El documento presenta una reflexión sobre el proceso de transformación y desarrollo del Perú, enfatizando la importancia de la libertad de elección y la responsabilidad que implica. A lo largo del texto, se aborda la historia reciente del país, marcada por crisis y la lucha por una mejor calidad de vida, mientras se invita a los ciudadanos a aprender de sus experiencias y reflexionar sobre el futuro. La publicación busca generar conciencia sobre las oportunidades y desafíos que enfrentan los peruanos para lograr un país de primer mundo, destacando la necesidad de diálogo y colaboración.

3. Mario Sifuentes Briceño
hacia un perú de primer mundo
SOMOS LIBRES, PODEMOS ELEGIR

4. Somos libres, podemos elegir
© Mario Sifuentes Briceño
© 2014 Corporación Ludens Comunicaciones SAC
Alcanfores 1246, Of. 402 – Miraflores
Primera edición, Julio 2014
Ilustración y lettering: Elliot Tupac
Diseño y diagramación: Maye León
Tiraje: 3,000 ejemplares
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú No. 2014-10834
Impreso en Industria Gráfica Cimagraf SAC
“He transitado el largo camino hacia la libertad. He tratado de no flaquear. He cometido errores a lo largo del recorrido. Pero también he descubierto el secreto de que después de trepar una gran colina, uno solo encuentra que hay muchas más por superar. Me he tomado un momento aquí para descansar, para robarle una mirada al maravilloso panorama que me rodea y para observar, atrás a la distancia, de dónde vengo. Pero solo puedo descansar por un momento, porque la libertad viene con responsabilidades y me he desafiado a no distraerme, pues mi largo camino aún no está terminado”.
Nelson Mandela (1995)
Esta publicación es una iniciativa del proyecto
Comité Editorial
Augusto Baertl Montori
Carlos Diez Canseco
Hans Flury Royle
Carlos Oviedo Valenzuela
Gonzalo Quijandría Fernández
Mario Sifuentes Briceño
Está permitida la reproducción total o parcial de los contenidos de esta publicación solo bajo previa autorización de los editores. Así como su copiado o transferencia por cualquier medio impreso, digital o electrónico. Contactarse previamente con somoslibres@ludensperu.com

5. ÍNDICE
Introducción 11
SOMOS LIBRES, PODEMOS ELEGIR
Un país en shock 17
Los cimientos de la escuela 23
Eso es música celestial para mis oídos 30
El impulso del pensamiento empresarial 33
El ‘cambio de chip’ 40
El estado acaparador 44
Buscando a quien diera la cara 48
La maldita receta del populismo 50
Cambio obligado en el equipo 56
Cómo tener éxito en la quiebra de un país 60
La masacre de los más pobres 64
El valor de la pedagogía 70
Sendero financió el rescate del país 74
De la toma de conciencia a la acción 79
5 x 5 x 5 84
La caja chica de la solidaridad 91
Un método incuestionable de privatización 96
Hoy podemos darles la razón 102
Ahora tú escoges lo que quieres 109
No hay golpe sin traumas 115
Ya estamos interconectados con el mercado 125
HACIA UN PERÚ DE PRIMER MUNDO
Hay una manera de hacer bien las cosas 133
Siempre será más fácil destruir que construir 137
Solo quince años para hacerla 144
Bibliografía 159

6. 11
INTRODUCCIÓN
Los instantes más importantes en la vida del ser humano son los momentos de decisión. En el discurrir de nuestra existencia muchas veces nos encontramos con caminos que se bifurcan y, dependiendo de la elección que tomamos, nuestro futuro queda determinado para bien o para mal. Sin embargo, cuando esas decisiones se toman sopesando buena información y en base a conocimiento y experiencia, los riesgos se minimizan y, con cada elección, uno se permite construir una base más sólida sobre la que va apilando los ladrillos que nos encumbran hacia el desarrollo personal, el bienestar y la felicidad. Lo mismo sucede con los países.
Desde nuestra independencia, los peruanos hemos intentado de todo en la tarea de sacar adelante un país con enormes potencialidades, un envidiable patrimonio cultural y recursos, pero también con profundas contradicciones. A la vista, en las últimas décadas nos hemos quedado atrapados en un laberinto de desencuentros que nos impide dialogar, sumar experiencias y conocimientos para decidirnos por el mejor rumbo. Tan es así que hace apenas veinticinco años vivíamos

7. 13
somos libres, podemos elegir
12
en el peor momento desde que el general San Martín proclamara
nuestra independencia. Vivíamos en un país violento, rodeado de
miseria, de enfermedad y endeudado gravemente con los organismos
internacionales. Hasta hace 25 años el Perú era considerado un país
paria en el mundo.
Sin embargo, a principios de los noventa logramos un punto de
quiebre y trabajamos esforzadamente para reconstruir el país y
devolverle al Perú sus legítimas aspiraciones de ser una gran nación;
aunque, valgan verdades, el tiempo desde el escape de ese pequeño
infierno no ha sido suficiente para superar totalmente algunos traumas
y heridas. De allí probablemente proviene esa enorme dificultad que
tenemos todavía los peruanos para sentarnos a dialogar en confianza.
Aquellos que tenemos memoria de esa época podemos detenernos
en un recodo del camino y mirar hacia atrás, revalorar el largo trecho
que hemos avanzado en la misma dirección durante las dos últimas
décadas, los logros que nos ha deparado esa continuidad y, también,
observar hacia adelante, mucho más cerca, la meta del pleno desarrollo.
Por el contrario, quienes no la vivimos o la tenemos desterrada de
la memoria, estamos en la obligación de reconocer nuestra historia
reciente, de informarnos para poder decidir mejor y continuar en la
construcción de ese camino sólido y estable hacia el futuro.
Esta publicación es parte del proyecto UMBRAL, que persigue que
los peruanos, especialmente los jóvenes y emprendedores, tengamos
conciencia sobre lo que nos ha costado llegar a ese recodo en la mitad
del camino, sobre las oportunidades perdidas durante décadas y lo
difícil que ha sido que calen entre nosotros las ideas modernas, las
que nos impulsan hacia el desarrollo y nos conectan con el resto del
mundo. UMBRAL propone que cuidemos el camino andado, que no
caigamos en propuestas que lo único que han logrado demostrar es
que distribuyen pobreza –como ahora sucede en algunos de nuestros
países vecinos– y que, con su afán controlista y capacidad destructora,
terminan inevitablemente recortando las libertades de los ciudadanos.
Pero UMBRAL también mira al futuro y nos invita a reflexionar
sobre la necesidad de concretar algunas metas pendientes y de defender
principios no negociables. Alerta sobre la urgencia de acelerar la marcha
en los próximos quince años, vitales para la consolidación del país,
combatiendo el populismo, la violencia, la demagogia y la corrupción.
Como nunca antes en nuestra historia, el actual desarrollo del Perú
es integral e incorpora a los distintos sectores. Nunca antes habíamos
tenido una pista de despegue tan llana y generosa para poner en marcha
nuestros proyectos, ni una oportunidad tan clara de dar ese gran salto
que proyecte al Perú como la gran nación que, desde su origen, está
destinada a ser. Pero también debemos ser conscientes de que recién
estamos a mitad de camino y que, por ello, en las próximas dos décadas
nos encontraremos con nuevas bifurcaciones y sobresaltos. Y así otra
vez estaremos en la obligación de elegir.
Podemos elegir como el mendigo sentado sobre un banco de oro,
inmovilizado e indolente ante la miseria de los hermanos, repitiendo los
errores del pasado, caminando en círculos y resignado mediocremente
a la inacción. O podemos elegir como un país adolescente, con el ímpetu
de aquel joven atrevido y apasionado, empujado con vehemencia
a arriesgarlo todo, confiado en que la vida nos dará innumerables
oportunidades para equivocarnos, para perder y volver a empezar, sin
considerar cómo cada derrota empobrece más a los que menos tienen.
Y también somos libres de elegir pensando en algún tipo de
reivindicación, con la idea de que debemos ser compensados por las
penas o carencias de nuestra historia o por las decisiones de gobiernos
que nos robaron parte del futuro. Podemos elegir egoístamente, sin

8. 14
considerar que vivimos en un sistema interdependiente, en el que cualquier satisfacción personal será frágil e insostenible si es que no participamos todos de los beneficios, si no nos damos cuenta de que la mejora del más pobre y del rico también es una mejora nuestra.
Pero también podemos elegir como un país que empieza a madurar, que aprende las lecciones de la propia experiencia, no solo para esquivar el camino de los errores sino, sobre todo, para diseñar un futuro mejor, en el que podamos consolidarnos como esa nación rica en historia, en cultura, en recursos y en espíritu. Somos libres de elegir como una sociedad con vocación de diálogo, inclusiva y progresista, que impulsa a los gobiernos a sentar las bases de un país más fuerte y justo, en el que todos tengamos la posibilidad de ver cumplidos nuestros sueños, en base a nuestras propias habilidades, disciplina y esfuerzo. Somos libres de elegir como un país–problema que se regodea en los conflictos o como un país–posibilidad que planifica su futuro y hermana la inteligencia y las potencialidades de cada uno dando su mejor esfuerzo.
Pero lo que no podemos permitirnos es renunciar a la libertad de elegir, a que nos quiten la capacidad de decisión, pues de esa manera ya no seríamos dueños de nuestras vidas. Ese es el reto que tienen las grandes naciones de estos tiempos, el de desarrollarse bajo los preceptos de dos instituciones imperfectas pero esenciales en la defensa de esos derechos fundamentales: la democracia y la economía de libre mercado.
“Somos libres, podemos elegir” nos recuerda esa premisa, que el Perú es hoy un país que crece y se desarrolla bajo esos principios y que, pese a los conflictos propios de la política y de la vida cotidiana, va en el camino de prodigar lo mejor para sus ciudadanos. En toda su historia el Perú nunca ha estado en mejores condiciones que ahora para dar el salto hacia el pleno desarrollo. Queremos un Perú ganador y con peruanos libres, con capacidad de decisión y capaz de constituirse como un país de ciudadanos de primer mundo.
SOMOS LIBRES, PODEMOS ELEGIR
1

9. 17
somos libres, podemos elegir
UN PAÍS EN SHOCK
“Compatriotas, me dirijo a ustedes para informales sobre las medidas precisas
con que el gobierno se propone enfrentar la inflación explosiva que hemos
heredado del gobierno anterior. La hiperinflación no es una maldición del cielo
ni un desastre natural. Como hemos aprendido en estos años, experimentando
en carne propia, la inflación contrae los ingresos de todos, debilita las
instituciones, fomenta la especulación, incentiva la irracionalidad, destruye
el ahorro y destruye el futuro… Hace cinco años, el galón de gasolina de 84
octanos costaba más del doble que una botella grande de cerveza. Ahora, en
cambio, la botella de cerveza cuesta seis veces más que el galón de gasolina.
Con este billete, hace cinco años, se hubiera podido comprar una casa de
40,000 dólares; hoy solo alcanza, en el mejor de los casos, para un tubo de
pasta de dientes. Es así que la lata de leche evaporada que hoy costaba en la
calle 120,000 Intis, costará a partir de mañana 330,000 Intis. El kilo de
azúcar blanca, que se conseguía a 150,000 Intis, costará a partir de mañana
300,000 Intis. El pan francés que esta tarde costaba 9,000 Intis, costará a
partir de mañana 25,000 Intis. Pocas veces en el Perú, o en cualquier parte
del mundo, se ha requerido de todos un sacrificio tan grande como el que

10. 19
somos libres, podemos elegir
18
necesita el Perú. Hay que cruzar un periodo corto, de unos pocos meses, en
el que antes de estar mejor, nos vamos a sentir peor. Es el precio que tenemos
que pagar por lo ocurrido en los últimos años. Cualquier médico nos podría
explicar cómo en el fondo la salud estará mejorando aunque al principio nos
sintamos peor. El Perú tiene futuro. Que Dios nos ayude”.
La noche del 8 de agosto de 1990 el país enmudeció por unos
segundos. Si hasta la flores se veían tristes, las calles más oscuras, el
destino inasible y más distante que nunca. Una sensación colectiva de
angustia y desconcierto teñía lentamente cada imagen, cada palabra.
Los padres contrariados devolvían apenas con una mueca torpe la
sonrisa de los niños y atravesados por ese hilo de hielo que les estiraba
estoicamente la columna solo atinaban a llevarlos a dormir. No era
momento para juegos. No era momento para nada. ¿De qué manera
imaginar lo que depararía el futuro?
Al día siguiente del mensaje a la nación de Juan Carlos Hurtado
Miller, el primer ministro de Economía del gobierno de Alberto
Fujimori, las calles estaban vacías, los comercios cerrados, no se
divisaban buses de transporte público y si alguna tienda tenía las
puertas abiertas daba lo mismo porque nadie sabía cuánto cobrar.
La gran mayoría se había quedado en sus casas revisando sus libretas
de banco, escarbando su sencillo, buscando en la imaginación y en la
memoria una alternativa o la posibilidad de una salida.
No había manera de distribuir para los gastos ese dinero que, de la
noche a la mañana, ya no valía nada. Prácticamente daba lo mismo si
traías los bolsillos llenos o vacíos. Pasaron pocas horas para que salieran
a la calle padres desesperados con intenciones de saquear los comercios,
eludiendo a las patrullas militares que de manera preventiva habían
tomado las principales calles. Hubo tres muertos ese día en Lima.
El desconcierto era aún mayor porque Fujimori acababa de
asumir la presidencia y durante toda su campaña se había opuesto
a los “paquetazos”, como había bautizado la prensa a esa política de
ajustes económicos severos para combatir la hiperinflación heredada
de los gobiernos anteriores. Hasta entonces, el paquetazo más duro
–que involucraba siempre un aumento del precio de la gasolina y de
los productos básicos– lo había dado Abel Salinas en 1988. El entonces
ministro de Economía aprista apelaba a la comprensión del pueblo
peruano por la necesidad de hacer esas correcciones draconianas que
evitarían mayores problemas económicos en adelante.
En su mensaje al país, Salinas anunciaba el descongelamiento de
los precios, a excepción de cuarenta productos de la canasta básica
familiar. En ese mismo contexto, el gobierno se resistía a admitir que
buscaba la renegociación de la deuda externa con el Fondo Monetario
Internacional (FMI), uno de los principales acreedores del país, y los
militares negaban sin mucho entusiasmo la posibilidad de un golpe
que, valgan verdades, eran la constante en nuestra historia republicana.
Por su parte, miembros del grupo terrorista Sendero Luminoso
lanzaron bombas en las puertas de los Ministerios de Agricultura y
Economía, que dejaron un saldo de cinco heridos de gravedad, mientras
las madres de familia marchaban por las calles golpeando sus ollas
vacías, intercalándose con las bases sindicales que convocaban a paros
nacionales que agravaban el clima político. A mil días del gobierno de
Alan García, los más pobres del país pagaban las consecuencias de sus
medidas populistas, sustentadas en una profunda ignorancia de los
fundamentos económicos y en la ambición de convertirse en un líder
continental. Más tarde, motivado por cálculos políticos, el presidente
desconocería las negociaciones con el FMI y el paquetazo quedaría solo
como una medida aislada. Nuestra economía no rectificaría el rumbo.

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somos libres, podemos elegir
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Justamente, durante su campaña de 1990, el candidato Fujimori
había descartado de plano medidas de este tipo. Es más, ganó la
Presidencia de la República oponiéndose al anunciado shock de su
principal rival, el escritor Mario Vargas Llosa. Si bien siempre son muy
impopulares, esas correcciones económicas eran totalmente necesarias
ante la precaria situación de nuestras finanzas. El Perú era un país
paria y a la vista de los entes financieros solo superaba en confianza a
la convulsionada Haití en toda la región.
La sola devaluación de nuestra moneda da una idea de la situación
real de esos días. En febrero de 1985, durante los últimos meses
de su gobierno, el arquitecto Belaunde reemplazó la tradicional
denominación de nuestra moneda, el Sol de Oro, por el Inti, con
el propósito de simplificar las transacciones financieras, pues la
devaluación hacía perder cada vez más valor a nuestro papel. El Inti de
febrero de ese año equivalía a mil Soles de Oro. Pocos años después, en
1991, el Inti se cambió por el Nuevo Sol, que equivalía a un millón de
Intis. Es decir, se borraron nueve ceros de nuestros billetes en seis años.
Incluso en 1989, cuando la hiperinflación pasaba por uno de sus picos
más altos, se emitieron billetes de un millón y de cinco millones de Intis.
Ese año, el sueldo mínimo en el Perú era de 200 millones de Intis.
Si bien desde el gobierno militar ya se avizoraba la amenaza
inflacionaria, la quiebra de la economía peruana se forjó a fondo en el
periodo correspondiente al gobierno aprista, producto del abuso de la
maquinita; vale decir, de la emisión inorgánica de moneda por parte del
estado que, por definición, lo único que provoca es la pérdida del poder
adquisitivo de las personas y la quiebra de cualquier país. En esa época,
hasta para pagar una gaseosa tenías que emplear un fajo de billetes.
En las reuniones previas al lanzamiento del fujishock de 1990, el
gabinete de ministros y funcionarios del ministerio de Economía
discutían la mejor manera de modelar el anuncio en “la Bolichera”,
como llamaban a la sala de reuniones del piso 9 del MEF. Cuatro de
los ministros manifestaron su total desacuerdo: Fernando Sánchez
Albavera (Energía y Minas), Gloria Helfer (Educación), Guido Pennano
(Industria) y Eduardo Toledo (Transportes y Comunicaciones).
No vamos, dijeron. Sin embargo, después de una larga discusión,
sorpresivamente Carlos Amat y León (Agricultura) se paró de su
asiento y decidió dar la cara: “Gringo, aquí todos estamos contigo. Los
que no tienen cojones que no vayan a la televisión. Yo voy contigo”, dijo
golpeando la mesa. En ese momento, la mayoría del Consejo dejó de
lado las vacilaciones y decidió encarar el anuncio.
“La noche del mensaje a la nación no pude dormir y en la mañana
me llamó Hurtado Miller para decirme que había una misa en el
Callao. Fuimos a la misa ofrecida por el Monseñor Durand y luego
de ella nos empezaron a aplaudir. Milagro, pensé. Luego fuimos a
almorzar con el Nuncio Apostólico y la iglesia nos dio todo su apoyo.
Por eso yo amo a mi Perú. Si este pueblo no hubiera tenido la entereza de
aguantar esos ajustes, ahora no estaríamos donde estamos”, recuerda
Alfredo Jalilie, funcionario ligado al MEF por más de cuarenta años,
que trabajó en el estado con cinco presidentes y es hoy uno de nuestros
más experimentados profesionales en finanzas públicas.
Sin embargo, tal como había anunciado Hurtado Miller, la sensación
colectiva durante las siguientes semanas era de una aplastante y triste
agonía. El azúcar y el aceite desaparecieron de las estanterías y la carne
y el pollo duplicaron sus precios; dependiendo del destino, los precios
de los pasajes nacionales subieron entre cuatro y siete veces –lo que dejó
varados por días a miles de viajeros– y el dólar paralelo pegó un salto
inusual en las calles, pues todos querían eludir la evidente devaluación
con la compra de la moneda norteamericana.

