organismo adscrito del sector. Brinda servicios públicos,
asesoría, estudios e investigaciones.

22. 22
 IGP
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) fue creado con la finalidad de
estudiar todos los fenómenos relacionados con la estructura,
condiciones físicas e historia evolutiva de la Tierra: terremotos,
tsunamis, erupciones volcánicas, inundaciones, sequías, huaycos
y deslizamientos de tierra.
 IIAP
El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP es
una institución de investigación científica y tecnológica para el
desarrollo, especializada en el uso sostenible de la diversidad
biológica en la región amazónica.
 OEFA
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA se
creó en el 2008 como un organismo técnico especializado, adscrito
al Ministerio del Ambiente. Es el ente rector del Sistema Nacional
de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA) en el Perú.
 SERNANP
El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado -
Sernanp es un organismo público adscrito al Ministerio del
Ambiente desde mayo del 2008. Tiene la misión de asegurar la
conservación de las Áreas Naturales Protegidas del país, su
diversidad biológica y el mantenimiento de sus servicios
ambientales.

23. 23
 SENACE
El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las
Inversiones Sostenibles - SENACE es un organismo público
especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente, que estará a
cargo de la revisión y aprobación de los Estudios de Impacto
Ambiental detallados (EIA-d) de los proyectos de los proyectos de
inversión pública, privada o de capital mixto, de alcance nacional
que contemplen actividades, construcciones, obras y otras
actividades comerciales y de servicios que puedan causar
impactos ambientales significativos.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL:
COMPETENCIAS: Se asume la defensa jurídica del Ministerio del Ambiente
(MINAM) y de sus organismos adscritos:
 Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernanp): El Servicio
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – Sernanp es
un organismo público adscrito al Ministerio del Ambiente desde mayo
del 2008. Tiene la misión de asegurar la conservación de las Áreas
Naturales Protegidas del país, su diversidad biológica y el
mantenimiento de sus servicios ambientales. Para conseguirlo, ha
desarrollado proyectos de cooperación internacional y convenios con
la sociedad civil e instituciones diversas. El Sernanp es el ente rector
del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
(Sinanpe), y en su calidad de autoridad técnico-normativa realiza su
trabajo en coordinación con gobiernos regionales, locales y
propietarios de predios reconocidos como áreas de conservación
privada.

24. 24
La misión del Sernanp es conducir el Sistema de Áreas Naturales
Protegidas del Perú con una perspectiva ecosistémica, integral y
participativa, con la finalidad de gestionar sosteniblemente su
diversidad biológica y mantener los servicios ecosistémicos que
brindan beneficios a la sociedad.
 Instituto Geofísico del Perú (IGP): El IGP tiene la capacidad de
servir a las necesidades del país en áreas tan importantes como:
Sismología, Vulcanología y el Estudio de El Niño. Nuestras
actividades principales son: la investigación científica, la
educación y la prestación de servicios en Geofísica Aplicada.
 Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP): El
Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP. es una
institución de investigación científica y tecnológica para el
desarrollo, especializada en el uso sostenible de la diversidad
biológica en la región amazónica que realiza sus actividades en
forma descentralizada, promoviendo la participación de las
instituciones públicas, privadas y sociedad civil.
 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
(Senamhi): Recopilar, centralizar y procesar la información de las
estaciones meteorológicas, hidrológicas, agrometeorológica y
ambientales.
 Organizar, fomentar y dirigir estudios técnicos especializados en el
país, ejecutados por entidades nacionales o extranjeras.
 Divulgar información técnica y científica.
 Realizar y formular estudios de investigación, acorde con las
necesidades del país y la defensa nacional.
 Participar en estudios científicos y proyectos del medio ambiente
atmosférico.

