La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Simplicidad Tributaria con 83 votos a favor, 8 en contra y 37 abstenciones. La ley incluye un impuesto progresivo a las fundas plásticas e impuestos especiales a empresas que ganan más de $1 millón al año. También contiene beneficios tributarios para sectores afectados por las protestas de octubre y exenciones de impuestos para cervecerías artesanales y límites a envíos de migrantes fueron eliminados. Además, la ley permite al gobi

1. Ley de simplicidad tributaria
La mayoría de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley de Simplicidad
Tributaria. Luego de un debate que duró más de 5 horas, la noche este 9 de
diciembre del 2019 el Pleno dio paso al texto con 83 votos afirmativos, 8
negativos y 37 abstenciones.
Se incluye el ICE progresivo a las fundas plásticas, pero con la modificación de
que el gravamen aplique en el 2020 con USD 0,04 por funda, en el 2021 con
USD 0,06 por funda y para 2022 con USD 0,08. De igual modo, se mantuvo la
propuesta para que las empresas que perciben más de USD 1 millón al año
paguen al fisco una contribución especial durante tres años. El texto contiene,
además, beneficios para el sector productivo afectado por las paralizaciones de
octubre pasado. En principio la medida estaba dirigida para Cotopaxi y
Chimborazo, pero al final se agregaron Tungurahua, Azuay y Carchi, y el sector
turístico.
Los cerveceros artesanales ya no tendrán que realizar la marcación Simar, tema
solicitado por los pequeños empresarios. No obstante, la Asamblea quitó del
proyecto los límites sugeridos para envíos que hagan migrantes.
En la ley también se excluyó la propuesta original del Ejecutivo de que las
empresas de telefonía celular puedan devengar, a través de proyectos de
infraestructura, el pago anual por uso del espectro. No obstante, en el debate se
incorporó que el porcentaje que deben pagar al Fisco por utilizar este espacio
debe estar destinado exclusivamente a proyectos en telecomunicaciones que
deberán ser ejecutados por el Gobierno Central.
También se eliminó la exención del impuesto a la renta para los intereses que
gana la banca por conceder créditos a emprendimientos. Durante su
intervención, el ponente de la Ley y presidente de la Comisión de Régimen
Económico, Daniel Mendoza, subrayó que pese a que hubo temas de discordia
se logró llegar a consensos en casi el 90% del documento. Además, el legislador
defendió la iniciativa que permitirá al Gobierno Central cancelar en bonos sus
obligaciones atrasadas con los gobiernos seccionales, proveedores y
universidades. Aseguró que esta herramienta no incrementa la deuda interna y
da certeza de pago a los acreedores.

2. El informe de la Comisión sugería como límite de pago con bonos un monto
equivalente al 5% del PIB, pero en el debate se redujo al 3%. Este punto fue
motivo para que Vicente Almeida (PSC), contrario a los aspectos impositivos de
la norma, mocione que la votación en el Pleno se divida en dos bloques. Uno
que abarca la parte de los incentivos y temas tributarios; y otro que contenga el
pago con bonos. Por su parte, Patricio Donoso (CREO) destacó como positivo a
la mayor parte de la reforma, en especial la reforma que permitirá a Solca
gestionar directamente, a través de una cuenta específica en el Banco Central
del Ecuador (BCE), la contribución a su favor.
Pero lamentó que no se haya contemplado la eliminación del impuesto a la salida
de divisas. Gabriela Larreátegui (SUMA) dijo que es positivo que se reduzca el
ICE a los vehículos que incorporen más dispositivos de seguridad. Sin embargo,
el límite de USD 30 000 como base imponible debe ser ampliado para que haya
más beneficiarios. Su pedido no fue acogido.
Las remisiones propuestas para créditos educativos y agrícolas gozaron del
respaldo de todas las bancadas. Sobre esto, Ana Belén Marín (AP), destacó que
los deudores de BanEcuador con préstamos de hasta USD 100 000 podrán
acceder al beneficio y para los clientes de la CFN en rangos de hasta USD 400
000. Añadió que el Gobierno debe ampliar el seguro agrícola. La iniciativa
original del Gobierno tenía una proyección de recaudación de USD 620 millones
para 2020. Estos recursos estimados no fueron incluidos en la proforma
presupuestaria del año que viene.