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Si hubo algo que destacar, en ese entonces, fue la terca vocación de
los peruanos por aguantar ese shock y su férrea resistencia e imaginación
para capear el temporal. Los más pobres se llenaron de coraje, lo mismo
que los profesores, obreros y sindicatos, no hubo una sola huelga y el
sector empresarial también se la jugó ajustando el cinturón. Con el
shock la hiperinflación bajó de 7,600% a 4%, pero la medida hubiera
sido insuficiente si no se implementaban otras reformas.
En las dos décadas anteriores ya se había probado todo para
enderezar la economía nacional pero sin resultados y, una vez más,
en algún rincón lejano de la conciencia, una vocecilla repetía que
quizá esta vez, con ese nuevo sacrificio, ahora sí, los peruanos le
podríamos dar una vuelta de tuerca a nuestras vidas. En esa condición
de sobrevivencia, escasez y depresión de las grandes mayorías, todavía
nadie era consciente de que, en ese instante, la historia del Perú estaba
comenzando a cambiar.
LOS CIMIENTOS DE LA ESCUELA
Una de las primeras personas que se dio cuenta de que, frente al
mundo, el Perú todavía era la mítica Jauja fue don Pedro Beltrán
Espantoso. Él era un tipo sobrio, espigado, de perfil aguileño y que se
había graduado en el London School of Economics. Su capacidad de
trabajo y visión innovadora lo harían ganar muy pronto notoriedad
entre los hacendados, llegando a ser elegido en 1930, a los 33 años,
como presidente de la Sociedad Nacional Agraria y, más tarde, sería
la cabeza visible del Partido Nacional Agrario, grupo que defendería
principalmente los intereses de ese sector pero cuya efímera existencia
no le permitiría lograr arraigo político.
Beltrán estaba convencido de que las ideas modernas que lo habían
deslumbrado y que se respiraban al otro lado del mundo debían ser
comprendidas por las grandes mayorías y calar en la opinión pública,
por ello se embarcó en el proyecto periodístico de La Prensa. Hizo de
él un diario de referencia a nivel nacional, proponiendo una agenda
liberal, revolucionando el diseño, utilizando las últimas técnicas para
la redacción en un medio masivo, separando la parte informativa de la

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opinión –a la usanza del New York Times y el Herald– y denunciando
la corrupción.
Para cumplir con ese fin, Don Pedro envío a uno de sus socios y
amigos a la universidad de San Marcos con la misión de seleccionar
un grupo de jóvenes no contaminados, preferentemente de derecho,
para que iniciaran ese nuevo camino con el diario. Su colaborador
Carlos Rizo Patrón encontró en los grupos radicales de izquierda –
que se enfrentaban abiertamente al APRA, entonces considerado un
grupo violentista– la materia prima para desarrollar esa nueva línea de
pensamiento. La idea era, primero, generar mercado y, luego, crear un
órgano de opinión independiente del poder político. Esa selección fue
integrada, entre otros, por Alfonso Grados Bertorini, Mario Miglio,
Juan Aguirre Roca, Juan Zegarra y Arturo Salazar Larraín quien, a la
postre, se convertiría en su hombre de confianza y lo acompañaría en
otras aventuras. Con ellos compartió libros e hizo escuela.
Don Pedro era un hombre que irradiaba cierto magnetismo,
sumamente inteligente y que se describía así mismo como un ‘pata en
el suelo’ de Cañete. Solía vestir de manera muy sobria y siempre ternos
del mismo corte y color, un serio y sencillo gris. Durante años supo
llevar a un grupo de cuatro o cinco jóvenes a su chacra para adentrarlos
en el pensamiento moderno que se respiraba en Europa.
Si bien se casó con Miriam Kropp, una ciudadana estadounidense,
nunca tuvo hijos. Más bien se le recuerda como un trabajador
incansable, lúcido y exigente, lo que le valió el respeto de quienes lo
llegaron a conocer. “Antes de que devolvieran los diarios, en el segundo
gobierno de Belaunde, y ya con más de setenta años, Don Pedro me
nombró director de La Prensa y me pidió que reclutara chicos de las
universidades; pero ya no abogados, decía, ahora filósofos. Y por ese
camino fuimos”, recuerda Salazar Larraín.
A finales de 1959 Beltrán juntó en un pequeño comité a los más
cercanos de la redacción de La Prensa y les comunicó que el presidente
Manuel Prado Ugarteche lo convocaría a Palacio para ofrecerle
el Ministerio de Hacienda, el equivalente hoy a Economía. Era un
ofrecimiento extraño porque a través de La Prensa le habían hecho
una furibunda oposición al gobierno por el aumento de la inflación, la
indisciplina en el gasto público y la ignorancia en el manejo económico.
“Me dicen que me va a llamar pero yo no quiero ir. Por eso, vamos
a hacer un estudio de todas las cosas terribles que hay en el Perú y que
deben modificarse sustancialmente. Pongamos las cosas de tal manera
que le sea imposible aceptar mis condiciones”. Durante una semana el
equipo identificó los problemas más álgidos, propuso medidas radicales
para liberalizar la economía, desenterró unos cuantos demonios
para los populistas y planteó un programa de reformas muy rápido y
agresivo. Don Pedro recibió el documento en un sobre, lo metió en su
cartapacio y cuando llegó la hora acudió a la cita sereno y cerrado en
sus convicciones. Sin embargo, el recibimiento de Prado lo sorprendió:
— Pedro, te he llamado porque tú conoces todas estas cosas de
economía y, la verdad, quiero que me ayudes con esa cartera.
— Sí, presidente, pero usted debe ser consciente de que yo me
vería en la necesidad de hacer un montón de reformas. Mire, ve, aquí
le he traído este documento donde explico los cambios que serían
indispensables para…
— A ver, páseme esos papeles…
Prado los recibió y sin titubear los hizo pedacitos frente al rostro
atónito del hombre de prensa. Ni siquiera los miró. “Aceptadas”, fue lo
único que pronunció como lacónica respuesta.

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—Se imaginan ya qué le iba a decir –contó de regreso en la redacción
frente a su grupo de confianza–, me jodió sin mediar más palabras.
Durante casi tres años Beltrán fue Ministro de Hacienda y Primer
Ministro y, en ese breve lapso, se le dio vuelta a la economía nacional.
Simplemente con disciplina y criterio bajó casi de un tiro la inflación.
Para cumplir con su función pública se llevó también como secretario
personal a Salazar Larraín, quien tenía una oficina contigua, puerta con
puerta, y que permanecía abierta para atender la necesidad de redactar
cualquier documento. Un día Beltrán traspasó el vano y le comentó con
su voz a la vez suave y cavernosa: “Oiga, Arturo, esta semana no hay
plata para pagar la quincena”. El Tesoro Público estaba en la ruina. “¿Y
qué va a hacer?”. Don Pedro era una persona muy respetada, así que usó
ese prestigio para convocar a los dueños de los principales bancos. Eran
unas diez personas sentadas en su oficina representando entre otros al
Banco de Crédito, al Banco Comercial y hasta al Banco Popular, que
era del hermano del Presidente Prado. Salazar Larraín oía, cómplice, a
través de la puerta abierta de su oficina.
— Los he llamado a ustedes porque estamos en una situación muy
difícil. No hay plata ni para pagar esta quincena. Me tienen que apoyar.
Al silencio expectante le siguió un insípido murmullo y luego un
chacoteo. “No pues Pedro, ya nos estás picando… Acabas de llegar y ya
nos vas a saquear...”. Por allí alguien soltó una sonora risotada.
— ¡Carajo! ¡Yo no soy póliza de paredón para ninguno de ustedes,
carajo! Y si ustedes no me ayudan, yo renuncio y, encima, los denuncio.
— No pues, Pedro, no te pongas así. Que no te gane el mal humor.
Mira yo te puedo colaborar con esto...
— Y yo puedo ofrecer esto más…
Y así en esa reunión de emergencia logró recaudar los 86 millones
de soles –de aquella época– que hacían falta para superar el bache
financiero del país en los siguientes meses. “Apenas se fueron nos pidió
a su secretaria, Úrsula Neuebauer, y a mí, que cerráramos la puerta y
que no dejásemos entrar a nadie. Dispuso a Úrsula para que escribiera
un Decreto Supremo autorizando el encaje al ciento por ciento de las
nuevas colocaciones”, recuerda su asistente. Vale decir, los bancos ya
no podrían tocar ese dinero. Todos los que prestaron protestaron, le
dijeron su vida, pero esa liquidez, utilizada de a poquitos, ayudó a evitar
el uso de la maquinita y a impulsar la posterior reducción de la inflación.
Cada vez que utilizaba un poco de dinero reducía el encaje.
El uso responsable de esos fondos fue acompañado por otras
medidas de austeridad que posibilitaron, en pocos meses, darle vuelta
a la economía peruana. Luego confesaría que simplemente adaptó la
fórmula que utilizó un ministro alemán en una de las crisis de entre
guerras. Producto de ese ordenamiento económico y de las medidas
adoptadas, en su segundo y tercer año como funcionario de Hacienda
logró picos de crecimiento cercanos al 10% del PBI, performance
inscrita en los anales de la historia económica del país.
En otra oportunidad, el historiador Jorge Basadre llegó a La Prensa
solicitando el apoyo de don Pedro para hacerse de una persona de
confianza que pudiera ayudarlo con el inventario de la educación,
sector del cual era ministro. Convinieron en que Salazar Larraín lo
asistiera como parte de sus labores. Basadre había sido asesor de tesis de
su nuevo asistente y lo conocía bien. El acuerdo versaba en que Salazar

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Larraín debía llegar más temprano al periódico y, luego, trabajar de
once de la mañana a las tres de la tarde en el ministerio. Así lo hizo
durante dos años ad honorem.
Un día Salazar Larraín recibió un batacazo en un medio de
comunicación aduciendo que su nombramiento en el ministerio era
irregular, que le pagaban una cifra exorbitante y que, encima, llegaba
tarde. Entonces le solicitó a Beltrán que le permitiera responder a través
de las páginas de La Prensa. Don Pedro lo calmó y le dijo: “No, no, no,
mire usted. Cuando uno entra a la función pública –y de alguna manera
ser periodista significa estar en la función pública– le crece la piel un
milímetro cada año. No le haga caso. Al final, quieren que usted haga
lo que ellos desean y no lo que usted realmente quiere hacer”. Y así
pensaba, Beltrán no respondía nada pese a que le decían incendios. “De
esa manera se fue creando la imagen monstruosa que sus opositores
pintaron de él”, comenta su ex hombre de confianza.
En otra oportunidad cuando seleccionaban personal para el
remozado La Prensa, en el grupo cercano de los más jóvenes estaba
Alejandro Romualdo Valle, estupendo poeta y gran caricaturista,
quien firmaba como ‘Xanno’ y que, además, era comunista a ultranza.
Entre los jóvenes hubo cierto recelo al proponerlo porque hacía poco
había dibujado para una revista nacional una caricatura de Jesucristo
crucificado pero con la cara idéntica a la de Don Pedro, y sobre él rezaba
la leyenda ‘El Señor de los Mil Agros’. En verdad era genial, y a Beltrán
no le importó. Lo consideró un buen caricaturista, eficiente y eso lo
convenció. Así ‘Xanno’ trabajó en el diario por muchos años.
Otro tema que pinta de cuerpo entero a Don Pedro Beltrán
fue su predilección por la innovación y la tecnología. Si el pequeño
fundo Montalván que heredó de sus padres había hecho fama por
la exportación de melones y por sus extraordinarios índices de
productividad, fue en razón de sus experimentos. Pese a la oposición de
la mayoría de hacendados de Cañete, él contrató a un brillante genetista,
Teodoro Boza Barducci, para que dirigiera la Estación Experimental
Agraria de la zona. Beltrán tenía la idea de que cada valle debía tener
una estación similar que orientara la producción y el desarrollo agrario.
Sucedía que Boza Barducci era aprista inscrito, con carné, y el resto de
agricultores estaba seguro de que los iba a sabotear. Pero a él le bastaba
con que fuera eficiente. Ya contratado envió al especialista por toda la
sierra para que encontrase la variedad de papa que podría pegar mejor
en la costa, y así surtir a más bajo costo a la capital. Desde entonces el
valle de Cañete es la despensa de papa blanca para Lima.
La dedicada investigación, el procedimiento apropiado y riguroso,
la máxima calidad fueron siempre el fundamento de su prédica. En
una oportunidad, curioso por saber cómo podían elevar la producción
de lúcuma por rama, le dio a Boza Barducci un espacio para que
hiciera esa investigación. Beltrán contaba que en Estados Unidos
la futura demanda de helado de esa fruta era incuantificable y tenía
como proyecto crear un nuevo renglón de exportación enviando la
fruta deshidratada. “Era una persona muy sistemática, inteligente y
perseverante. Nueve años le tomó encontrar la fórmula y logró aislar
cuatro árboles hermosos que producían como ninguno”, apunta Salazar
Larraín. Pero por esa misma época se produjo la reforma agraria, le
expropiaron la hacienda y el diario La Prensa, le destruyeron su casa del
Centro de Lima y quienes tomaron posesión de la chacra, de arranque,
le tumbaron los cuatro lúcumos que costaron años de esfuerzo. Ante
ese embate se tuvo que ir exiliado del país. Pero esa ya es otra historia.

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ESO ES MÚSICA CELESTIAL
PARA MIS OÍDOS
“Yo no quiero shock, no quiero afectar los bolsillos de la gente”, dijo el
presidente electo Alberto Fujimori Fujimori a inicios de junio de 1990,
antes de asumir funciones. Entonces Hernando De Soto, presidente
del Instituto Libertad y Democracia, muy influyente en el final del
gobierno de García con su teoría de la titulación de predios para que
los más pobres pudieran acceder al capital, le pidió al representante del
Fondo Monetario Internacional (FMI) que le hablara al presidente con
la pura verdad. “No hay otra forma que el shock, hay que hacer las cosas
rápido. Eso han hecho todos los países que han tenido éxito bajando la
inflación”, le repitieron.
Como Fujimori no estaba convencido, De Soto le ofreció hacer una
cita simultánea con el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) en Nueva York. Esa reunión sería intermediada
por su hermano Álvaro, que en ese entonces era Sub Secretario de la
Organización de las Naciones Unidas, liderada por otro peruano, el
embajador Javier Pérez de Cuéllar. Este último convocaría finalmente
a los representantes de estas entidades financieras. La idea era que
emitieran opinión sobre los planes presentados por el equipo económico
de campaña, bautizados como los siete samuráis, y el que presentaría
De Soto en base a un memorándum de tres páginas elaborado por
Carlos Rodríguez Pastor, abogado especialista en temas financieros,
que se había desempeñado como gerente general del Banco Central
de Reserva en el primer gobierno del arquitecto Fernando Belaunde y
como ministro de Economía durante el segundo.
El 30 de junio de 1990, convocados por Pérez de Cuéllar, el electo
presidente Fujimori se reunió con los representantes de cada institución
financiera en Nueva York. El primer plan económico, de tendencia
socialista, fue presentado por Adolfo Figueroa. Antes de esa cita, De
Soto les había adelantado a algunos de los representantes de los bancos
con qué se iban a encontrar en dicha reunión. “En ese momento, el
objetivo era romper las dudas de Fujimori, quien tenía idea de la
situación del país pero no sabía muy bien lo que ocurría”, afirma el
propio De Soto. Entonces, la deuda pública peruana estaba concentrada
en estos entes financieros. Solo si el Perú llegaba a un compromiso con
los bancos acreedores podría asomar una luz de esperanza dentro de un
cuadro económico que hacía rato se anunciaba fúnebre.
Fujimori presentó los dos programas. El de los siete samuráis fue
primero y no despertó comentarios, más bien fue seguido por un
enrarecido silencio. Inmediatamente siguió la presentación de Carlos
Rodríguez Pastor y, apenas finalizado, el entonces Director Ejecutivo del
Fondo Monetario Internacional, el francés Michel Camdessus, profirió
una frase que resonaría por semanas e inclinaría definitivamente la
balanza: “Esa es música celestial para mis oídos”. Esa misma noche
Fujimori concedió una entrevista al New York Times que tituló en
su primera página del 1 de julio de 1990: “Nuevo líder peruano logra
un acuerdo con el FMI”. Presos todavía del desconcierto, casi ningún

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periódico o medio nacional rebotaría la noticia. Fue en ese momento
que el electo presidente empezó a comprender cuál era la única salida
para el país, gracias al aval de la banca de desarrollo que sentó las bases
para su cambio de rumbo. En los siguientes días Fujimori le propondría
a De Soto el Premierato y este declinaría para ser simplemente su asesor
personal, función que mantendría por dos años.
Como muestra de su buena voluntad, el FMI y el Banco Mundial le
ofrecieron al Perú asesoramiento técnico para impulsar las reformas.
Pero uno de los primeros problemas era quién iba a dar la cara ante al
país para implementar esos drásticos cambios. Desde que se empezaron
a lanzar propuestas, el presidente electo pondría una sola condición:
“Cualquiera, siempre y cuando no haya estado con Vargas Llosa. Sino
él se pasará el resto de la vida diciendo que fue su plan”.
La primera sugerencia del grupo como candidato para Ministro
de Economía fue Luis Valdivieso, pero al presidente no le gustaba
porque, en su concepto, no tenía manejo político. El segundo fue Óscar
Espinosa y, el tercero, Carlos Boloña. En cualquier caso, con un plan
muy diferente al que su equipo le había preparado durante la campaña,
Fujimori necesitaba un grupo renovado, alineado y consistente que
implementara las nuevas reformas desde cero. Pero la elección del líder
de la cartera de Economía no sería más que el primer ladrillo de una
superestructura sobre la que se sostendría el futuro económico del país.
EL IMPULSO DEL PENSAMIENTO
EMPRESARIAL
El 29 de agosto de 1975, siendo premier, ministro de Guerra y
Comandante General del Ejército, Francisco Morales Bermúdez
lideró un golpe de estado en Tacna para dar inicio a la “segunda fase
del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas”, y al día siguiente
se autoproclamó presidente. Su predecesor, el general Juan Velasco
Alvarado venía ya con la salud resquebrajada y se retiró sin oponer
resistencia a su casa de Chaclacayo. Podría decirse que el mayor
mérito del gobierno de Morales Bermúdez fue delinear el camino
de la dictadura hacia la democracia, pues durante su mandato los
problemas del Perú estuvieron lejos de desaparecer. La economía siguió
mangoneada por el estado, las decisiones eran tomadas por generales
inexpertos en prácticamente todos los temas, continuaba la política
de subvenciones y los monopolios centralizaban la comercialización y
distribución de la mayoría de productos hacia adentro y afuera del país.
Luis Barúa fue el primer ministro civil desde el golpe de Velasco,
lo que evidenciaba las intenciones de Morales Bermúdez de simbolizar
un tiempo de cambios que, de hecho, se produjeron en la conducción

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económica del país. El presidente encontró una buena contraparte
en un grupo de técnicos que lideraban el BCR, entre ellos Manuel
Moreyra, Claudio Herzka y Alonso Polar. Sin embargo, la presencia
de Barúa en un gabinete casi íntegramente compuesto por militares
y la mentalidad estatista arraigada en la mayoría hicieron naufragar
durante casi dos años los arrestos reformistas del economista.
Quizá el mayor logro de Barúa fue romper con el protocolo de
los Consejos de Ministros. En aquellas épocas los ministros de todos
los sectores eran generales, como si los ministerios fueran un nuevo
escalafón. A la usanza castrense, según recuerda el economista y
fundador del Grupo Apoyo, Felipe Ortiz de Zevallos, en cada consejo
hablaban primero los generales de más alta gradación y así en orden
hacia abajo, sea cual fuere el tema. Por eso a Barúa, por más que fuera
el responsable de la cartera de Economía, le tocaba siempre al final.
Al cabo de unas cuantas sesiones, se dio cuenta de que el gabinete solo
escuchaba a los cuatro o cinco primeros, que luego no importaba un
ápice lo que se dijera y que, si se guardaba para el final sus temas, solo
sería capaz de arrancar bostezos. En una oportunidad tomó impulso
y exigió rudamente que cuando hubiera urgencia de tratar temas
económicos éstos se expusieran primero, porque de esas decisiones
dependía el presupuesto de cada una de sus carteras y que, más
importante todavía, la situación de la deuda externa, de la inflación y,
en suma, de la economía del país estaba lejos de ser la ideal.
Un par de años más tarde, en mayo de 1977, asumiría la cartera de
Economía el empresario Walter Piazza Tangüis, ingeniero electrónico
con maestría en el Masachussets Institute of Tecnology (MIT) y exitoso
empresario en el ramo de la construcción y la informática. En 1969
había sufrido la expropiación de la hacienda Urrutia por la Reforma
Agraria, pues “no pudo demostrar una conducción directa” de las
tierras que había heredado de su abuelo materno, el famoso algodonero
don Fermín Tangüis. Tres años después, cuando dirigía Industrial
Propesca, el sector pesquero fue expropiado, recibiendo él una nueva
estocada. Entonces llegó a la convicción de que era necesario desarrollar
el pensamiento y la educación empresarial en el Perú y, en lo que pudo,
alentó la consolidación del Instituto Peruano de Administración de
Empresas (IPAE).
De hecho, cuando fue convocado por el gobierno, Piazza no tenía
experiencia política y condicionó su participación a que se hiciera una
serie de reformas que, para empezar, priorizaban la reducción de la
inflación, que el gobierno asumiera la responsabilidad de la reacción
social por el ajuste y que se incrementara el número de civiles en el
gabinete. Según contaría Piazza años más tarde, aceptó también
porque Morales Bermúdez le pidió ese esfuerzo para devolver al Perú
a la senda de la democracia. Eso terminó de animarlo.
Apenas recibió la llamada de Palacio ofreciéndole la cartera
convocó en su casa a varios amigos, entre los que se encontraban el
abogado Félix Navarro Grau y un funcionario de su consultora, Felipe
Ortiz de Zevallos. A ellos se sumaría luego Jorge Camet Dickman,
quien completaría la plana de asesores durante su ejercicio como
ministro. Una vez en el despacho, Piazza fue consciente de que la
situación económica del país era mucho más grave de lo que suponía.
En 1976 la inflación se había desbocado a un 47% y ya hacía sentir sus
efectos nocivos en la población. En cuatro años la deuda externa había
duplicado su tamaño a 7,384 millones de dólares y era claro que el país
perdía confianza en el exterior por sus problemas para honrarla. Ya
casi no entraban divisas. Por ello pidió a Morales Bermúdez reunirse
de inmediato con la Junta de Gobierno, conformada por el propio
presidente y los generales a cargo de cada una de las armas que, a la

