Estos fueron los cultivos que se lograron cuantificar a pérdida por la aspersión de Glifosato en la demanda que ganó Cosurca y las 40 familias de Argelia y Sucre. La suma se acerca a los mil millones. Con información de la demanda.

1. Las demandas contras las fumigaciones con Glifosato
Estos fueron los cultivos que se lograron cuantificar a pérdida por la
aspersión de Glifosato en la demanda que ganó Cosurca y las 40
familias de Argelia y Sucre. La suma se acerca a los mil millones.
Con información de la demanda.
08:30 pm 16-mayo El Nuevo Liberal. Reinaldo Hoyos Molina
comunicauca@gmail.com
El fracaso de la política antidrogas, a través de la aspersión aérea, no
solo se evidencia en la decisión de suspender las fumigaciones con
Glifosato; sino también en las millonarias demandas que hoy reposan
en los juzgados del Cauca.
Esta semana terminó la era de las fumigaciones con Glifosato como
estrategia para combatir la expansión de los cultivos ilícitos en
Colombia, y con ella, parte del sufrimiento de miles de familias que
tuvieron que ver como sus cultivos lícitos se marchitaban al caerles el
veneno.
La decisión fue tomada el pasado 14 de mayo, cuando los miembros
del Consejo Nacional de Estupefacientes atendieron la solicitud del
Presidente Juan Manuel Santos y las recomendaciones del Ministro de
Salud, Alejandro Gaviria, que orientaban hacía la suspensión de las
aspersiones de este químico por el riesgo que significaba para la
salud pública.

2. Se conformó, además, un comité técnico que tendrá la tarea de
buscar, con plazo de un mes, una nueva alternativa de erradicación
de los cultivos como la coca y la marihuana, en las zonas rurales del
país. Como lo explicó el ministro de la justicia, Yesid Reyes al término
de la reunión.
Esta decisión, para los analistas, indicaría algo que las comunidades
campesinas, afros e indígenas del Cauca ya habían advertido: El
fracaso de la política antidrogas que priorizaba la estrategia de la
fumigación, que había generado más problemas que soluciones y que
desembocaron en demandas contra el Estado.
Fue el caso que se presentó en los municipios de Argelia y Sucre a
mitades del año 2005 y que le significó al Estado una demanda de
más de mil millones de pesos, cuando fumigaron los cultivos
orgánicos de café, frutales y pancoger a 40 familias, afiliadas a la
Cooperativa del Sur del Cauca (Cosurca), y beneficiarias de
cooperación internacional o de los programas de sustitución de
cultivos ilícitos que maneja el mismo Gobierno Nacional.
“Esta es una de las primeras demandas a nivel nacional que prospera
y fue por la estrategia que utilizamos: Nosotros nos orientamos a la
indemnización por los perjuicios causados a los cultivos orgánicos de
los campesinos, no por los daños a la salud, ya que lo primero era
fácilmente demostrable”, comentó Alfonso Muñoz, el abogado
litigante y quien estuvo al frente del proceso judicial.
Lo grave en este caso no solo fueron las pérdidas evidentes de los
cultivos lícitos con los cuales se sostenían económicamente las
familias; sino que el Glifosato como agente químico contaminó y se
quedó en el suelo de dichos predios, lo que hizo que las 40 familias
perdieran la certificación de producción orgánica durante cuatro años,
y con la cual obtenían mejores ingresos en el mercado internacional.
“Las condenaron a quedar sin la esperanza, porque todos sus
esfuerzos y trabajo por salir de los cultivos ilícitos se vino al suelo”,
agregó Alfonso Muñoz.

3. Las zonas donde el Glifosato cae hacen que las plantas se quemen
y el lugar quede como deforestado. Se espera saber la otra
estrategia para evitar la expansión de cultivos ilícitos. Foto:
Suministrada.
De todos modos, la demanda se resolvió en noviembre del 2010, en
segunda instancia en el Tribunal Contencioso Administrativo del
Cauca, con un monto total de $1.150.000.000 millones que debieron
pagar las instituciones del Estado encargadas del diseño de esta
política.
Sin embargo, sucedió lo inesperado: El Estado no pagó por completo
su deuda. La Dirección Nacional de Estupefacientes dio $490
millones; lo mismo hizo el Ministerio de Defensa, quedando un
remanente aproximado de $150 millones de pesos que, aún hoy, no
han sido cancelados. Por eso se está preparando una nueva acción
legal “para lograr el pago de lo adeudado más los intereses causados
por la demora en la cancelación”, explicó el abogado.
Aun así, Alfonso Muñoz destaca la importancia del mensaje de un
fallo a favor de la comunidad como estos. “Lo que se demuestra aquí
es que nosotros (Cosurca) somos un ejemplo de cómo con programas
de sustitución de cultivos, apoyados con recursos del gobierno, los
campesinos erradican voluntariamente”. Lo que refuerza la propuesta
de realizar una nueva estrategia de lucha antidogras concertada con
la comunidad.
La demanda de los billones
Como si el anterior caso no fuera poco, en este momento en el
Juzgado Cuarto Administrativo del Cauca, se abre paso una acción de
grupo que representa los intereses de 27 mil familias de varios
municipios del departamento, que buscan una reparación por los
perjuicios causados en las fumigaciones con Glifosato.