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 Organizar, operar y mantener la red de estaciones meteorológicas
e hidrológicas.
 Desarrollar pronósticos meteorológicos y Vigilancia Atmosférica
Global (VAG - OMM)
 Asesoramiento técnico a instituciones públicas y privadas en
apoyo al desarrollo socioeconómico.
 Organizar y administrar el archivo nacional meteorológico,
hidrológico y ambiental (banco de datos).
 Celebrar contratos y convenios de cooperación técnica con
entidades públicas y privadas a nivel nacional e internacional.
 Expedir certificados de calibración y control de instrumental
meteorológico, hidrológico y ambiental.
 Representar al Perú ante la Organización Meteorológica Mundial
(OMM)
A su vez, asume la defensa jurídica del Estado en cuanto a la comisión
de delitos ambientales a nivel nacional.
DELITOS AMBIENTALES
La impunidad para los que cometen delitos contra el ambiente y los
recursos naturales llegó a su fin con la Ley 292633 que modifica el
Título XIII del Código Penal peruano, que sanciona con penas mucho
más duras los delitos ambientales. Un ejemplo de la aplicación de la
modificatoria del Código Penal han sido las multas a Pluspetrol en
torno a las declaratorias de emergencia ambiental en cuencas de
Loreto, y la pena privativa de la libertad de 4 años sentenciada a tres
pescadores que usaron dinamita para extraer 200 kilos de especies
marinas en el ámbito de la Reserva Nacional Paracas, importante
reserva marino costera del país.

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Precedentes como este dan cuenta de la efectividad de esta
modificatoria, un logro del Ministerio del Ambiente, capacitado para
ejercer adecuadamente las funciones de fiscalización y control del
cumplimiento de esta norma, ya que cuenta con jueces ambientales y
especialistas del Ministerio Público en todo el país. Estos pueden
imponer penas privativas de la libertad de tres años como mínimo y
diez años como máximo, dependiendo de la gravedad del delito.
Algunos de los delitos ambientales considerados en el Código Penal
son: delitos de contaminación del ambiente; el incumplimiento de las
normas relacionadas al manejo de residuos sólidos; el tráfico ilegal de
residuos peligrosos; el tráfico ilegal de especies de flora y fauna
silvestre protegida, de especies acuáticas, depredación de flora y
fauna silvestre; el tráfico ilegal de recursos genéticos; delitos contra
bosques o formaciones boscosas; el uso indebido de tierras agrícolas;
la alteración del ambiente o paisaje; entre otros de vital importancia
para la defensa de un ambiente sano y seguro para los peruanos.

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PROBLEMA PRINCIPAL ENCONTRADO POR EL ORGANISMO DEL
MINISTERIO DEL AMBIENTE (MINAM)
EL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS: RELLENOS
SANITARIOS
PELIGROSA REALIDAD. Los peruanos generamos 15 mil
toneladas de basura diaria. Gran parte de ella va a parar a los 195
botaderos informales. Según el OEFA, municipios no tienen
adecuada gestión de residuos.
Según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), los
residuos sólidos que generamos terminan, en su mayoría, en alguno de los
195 botaderos que existen a nivel nacional, espacios informales que ponen
en peligro la vida de miles de personas que viven a su alrededor, contaminan
nuestro entorno y no poseen los estándares ambientales pertinentes para el
manejo de los desechos.
El informe de 'Fiscalización Ambiental' presentado ayer por el OEFA
confirma la ausencia de una política adecuada para el manejo de los
desechos que se generan en todo el país, que según cifras oficiales llega a
15 mil toneladas diarias.
RELLENO SANITARIOS:
Un relleno sanitario es un lugar destinado a la disposición final de desechos
o basura, en el cual se toman múltiples medidas para reducir los problemas
generados por otro método de tratamiento de la basura como son los
tiraderos, dichas medidas son, por ejemplo, el estudio meticuloso de

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impacto ambiental, económico y social desde la planeación y elección del
lugar hasta la vigilancia y estudio del lugar en toda la vida del vertedero.
Las mismas que tienen como destino 'autorizado' solo 10 rellenos sanitarios
(así se denomina a la infraestructura adecuada para disponer la basura).
Estos son:
 RS Cajamarca 01,
 RS Carhuaz 01 (en Ancash),
 RS Independencia 01 (también en Ancash),

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 RS El Zapallal 01, RS de Huaycoloro 01, RS de Portillo Grande 01 y el
RS del Callao 01 (todos en Lima),
 RS El treinta 01 en Loreto,
 RS Manual Santa Cruz 01 y de Pampaya 01, ambos en Junín.
El estudio desarrollado en el lapso de dos años (2013-2014) evaluó el
cumplimiento de diferentes componentes relacionados al manejo de los
desechos. Entre ellos la formulación de planes integrales de gestión
ambiental de residuos sólidos, los programas de segregación (clasificación
de los elementos), la formalización de recicladores, el plan de cierre y
recuperación de botaderos, los instrumentos formales para brindar el
servicio de limpieza pública, entre otros.
RESULTADOS OBTENIDOS
Tras las supervisiones realizadas se concluyó que pese a que la Ley General
de Residuos Sólidos N° 27314 señala en el artículo 10° que las
municipalidades son las responsables del recojo de basura y demás
actividades convergentes, existen 76 municipalidades provinciales (38%)
que no tienen un plan de gestión ambiental. Además, el 58% de las
instituciones no posee un proyecto de segregación adecuado. Y solo el 3%
tiene un plan de cierre y recuperación de botaderos.
Si bien la data explica que el 100 % cuenta con los instrumentos formales
para brindar el servicio de limpieza pública, estos no les garantizan a los
pobladores una mejor calidad de vida.