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sazón, tenía más poder que el propio gabinete. En doce días había
elaborado con su equipo un Programa de Emergencia para atacar los
problemas más apremiantes en el corto plazo.
Contra todo pronóstico, el agresivo programa liberal que presentó
Piazza tuvo la aceptación de la Junta Militar y también del Consejo de
Ministros, aunque lo obligaron a incrementar un poco más los sueldos
como medida social para equilibrar los recortes. En su discurso del 10 de
junio, propalado por la radio y la televisión controlada por el gobierno,
identificó cuatro problemas financieros y cuatro estructurales. Entre
los primeros estaban:
1. Inflación: incremento compulsivo en el nivel de precios.
2. Déficit: diferencia negativa entre el nivel de ingresos y egresos
del país.
3. Falta de liquidez de los privados: los créditos estaban restringidos.
4. Déficit en la balanza de pagos: la deuda externa llegaba al 40%
de nuestras exportaciones.
Entre los problemas económicos estructurales citó el riesgo de
estancamiento en el crecimiento, la carencia de ahorro interno –él
proponía que llegara al 25% del PBI, cuando estaba por el 10%–, el
hecho de que se planificaran las cosas sin ningún orden de prioridad
y el enorme crecimiento del aparato estatal. En ese sentido, el querer
abarcar todo había reducido la eficiencia y la productividad del estado.
Después de este esfuerzo pedagógico, Piazza expuso su receta:
1. Reducir los gastos del gobierno.
2. Eliminar las pérdidas de Petroperú.
3. Reducir los gastos militares en armas.
4. No hacer cambios bruscos en la tasa de cambio.
5. Compensar la capacidad adquisitiva de la población.
6. Pedir un préstamo de 250 millones de dólares, en condiciones
favorables, para equilibrar la balanza de pagos.
El empresario era consciente del impacto que traería en la población
el recorte de los gastos del Estado y su propuesta de elevar el entonces
subvencionado precio de la gasolina, en 40%, para reducir las pérdidas
de Petroperú. Inmediatamente subirían el precio de los alimentos y
del transporte, poco a poco todo lo demás. Pero no había otra salida
técnica. También mencionó que como complemento de estas medidas
debía aprobarse un programa de estímulo para el desarrollo de la
empresa privada con el propósito de ‘desestatizar’ la economía.
“Piazza había llegado con un cúmulo de reformas liberales que
incluían un componente ineludible, que era la reducción en las compras
militares y de armas”, comenta Felipe Ortiz de Zevallos. Sin embargo,
los militares fueron inflexibles y adujeron que en defensa de la
soberanía nacional era su deber seguir comprando armamento, por lo
que se opusieron rotundamente. La situación era muy tensa al interior
del Consejo de Ministros, tan es así que el ministro de Economía quiso
poner contra la pared a Morales Bermúdez diciéndole que él necesitaba
un ministro de Economía que estuviera de acuerdo con su gabinete o un
gabinete que estuviera de acuerdo con su ministro de Economía pues,
de otra manera, no iban a funcionar las cosas.
Los primeros en criticar las medidas fueron las revistas Caretas –que
defendía la necesidad de un alza de sueldos, la ampliación de créditos de la
banca estatal y el congelamiento del dólar– y Oiga, que acusaba a Piazza
de “empresario”, haciendo eco de las voces radicales y contribuyendo a
la devaluación de la imagen de la actividad empresarial en general. Pero

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lo insólito fue que el mismo día de la publicación de las reformas en el
diario El Peruano, contraviniendo las medidas de austeridad, el Seguro
Social contrató a centenares de nuevos trabajadores y el Ministerio
de Salud nombró, ascendió y convino aumentos de sueldo para varios
funcionarios públicos, boicoteando la implementación del programa.
De allí siguieron las protestas como la suspensión de clases escolares en
Puno, paros y huelgas en distintas ciudades del país y se le rebautizó a
Piazza como “representante directo de las trasnacionales”.
Ante la convulsión social, el Centro de Altos Estudios Militares
(CAEM), propulsor del modelo militar, citó a Piazza para preguntarle
que haría su despacho si su programa de emergencia fuera revisado
o anulado por consideraciones políticas y sociales, como había
pasado con otros en el pasado: “Haría un flaco servicio a mi país si
avalara una mediatización o anulación de las medidas propuestas
por razones políticas. En ese caso, prefiero que alguien venga y me
reemplace”, respondió, según recuerda el analista José Luis Sardón
en una publicación que compila su breve periodo en la cartera. En ese
momento, Piazza sabía que estaba echando sus últimas cartas. Después
de su temprana renuncia, a cincuenta días de haber asumido el cargo, la
situación económica se agravó por el desorden y las medidas populistas
de su sucesor, el general Alcibiades Sáenz.
Un día cualquiera, en un consejo de política monetaria con el
general Sáenz, también recordado como ‘Caballococha’, se le informaba
al nuevo ministro sobre los graves problemas que había experimentado
el sector agrario en la última campaña. Acompañaba la reunión su
viceministro, Dick Alcántara, y en la sesión se informaba, en rigor, que
ese año había sido muy malo, principalmente por la sequía. Alfredo
Jalilie, quien estaba allí presente, cuenta que finalizado el informe y
dando muestra de una genuina preocupación por el tema, Sáenz se
inclinó sobre la mesa y exigió con autoridad: “Dick, anota. Eso de la
sequía lo tenemos que coordinar para que no vuelva a suceder”.
En otra oportunidad, recuerda Felipe Ortiz de Zevallos que,
cuando se estaba produciendo la transferencia de la cartera entre
ambos equipos económicos, los que dejaban el ministerio debían
informar a los que entraban sobre las enormes exigencias que tenía
nuestra economía por delante, principalmente por el endeudamiento
externo y por el efecto de la inflación, ya que el país estaba a un paso
de verse imposibilitado de pagar la deuda externa. Luego de una
larga jornada en la que Sáenz participaba quieto y con una mirada
inescrutable, incapaces de descifrar si quedaba clara la gravedad de la
situación, el equipo de Piazza le preguntó si tenía alguna pregunta. “Sí,
dos”, dijo ‘Caballocoha’. “Dónde queda el baño y, segundo, a qué hora se
acaba esta reunión”. Ahora Ortiz de Zevallos lo recuerda risueño como
una anécdota, pero entonces la incertidumbre sobre el futuro del país
seguía creciendo incontenible.
De haber ejecutado el Programa de Emergencia de Piazza, lo
más probable es que la economía peruana se hubiera protegido de
ese populismo histérico en el que cayó desde 1962 y que terminó
abruptamente con el traumático fujishock en 1990. De haber sido firmes
en la implementación de las medidas propuestas por Piazza, es probable
que el Perú no hubiera padecido la hiperinflación de los años ochenta.
Por eso, a esa valiente gestión de apenas cincuenta días solo queda
recordarla como otra de las grandes oportunidades frustradas del Perú.

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EL ‘CAMBIO DE CHIP’
La consolidación de los cambios en el pensamiento de Alberto
Fujimori se empezaron a gestar durante la segunda quincena de junio
de 1990, producto de las visitas que programaron Hernando de Soto
y Carlos Rodríguez Pastor a distintos representantes del gobierno
norteamericano, a miembros de las Naciones Unidas y a los funcionaros
de la banca de desarrollo, léase Banco Mundial, Banco Interamericano
de Desarrollo y Fondo Monetario Internacional. Siendo presidente
electo, no se disponía de fondos para realizar ese viaje y ni siquiera
se contaba con seguridad; sin embargo, Fujimori insistió en que lo
acompañara su hermana Rosa. Y así fue. Para facilitar la logística se
consiguió un hotel frente al edificio de las Naciones Unidas, donde
habitualmente se alojan los embajadores, y en el que el presidente
electo ocupó la suite presidencial. Un día antes de iniciar la ronda de
reuniones, Fujimori le pidió a De Soto que lo visitara en su habitación.
— Mire, me ha venido a visitar hace un momento el gerente del
hotel y yo le pregunté cuánto valía toda esta manzana. Me comentó
que unos 800 millones de dólares. Usted tiene muchas conexiones con
los norteamericanos y ya me ha metido en esto. Dígales que no sean
apretados, pues. Solo tienen que vender tres manzanas como ésta y los
problemas del Perú desaparecen.
Cuando De Soto terminó de oírlo se sintió absolutamente deprimido
y pensó, ‘Dios mío, en qué estamos metidos’. Bajó tristísimo a contarle
a su esposa lo que había sucedido y minutos más tarde decidió llamarlo
de nuevo para subir a su habitación.
— Estoy probando mis alimentos. Si no tiene problema,
conversamos mientras tomo mis alimentos, contestó el presidente.
— Señor presidente, le voy a contar por qué este es un gran país.
El presidente Bush no puede vender ni ésta ni las demás manzanas. No
le pertenecen. De lo que se trata ahora es que no hay confianza en el
Perú. El día en que haya confianza en el Perú, entonces usted verá que
la gente invertirá.
Cuando salió de la habitación De Soto aún seguía preocupado, así
que llamó a Rodríguez Pastor para decirle que esa noche tenían tarea.
Él segundo lo resolvió de una manera muy simple y con un ejemplo más
tangible.
— Señor Presidente, los contratos peruanos no valen nada. Si el
primero de julio anunciamos las medidas que vamos a tomar, usted
verá cómo se revaloriza el país y nos devuelven parte de la confianza.
Y así sucedió. Nuevos visos de confianza arropaban el futuro
próximo del país con el anuncio y la noticia publicada en la primera

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página del New York Times. Sorprendido por el efecto inmediato,
Fujimori le pidió a Rodríguez Pastor que le ensayara una explicación.
— Mire, señor presidente, yo no soy un intelectual, soy un banquero
muy práctico. Hay una cosa que se llama círculo virtuoso y, otra, que se
llama circulo vicioso. Por el momento estamos en un círculo vicioso. El
día que usted aguante la inflación y la gente sepa que el gobierno no va
a gastar lo que no tiene así se pase hambre, así estén haciendo salvajadas
en el interior, si aún así usted no gasta, ese día el Perú sale adelante.
Para De Soto, el candidato ideal para el Ministerio de Economía
era Luis Valdivieso, hijo del recordado ‘Mago’, extraordinario arquero
de Alianza Lima y de la selección peruana en el primer mundial de
Uruguay. Valdivieso había sido siempre una persona muy sólida y
de probadas credenciales. Cuando Fujimori le hizo las preguntas
habituales que le hacía a los candidatos, el economista tomó la imagen
que ya había esbozado Rodríguez Pastor.
— ¿Y que haría usted si hay necesidad de un gasto adicional?
— Señor presidente, yo me siento sobre la caja fuerte y no le tolero
a usted ni un dólar más.
— Ah, interesante. Muchas gracias.
Cuando salió Valdivieso, Fujimori le preguntó a De Soto qué le había
parecido, y este le respondió que fantástico, que ese señor aseguraba
una férrea disciplina, que de ninguna manera se iba a levantar de la caja.
— Ese es el problema –dijo el presidente–, no es suficientemente
político. ¡El siguiente!
Dos meses después de esa visita a Nueva York, Fujimori había
asimilado completamente la lección. Entonces ya tenía la intuición de
que la raíz del problema estaba en la propiedad del Estado y la clave de
la solución en la inversión privada; que no había que gastar por gusto
y sabía –más claramente que muchos especialistas– cuál era el camino
para solucionar el tema de la cuantiosa deuda pública del Perú.

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EL ESTADO ACAPARADOR
Al final del gobierno de Morales Bermúdez, tras el desastre de la gestión
del general Alcibiades Sáenz, hubo un intento de liberalización que
funcionó hasta cierto punto y que fue liderado por el entonces ministro
de Economía Javier Silva Ruete, gestión que también se vio beneficiada
por un alza espectacular en el precio de los metales. En un salto sin
precedentes, el precio internacional de la plata pasó de tres a cuarenta
dólares la onza, lo que le permitió al Perú recuperar cierta estabilidad
en su ansiada vuelta a la democracia.
Una de las medidas de Silva Ruete consistió en la desaparición del
Registro Nacional de Manufacturas (RNM) que, desde 1971, en un
absurdo afán proteccionista, permitía a cualquier empresa nacional
inscribir un producto ante el Ministerio de Industria y Comercio y
así bloquear la importación de otro similar. Además del RNM se creó
otra Lista de Importaciones Prohibidas que, junto con las primeras,
sumaban alrededor del 40% de partidas arancelarias. Vale decir, los
productos industriales más atractivos para hacer negocios en el Perú
estaban prácticamente prohibidos de entrar al país.
A contracorriente, se implementaron diversas Licencias de
Importaciones, especialmente para insumos del sector agrícola; luego
se abrió el espectro a alguna maquinaria minera y más tarde rebajas
arancelarias a partidas de distintos sectores. Lo cierto es que cinco años
después no existía una lista consolidada de estas restricciones, lo que
provocó también una superposición de normas, de prohibiciones y de
atribuciones para conceder licencias, las mismas que eran otorgadas
por oficinas públicas de sectores y niveles diferentes, creando un
caldo de cultivo ideal para la corrupción y haciendo casi imposible el
control de los órganos pertinentes. Así las cosas, lo único que lograron
estas restricciones proteccionistas fue un significativo retraso de la
industria nacional. Para tener una idea, producto de los aranceles
para los artefactos importados, una buena licuadora llegó a costar el
equivalente a 750 dólares.
Como consecuencia, durante varios lustros, los peruanos nos
conformamos con utilizar las mismas marcas desde los comestibles
hasta la ropa, desde los juguetes hasta las refrigeradoras, desde las
zapatillas hasta los taladros. No teníamos alternativas porque el
mercado era restringido, se producían productos únicos y nosotros
casi no teníamos la posibilidad de elegir. Los zapatos eran Bata, las
pelotas Viniball, los calzones Mochita, la leche ENCI, el jabón Bolívar,
las galletas Field, los helados D’onofrio, el panetón Motta, los uniformes
Polystel, y así en casi todas las categorías.
Pero, por si fuera poco, a partir del gobierno de Velasco, el estado se
apropió de las llamadas industrias estratégicas como el acero, la química
básica, todos los servicios públicos –la generación y distribución
de energía, la telefonía, el agua potable– y, de a pocos, se fueron
sumando mediante expropiaciones las empresas mineras, pesqueras,
petroleras y de transporte. Incluso se crearon más tarde empresas

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que monopolizaron la importación de insumos y la exportación de
productos.
“Uno de mis primeros encargos en el estado hizo que me involucrara
con ENCI (Empresa Nacional de Comercialización de Insumos), que
manejaba casi el 40% de las importaciones peruanas, para hacer un
trabajo silencioso y de choque con los políticos de turno. Lo que nos
tocó fue desmantelar todo ese aparato de control”, anota Mayu Hume,
viceministra de Comercio durante el segundo mandato de Belaunde.
Así como ENCI (1971), se habían creado también otras empresas
que monopolizaban la importación de insumos y comercialización
de productos en los distintos sectores; por ejemplo, la Empresa
comercializadora de harina y aceite de pescado (EPCHAP) en 1970;
la Empresa Comercializadora de Minerales (MINPECO) en 1974, a
través de la que se vendía todo el mineral peruano; Petróleos del Perú
o Petroperú en 1969; la empresa siderúrgica SIDERPERU en 1969; la
Empresa pública de servicios agropecuarios y pesqueros (EPSAP) en
1969, que se dividiría en dos en 1970: EPSA para la parte agropecuaria
y EPSEP para la de pesca y otras más. En 1975, todas estas empresas
públicas controlaban el 50% del total de importaciones y el 85% del total
de las exportaciones del país.
Con el tremendo peso de las empresas públicas en la economía
nacional, el gobierno no pudo distraer su apetito de controlar también
los precios de los alimentos básicos como el arroz, el trigo, la carne y
los productos lácteos, propiciando distorsiones y subvencionándolos
posteriormente. A la par se crearon reglas prohibitivas y diferentes
para la inversión extranjera y se bosquejaron nuevas formas de
propiedad en la industria y en la agricultura, basadas en el supuesto de
que la participación de los obreros en las decisiones y utilidades de las
empresas terminarían con la pobreza.
Antes del retorno al sistema democrático en 1980 el gobierno
militar convocó a elecciones libres para conformar una Asamblea
Constituyente y establecer mediante una Carta Magna un nuevo pacto
ciudadano. Producto de esa elección, la primera mayoría le correspondió
al Apra, bajo el liderazgo de su fundador histórico, Víctor Raúl Haya
de la Torre, quien presidiría la asamblea. En ese horizonte democrático
la economía seguía desplomándose. La inflación de 1978 fue de 75% y
la del 1979 bajó levemente a 67%; sin embargo, seguía siendo muy alta,
pues se estima más controlable si se ubica por debajo del 4%.
Una de las falencias claves de esa Constitución en el tema
económico es que fue elaborada antes de la caída del muro de Berlín y
que, en dos de sus terceras partes, contenía los mismos conceptos de la
anterior, elaborada para una realidad de cinco décadas atrás (1933), sin
considerar un contexto económico y un futuro que ya suponía cambios
acelerados a nivel global. Incluso, esa carta dejaba espacios claros para
la limitación del derecho de la propiedad privada y, del mismo modo,
alentaba la participación empresarial del estado de manera principal e
irrestricta, como era entonces el pensamiento del Apra y de las fuerzas
de izquierda en el país.

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BUSCANDO A QUIEN DIERA LA CARA
Como si se hubieran puesto de acuerdo, consultados por el equipo de
Fujimori, todos los candidatos al Ministerio de Economía argumentaron
que necesitaban llegar, al menos, con un pequeño equipo. Esa respuesta
era lógica porque, entonces, el presidente electo seguía siendo una
incógnita, nadie sabía quién era o qué cosa iba a hacer. De pronto,
un día el mismo Fujimori sacó una sugerencia de debajo de la manga:
Juan Carlos Hurtado Miller. Hurtado había sido su compañero de la
universidad y uno de los pocos representantes de Acción Popular al que
el Fredemo no había tomado en cuenta; es decir, se había quedado sin
casa política. “Él es perfecto –subrayó el propio Fujimori–, va a hacer lo
que nosotros le digamos porque no tiene adonde ir”, remató.
Después de la traumática derrota del Fredemo hubo en sus filas
un desconcierto generalizado, especialmente en Lima, tan es así que
Belaunde les había ordenado a los acciopopulistas que nadie fuera a
saludar al presidente electo. “Yo tuve que increparlo en un coctel
porque en un momento dijo airadamente que no podíamos permitir
que un japonés fuera presidente del Perú. Estaba furioso. Entonces yo
le pregunté directamente si estaba sugiriendo que debía haber un golpe
militar”, recuerda Felipe Ortiz de Zevallos.
Por entonces, Hurtado Miller –integrante del grupo de los
‘violeteros’ de Acción Popular, conformado por los parientes y los más
allegados a la esposa del ex presidente Belaunde, Violeta Correa– había
estado en Buenos Aires y se había presentado en Lima con la intención
de saludar a su recientemente electo ex compañero de la universidad.
Lo llamó a sabiendas de la prohibición del líder de su partido. Cuando se
comunicó con el presidente electo le dijo que él se acercaría a saludarlo
y que lo haría con un fotógrafo para que fuera evidente el desacato.
“En esa conversación Fujimori le comentó a Hurtado Miller que
llegaba de Japón y que debía implementar el programa propuesto por
Rodríguez Pastor durante la gira. Yo creo que, hasta ese momento, para
el flamante presidente el tema de las reformas y de la promoción de las
inversiones privadas era una manera de resolver un problema de corto
plazo”, concluye el propio Ortiz de Zevallos, y no la salida al terrible
entrampamiento político y económico en el que estaba anclado el país.