4. El monto al que hasta el momento asciende la demanda de es de $7
billones de pesos. Es decir, la mitad del presupuesto con el cual
funciona la ciudad de Bogotá o casi la tercera parte de lo que costaría
el metro de la capital colombiana ($20 billones).
Según César William Díaz, miembro del Comité del Macizo
Colombiano (Cima) y representante de la mesa campesina del Cauca
en la Cumbre Agraria, este proceso inició desde el año 2011, como
consecuencia de las aspersiones, sobre todo en el macizo colombiano,
que se intensificaron desde el 2009.
“En el 2011 logramos integrar a 15 mil familias de los municipios de
Bolívar, Sucre, Balboa, Patía, Mercaderes y El Tambo. Presentada la
demanda, surgen las fumigaciones en la Costa Pacífica del Cauca,
sobre todo en Timbiquí y Guapi, y se logró una integración de
procesos, llegando 12 mil familias más, para el total de 27 mil”,
comentó Díaz.
Lo que han hecho es recorrer los municipios y trabajar con las
organizaciones campesinas y afros, para que las mismas aporten las
pruebas de los daños y las quejas que han realizado ante las
autoridades. Todo este material probatorio fue dejado en firme por el
juzgado cuando el gobierno intentó controvertir las pruebas.
Por eso, desde septiembre del año pasado, cuando se llamó a
conciliar al gobierno y este último no llegó, se inició la fase de
presentación de pruebas donde el proceso puede avanzar o caerse.
“Se ha logrado tasar los daños en la parte económica y alimenticia de
las familias, lo que da ese monto de $7 billones. Pero estamos
buscando la forma de tasar los daños ambientales y en salud, lo que
haría crecer la suma”, comentó el líder campesino.
Los casos, hasta el momento, son parecidos a los de la demanda de
Cosurca: cultivos lícitos afectados por la aspersión del Glifosato y que
además tienen la característica de ser resultado de apoyos de
programas nacionales o internacionales. Lo que daría a pensar en un
fallo favorable a las comunidades. Pero en este campo aún todo está
por decir.
“Nosotros estamos con la plena certeza, incluso adelantando
contactos y gestiones con organismos internacionales para seguir
recogiendo pruebas en los campos de la salud y ambiente”, explicó
César William Díaz.
De hecho, según el líder campesino, se han venido sumando más
entidades, como por ejemplo la Defensoría del Pueblo que ha
presentado pruebas que reposan en el proceso que lleva el juzgado.
Así como también la intervención de la Universidad del Cauca, que

5. será la encargada de evaluar y avalar las pruebas que se presenten
sobre el tema de las afectaciones en salud y ambiente.
“El gobierno debe entender que no tuvieron en cuenta el principio de
precaución y por eso se le presentan varias demandas. Es bueno que
se piense en una conciliación, nosotros hemos estado dispuestos”,
agregó William Díaz.
Ante esta situación, la propuesta que realizan es que se tengan en
cuenta las ideas de sustitución de cultivos que ha planteado las
comunidades, entre las que se incluye la erradicación concertada y
con opciones reales de fortalecimiento agropecuario. “De una política
que criminaliza a una que previene”, como lo resumió César Díaz.
Lo cierto es que por la decisión del pasado 14 de mayo el gobierno le
dio la razón a estas 27 mil familias, porque tácitamente está
aceptando el fracaso de una política estrella en la lucha contra las
drogas, algo que venían advirtiendo las comunidades desde los inicios
del Plan Colombia.
“Mire, lo que hemos estado haciendo es vaciando plata por un sifón y
alguien la está recogiendo con un cedazo, son los proveedores de la
guerra”, concluyó el líder campesino.
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