La nueva ley de seguros en Guatemala buscó mejorar la regulación, solidez financiera de las aseguradoras, y protección al consumidor. Sin embargo, no logró algunos objetivos importantes como establecer estándares uniformes de profesionalismo para todas las entidades que vendan seguros directamente y crear un mecanismo efectivo para la resolución de conflictos. Además, algunos artículos podrían interpretarse de manera que no protejan debidamente los intereses de los asegurados.