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LA MALDITA RECETA DEL POPULISMO
Tras una Asamblea Constituyente, el Perú retomó el rumbo de la
democracia en 1980 y se hizo evidente el fracaso real y simbólico del
gobierno militar en su aventura revolucionaria, pues el arquitecto
Fernando Belaunde –a quien Velasco había defenestrado del poder–
fue electo con un respaldo del 45% de los votantes. Ese retorno triunfal
significó también el regreso de Manuel Ulloa a la cartera de Economía
quien, después de haber sido deportado en el 68, juntó a un joven y
dinámico equipo en el MEF. Mientras Belaunde escribía su discurso
para la asunción de mando en la casa de su correligionario Carlos
Tizón; Mayu Hume, Pepe Valderrama y Roberto Abusada, entre otros,
se trasladaron a Paracas para afinar el plan económico junto con el
seductor economista. Entre las medidas previstas en ese plan figuraban
el fin de la reforma agraria, la liberalización de precios, la venta de 172
empresas del Estado y un paquete de normas para abrir nuevamente la
economía peruana al mundo.
Para ello, antes de que se realizara la transferencia de gobierno,
Ulloa le había pedido a su antecesor, Javier Silva Ruete, que traspasara
Comercio Exterior de la cartera de Industria a la de Economía, pues veía
inadmisible que la relación comercial del país con el exterior estuviera
en manos de empresarios que todavía ostentaban ideas proteccionistas.
Del mismo modo, Aduanas también pasó a Comercio con el propósito
de convertirla en un ente facilitador y no en uno con funciones de
recaudación, vale decir, controlista.
En ese tiempo, muchos de los empresarios se habían acostumbrado
a pedirle al estado un ‘arancel altísimo’ para que así se hiciera más
difícil la importación de productos similares a los suyos y ‘arancel cero’
en los insumos para producir barato. “No había ningún sentido de
solidaridad. Entonces se inició un proceso de reconversión industrial,
que fue la base de una industria más competitiva como la actual. Los
empresarios no se daban cuenta de que a mayor protección, a menos
competencia, había menos posibilidades de exportar”, recuerda Mayu
Hume, quien fuera viceministra de Comercio en el MEFC de Ulloa.
El plan del entusiasta equipo económico se elaboró muy rápido,
pues recuperaba los principios de los intentos precedentes de
liberalización, pero sufrió un serio revés cuando se lo presentaron al
presidente Belaunde: “Lo que pasa es que Orrego se va a presentar a las
elecciones municipales en noviembre y no hay que mover mucho las
cosas”. Nuevamente primó el cálculo político, el populismo electorero
y el Perú perdió la oportunidad de implementar las reformas diez años
antes del fujishock. Sin embargo, el equipo económico siguió avanzando
en la medida de sus posibilidades.
Manuel Ulloa era un político ducho, muy inteligente y solía caer
siempre bien parado. Pero en el día a día tenía una seguidilla de frases
que eran incomprensibles como “sí, no, mira, claro, adelante. Nunca
sabías si estaba de acuerdo con un tema crítico; te alentaba, pero de
hecho si las cosas no funcionaban siempre iba a ser tu culpa”, recuerda

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el ahora analista Roberto Abusada. El clima político estaba tan
agitado que nadie quiso ir al CADE, así que Abusada mismo se ofreció
a representar al estado en esa cita. Un par de años antes, contratado
por el Banco Mundial, había hecho un ronda con los empresarios para
sensibilizarlos en torno a la liberalización de la economía. “Hice la
ponencia y Ulloa tomó un avión que aterrizó en el Hotel Las Dunas.
Cuando llegó respaldó ante el empresariado todo lo que dije”, recuerda.
Pero al día siguiente, los periódicos salieron con titulares del tipo
“Enemigo de la producción” , “El nuevo Esparza Zañartu”… Era la época
en la que bastaba un ‘periodicazo’ para tumbar a un funcionario.
Pero más allá de lo que publicaran los medios, las pugnas internas
dentro de Acción Popular ya eran entonces muy intensas. Tanto como
un buen líder, Ulloa era una persona veleidosa, amante de la noche y de
las mujeres y, además, tan necesario como incontrolable para el propio
presidente. Quizá por ello era odiado por Violeta Correa, la esposa de
Belaunde. El ministro fue mandado a seguir por las noches, la prensa
se deleitó con sus aventuras, avivó su leyenda y, al final, precipitaron su
caída. Ante el escarnio público lo sucedió en la cartera Carlos Rodríguez
Pastor Mendoza, quien apenas asumió tuvo que afrontar un momento
muy difícil, un punto de quiebre traumático para el país y que llegó de
la forma más inesperada.
No fue la oposición de las fuerzas políticas rivales, ni la presión de
los empresarios proteccionistas, tampoco la influencia de las fuerzas
contrarias dentro del propio Palacio de Gobierno sino que, en el verano
de 1983, el entonces desconocido Fenómeno del Niño trajo consigo una
catástrofe en la forma de temporales, muerte y destrucción.
Producto de los huaycos, inundaciones y sequías se echó a perder
más del 60% de las cosechas de plátano, camote, pasto, yuca y hortalizas
en la costa norte; se destruyeron cerca de 20,000 casas y cuantiosas
redes de agua potable y alcantarillado, incrementándose en un rango
sin precedentes las atenciones en salud por enfermedades como la
diarrea, el paludismo y otras de las vías respiratorias.
Del mismo modo se bloquearon las carreteras por los derrumbes
de pistas y puentes provocados por los huaycos y las crecidas de los
ríos, elevándose así los precios de los alimentos. La sequía fue el
punto contrastante en la zona sur, afectando a Puno e influyendo
negativamente en la producción agrícola y ganadera de Cuzco,
Arequipa, Ayacucho y Apurímac; sumado a que el influjo de las aguas
cálidas hasta el sur de Lima precipitó la huida de nuestra fauna marina
más hacia Chile, especialmente de especies como el lenguado, tollo,
róbalo o langostinos, cayendo la producción del sector pesquero en un
65%. Esa debacle ambiental significó la reducción del PBI nacional en
12,5%, según los cálculos conservadores de esa época.
“Ese quinquenio fue como estar en un bote artesanal pequeño, en
medio del océano y bajo una tormenta enorme. En esas circunstancias
uno hace de todo para no voltearse. Así fue el manejo económico. Los
problemas empezaron a finales del 82, con el colapso de México y la
crisis de la deuda externa y cuando, en el verano de 1983, sobrevino el
tema del Fenómeno del Niño, ya todo fue desastroso”, recuerda Richard
Webb, quien fuera presidente del Banco Central de Reserva durante el
periodo 1980–85.
Si bien la economía peruana se había estabilizado con el alza en
el precio de la plata a fines de los setenta, nos azotó de rebote la crisis
financiera mexicana en la región y el Perú se arruinó nuevamente. La
población entrada en pánico le exigió respuestas al gobierno y Belaunde
reaccionó, a la usanza de nuestros políticos, con más populismo.
Abusada recuerda que en su juventud, ante la necesidad de
controlar los gastos y las advertencias para implementar un manejo

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disciplinado de la economía, se quedaba pasmado y sin palabras frente a
las respuestas del experimentado presidente acciopopulista a su equipo
económico:
— Señor presidente, estamos gastando 4% del Producto Nacional
Bruto en las empresas eléctricas.
— No hay problema, estamos cambiando débiles soles por
poderosos kilovatios.
— Señor presidente, no tenemos dinero para hacer Charcani IV.
— ¿Usted sabe lo que es un wáter? El wáter tiene esta parte de aquí
abajo y esta otra de aquí arriba, y allí solo falta el tanque, ¿cómo no lo
vamos a hacer?
— Señor presidente, el proyecto Majes es muy caro, nos costaría
mil millones de dólares.
— ¿Cuánto va a producir al año?, repreguntaba.
— No sé, unos cien millones a lo sumo.
— Entonces, ¡¿cuánto es cien, más cien, más cien, más cien…?! ¿Así
no llega usted a mil?
Belaunde era una buena persona, un tipo honesto, un soñador
total, pero también un irresponsable en el manejo económico. Más
allá de la devolución de los medios de comunicación a sus legítimos
dueños –que habían sido expropiados en 1974 por Velasco– no hubo
avances en el desmontaje del sistema productivo del país. Las empresas
públicas siguieron subvencionadas, con tecnología obsoleta y gestiones
ineficientes. Tampoco se terminaron de erradicar aquellas restricciones
que limitaban la conexión comercial del Perú con el resto del mundo
para que, de esa manera, fuera posible propiciar una mejora en la
economía del hogar, en la calidad de los productos y en el precio de los
alimentos. “El tema central es el consumidor. Y todos los sobrecostos de
los alimentos importados, que llegaban a precios absurdos para los que
tenían protección como el azúcar o el arroz, lo único que provocaban
era un gran sacrificio para los más pobres. Lo lógico habría sido abrir
el mercado para que bajaran los precios de los alimentos básicos, hasta
de la leche”, subraya Mayu Hume.
Habría que decir en favor del gobierno de Belaunde que en esos
tiempos todavía no se había iniciado el proceso de globalización, que
seguían vigentes las ideas que trocaron en obsoletas tras la caída del
muro de Berlín, que en la región solo Chile había emprendido ese
camino; pero también, por el contrario, que si entonces hubiésemos
iniciado el proceso, probablemente el Perú de hoy sería más fuerte y su
economía más relevante en la región.
Continúa Abusada, “lo útil ahora sería reflexionar por qué se
pudieron hacer las reformas en los noventa, cuando estábamos de
rodillas, y por qué no con un presidente decente como Belaunde, con
una economía más fuerte, con un mandato político increíble”.
Cabría agregar por qué se nos hace tan difícil reconocer,
comprender y continuar ese proceso que hoy está permitiéndole al
Perú el crecimiento, la interconexión y el desarrollo; y así propiciar un
combate real y exitoso frente a la pobreza. ¿O es necesario sentirnos
agobiados por la hiperinflación y el terrorismo, en la última lona, para
desterrar apetitos de poder y hacer una causa común hacia el desarrollo?

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CAMBIO OBLIGADO EN EL EQUIPO
Ya se había decepcionado con la gestión del gobierno de García que, a
su juicio, estaba destruyendo la economía y éso, sumado a la escalada
terrorista que se extendía al 60% de las regiones en el interior, configuró
un punto de quiebre para él. Vendió su casa y se llevó a sus cuatro
hijas para trabajar temas inmobiliarios en Connecticut. Más todavía,
cuando vio al candidato Mario Vargas Llosa en plena campaña de 1990
anunciando un shock como parte inicial de su programa, sintió que ya
todo estaba perdido. “Ese es un enorme error político –pensó–. Nadie
puede ganar una elección anunciando que va a hacer un shock”.
Alejado de todo y concentrado en su familia, Carlos Boloña Behr
celebraba el cumpleaños de una de sus hijas en Florida cuando recibió
la llamada de Carlos Rodríguez Pastor. “Carlos, estamos con Fujimori
en Washington y quiero que me acompañes”. No acudió a la cita. Estaba
seguro de que el Perú repetiría el camino de Bolivia, que había sufrido
una hiperinflación de entre 100% y 200% por mes, y que él conocía
bastante bien, pues había sido parte del equipo de Jeffrey Sachs, un
economista que fuera asesor en varios países de América Latina y
Europa del Este, y que tuvo la tarea de procurar la estabilización
económica de los altiplánicos. “La experiencia en Bolivia fue para mí
como ver el cometa Halley. Conocí el monstruo de la hiperinflación
por dentro, pero jamás pensé que lo vería otra vez, tan pronto, y nada
menos que en mi propio país”, resume Boloña.
Él había trabajado con Rodríguez Pastor, en 1983, como jefe de los
asesores económicos en la negociación con el FMI, pero se decepcionó
porque, según él, para Belaunde hacer un pequeño ajuste o una
devaluación era como traicionar a la patria. Ni por asomo estaba en
su cabeza aceptar un encargo en el Ministerio de Economía, menos
integrando el gabinete de un proyecto incierto y contrario a sus
fundamentos como el de Fujimori. “Yo ya había visto en Bolivia que
el BCR lo manejaba la Central Obrera Boliviana; su edificio lo tuvo
que tomar la Fuerza Armada porque no dejaban de imprimir billetes
cuando les daba la gana y tampoco de mandar dinero en camiones hacia
Oruro, Santa Cruz y otras partes del territorio boliviano”.
Algunos días después volvió a recibir la llamada de Rodríguez
Pastor. Fujimori estaba de regreso en Estados Unidos tras su gira a
Japón y tendría una parada rápida en Miami. “Lo contravine diciéndole
que para qué perdía el tiempo, que todo iba a ser peor. Rodríguez Pastor
me pidió que, aunque sea por curiosidad, conociera a Fujimori. Tanto
insistió que fui”, sostiene quien fuera el primer economista peruano
con un doctorado en Oxford. El presidente estaba alojado en el Ritz
Carlton y, pese a ya haber tomado una decisión por la vía contraria,
todavía seguía en compañía del equipo económico de su campaña.
— Yo sé de política, tengo mucha intuición y por eso he ganado las
elecciones. No sé de economía, pero sé pensar. Quiero que me digan
cómo se baja la hiperinflación.

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La reunión se dio en una habitación del hotel con los asistentes
sentados en las dos camas. Fujimori le pidió primero respuesta a Adolfo
Figueroa, jefe de su equipo económico, quien argumentó que un día
podría subir el precio del aceite, otro el de la gasolina, más tarde el de
otros artículos de primera necesidad y que con modelos econométricos
y otras medidas podría salvarse el tema. Boloña fue menos técnico.
— La hiperinflación es un cáncer, señor presidente, y el cáncer se
tiene que extirpar. Y tienes que operar con lo que tienes. Si no tienes
anestesia, usas cloroformo, y si no hay un escalpelo, tendrás que hacerlo
con un cuchillo. Pero hay que extraerlo, sino se muere el paciente. El
paciente es el Perú. Las armas que tiene el gobierno son la disciplina
fiscal y la disciplina monetaria: No gastes más de lo que tienes y no
imprimas más billetes de lo que tu economía, sanamente, sea capaz de
digerir. Esto es fácil de decir, pero muy difícil de hacer. Sin embargo,
hay que hacerlo. Esa es mi experiencia.
— Yo no soy experto, pero lo que tú propones, Adolfo, eso no baja
la hiperinflación. Lo que dice el doctor Boloña me convence más.
Fujimori se disculpó porque debía tomar un avión de regreso al
Perú. Boloña pensó que ya había cumplido y se retiró, pero una semana
más tarde lo llamaron pidiéndole que viajara a Lima para entrevistarse
nuevamente con Fujimori. Allí le ofrecería ser ministro de Economía.
— Mire, señor Presidente, la verdad es una propuesta suicida la
que usted me hace pero, veamos, le pongo algunas condiciones. Al
presidente del Banco Central de Reserva lo pongo yo.
— Noooo... Mire a (Richard) Webb cómo no le hacía caso a
Belaunde. Al presidente del BCR lo pongo yo. Eso no es aceptable.
— Señor Presidente, si yo tengo que tapar y usted me pone un
defensa que se dedicará a meter autogoles, eso no va a funcionar. Un
ministro de Economía que no forme buena dupla con el BCR no sirve.
“Así nos pasamos dos días discutiendo, me decía que no fuera terco
y yo le insistí en que no íbamos a poder hacer nada si, al menos, no tenía
de mi lado al presidente del BCR. Al final no nos pusimos de acuerdo”,
recuerda Boloña. Es por esas semanas que Fujimori propondría a
Hurtado Miller para la cartera de Economía, quien luego haría el
shock y daría el famoso discurso del “Que Dios nos ayude”. El shock es
una medida drástica que demanda mucho coraje pero que en términos
técnicos no es muy complicada de ejecutar, pues a lo único que obliga es
a liberar los precios. Además, estaba claro que esa acción iba a afectar
y desgastar a quien liderara la medida en no más de seis meses. Por su
parte, sin darse cuenta, Boloña ya se había involucrado nuevamente
con la agenda peruana, las noticias y las urgencias del país volvían
a acaparar sus pensamientos y empezaría a trabajar más cerca a los
problemas del Perú desde el Instituto Libertad y Democracia.
El proceso de capacitación y ablandamiento, para que Fujimori
pasase de un programa con ideas anacrónicas a otro liberal, fue una
estrategia que funcionó perfectamente pero el ‘cambio de chip’ –como
se refirió la prensa peruana a ese hecho durante mucho tiempo– se
concretó en Japón. “Recordemos que al presidente lo recibió el mismo
emperador japonés. Si el gobierno japonés no le hubiera dicho que de
llegar a un acuerdo con el FMI, ellos apoyarían al Perú, no se le hubieran
despejado las dudas”, sostiene Felipe Ortiz de Zevallos. Cuando se vuelve
a reunir en Miami con sus asesores económicos y con Carlos Boloña,
que asomaba como nuevo ministro de Economía, ya el presidente electo
estaba convencido de cuál era la ruta que le había deparado el destino.

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CÓMO TENER ÉXITO
EN LA QUIEBRA DE UN PAÍS
A mediodía del 28 de julio de 1987, el presidente Alan García dio uno
de sus famosos y grandilocuentes discursos, pero aquella vez su verbo
encantador, si bien encandiló a las masas como siempre, terminó
por escarapelar la piel de los empresarios y profesionales. Desde que
asumió la primera magistratura, su decisión de destinar solo el 10%
de las exportaciones para el pago de la deuda externa peruana había
mantenido, hasta ese momento, más o menos estables las arcas del país.
Pero la medida era una bomba de tiempo. Era previsible que las reservas
nacionales se extinguirían rápidamente por los absurdos subsidios que
se canalizaban hacia las empresas administradas por el estado.
Por si fuera poco, la decisión unilateral de no pagar a la banca de
desarrollo le había cerrado al país las puertas del financiamiento externo
pues, tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial
tenían un público enfrentamiento con el joven mandatario, quien no
perdía oportunidad para achacarles las desgracias por las que había
atravesado el Perú en las dos décadas precedentes y, particularmente,
en los meses que llevaba como gobernante.
Habiéndose presentado como “el presidente de todos los peruanos”,
la medida había sido saludada en un país que parecía ingobernable y que
en el frente interno debía lidiar con la sanguinaria guerrilla de Sendero
Luminoso, con el narcotráfico, con la corrupción en las distintos
sectores y esferas del estado –especialmente en las fuerzas policiales y
en el Poder Judicial– y con una crisis social que era consecuencia de los
exiguos salarios, el desempleo y la escasez.
Al parecer, la estrategia del enemigo común externo –la banca
internacional– le permitiría a García un primer respiro y el apoyo
popular frente a la enorme agenda interna pendiente y, de paso, le daba
al mandatario un notable rol protagónico entre los demás presidentes
de América Latina. El dinero de los peruanos, decía, no debía utilizarse
solo para pagar las deudas a los bancos internacionales, sino que debía
ser destinado al crecimiento y a la redistribución: “Pagar 10% significa
cambiar los plazos; pagar 10% significa variar de hecho la tasa de interés;
pagar 10% significa recuperar la independencia y la soberanía. Hasta
ahora nos han gobernado desde afuera, comencemos a gobernarnos
por nosotros mismos”, dijo a tres semanas de asumir la presidencia en
un evento sobre la deuda externa organizado por el entonces alcalde de
Lima, y líder de la Izquierda Unida, Alfonso Barrantes Lingán.
Durante los dos primeros años de su gobierno, los apristas se
ufanaban de que el Perú crecía a un ritmo del 10% y, de soslayo,
minimizaban el hecho de que ese crecimiento era a costa de una
inflación del 100%, haciéndole creer al país que sería una bonanza
eterna cuando en realidad se trataba de una ficción insostenible.
Siendo imposible el financiamiento externo por el enfrentamiento
con el sistema internacional, su gobierno se volvió adicto a la maquinita,
imprimiendo dinero inorgánicamente para cubrir el déficit fiscal, lo
que a la larga disparaba incontenibles los indicadores de la inflación.

