Este documento establece el derecho de las personas con discapacidad a acceder a procesos de habilitación y rehabilitación integral para lograr la máxima autonomía e inclusión. Define acciones como garantizar la cobertura completa de estos servicios a través del sistema de salud, asegurar altos estándares de calidad, coordinar entre sectores involucrados, e implementar programas de detección temprana y asistencia domiciliaria.