La Ley 39/2006 establece el sistema de autonomía y atención a la dependencia en España, como un cuarto pilar del estado del bienestar, destinado a apoyar a personas dependientes, en su mayoría ancianos y discapacitados. Proporciona un marco para el reconocimiento de la dependencia y la oferta de prestaciones, incluyendo servicios de atención domiciliaria y asistencia económica, con un enfoque en la igualdad y participación de las administraciones. La implementación del sistema será gradual durante ocho años, con un aumento progresivo en la financiación y el objetivo de mejorar la atención y crear empleos en este sector.