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Paralelamente, con una lógica totalmente populista, mantenía el
precio del dólar bajo, lo que desalentaba las exportaciones y promovía
la especulación, más todavía en un país que importaba casi todo, desde
alimentos hasta insumos industriales. Tan desprolijo era el manejo de
las divisas que se crearon múltiples tipos de cambio de acuerdo a la
“necesidad social” de cada producto, lo que terminó enriqueciendo
a unos pocos importadores que conseguían licencias para importar
barato –casi siempre mercantilistas cercanos al gobierno– y que, al
final de cuentas, terminaron empobreciendo aun más al país.
El tema principal de aquel discurso televisado de 1987 que
escarapeló la piel de los empresarios, fue el mensaje a la nación de Alan
García anunciando su propuesta de nacionalizar y estatizar todos los
bancos, las compañías de seguros y las financieras que operaban en el
Perú. El estado tenía bajo su administración ya casi todas las grandes
empresas productivas y de servicios del país y, ahora, al carismático
pero corto de divisas presidente, se le había ocurrido que su gobierno
debía administrar el dinero que estaba depositado en las cuentas de
ahorros de todos los peruanos.
Capturado el aparato productivo y el sistema financiero, poco
margen de acción le quedaría a la prensa independiente, que corría el
riesgo de ser estrangulada vía los créditos de la nueva banca estatal y
por la promesa condicionada de la publicidad. Bajo la apariencia de una
democracia se estaban estableciendo los cimientos de un régimen que
concentraría de manera descomunal el poder político y económico, que
en esas circunstancias no tendría oposición posible y que, en palabras
del entonces ministro de Energía y Minas, Wilfredo Huayta, prometía
cincuenta años en el poder.
El riesgo previsible era que esa medida fuera apoyada por los
ciudadanos poco informados pues, en honor a la verdad, en ninguna
parte del mundo los banqueros son seres muy apreciados por las masas.
Y a ello habría que sumarle una suerte de reivindicación emocional
de la ciudadanía frente a una clase empresarial compuesta también
por especuladores y oportunistas que, lejos de generar riqueza,
desaparecían de las estanterías el arroz, el azúcar, los productos básicos
y hasta las medicinas, haciendo mucho más dolorosa la supervivencia
en ese oscuro e inseguro escenario cotidiano.
Poco tiempo más tarde, por la reiterada negativa a pagar la deuda
externa de acuerdo a los compromisos firmados por el estado, el Perú
sería declarado inelegible por la banca internacional y, prácticamente,
pasaría a ser considerado un país paria en el concierto global.
La inflación a fines de 1990 fue de alrededor de 7,600% al año,
2'178,482% acumulada en los cinco años del gobierno aprista, las
reservas internacionales tenían un saldo negativo de 150 millones
de dólares, la recaudación fiscal se reducía a menos del 4%, la deuda
externa era el 60% del PBI y estaba vencida en un 65%, configurando
todo ese cuadro una película de terror en materia económica. En la
práctica, el presidente García le legó a su sucesor un país en ruinas.

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LA MASACRE DE LOS MÁS POBRES
Pero el hecho de que el sistema financiero considerara al Perú como un
país paria era solo una parte de nuestros problemas a fines de los ochenta.
El Perú, como sus vecinos latinoamericanos, había sido históricamente
pobre. Una pequeña clase privilegiada había controlado las decisiones
y los enclaves de riqueza más importantes, a la usanza de los españoles
durante la colonia, pero antes de entrar a la década de los noventa la
situación era diferente: el Perú era mísero y estaba prácticamente
desahuciado. No se veía futuro. Nadie nos prestaba dinero ni invertía
en nuestro territorio.
Peor aún, varias regiones de los Andes centrales estaban devastadas
por la violencia terrorista y por la respuesta temerosa y descontrolada
de las Fuerzas Armadas. Regiones de una pobreza desgarradora como
Ayacucho –donde había nacido el movimiento subversivo de Abimael
Guzmán– junto con Junín, Cerro de Pasco, Huancavelica, Puno y
Apurímac estaban aisladas y ensangrentadas, pues Sendero Luminoso
derrumbaba constantemente puentes y torres eléctricas, causando
zozobra en la población e impidiendo que se desarrollasen actividades
políticas o económicas. Las autoridades, sean alcaldes, prefectos o
jueces de paz eran ejecutados en las plazas públicas y muchas veces sus
cuerpos eran despedazados por granadas de guerra solo por el hecho de
representar el orden y la intermediación entre los campesinos y alguna
instancia de poder.
El terror y el caos eran dueños del espíritu de las personas,
especialmente de los quechuahablantes de las zonas más alejadas. Así
como se bloquearon carreteras y destruyeron puentes, los terroristas
destruyeron también plantas experimentales de agricultura y
ganadería, asesinaban técnicos nacionales y extranjeros, dinamitaban
vehículos de trabajo como camiones y tractores, tiraban abajo costosas
hidroeléctricas y eliminaban el ganado para impedir que pudieran
alimentarse el ejército y los propios campesinos, a los que –ante la
duda– también eliminaban por ser contrarios a sus intereses o por
sospecha de soplonerías.
Según el Informe Final de la Comisión de la Verdad y la
Reconciliación (CVR), en la recopilación de información y análisis de
las causas del conflicto armado durante los años ochenta y noventa,
recibieron reportes de 26,259 personas muertas o desaparecidas y,
aplicando una metodología de estimación de múltiples sistemas, llegó
a la conclusión de que esta guerra no convencional dejó 69,280 víctimas
mortales. El pueblo más golpeado fue el ayacuchano y más del 80% de
las víctimas eran habitantes de las zonas más excluidas y marginadas
de la sociedad, siendo el 55% hombres entre 20 y 49 años. Es decir, se
mató a jefes de hogar, con hijos dependientes y sobre los que reposaban
las responsabilidades económicas y políticas de las familias.
Según la misma CVR se trató de un asesinato selectivo perpetrado
en su mayoría por los grupos sediciosos que pretendían llegar al poder
por las armas. Un número grande de asesinados fueron militantes de

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partidos políticos y autoridades locales que eran parte de la nueva e
imperfecta estructura de un estado que había regresado a la democracia
a principios de los ochentas. De acuerdo a la estrategia de Sendero eran
asesinados para crear un vacío de poder y así facilitar la influencia de
sus propios cuadros.
De acuerdo a la estrategia criminal del grupo subversivo, “todos
aquéllos que podían estar relativamente más conectados al mercado, las
redes e instituciones políticas, regionales o nacionales, se convirtieron
en ‘enemigos de clase del proletariado y del campesinado’ o en ‘agentes
del Estado feudal y burocrático’ que debía ser destruido”, consigna el
Informe Final de la CVR.
La región más afectada fue Ayacucho, en donde se concentraron
las acciones terroristas entre 1982 y 1985 y se ubicaron el 40% de la
víctimas mortales; pero a partir de 1986, el conflicto empieza a tomar
un alcance más nacional, impulsado por el “salto por el equilibrio
estratégico”, como hacía notar Sendero en sus panfletos. Después de
1990, tras la caída de Guzmán y producto de la alianza entre terroristas
y narcotraficantes, el conflicto se extendería con igual intensidad a las
provincias de Huánuco y San Martín.
Durante diez años, Lima se mantuvo casi indolente frente al
conflicto que se desarrollaba en el interior. Si bien sufría continuos
cortes de luz por el derrumbe de torres de alta tensión, lo natural
inmediatamente después en las casas era buscar la radio a pilas con una
linterna para satisfacer la curiosidad del lugar adónde habían puesto
esa vez la bomba. Si al día siguiente no se había reparado la falla, cosa
muy común entonces, lo usual era calentar agua en la tetera y llevarla al
baño para procurarse un baño a oscuras, con balde y con jarrita. Fue por
esa época también cuando empezaron a levantarse los muros y las rejas
exteriores de las casas, con la ilusión de que así la familia se sintiera más
protegida, al costo de aislar los tradicionales jardines exteriores de los
sectores residenciales y, ante los riesgos, también empezó a desaparecer
la cultura de barrio en la ciudad.
En ese entonces, los chicos, literalmente, se quemaban las pestañas
estudiando a la luz de las velas en el comedor, las familias que podían
utilizaban pequeños grupos electrógenos y algunas madres jóvenes
se las ingeniaban para dar de lactar a sus hijos con la ayuda de un foco
conectado a una batería de carro. Cuando había tele, los noticieros
recomendaban cruzar las ventanas con masking tape para contener
las esquirlas de los vidrios reventados por las ondas expansivas de los
morteros, quesos rusos, granadas o coches–bomba. Y así hubiera luz, con
la economía quebrada casi no había comercio ni carteles luminosos, por
eso las calles eran más oscuras y deprimentes. Sobre todo en las noches
de garúa y de toque de queda.
En esas temporadas batallones de los soldados, fusil en mano,
tomaban las calles con tanquetas y camiones portatropas para
asegurarse de que a nadie se le ocurriese aprovechar la penumbra para
desatar sus ánimos violentistas. Incluso, durante largas temporadas se
prohibió la circulación de personas y vehículos después de las once de
la noche hasta las seis de la mañana y, cuando se agravaban las cosas,
la restricción podía adelantarse a las cinco o seis de la tarde e, incluso
alargarse más al día siguiente. El que un familiar no llegara más allá
del 'toque de queda' generaba mucha ansiedad y preocupación en los
hogares, más todavía en una época en la que no existían dispositivos
celulares y la comunicación telefónica era un desastre. De noche, en
caso de emergencia, así buscaras la farmacia de turno, debías circular a
muy baja velocidad por las avenidas anchas, sosteniendo un palo con un
trapo blanco como bandera y cargar tus documentos, pues era la única
manera posible de cruzar los puestos y barricadas de control militar.

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Pero el terror era más intenso en las zonas periféricas de la capital,
en los llamados pueblos jóvenes o conos de la ciudad. Comas, San
Martín de Porres o Villa El Salvador eran castigados frecuentemente
por las huestes de Sendero y sus organizaciones de base amedrentadas
con mensajes expresos o, incluso, con amenazas a los familiares de los
líderes de organizaciones populares como el vaso de leche, del club de
madres o de los comedores populares que se incrementaban en las zonas
periféricas de Lima para combatir el hambre de manera solidaria.
En su afán por infundir terror y crear el caos, cualquier forma
organizada de la población era una amenaza. Por ello, causó conmoción
el asesinato selectivo de una lideresa popular que, aún después de
muerta, siguió siendo un símbolo en la lucha contra Sendero. Cuando
iba rumbo a una actividad del Vaso de Leche, la valiente dirigente y
teniente alcaldesa de Villa el Salvador, María Elena Moyano, de apenas
33 años, fue abatida a balazos por un comando de aniquilamiento
subversivo y, luego, su cuerpo despedazado y descuartizado para que
sirviera de escarmiento. Era un estado de guerra, producto de una
insania mayúscula, que no podemos permitir que asome nuevamente.
En ese país fracturado, con un enemigo al que costaba diferenciarlo
del campesino o del ciudadano común, las Fuerzas Armadas cumplieron
un rol tan importante como cuestionable en su intento por preservar
la seguridad de los peruanos. Si bien en provincias las exigencias de los
soldados eran mayores por la geografía desconocida, agreste, y porque
se enfrentaban con limitados recursos a un enemigo invisible, también
hay que reconocer que durante mucho tiempo nuestras fuerzas
improvisaron en la refriega, pues no llegaban a comprender a quién
se enfrentaban, demoraron en hacer un trabajo serio de inteligencia y
generalmente se limitaban a reaccionar a lo que proponía un enemigo
camuflado, esquivo y que parecía andar siempre dos pasos adelante.
Por parte de las Fuerzas Armadas, las víctimas alcanzaron el 7%
del total reportado por la CVR, militares y policías que dieron sus
vidas en acciones de combate, atacados por sorpresa o emboscados en
pleno patrullaje, mientras cumplían la misión de rescatar al país de la
demencia terrorista. El 85% de ellos tenía un grado igual o menor al de
capitán y, en su mayoría, pertenecían al Ejército y a la Policía Nacional.
Entre 1991 y 1993 se registró el 42% de víctimas de las fuerzas del
orden, cuando Sendero se posicionó en las ciudades, especialmente
en Lima, y se hizo frecuente la detonación de coches–bomba frente a
cuarteles, dependencias públicas, comisarías, bancos, embajadas,
residencias de autoridades de gobierno, de políticos e, incluso, en
barrios residenciales. Recién con la explosión del coche–bomba de la
calle Tarata en Miraflores, la noche del 16 de julio de 1992, se remecería
la conciencia de la capital. La explosión de dos vehículos, con 250 kilos
de anfo cada uno, mató a 25 personas, hirió a más de 200, afectó 400
negocios y causó daños en 183 casas y en 63 automóviles.

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EL VALOR DE LA PEDAGOGÍA
Según cuenta en su libro de memorias ‘El pez en el agua’, Mario Vargas
Llosa se encontraba disfrutando con su familia de unas vacaciones
en Punta Sal cuando escuchó, al lado de su amigo Frederick Cooper,
el discurso de la “estatización de la banca”. Si bien desde el principio
del gobierno no les tuvo fe a las medidas populistas de Alan García,
hasta entonces se había abstenido de comentarlas; sin embargo, decidió
publicar unos días más tarde, en su columna del diario El Comercio del
2 de agosto, un artículo titulado “El Perú totalitario”.
Allí exhortaba a los peruanos a que se opusieran a la estatización
de la banca y a una probable interrupción de la democracia, a menos
de diez años de haber sido recuperada luego de la dictadura militar.
Escribió ese editorial en tono de rechazo personal, convencido de
que no serviría de nada; por ello se sorprendió cuando los empleados
bancarios, sumados a algunos espontáneos de Lima, Arequipa, Piura
y otras ciudades del país, se lanzaron a las calles haciendo eco de esa
exhortación. En vista de esa reacción inesperada, sus amigos íntimos
lo impulsaron a redactar un manifiesto y a recoger firmas en razón
de que “la concentración del poder político y económico en el partido
gobernante podría significar el fin de la libertad de expresión y, en
última instancia, de la democracia”. Ese manifiesto sería leído por el
propio escritor en televisión nacional tres días después.
Dos semanas más tarde ya se habían organizado grupos
independientes contrarios a la estatización de la banca y querían
demostrar –desafiando las marchas de dos viejos enemigos
históricamente enconados, y ahora aliados, el Apra y la Izquierda
Unida–, que ellos también podían arrastrar masas. Los amigos cercanos
le hicieron saber a Vargas Llosa que se estaba organizando un mitin
en la plaza San Martín y que lo querían como orador de fondo. El 21
de agosto se realizó ese mitin ante una multitud, bajo el nombre de
‘Encuentro por la libertad’. El escritor había solicitado previamente a
las huestes de los partidos de oposición, el Partido Popular Cristiano y
Acción Popular, así como a los accionistas de las empresas amenazadas,
que se abstuvieran de participar para darle a la protesta un carácter más
principista y ciudadano, en la que se pondrían en relieve no intereses
particulares, sino ideas y valores amenazados por la estatización.
Entre esas ideas se le oyó subrayar a Vargas Llosa que “la libertad
económica era inseparable de la libertad política… y que la propiedad
privada y la economía de mercado eran la única garantía de desarrollo”.
Esa manifestación tuvo como efecto inmediato que, pese a haber sido
aprobada por el Congreso, la ley de estatización de la banca nunca fuera
aplicada; y además, encumbraría al futuro Premio Nobel, sin que se lo
hubiera propuesto, como el líder más visible de la oposición, sentaría
las bases de lo que sería el Frente Democrático – FREDEMO y sería,
también, la simiente de su candidatura presidencial.
¿Pero quiénes habían llenado la plaza San Martín? No fueron
ni los ricos ni los pobres, sino las clases medias, que desde entonces

37. 73
somos libres, podemos elegir
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tomaron mucho más atención al debate sobre el estatismo y la libre
empresa, y se acercaron con más interés a las ideas liberales. Sin duda,
el gran legado de Vargas Llosa en esos tres años de campaña fue el haber
emprendido una cruzada pedagógica, en la que las clases medias y los
demás peruanos, que no habían tenido oportunidad de acceder a una
educación financiera o ideológica, empezaban a comprender el valor
de la libertad y los tres mensajes recurrentes en los discursos del ilustre
hombre de letras devenido en político:
1. No se sale de la pobreza redistribuyendo lo poco que existe, sino
creando más riqueza.
2. Para ello es necesario abrir mercados, estimular la competencia
y la iniciativa individual, extendiendo la propiedad privada al
mayor número de personas.
3. Es necesario ‘desestatizar’ la economía y la piscología de las
personas, reemplazando esa mentalidad rentista que lo espera
todo del estado por una moderna que confíe a la sociedad civil y
al mercado la responsabilidad de la vida económica.
Con la participación en esos días de los comerciantes, profesionales,
técnicos, funcionarios, profesores, estudiantes, ambulantes,
emprendedores y amas de casa, el Perú empezó a darse cuenta de que
como cualquier otra nación también podía elegir ser un país próspero
y moderno, conectado con el mundo, en el que fuera posible concretar
los sueños de los jóvenes, de los profesionales, de los campesinos, de los
empresarios, sin importar su origen o procedencia. En ese momento,
cuando empezaba a comprenderse en Lima y en las distintas ciudades
del interior la doctrina liberal, el concepto de la propiedad privada,
las leyes del mercado, la necesidad de promover las inversiones y de
abrir nuestras fronteras al comercio, los peruanos empezábamos a ser
conscientes de que iba a ser una tarea muy difícil, pero que sí era posible
superar la pobreza, la violencia y la barbarie.
Para Oscar Espinosa, destacado empresario nacional, pese a haber
sido derrotado en las elecciones de 1990, los valores de la prédica
nacional del ahora Premio Nobel fueron comprendidos y asimilados
por buena parte de la ciudadanía y facilitaron la implementación
de las medidas transformadoras de los siguientes años. “Yo creo que
hubiera sido muy difícil implementar las acciones de la primera etapa
del gobierno de Fujimori sin la cátedra, la educación, la enseñanza
y la desmitificación de distintos temas que hizo Vargas Llosa con el
Fredemo. Su discurso le abrió los ojos hasta al propio empresariado
nacional”, remarca categóricamente el empresario.

38. 75
somos libres, podemos elegir
74
SENDERO FINANCIÓ EL RESCATE DEL PAÍS
En 1990 fue entregado en Estados Unidos un estudio privado de la Rand
Corporation, una institución asociada a la milicia norteamericana y
dedicada al pensamiento estratégico, en el que se señalaba que el Perú
era un caso perdido. El estudio que fue solicitado por el Departamento
de Defensa de ese país presagiaba, entre otras cosas, que íbamos a perder
la guerra contra Sendero Luminoso, que en el Perú iba a producirse
una de las matanzas más grandes de la historia –similar a la de Pol Pot
en Camboya, donde murieron tres millones de habitantes– y que se
iba instalar en nuestro territorio la primera base maoísta de América
Latina, el foco subversivo de la región. Tal conclusión era el presagio de
una inevitable intervención militar de los norteamericanos en el Perú.
En ese sentido, el único problema del país no era la situación
económica de horror por la que estaba atravesando, sino que estaba a
punto de perder una guerra. Los terroristas habían ganado terreno en
provincias y sembraban la confusión y el miedo entre las desconcertadas
fuerzas militares y los indefensos comuneros. El Ejército no sabía
cuál era el enemigo porque no podía distinguirlo de la población.
Para la gran mayoría de los soldados el quechua era indescifrable y
el desconocimiento de la geografía del trapecio andino facilitaba las
emboscadas en su contra.
Ante esa frustración, y también presas de la desconfianza y del
miedo, pretendiendo enfrentar a los terroristas, los militares terminaron
arrasando con todo. Como se sabe, la mayoría de víctimas de esa
guerra fratricida fueron campesinos quechuahablantes que quedaron
atrapados entre los dos fuegos. Varios pueblos fueron masacrados
inmisericordemente, mujeres vejadas, niños muertos a tiros, nativos
esclavizados, autoridades cuyos cuerpos fueron reventados con
granadas y acusados de soplones; y la mayoría de nuestros muertos
andinos enterrados en fosas comunes clandestinas que solo sirvieron
para escribir las páginas más horrendas y sanguinarias de nuestra
historia. Así vivíamos hace apenas 25 años.
A diferencia de las autoridades o de los soldados, las únicas personas
que sabían quiénes eran terroristas y quiénes no, eran los propios
comuneros. Más o menos en 1984, un año después de la matanza de
Uchuraccay –comunidad ubicada sobre los 4,000 metros de altura en
la provincia de Huanta, Ayacucho, adonde fueron asesinados los ocho
integrantes de una comitiva periodística que llegó desde Lima– se formó
el Sistema de Defensa Contrasubversivo (DECAS), que funcionaba
a la usanza de las rondas campesinas de Cajamarca y que más tarde
pediría el reconocimiento del Estado para defenderse y repeler a las
huestes de Sendero. Era una fuerza integrada por comuneros al borde
de la miseria, que se enfrentaban a los terrucos con cuchillos, lanzones
y armas hechizas, unas escopetas de perdigones artesanales, fabricadas
por ellos mismos, y que tenían un alcance de apenas cincuenta metros.
Durante años defendieron palmo a palmo, metro a metro, la hegemonía
dentro de sus territorios.