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SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL:
Estos son los siguientes:
SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL
La gestión ambiental es un proceso permanente y continuo. El Sistema
Nacional de Gestión Ambiental se crea con la finalidad de supervisar,
integrar y coordinar la aplicación de políticas destinadas a la protección del
ambiente.
SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
El SEIA es un sistema único y coordinado de identificación, prevención,
supervisión y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos.
Comprende las políticas, planes y programas de nivel nacional, regional y
local que generen implicancias ambientales significativas, así como los
proyectos de inversión pública o de capital mixto que podrían causar
impactos ambientales negativos significativos.
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN
AMBIENTAL
La Dirección General de Investigación e Información Ambiental (DGIIA) tiene
como objetivo principal la gestión de conocimiento, ya que consideramos
que la misma sirve de base para el diseño y ejecución de políticas públicas
para la gestión ambiental, así como para el aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país.

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La DGIIA fue creada con la finalidad de consolidarse como la principal red
peruana de gestión de la información, tanto de análisis como de difusión y
almacenamiento. Los siguientes lineamientos definen nuestros objetivos:
 Desarrollar e implementar mecanismos que permitan consolidar y
difundir la información sobre el estado del ambiente a nivel nacional.
 Apoyar los procesos de gestión del conocimiento y de la calidad, a partir
de información novedosa e incorporación de prácticas innovadoras.
 Contribuir con los procesos de toma de decisiones, haciéndolos más
acertados y eficientes.
 Dotar de insumos clave a los planes, programas y proyectos, para que su
diseño y ejecución logre una mayor efectividad.
Las funciones de la DGIIA se organizan a través de los siguientes ejes de
acción:
 Fortalecer la red de integración tecnológica e institucional que
comprende el Sistema Nacional de Información Ambiental.
 Implementar estrategias y mecanismos para desarrollar investigaciones
ambientales de calidad a través de las principales universidades e
instituciones privadas y públicas de investigación del país y dar a conocer
el conocimiento generado. Por ello, se encarga de coordinar la Agenda de
Investigación Ambiental y la Red Peruana de Investigación
Ambiental.

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 Institucionalizar la Red Peruana de Bibliotecas Ambientales y brindar
servicios y productos de información bibliográfica ambiental peruana,
peruanista y extranjera, a través de la Biblioteca Ambiental Nacional.

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CONCLUSIONES
En materia ambiental, la gestión de la información y el conocimiento es clave
para tener un mejor diseño e implementación de políticas públicas de
calidad. Sin embargo, en nuestro país no se ha conseguido aún una
sistematización exitosa de la información ambiental disponible.
Mientras que en los países desarrollados de Europa y en Estados Unidos la
información generada sobre la base de procesos de investigación rigurosos
se remontan al siglo XIX, en el Perú su historia es muy reciente, y las
soluciones, aún escasas. Sin embargo, se han hecho esfuerzos en algunos
programas estratégicos desarrollados bajo el marco del presupuesto por
resultados. Los aportes del mundo académico tampoco han consolidado una
respuesta clara a la gestión de la información y los problemas ambientales
del país. Este vacío restringe la eficiencia de las acciones y contribuye a que
la toma de decisiones no sea efectiva.
Los más altos niveles de decisión política deben contar con el respaldo de
información sólida, de preferencia construida sobre la base de
investigaciones científicas de calidad. Además, deben generarse las
condiciones adecuadas para que la información ambiental y las
investigaciones generadas por las instituciones sectoriales y la academia
respondan a necesidades ambientales concretas, y que a la vez tengan
verdadera influencia en la construcción de políticas públicas ambientales.
La Dirección General de Investigación e Información Ambiental fue creada
con el objetivo de superar esta situación.