39. 77
somos libres, podemos elegir
76
Para Hernando de Soto, líder del Instituto Libertad y Democracia,
los choques entre los subversivos y las comunidades andinas comenzaron
por algunas medidas que los senderistas quisieron imponer. En su
hipótesis, la primera desavenencia entre la población y los senderistas
fue por la propuesta de estos últimos de comunizar la propiedad que
los campesinos ya habían parcelado informalmente. Teniéndolas ya
como suyas y habiendo vivido sus familias de esas mismas tierras
por años, los campesinos no habrían aceptado. Segundo, habrían
querido imponerles el trueque cuando ya los comuneros habían
inclinado sus preferencias hacia la moneda. Y, tercero, los senderistas
les habrían propuesto una suerte de secretaría que centralizaría el
intercambio comercial, a lo que las comunidades también se opusieron
rotundamente. Sin ambages teóricos y por sentido común, para De
Soto lo que defendían y reclamaban las comunidades campesinas de
las zonas más violentadas del país era, básicamente, una agenda liberal.
Lo cierto es que para los campesinos pronto quedaría claro que las
huestes de Sendero, formadas en su mayoría por jóvenes y adolescentes
dogmatizados, golpeaban, robaban, violaban y asesinaban a la población
que decían defender de un estado embaucador, ausente e indolente
frente a sus necesidades. Pronto se darían cuenta de que la de Sendero
no era una lucha para combatir la pobreza, la injusticia o para procurar
mejores condiciones de vida a los más pobres y excluidos en el país. Se
trataba simplemente de una lucha por el poder que, además, debía ser
tomado por las armas. Su primer campo de acción fue el territorio que
ocupaban las comunidades alejadas y más vulnerables de la sierra sur y
apenas éstas se opusieron empezaron a diezmarlas.
Entonces, tan o más importante que el pago de la deuda pública y la
reinserción del Perú en los mercados internacionales era la lucha contra
la subversión. Ningún plan de rescate económico iba a ser apoyado
por la banca internacional si el Perú continuaba desangrándose y
amenazando la tranquilidad de los demás países de la región. Solo con
sólidos indicios de paz y de reconstrucción los organismos financieros
y las naciones desarrolladas nos ayudarían a pagar la deuda pública y,
si ellos lo hacían, era un hecho que también recibiríamos el apoyo de
Japón. Pero primero había que acabar con Sendero.
Al inicio, bajo la fachada de la lucha contra el narcotráfico, el
terrorismo fue combatido camufladamente con el apoyo de la Drug
Enforcement Administration o DEA, una institución policial del
estado norteamericano experta en la lucha contra el narcotráfico,
pero no en combatir contra un enemigo perverso, sinuoso y de rostro
desconocido como Sendero Luminoso. La propuesta del ILD, entonces,
fue de recategorizar el problema y trasladar la responsabilidad del
apoyo que brindaba la DEA al Departamento de Defensa de Estados
Unidos. Se esperaba que por esa vía llegase al Consejo Nacional de
Seguridad y luego a la Casa Blanca. Solo en esa instancia podría hacerse
esa recategorización. A la reunión con el presidente George Bush en la
Casa Blanca acudieron el presidente Fujimori y el propio Hernando
de Soto, por el Perú, y el teniente general de la Fuerza Aérea Brent
Scowcroft por el gobierno estadounidense. En apenas catorce días se
logró firmar el acuerdo final con Estados Unidos y, luego, las Naciones
Unidas reconocieron en siete tratados que las DECAS no eran una
fuerza paramilitar.
En virtud de esos acuerdos se legitimó el que más de 120,000
hombres en los Andes pudieran armarse, hasta entonces el mayor
ejército que alguna vez tuvo el Perú, y se logró cambiar el rumbo hacia
una derrota definitiva de Sendero. No se trató, entonces, como se
rumoreaba en aquella época, que la presencia de la cúpula de Sendero
en Lima respondía a una escalada estratégica de los terroristas, sino que

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somos libres, podemos elegir
78
estaban huyendo del lugar de donde la propia población los terminó
echando por las armas. Después de años de lucha y de haber perdido
20,000 hombres, las DECAS expulsaron a Sendero de Ayacucho, casi
dos años antes de la captura definitiva de Abimael Guzmán.
El principal aliado que tuvo el Perú en esas negociaciones fue
el vicepresidente norteamericano Dan Quayle. Pues en paralelo
a la negociación financiera se iba a firmar un nuevo acuerdo con la
DEA para el combate contra el narcotráfico; sin embargo, Fujimori
se negó a hacerlo y exigió que se firmase un acuerdo asociado para
el financiamiento de las reformas económicas y para la lucha contra
Sendero Luminoso.
El Embajador de Estados Unidos en el Perú, Anthony Quainton,
elevó esa solicitud a la Casa Blanca, que acogió el concepto más amplio.
Según afirma De Soto, presente en todas estas negociaciones, “en ese
momento, en la Casa Blanca se dan cuenta de que el problema del Perú
no era policial, tampoco un problema de droga, sino que había que
ganarle la guerra a Sendero y, al mismo tiempo, había que ayudar a
levantar la economía otorgándole el financiamiento para aplicar las
reformas. Finalmente, el que permite financiar el rescate económico
del país fue Sendero Luminoso”, sentencia el economista.
DE LA TOMA DE CONCIENCIA A LA ACCIÓN
Era junio de 1990 y el presidente le mandó un mensaje escueto pidiéndole
que fuera Ministro de Industria. Sin embargo, sus ambiciones políticas
habían quedado satisfechas con la experiencia de haber sido presidente
del Centro de Estudiantes de la UNI y, además, en ese momento, estaba
iniciando un importante proyecto empresarial; por ello, el ingeniero
Jaime Yoshiyama negó cortésmente esa posibilidad. “Fujimori era
percibido como el Humala de hace unos años, era un político sin partido,
un outsider. Y, en honor a la verdad, nunca me sentí ministeriable, me
imaginaba muy incómodo frente a la televisión o a los medios”, refiere
él mismo. Después de esa negativa, el presidente le propuso que, al
menos, le aceptase ser presidente de una de las empresas del Estado:
“¿Qué le parece Electrolima?”. Pese a lo inimaginable de la situación
de la empresa pública en ese momento, pensó que como presidente del
directorio podría seguir trabajando en su propia empresa y dedicarle
la mitad o un cuarto de tiempo a la del Estado. Sin embargo, poco a
poco se fue involucrando en la tarea y, sin proponérselo, ganándose la
confianza del presidente.

41. 81
somos libres, podemos elegir
80
La primera vez que había visitado Palacio fue bajo la presidencia
del General Velasco, acompañando a su jefe, Guillermo Van Oordt,
de la Oficina de Planificación del Ministerio de Industria. La idea era
exponer ante el gabinete un plan de industrialización para el país.
Recuerda clarísimo a Velasco al fondo de la larga mesa, liderando un
Consejo de Ministros en el que todos los generales lucían sus galones.
Uno al lado del otro estaban los personajes que Yoshiyama veía siempre
por televisión. Para él resultaba una situación intimidante, sobre todo
porque los militares seguían siendo muy nacionalistas y, entonces,
quedaba remanente cierto sentimiento discriminatorio hacia los
asiáticos desde la Segunda Guerra Mundial.
Pero cuando asistió a palacio citado por Fujimori, en octubre de
1990, fue por una crisis en Electrolima. La luz que llegaba a cada casa
o a cada empresa estaba subsidiada y el gobierno quería transparentar
ese precio. Si entonces el servicio costaba diez había que subirlo a
cincuenta, de otra manera Electrolima caería inevitablemente en
quiebra. Fujimori estaba sentado en su escritorio, con una casaca de
cuero y mirándolo con su cara ladeada. El propio presidente le explicó
la situación de la empresa y cómo iban a subir los precios. Él ya tenía
un plan y Yoshiyama se sintió simplemente como una pieza del mismo.
Casi al final de la conversación Fujimori le pidió, como extensión, que
atendiera a la prensa que estaba tras una de esas puertas y que declarara
tres cosas puntuales. Yoshiyama ajustó la respiración y respondió que,
efectivamente, declararía a la prensa pero solo después de empaparse
de la situación real de Electrolima y de que se le diera la oportunidad de
hacer algunas sugerencias. “Me miró de lado y me dijo que tenía un par
de días. Me acababa de pedir que saliera a enfrentar a los leones y yo no
tenía idea de cuál era el problema. Y eso que antes ya le había advertido
que yo ni siquiera sabía cómo cambiar los plomos”, recuerda.
Yoshiyama no era una persona que frecuentara los círculos
japoneses de Lima, pero sí era reconocido y respetado por un grupo de
la colonia, pues luego de la UNI se había graduado con el primer puesto
de ESAN, hecho un MBA en la Universidad de Michigan y culminado
la maestría en Administración Pública becado por la Universidad de
Harvard. Había distribuido su tiempo entre cursos de economía y
otros más avanzados en su Escuela de Negocios. Cuando regresó al
Perú se incorporó como gerente comercial de una empresa peruano–
suiza de cintas adhesivas, de la que más tarde sería socio. El llamado de
Fujimori lo agarró justo cuando ya había asumido la gerencia general,
la empresa iniciaba una nueva etapa en el campo de las exportaciones
y él había aceptado la invitación de incorporarse como socio de su ex
empleador, Efraín Goldenberg, quien se desempeñaría más adelante
como Ministro de Relaciones Exteriores y Primer Ministro durante
el primer gobierno y, posteriormente, como Ministro de Economía y
Finanzas durante el segundo gobierno de Fujimori.
De todas las empresas del Estado, Electrolima era de las más
ordenadas, pues todavía conservaba parte de la cultura de sus antiguos
dueños, un grupo suizo. En setiembre de 1972, en el nombre de la nación
y con toda la fanfarria, el Gobierno Militar sacó un Decreto Supremo
que expropiaba las empresas eléctricas con el objetivo específico de
que los pobres tuvieran acceso a la electricidad. Diez años más tarde
todo era apagones, interrupciones en el servicio, nula inversión en la
ampliación de redes o en nuevas tecnologías, entre otros, y los más
perjudicados eran evidentemente los más pobres.
“Cuando entré de Presidente de Electrolima había quejas por
todos lados por caídas del sistema, falta de luz, industrias sin energía,
usuarios con facturas erradas, etc. Llamé a un amigo de mis tiempos de
estudiante y le pregunté cómo se manejaba el negocio de la electricidad

42. 83
somos libres, podemos elegir
82
en Estados Unidos”, rememora Yoshiyama. A raíz de esa conversación
hizo un breve stage en las empresas eléctricas de Washington durante
una semana, aprendió algunas cosas generales sobre los estándares
eléctricos y, a su regreso, tenía claro que no habría mejora si se seguía
trabajando de la misma manera.
El gran problema de todas las empresas de servicios del Estado en
esa época –eléctricas, agua, telefonía, entre otras– era que las tarifas
estaban subsidiadas, pero también que servían como agencias de empleo
a los partidarios del gobierno de turno, se habían convertido en nidos
de corrupción y, con tanta gente sin mucho que hacer, se inventaban
trabas burocráticas que las hacían cada vez más ineficientes.
Como eran monopolios protegidos no había riesgo de que
quebraran, pues siempre suponían detrás las reservas del estado como
colchón. Además de perder plata –a fines de los ochenta la deuda de las
empresas públicas ascendía a 2,500 millones de dólares, equivalentes
a todos nuestros ingresos por exportaciones–, las empresas públicas
consumían insaciables las divisas de la nación. Sin importar el sector, el
mismo comportamiento tenían las empresas de electricidad, mineras,
azucareras, petroleras, pesqueras, de servicios, etc.
Por ejemplo, Electrolima había sido una empresa modelo, pero a
principios de los noventa perdía el 30% de la electricidad producto de
las trafas y las malas conexiones. Ya entonces sufría de lo mismo que
las demás empresas públicas. Si necesitaban 100 empleados, tenían por
lo menos 200, funcionaba con tecnología casi obsoleta y casi todos sus
procesos eran ineficientes. Ya desde la época de Velasco, Yoshiyama
conocía el monstruo por dentro. “Esto, señor Presidente, no funciona
en el sector público. Si usted quiere un sistema de energía que responda
tenemos que privatizar”, comentó la siguiente vez que se reunió con
Fujimori. “¿Así? ¿Y cómo se hace eso?”, respondió el presidente.
El trabajo cotidiano, las propuestas realistas de Yoshiyama y su
rápida ejecución hicieron que el jefe de estado depositara cada vez más
responsabilidades en su colega ingeniero. Un día le pidió que, en paralelo
a sus funciones como Director en Electrolima, asumiera un sillón de
director en la Corporación Nacional de Desarrollo –CONADE, algo
así como la junta de accionistas de todas las empresas públicas (hoy
FONAFE). En el directorio de CONADE confirmó el desbarajuste que
existía en todas las empresas del sector público y así se convirtió en un
ferviente creyente de que parte de la solución integral que necesitaba
el país pasaba por privatizar las empresas públicas. Hasta entonces,
Yoshiyama tenía esa sensación e intuía aquella urgencia, pero no tenía
claro el marco ideológico que pudiera sustentar esa transformación
estructural en el aparato del Estado y en la vida de los peruanos.

43. 85
somos libres, podemos elegir
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5 x 5 x 5
Pocas semanas después del shock, el desgaste de Hurtado Miller se hizo
evidente, como también las contradicciones en el variopinto primer
gabinete de Fujimori. Las discusiones en el seno del Consejo de Ministros
eran una consecuencia directa de ese cambio brusco en el espíritu de la
política económica producido entre la campaña y la asunción de mando
del flamante presidente. Entre los que no comulgaban con el 'cambio
de chip' estaban Gloria Helfer, Fernando Sánchez Albavera, Eduardo
Toledo y Guido Pennano, quien se enfrentaba públicamente a Hurtado
Miller sin ocultar sus aspiraciones de reemplazarlo en Economía.
Finalmente, Fujimori optaría por desprenderse de ambos.
— Doctor Boloña, quiero que esta vez usted me acepte la cartera
de Economía.
— Sí, señor presidente, pero de aceptar el cargo a mí me interesaría
hacer reformas estructurales, no simplemente ejecutar un plan.
— Por supuesto, las reformas estructurales, claro que sí, de todas
maneras, pero no sea usted tan terco, pues.
Esta vez Boloña aceptó. Por la forma en que se dio el cambio de
gobierno era obvio que solo existía un plan general, por ello abogó
para que ese gabinete político se convirtiera en uno más técnico y así
se pudiera avanzar en detalle con las reformas. Si bien no había plan,
sí estaban muy claros los conceptos, por ello convocó a un equipo de
aproximadamente veinte personas entre los que estaba Mario Ferrari,
abogado experto en temas económicos y financieros quien, a la postre,
redactaría cada uno de los decretos, ajustados a ley, con la condición de
que fueran muy precisos y que nunca excedieran de una sola página.
Su primera misión fue preparar unos 120 decretos para implementar lo
que más tarde el mismo Boloña bautizaría como el modelo 5 x 5 x 5, que
consistía en hacer cinco reformas, bajo cinco principios y con el objeto
de obtener cinco resultados. Entre los principios estaban:
1. Economía de mercado
2. Propiedad Privada
3. Apertura al exterior
4. Estado pequeño
5. Igualdad ante la ley
Más adelante se fueron definiendo mejor las siguientes reformas:
a. Reformas macroeconómicas: eliminar la inflación mediante
una disciplina fiscal y monetaria para estabilizar la economía.
Dar las reglas para el libre juego de la oferta y la demanda. Así se
crecería y se generaría empleo.
b. Reformas microeconómicas: liberalizar todos los precios,
desregular y eliminar monopolios, el mercado de bienes, de
servicios, de capitales y de trabajadores.

44. 87
somos libres, podemos elegir
86
c. Reforma de la propiedad: preeminencia a la propiedad privada
mediante la privatización de empresas estatales, devolver el
ahorro forzoso a los individuos (AFP, seguro de desempleo,
pensiones de salud y vivienda). Y restablecer derechos de
propiedad en sectores donde fueron eliminados, como el agro.
d. Reforma del Estado: reducir su participación en el PBI, el empleo,
el número de dependencias, etc. Reformar estructura del gasto
y llevar a cabo una reforma tributaria. El alivio a la pobreza
extrema lo financiaría el Estado con programas focalizados en
educación, salud y vivienda.
e. Reforma institucional: reformas constitucionales, del Poder
Judicial, equilibrio de poderes, la relación cívico–militar, etc.
No fue fácil prever los resultados, sin embargo la meta era
conseguir ciertos logros propios de las economías sanas. Por tanto, los
resultados fundamentados en estos indicadores eran indispensables
para devolverle salud a la economía peruana.
1. Estabilidad económica: Inf lación ubicada a niveles
internacionales (2–4%), déficit fiscal a 0% del PBI, precios claves
de la economía libres y fijados por el mercado.
2. Crecimiento y empleo: 7% de crecimiento anual para que el PBI
se duplicase en siete años; crecimiento del empleo, especialmente
en agricultura, construcción, servicios y turismo, que son
siempre más intensivos en el requerimiento de mano de obra.
3. Integración con el mundo: Las exportaciones debían representar
de 20 a 25% del PBI, la inversión extranjera superar los mil millones
de dólares anuales, para el año 2000 las exportaciones debían
bordear los 10,000 millones y debería estar compuesta de la
siguiente manera: 50% minerales, 10% pesca, 10% agroindustria,
10% en turismo y 20% en otras exportaciones.
4. Estado: en tamaño no debía pasar del 15% del PBI, lo que implicaba
una presión tributaria en ese orden y las remuneraciones en el
Estado no debían ser mayores al 25% del total del gasto público.
La deuda pública externa debía bajar a menos del 50% del PBI.
5. La pobreza: el 20% de peruanos en pobreza extrema debía
reducirse a razón de 2% al año, lo que implicaría una reducción
muy significativa al cabo de diez años.
El flamante ministro entró a Economía el 14 de febrero de 1991 y el 12
de marzo ya estaba anunciando las primeras reformas estructurales. Se
trataba de un paquete de cien decretos, de los cuales se aprobaron 61. En
esa primera tanda se liberaba el control de cambio, es decir, desaparecía
el dólar MUC; se liberalizó el precio de todos los productos, desde
entonces el mercado fijaría los precios; se eliminaba el monopolio del
Banco Minero, que entonces era el único ente autorizado para comprar
oro, plata y otros metales. En términos de la propiedad, se subía de 125
a 500 hectáreas la posibilidad de la tenencia de tierras agrícolas y se
promovía la fase inicial de las privatizaciones, entre las que estaban la
minera Condestable –hasta entonces propiedad de la UNI–, el Banco de
Comercio y las estaciones de gasolina del Estado. De la lista de ochenta
empresas propuestas para la venta solo se aprobaron veintitrés.
Boloña acudió a mediodía al Consejo de Ministros con los cien
decretos y a las ocho estaba programado que hablara al país. Era un
gabinete pluripartidario presidido por el abogado y congresista Carlos
Torres y Torres Lara. Cuando explicaba el concepto de las reformas, el
Premier lo interrumpió y le preguntó dónde estaba el gasolinazo, cuáles
eran las medidas radicales, qué había pasado con el paquetazo, la subida

45. 89
somos libres, podemos elegir
88
de los precios, del dólar, etc. Boloña se dio cuenta de las expectativas
de su auditorio y manifestó pedagógicamente que las tarifas no
eran importantes, que lo que estaba proponiendo eran reformas
estructurales y que tenían que ver no con el presente inmediato sino
con el futuro del país.
— ¿Y esto tiene los sellos de los viceministros?, preguntó un poco
sobresaltado el Premier.
Fujimori había puesto en evidencia que sus ministros eran fusibles
y tenía la costumbre de nombrar él mismo a los viceministros en todas
las carteras. Tan era así que en Economía los informes de caja los tenía
el presidente antes que el titular del sector. Boloña contestó que esas
reformas se debían aprobar allí en el Consejo.
Las mayores objeciones llegaron cuando se enumeró las empresas
por privatizar. Sánchez Albavera, de Energía y Minas, y también el
ministro de Pesquería, se opusieron un poco ofuscados, que no hay
derecho con las minas, que no toquen mi sector, que para el Estado es
importante, etc. Por su parte el primer ministro seguía arguyendo que
eso no era un programa económico, que faltaba el gasolinazo.
Eran las cinco de la tarde y no había nada aprobado. Todo era
discusión. Otra disputa se dio por la devolución de los ahorros a los
ciudadanos. Se proponía liberar los ahorros en dólares que habían sido
congelados desde los intentos de estatización de la banca de García.
Había solo 300 millones de dólares en reservas y el presidente Fujimori
le espetó que si soltaban ese dinero se quedarían sin liquidez. En ese
entorno ya sofocante, Boloña intentó persuadir a su pequeña audiencia
de que esos ahorros se los habían quitado a la gente y que nadie iba a
creer en las reformas si estos no les eran devueltos.
— Señor presidente, le aseguro que si usted devuelve los ahorros,
ese dinero no se va a ninguna parte; más bien, los dólares van a regresar
al país.
— Póngame por escrito lo que acaba de decir.
— Se lo pongo por escrito.
Y así fue. Pero en ese jaleo, las principales mineras y pesqueras
quedaron fuera del primer paquete de privatizaciones. Entonces
Fujimori le pidió que fuera definiendo qué cosas iba a decir a la prensa
esa noche.
— No presidente, no puedo hablarle al país si no tengo decretos
firmados. Qué podría decir. Yo salgo pero con todo firmado por usted,
por mí y por los responsables del sector. Si no, me voy a mi casa.
— A ver, tráigame su lista de privatizaciones. Mire ve, a su sector
privado le voy a dar los huesos para ver si compra. Por otro lado, me ha
llamado el presidente del BCR objetando esto del tipo de cambio. Dicen
que ellos lo manejan.
— Señor presidente, el tipo de cambio no lo maneja nadie, el tipo
de cambio lo maneja la calle.
— ¿La reforma agraria? ¿Eso también quiere tirarse usted?
— Señor presidente, ¿quiere usted que el agro funcione o no?
De pronto Fujimori empezó a firmar algunos decretos. Fueron
aprobados veintitrés referidos al comercio exterior –principalmente
reducción de aranceles–, ocho al mercado cambiario, tres al mercado
financiero, catorce al ámbito fiscal, cinco sobre las empresas públicas y
ocho referidos a normas laborales. Recién a las nueve de la noche salió

46. 91
somos libres, podemos elegir
90
Boloña a dar su primer discurso como ministro de Economía. Fue duro,
para el entonces tecnócrata y sin experiencia política, mantener la
calma frente a los flashes, las luces y la atención al teleprompter, sumada
a la tensión propia de la negociación precedente. En el discurso también
lanzó líneas de lo que vendría en el futuro como la reducción del Estado,
la eliminación de la banca de fomento, la reforma tributaria, etc.
Al día siguiente los periódicos anunciaron la ola de reformas
estructurales, saludaron el que no hubiera tarifazos y felicitaron
efusivamente la liberación de los ahorros, del tipo de cambio, entre
otros. Fujimori llamó al ministro a su despacho, le mostró las primeras
planas de todos los periódicos y le comentó que todos, desde El
Comercio, Expreso y hasta La República, por alguna razón apoyaban las
medidas anunciadas. Estaba sorprendido de lo bien que las reformas
le habían caído a la gente. Igual, todavía hacía falta que los decretos
fueran aprobados por el Congreso, por eso acompañaron las medidas
con una estrategia de diálogo con los gremios y otras instituciones.
Otro impacto positivo fue que se liberó la tenencia de dólares, hasta
entonces prohibida, y se permitió ahorrar en esa moneda tanto dentro
como fuera del territorio, es decir, adonde deseara el ciudadano.
“Vamos a seguir por este camino, entonces”, dijo Fujimori, con el mar
de periódicos extendidos y las noticias encuadradas milimétricamente
con regla y lapicero rojo.
“Él nunca fue un convencido de este tipo de políticas pero era un
pragmático. Lo que veía que funcionaba lo aplicaba”, subraya Boloña
en relación al ex presidente, y agrega que esos recuadros sobre los
periódicos le daban al mandatario una “medida exacta”, en centímetros,
de la exposición de cada representante de gobierno en los medios de
comunicación. Después del mensaje de Boloña, el presidente Fujimori
eliminaría los mensajes a la nación de los ministros.
LA CAJA CHICA DE LA SOLIDARIDAD
Era mayo de 1970 y fue conducido misteriosamente a la oficina del
ministro de Economía, el entonces general Francisco Morales Bermúdez,
reunión a la que también acudieron Luis Barúa y el viceministro José
Luis Brousset, entre otros. Alfredo Jalilie tenía entonces apenas 23
años y le habían pedido que llamara a su casa para avisar que no iba a
regresar a dormir en las próximas dos noches. “Al principio se me pasó
por la cabeza la idea de un secuestro, pero había camas, comida y todo lo
necesario para una confortable larga jornada”, cuenta el propio Jalilie.
Apenas encontró un espacio le preguntó temeroso a Barúa:
— Lucho, ¿qué pasa aquí?
— Vamos a tener que diseñar el control de cambios en el Perú.
— ¿Qué? ¿Yo, control de cambios?
— Alfredo, tú eres una persona de confianza, te necesitamos aquí.
La idea del secuestro pasó a un segundo plano porque sintió que
la misión de diseñar un sistema de control de cambios era mucho

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más perturbadora todavía. Ese propósito contravenía la esencia de la
formación académica que había recibido en la Universidad Católica de
Chile, junto con un grupo de otros catorce estudiantes latinoamericanos
rigurosamente seleccionados e influenciados por los economistas
liberales de la Universidad de Chicago; entre los que se encontraban
los ahora ex presidentes Sebastián Piñera de Chile y Nicolás Ardito
de Panamá, así como otros futuros ministros de economía en sus
respectivos países. Al final de ese curso lo había convocado el entonces
jefe del área de Estudios Económicos del BCR, Richard Webb, para
que se viniera al Perú y, en poco tiempo quedó involucrado en la
implementación del Banco de la Nación porque, hasta 1966, el estado
peruano era un cliente de la banca comercial, pedía prestado como
cualquier ciudadano y absurdamente no tenía un brazo financiero.
Acabando esa tarea en el banco fue que lo llamaron del MEF y el
15 de mayo de 1970, a las 5 de la tarde, estaba listo el sistema de control
de cambios. Inmediatamente el gobierno militar de Velasco tomó los
bancos, se declaró delito tener o ahorrar en moneda extranjera, se
lanzaron psicosociales diciendo que el gobierno ya sabía quiénes tenían
ahorros afuera del país y se repatriaron más de 200 millones de dólares.
Tanto revuelo causó la medida que no había personal en los
bancos para recibir la cantidad de dinero que ingresaba a sus arcas,
así que convocaron a quien supiera contar, muchos de ellos hijos de
personalidades del gobierno. “Los chicos de las ventanillas de los bancos
no sabían distinguir billetes de dólar, libras o marcos de los billetes de
Monopolio. Cuando implementaron esa medida lo hicieron de manera
tan desastrosa que, a cambio de soles, se compraron hasta monedas que
ya estaban fuera de circulación. Fue un desorden histórico que, si no
hubieran estado los militares al mando, seguramente habría sido un
escándalo de proporciones”, recuerda el propio Jalilie, que encuentra
en ese episodio una de sus prematuras y dolorosas lecciones dentro del
estado. En esa época todo era subsidio y una Coca Cola pequeña valía
más que un galón de gasolina.
En su larga carrera como funcionario público de alto nivel, Jalilie
trabajó bajo las administraciones de Velasco y Morales Bermúdez, pero
también de Belaunde, García y Fujimori, convirtiéndose sin duda en
el más experimentado profesional en finanzas públicas. Por ello no le
extrañó la llamada de Carlos Roca, un alumno suyo de la Universidad
Católica y del entorno de Alberto Fujimori, convocándolo cuando éste
último era todavía candidato. “Yo le advertí que estaba con el Fredemo,
pero me insistió. A Fujimori lo conocía porque él, como los demás
rectores de las universidades públicas, iba al Tesoro a pedir plata para la
Universidad Agraria y, como yo lo cochineaba, se carcajeaba conmigo.
Cuando nos reunimos me dijo que si él ganaba me fuera con él. Si tú
ganas conversamos –le dije yo, pensando que eso era imposible– pero
ahora estoy con el Fredemo”, rememora el ex funcionario.
Una vez electo Fujimori como presidente lo mandó llamar
nuevamente y le dijo, “el caballero cumple su palabra, ¿no?”, así que
aceptó. Inmediatamente prepararon el shock con Juan Carlos Hurtado
Miller y bajo la asesoría de la banca internacional de desarrollo.
“Cuando redactábamos los ajustes yo pensaba, carajo, con esto nos van
matar. Cuando volvía a leer las medidas me temblaban las piernas. Pero
no hay cosa más cara que la escasez. Si para una lata de leche tenías que
hacer cola de siete horas o, de lo contrario, no tenías nada para darle de
comer a tus hijos, algo teníamos que hacer”, recuerda Jalilie.
Pero su impresión más grande ocurrió el día en que llegó al MEF.
Entonces la presión tributara era 3% y no había dinero ni para pagar la
luz del edificio. Se acercaba la quincena que comprometía los sueldos de
los empleados y la primera norma que habían emitido fue que el BCR

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no le diera más plata ni crédito al Tesoro Público, por ningún motivo.
“Nosotros mismos nos cerramos la puerta. Fue la primera llave que
pusimos. Pero necesitábamos plata para hacer los pagos y la Sunat que
habíamos creado con Abel Salinas ya estaba destrozada, ni siquiera
tenían base de datos”, recuerda todavía con asombro.
Pero ante la necesidad florece la imaginación, suelen decir los sabios
y poetas y, quizá por esa razón a Jalilie se le ocurrieron dos cosas que,
económicamente, rayaban en la locura. Se preguntó adónde proporciona
la gente información fidedigna sobre su patrimonio. A las compañías
de seguros, se respondió él mismo iluminado. Esa misma noche redactó
la idea para que las compañías de seguros aplicasen un porcentaje sobre
los bienes de sus asegurados y que se convirtieran provisionalmente en
agentes recaudadores. Por supuesto las aseguradoras pegaron el grito al
cielo; por ello tuvo que explicar una por una, a todas, la emergencia por
la que estaba atravesando el país y prometerles que sería por una única
vez. Al final, accedieron y se logró recaudar 150 millones de dólares.
Luego, como parte del paquete reactivador había supuesto un
aumento leve en el tipo de cambio, era absurdo crear un impuesto a las
exportaciones, eso podía verse como un recurso fuera de toda lógica.
Entonces Jalilie se reunió con las empresas mineras más importantes, que
tenían convenios de estabilidad tributaria, y les dijo: “Señores, ustedes
pueden hacer después lo que quieran conmigo, porque al final van a
tener toda la razón. Pero estamos en una emergencia y no me queda
más que pedirles un favor, una muestra de solidaridad por una única
vez. ¿Pueden dejar de usar sus convenios de estabilidad por tres meses
y permitirnos que les apliquemos el impuesto a las exportaciones? Son
solo tres meses”. Los mineros sabían que les iban a pedir algo pero nunca
imaginaron que renunciar a su estabilidad tributaria, una promesa
que había hecho el estado peruano como una medida para garantizar
sus inversiones en el sector. Sin embargo, entendieron rápidamente la
situación y no demoraron en responder a esa solicitud.
El primero en comprometerse con la propuesta fue Alberto
Benavides de la Quintana, que de arranque accedió a renunciar al
convenio por ese lapso, y Guillermo Payet, de Southern, quedó en hacer
la consulta. Al final, todas las empresas mineras consultadas aceptaron
la propuesta y, con su aporte, el MEF logró recaudar 80 millones de
dólares más, recursos con los que empezó a formar su pequeña cajita.
“Aquí todos pusimos el hombro, el rescate económico del país no fue
solo un éxito de Fujimori. Los que más resistieron fueron los pobres,
no hubo una sola huelga, y el sector empresarial también se la jugó”,
subraya el ex funcionario que se desenvuelve ahora en el sector privado.

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UN MÉTODO INCUESTIONABLE DE
PRIVATIZACIÓN
Si bien tenía una genuina predilección por la genética, que había
desarrollado con vocación durante su primera formación en la
Universidad Agraria, Carlos Montoya terminó haciendo una
especialización en Finanzas luego de que a su familia le expropiaran
el fundo Montesierpe en el valle de Humay, allí donde se venera a la
Beatita. Él pensó que de por vida sería administrador de esa pequeña
hacienda de uva y algodón, famosa por su tradicional pisco; sin
embargo, en su obligado retorno a Lima, su increíble facilidad para
las matemáticas le abrió las puertas a un universo diferente. Acabó sus
estudios de Finanzas con excelencia en ESAN y continuó su formación
con un MBA en la Universidad de Stanford e, inmediatamente después,
con un doctorado en administración con mención en Economía.
Años más tarde, Montoya ya era un prestigioso consultor
internacional para la banca de desarrollo y en una de sus visitas al
Banco Mundial le solicitaron organizar una estructura coherente para
el departamento de banca de inversión de la International Finance
Corporation (IFC), ente que estimula la consolidación de la empresa
privada de países en desarrollo. Y, más adelante, lideró procesos
privatizadores de empresas como Aerolíneas Argentinas, Phillipine
Airlines, un programa integral en Nicaragua, otro en El Salvador y
algo sobre agricultura en Costa Rica. Sin proponérselo se convirtió en
el experto en privatizaciones de la región, conduciendo procesos en
sectores tan variados como el del acero, conductores eléctricos, pulpa y
papel, química, petroquímica y hoteles.
Por ese entonces, Montoya solía pasar tres semanas en el extranjero
y una en el Perú. Es en esas circunstancias que ESAN le pidió que
diera un taller sobre su especialidad. Enterado del asunto, un viejo
compañero de la escuela de negocios lo sorprendió con una llamada. Se
trataba de Jaime Yoshiyama, que ya lideraba el ministerio de Energía
y Minas. “Era setiembre del 91 y me pidió que lo apoyara haciendo
una estrategia para privatizar su sector. Había salido una ley con el
mandato de privatizar las empresas pero no decía quién lo haría, cómo
lo haría, si sería una unidad independiente o el propio estado”, recuerda
claramente Montoya, amparado en el orden que le brindan una serie
de apuntes y meticulosos expedientes.
Para ese entonces ya se habían producido algunos intentos de
privatización como el de Centromín, de Hierro Perú y vendido una
participación minoritaria de Minas Buenaventura pero, desde que
reapareció en Lima, Yoshiyama no tuvo la menor duda de que Montoya
debía liderar ese proceso. “Él había sido el mejor alumno de Finanzas,
tenía una enorme experiencia y necesitábamos una persona técnica,
con una concepción ideológica totalmente clara e impermeabilizada
de la política para realizar el trabajo”, refiere el ex ministro fujimorista.
Un mes más tarde, sin retribución alguna, Montoya ya tenía un
esquema listo para presentárselo a su ex compañero. Sin embargo, en
ese lapso a Yoshiyama lo nombraron presidente de la Comisión para

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la Promoción de la Inversión Privada, más conocida como COPRI, y
le pidió que su esquema ya no solo fuera para Energía y Minas sino
que hiciera uno integral que abarcara todos los sectores. La situación
era clara. Existía un enorme vacío entre la alta dirección, compuesta
por una suerte de consejillo de cinco ministros –Economía y Finanzas,
Energía y Minas, Trabajo y Empleo, Transportes y Comunicaciones y
de la Presidencia- y quienes debían llevar el proceso a la acción. “Solo
había generales y soldados. Mi propuesta fue estructurar una dirección
ejecutiva que actuara como bisagra entre las políticas de estado,
definidas por los ministros, y las prácticas de ejecución. Entonces hice
un documento que sirvió para empezar a conversar con las empresas y
que luego iría perfeccionándose”, aclara Montoya.
Pero, además, su experiencia en procesos anteriores le había
permitido identificar cuáles solían ser las principales falencias en este
tipo de proyectos. El primer gran defecto era que no hubiera voluntad
política; segundo, que los privatizadores no estuvieran empoderados
para hacer su trabajo; tercero, algunas cuestiones técnico-legales
específicas y, cuarto, la falta de transparencia. Si bien esta última
condición dependía de cómo se ejecutaran las precedentes, Montoya
recomendó que gente proba, que se sintiera cómoda y consciente de
por qué lo hacía, fuera convocada ante cada necesidad. “Teníamos ya
la voluntad política de Fujimori, no por convicción filosófica sino por
pragmatismo. El empoderamiento debía darse mediante una estructura
legal y con una aceptabilidad de quien te empoderaba. Además todos
sabíamos que éramos aves de paso”, recuerda Montoya.
La primera oficina de la COPRI era un cuarto en el que apenas
cabían tres personas y que reunía básicamente los útiles esenciales.
Tiempo después serían cinco. Y no era necesario más, porque la
dirección ejecutiva era un organismo orientador, no ejecutor. Para
la ejecución de los procesos privatizadores, vale decir, para la venta
de cada empresa, se crearon las CEPRI (Comités Especiales de
Privatización), organismos descentralizados que fueron integrados
por empresarios y tecnócratas de amplio prestigio, especialistas en
cada sector, y también por un ejecutivo de la empresa por privatizar.
Generalmente eran tres o cuatro personas. Desde el principio quedó
claro que si el representante de la empresa se convertía en un obstáculo
para los objetivos privatizadores, sería removido.
La dirección ejecutiva contaba también con un staff de asesores
permanentes en distintos temas. En la parte técnica veían todo lo
relacionado a la producción y al producto que la empresa vendía. En
el área legal, todo lo relativo a la propiedad, los registros, las acciones,
entre otros. Los asesores en Banca de Inversión orientaban sobre cómo
contratar uno de estos bancos y cómo dirigirlos y controlarlos, cómo
desarrollar una reestructuración financiera, las transferencias de
deuda con el estado o cómo hacer para vender la empresa con una deuda
soportable. Los expertos socio–ambientales asesoraban en temas de
conflictividad social y orientaban acciones para que las empresas
cumplieran estándares ambientales; mientras que en el área laboral se
reconfiguraba la relación con los sindicatos.
A los trabajadores se les dio el mensaje claro de que el fin de la
privatización no era botar gente, como pregonaba la campaña
opositora, sino producir mejor. Sirvieron mucho algunos talleres
informativos y las pasantías de líderes sindicales por Chile, pues
regresaban convencidos –tras comprobarlo con sus pares sureños–
de cómo habían cambiado para mejor las condiciones de trabajo y la
eficiencia de las empresas. Cuando se produjo la venta de las primeras
empresas públicas también se creó un área de post privatización, que
verificaba que el proceso hubiera sido el correcto, que la adjudicación

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estaba en orden, que el comprador había sido el mejor postor y que la
operación y producción de las empresas hubieran mejorado.
En ese entonces, Montoya tenía la certeza de que la gente convocada
era experta en cada uno de sus sectores, pero esa experiencia profesional
no los hacía especialistas en privatizaciones, independientemente de
que cada CEPRI pudiera contratar una asesoría técnica y legal. Por ello,
cada mes todos los comités especiales se reunían para compartir sus
experiencias y, en ese intercambio, fortalecer capacidades y encontrar
salidas creativas a los inmensos problemas que suponía vender
empresas con tecnología obsoleta, a punto de la quiebra, con excedentes
injustificados de personal y con subvenciones que distorsionaban
cualquier gestión medianamente responsable.
“A principios de los noventa ni siquiera el propio estado sabía
cuántas empresas estaban bajo su administración, cuál era su valor
ni de qué rubros eran. Encontramos hasta cines y burdeles, porque los
bancos habían recibido un montón de propiedades como consecuencia
de la crisis y la falta de pago de sus deudores”, recuerda Montoya.
El estado–empresario gestionaba empresas de telecomunicaciones,
electricidad, minería, hidrocarburos, pesca, industriales, etc. Operaba
desde los aspectos de producción, gestión y muchas veces monopolizaba
la comercialización de la mayoría de esos productos. Considerando las
empresas más importantes, se calculó que las pérdidas económicas de
las empresas públicas peruanas superaban los 2,500 millones de dólares
al año. Una cifra de espanto. “Una de las estrategias que utilizamos
para que la población comprendiera la necesidad de privatizar fue
explicarles que esa millonaria pérdida anual la pagaban sus familias.
Cada familia de cinco miembros perdía al año 500 soles por esas
empresas colapsadas”, refiere Montoya. Así como hubo empresas
viables para la privatización; otras hubo que liquidadas.
Con la privatización se produjo una radical transformación del
aparato productivo del país. Al volver a manos privadas, el riesgo de las
inversiones y de la gestión de las empresas salió del estado, mejoraron
los productos y servicios en todos los sectores y volvimos a conectarnos
con el mundo. Es cierto que también desaparecieron varias empresas,
pero principalmente aquéllas que ocultaban su ineficiencia detrás
de algún tipo de subvención porque, cuando se abre el mercado, las
distorsiones terminan devolviendo a la realidad a las que estaban
protegidas, desnudando automáticamente su falta de competitividad.
Lo real es que a solo veinte años de haber cambiado el modelo y de
darle la responsabilidad al sector privado, tenemos ahora mucho más
empresas compitiendo en más sectores y hemos logrado desarrollar
un mercado interno que contribuye a fortalecer las bases de nuestra
economía. Un mercado en el que uno es libre de emprender el negocio
que desea y en el que el ciudadano puede elegir entre varias opciones del
mismo tipo de producto, según sus necesidades y presupuesto.
Con la venta de empresas públicas, entre 1991 y 1997, ese estado
tremendamente quebrado logró ingresos por más de 7,000 millones
de dólares y una cifra superior a esa en compromisos de inversión a
futuro. Pero lo más importante es que el Perú dejó de perder dinero,
trasladó el riesgo de las inversiones y de la gestión al sector privado y,
gracias a la planificación y gestión profesional de los nuevos dueños
de esas empresas, las arcas del estado empezaron a engrosarse con los
impuestos generados por la actividad privada. Si alguien pregunta por
la razón del milagro económico en el Perú, buena parte del mismo se
explica en ese cambio de rumbo hacia una política de promoción de las
inversiones. La inversión produce empleo y, el empleo, una mejora en
la calidad de vida en los hogares. En todo el mundo, hasta ahora, esa ha
sido la mejor estrategia de lucha contra la pobreza.

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HOY PODEMOS DARLES LA RAZÓN
Cuando en 1975 se decreta la nacionalización de la Marcona Mining
Corporation, empresa norteamericana que explotaba hierro en esa
localidad de Nazca, Luis Morán relucía como el profesional peruano
con más calificaciones, y por esa razón se le encomendó la conducción
de la empresa. Con ese encargo terminaba su etapa como funcionario
de primer nivel de una trasnacional e iniciaba un nuevo periodo en la
administración de una empresa pública.
“Solo aguanté hasta 1978, pues estaba sujeto a otro ritmo de acción y
a otra ética –precisa él mismo–, pasamos de una cultura de la excelencia
a otra en la que no había respeto de la gerencia a la persona, de la empresa
al individuo, ni culto al mérito profesional en los ascensos. Antes, la
relación gringo–peruano era igualitaria, técnica, pero con el cambio
pasaron a nombrar gente desde afuera que presionaba para orientar las
compras a tal o cual empresa, básicamente por las coimas, y yo no me
conectaba con ese estilo”, cuenta el propio Morán. Eso le hizo aceptar
una propuesta de Venezuela, donde se iniciaba un proyecto enorme
para la producción de acero.
Pero en 1982 decide volver al Perú tras la solicitud del entonces
ministro de Energía y Minas, Pedro Pablo Kuczynski, y se incorpora
nuevamente a la gerencia de Marcona, que con la nacionalización había
cambiado de nombre a Hierro Perú. Si bien las condiciones se habían
deteriorado mucho, se quedó hasta que decidido, como siempre, a
guardar las mínimas formas éticas y técnicas, fue expulsado por
“ingobernable” durante la gestión aprista. Ya entonces se dio cuenta de
cómo había disminuido la producción y contaminado las relaciones con
los trabajadores y la comunidad. Por ejemplo, Marcona que exportaba
cerca de diez millones de toneladas en 1975, después de los 80, apenas si
pasaba de los dos millones de toneladas.
Poco tiempo más tarde, en 1992, sería convocado nuevamente por
la COPRI para continuar con el proceso de privatización de la mina a
la que le había dado tantos años de su vida. En una primera instancia
Morán fue invitado para que ayudase, técnicamente y ad honorem, a
destrabar la privatización de Hierro Perú, que se había complicado a
mitad de camino y, luego de esa instancia, a través del Banco Mundial y
el PNUD, le solicitaron integrarse al Comité Especial de Privatización
(CEPRI) de Tintaya; más tarde al de Bayóvar, seguidamente al de
Minero Perú (que tenía grandes proyectos en cartera como Cerro
Verde, Antamina o Quellaveco y las refinerías de Ilo y Cajamarquilla) y,
finalmente, al de Centromín. En un periodo de quince años, desde 1992
hasta el 2007 –cuando se vendió el proyecto de cobre Michiquillay–
Morán se convirtió, sin habérselo propuesto inicialmente, en el mayor
experto en privatizaciones mineras en el país.
Si bien los grandes motores de la COPRI fueron Jaime Yoshiyama
y el pequeño equipo que formó Carlos Montoya –que le dieron forma
y concepto a este proyecto con un criterio estrictamente técnico y
con herramientas de gestión de la banca y el sector privado–, para la

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ejecución de los procesos de venta de cada empresa se formaron los
CEPRI, que convocaron a una serie de peruanos ilustres, empresarios
y profesionales de cada sector, con el objeto de hacer un tránsito fluido,
realista y riguroso hacia la privatización. En los procesos específicos
de distintas empresas participaron Hernán Barreto, Oscar Espinosa,
Alberto Benavides de la Quintana, Antonio Tarnawiecki, Juan
Assereto, José León Barandiarán, Augusto Baertl, Francisco Fernández,
Raúl Otero y Lino Abram, entre muchos otros.
Si bien las empresas por privatizar eran de distintos sectores, la
COPRI diseñó un procedimiento de trabajo para los CEPRI, el mismo
que se fue perfeccionando en el camino. Asegurada la voluntad política
del gobierno, el modelo reposaba en los principios de transparencia y
eficacia que había sugerido Carlos Montoya desde el inicio. Luis Morán
nos ayuda a resumir ese procedimiento de esta manera:
1. Presentación del producto: A través de un Memorando
de Información se elaboraba un material destacando las
potencialidades de la empresa, su historia, infraestructura,
problemas sociales, ambientales, y fotografías de lo que se iba a
vender. El banco de inversión participaba en esta etapa.
2. Promoción: Estaba a cargo del mismo banco de inversión en
coordinación con el CEPRI, al que el primero ponía en contacto
con los inversores interesados. A estos últimos se les invitaba a
visitar las instalaciones o se les iba a visitar con la propuesta. Así
se concluía si había o no interés por cada empresa en el mercado.
3. Invitación pública: Esta invitación era dirigida solo a los
inversores o empresas que se atenían a las características que
buscaba el CEPRI y en base a la pre calificación de los interesados
en términos de su capacidad, especialización, modelo de gerencia
y respaldo financiero, entre otros.
4. Proyecto de contrato: En esta etapa solo se trataba con las
empresas precalificadas. Ello implicaba una rueda de preguntas
y respuestas sobre el contrato, que se compartían con todas
las empresas que seguían en carrera. Todo lo aceptado de las
sugerencias pasaban a ser parte del proyecto de contrato, lo que
daba lugar a la redacción final del mismo.
5. Rúbrica del contrato: Todas las empresas que llegaban a esta
fase debían inicializar el contrato, firmándolo y dejando solo
dos espacios en blanco, los correspondientes al precio y al
compromiso de inversión. Todo lo demás ya estaba acordado.
Era el mismo para todas.
6. Fijación del precio y condiciones base: El banco de inversión
proporcionaba una sugerencia sobre las condiciones económicas
de la transacción al CEPRI y calculaba el precio base dentro de
un rango de dos cifras cercanas (mínima y máxima), que ya
consideraba la información recogida en el mercado. Si había
mucho interés se tiraba el precio abajo. Si habían pocos postores,
tiraban el precio arriba.
7. Aprobación de la COPRI: La CEPRI enviaba la sugerencia de
precio base y las condiciones económicas a la COPRI que, como
última instancia, las aprobaba para luego publicar el precio base
y poner en marcha la licitación en un acto público.

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Solo el consensuar el contrato base podría demorar entre seis meses
y dos años, periodo que incluía hasta un trabajo de cosmetología de las
empresas –que no habían recibido mantenimiento ni actualización
tecnológica en años– reparando, pintando, arreglando los baños,
pasadizos, limpiando basurales o corrigiendo las situaciones inseguras
de las plantas. Incluso en La Oroya, cuenta Morán, se tumbaron más de
1,200 casas que se habían convertido en tugurios impresentables. Todo
ello era necesario antes de recibir y atender a los postores en sus visitas
previas a cada empresa.
En ese periodo también se saneaba toda la documentación y el
postor tenía la certeza que, de ganar, sería el dueño de la propiedad con
expedientes legales, técnicos, económicos y financieros oficializados,
y también una aproximación a las potencialidades comerciales
de la empresa. Todo ese material se encontraba a disposición de los
interesados en un data room para su revisión inopinada.
Entre noviembre de 1991 y febrero de 1992 salieron los decretos
de creación de la COPRI pero ya en 1991 se habían privatizado las
compañías Sogewiese Leasing y un paquete accionario de Minas
Buenaventura, pero en 1992, ya bajo el paraguas de la COPRI se
privatizaron diez más con ingresos para el estado peruano de 208
millones de dólares y una proyección en inversiones de 706 millones
más. Al año siguiente fueron trece empresas por un valor de 317
millones y una inversión proyectada de 589 millones de dólares. En
1994 se vendieron los monopolios del estado en telecomunicaciones y
energía eléctrica recaudando la alucinante cifra de 2,579 millones de
dólares más una inversión comprometida de 2,050 millones más.
Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo,
desarrollado por el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE),
entre 1991 y 1999, producto de las privatizaciones, el estado peruano
tuvo ingresos por 8.900 millones de dólares (incluyendo los de las
capitalizaciones) y se generaron compromisos de inversión por 7,200
millones de dólares más.
Los principales ingresos provinieron de los sectores
telecomunicaciones, electricidad y financiero. Paralelamente, el
gobierno creó entes reguladores para cada caso, como OSIPTEL para
las telecomunicaciones y OSINERG y la Comisión de Tarifas Eléctricas
para el sector de energía eléctrica, que separó las empresas generadoras
de las distribuidoras. El único servicio público que no se privatizó fue el
del agua potable, que todavía sigue bajo la administración de SEDAPAL.
En el informe de GRADE para el BID, titulado “La privatización
peruana: impactos sobre el desempeño de las empresas”, de Máximo
Torero, se concluye que “el análisis demuestra una mejora significativa en
el desempeño de las empresas a partir de la privatización”; pero, además
subraya que “el éxito del proceso de privatización ha sido apoyado por
un enérgico conjunto de políticas económicas y desempeño como base
de una estabilidad macroeconómica, un ambiente general de apertura
y mercados sectoriales competitivos que dieron a las empresas un
entorno estable y confiable hasta 1998. Sin tales condiciones no hubiera
sido posible alcanzar el éxito”.
Por otro lado, el mismo informe concluye que si bien, en un
principio, hubo una merma en el empleo directo en estas empresas a
partir de la privatización (48%) –más que nada debido a que cuando
eran públicas los puestos de trabajo respondían a criterios políticos
y, ya privatizadas, a las leyes del mercado– estipulan que sumados el
empleo directo e indirecto, relacionado a servicios conexos, el empleo
aumentó en 28% hasta el 2002, apenas diez años después del inicio de
la política de promoción de las inversiones. Hoy sabemos que esas cifras
son infinitamente superiores.

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Veinte años más tarde, las mejoras son mucho más evidentes todavía,
la calidad de los servicios se ha elevado notoriamente, el acceso a ellos
es mucho mayor, superando el 90% de cobertura para la población en
telefonía y electricidad, por brindar un ejemplo.
Más evidente todavía es el hecho de que las compañías privatizadas
son ahora mucho más rentables y eficientes en cada sector que cualquier
empresa pública sujeta a una posible comparación. Pero lo más
importante, es que esas empresas en manos privadas han propiciado
una mejora considerable en la calidad de vida de los peruanos, tanto
a nivel urbano como rural y, en el caso de la telefonía y de la energía
eléctrica han permitido la interconexión de las comunidades más
alejadas y pobres con el mercado y la modernidad, con tal potencia
que en muchos casos, según estudios especializados, esa conexión les
permite multiplicar sus ingresos hasta en siete veces.
AHORA TÚ ESCOGES LO QUE QUIERES
Asegura que la suya es la generación sándwich, aquella que cansada
de no poder desarrollarse con reglas claras y estables, terminaron
involucrados en alguna instancia de gobierno sin proponérselo. “Los
que nos habíamos preparado para la agricultura, como en mi caso,
después de la reforma agraria terminamos en la industria; vino la ley
industrial expropiadora, y yo me tuve que dedicar a otras cosas hasta
que recalé en el sistema financiero y, encima, después García casi nos
estatiza la banca”, sintetiza Alfonso Bustamante, uno de los empresarios
que asumió responsabilidades en el gobierno de Fujimori, preocupado
por la situación con la que el país ingresaba a esa década y conocedor
de los cambios que ya se estaban desarrollando en el resto del mundo.
Fue Primer Ministro y ministro de Industria entre agosto de 1993 y
febrero del siguiente año.
“Durante mucho tiempo habíamos sido testigos de que nuestros
gobernantes iban contra la corriente, mientras que los países exitosos
caminaban exactamente en la otra dirección. La falta de atención sobre
las reglas de la economía y el énfasis en el tema social se inician en el

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Perú en la década del 60, con el golpe de estado que se le hizo a Prado
Ugarteche”, anota el memorioso Bustamante.
Justamente en 1962 se produce un golpe de estado y se aúpa al poder
una Junta Militar de Gobierno liderada por el general Ricardo Pérez
Godoy, cabeza de una ‘tetrarquía’ que integraban, además, Nicolás
Lindley, Pedro Vargas Prada y Juan Francisco Torres representando
a las armas de Guerra, Aviación y Marina, respectivamente. El golpe
se produjo cuando faltaban apenas unos días para que terminase
el gobierno democrático de Manuel Prado Ugarteche y ante las
acusaciones de fraude electoral de Fernando Belaunde que, semanas
antes, había quedado segundo en una muy apretada elección, detrás de
Víctor Raúl Haya de la Torre, líder aprista, y delante de Manuel Odría,
ex presidente militar.
“Es allí cuando comienza a desviarse la atención de las reglas
básicas de la economía que facilitan la posibilidad de garantizar un
mayor bienestar social. Es entonces que los gobiernos adoptan un
comportamiento totalmente populista en la toma de decisiones”,
sentencia Bustamante que, por esas épocas, iniciara su vida profesional
en el campo, más precisamente en Puno.
Después de la segunda guerra mundial empezaron a tomar
vuelo en Latinoamérica las ideas de Raúl Prebisch, un economista
argentino que desarrolló la tesis de la industrialización por sustitución de
importaciones (ISI), teoría que predicaba que con un proceso acelerado
de industrialización de los países se alcanzaría mucho más rápido
el desarrollo que con la mera exportación de materias primas. En
resumen, el ISI basaba su éxito en tres fundamentos:
1. Una política industrial activa, con subsidios y una estrategia de
producción dirigida por el estado.
2. Una economía protectora de la empresa nacional que establecía
barreras al comercio y aranceles altos.
3. Un tipo de cambio elevado mediante una política cambiaria
dirigida y controlista.
Por más buenas intenciones que tuvieran estas políticas, allí donde se
aplicó tuvieron como consecuencia una primera sensación de bonanza
pero, más temprano que tarde, encareció para los consumidores el
precio de los productos debido a los altos aranceles de los insumos para
las distintas actividades productivas, estimuló procesos inflacionarios,
elevó la deuda externa e hizo mucho menos competitivas a las empresas
locales, ya que el cierre de las fronteras a productos similares las
hizo acostumbrarse a vivir protegidas, tornándose cada vez menos
eficientes, menos innovadoras y más obesas.
Durante los setenta y ochenta, con mucha ilusión se empezaron
a producir en el Perú autos –en realidad, a ensamblarlos– y hasta a
construir barcos, pero esos propósitos resultaron a lo más idealistas,
fueron prácticamente insostenibles.
En 1966, habiendo estudiado en la Agraria y luego en la universidad
de Michigan, con apenas 25 años, Alfonso Bustamante ya asumía la
gerencia general de la Sociedad Ganadera del Sur, corporación que
agrupaba a diez haciendas que reunían 60,000 cabezas de ovejas,
5,000 vacunos y 30,000 alpacas en Puno. Era la organización ganadera
más grande del sur del país y la más antigua, pues había nacido en
1926. “Cuando se dio la reforma agraria llegué a la conclusión de que
había que entregar las tierras. Lo hicimos voluntariamente. El estado
pagaba los animales en efectivo y las tierras en bonos; y salió una ley
que estimulaba utilizar los bonos en inversiones industriales. Allí me
convertí en industrial”, recuerda el empresario.

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Pero el proceso no fue fácil, para comenzar tuvo que convencer a los
accionistas, la mayoría de tradición ganadera y ya de cierta edad, de que
era mejor iniciar un camino en la industria que recibir el dinero porque,
de lo contrario, se obligarían a pagar casi la mitad en impuestos. Como
los militares querían industrializar el país a cualquier costo, en virtud
de la política de sustitución de importaciones, dieron estímulos para
que los bonos agrarios se convirtieran en capital si el tenedor ponía la
misma cantidad en efectivo.
“Nosotros teníamos los bonos y dinero a la mano por la venta
del ganado, les hice el cálculo y les comenté que se iban a quedar con
acciones de empresas que más adelante iban a valer más que esos
bonos. Abrimos el círculo, invitamos a otras personas que estaban
en la misma condición, entre ellos mi padre, y nos hicimos del 50%
de la fábrica de bicicletas Goliat y del 60% de la fábrica de abrasivos
Abralid, que producía lijas y piedras de esmeril. Aprovechamos las
reglas del sistema. De allí esperamos tiempos mejores pero el mercado
no prosperó”, comenta el propio Bustamante, quien de joven había
planificado dedicarse al campo, a los animales y a vivir en su querida
Arequipa o en Puno, que siempre le gustó tanto.
Goliat producía 37,000 bicicletas al año y tenía el 55% del mercado
nacional, liderando sobre dos marcas recordadas de la época que
compartían el resto, Monark y Mister. Hasta fines de los ochenta cada
bici se vendía a 320 dólares porque estaban obligados a comprar el
acero a Siderperú y las llantas a Lima Caucho, empresas que vendían
más caro porque estaban sujetas a protección, y el resto de insumos los
importaban con unas tasas arancelarias bárbaras. Por la misma época,
una buena licuadora podía costar hasta 700 dólares.
En 1991, cuando bajaron los aranceles al 56% y se permitió importar
casi de todo, la bicicleta pasó a costar 120 dólares, casi la tercera parte por
la baja en el precio de los insumos. En ese tipo de distorsiones terminó el
proyecto ISI y la economía cerrada que todavía algunos pregonan como
solución en el Perú y que, finamente, truncó el desarrollo de la región y
aumentó los índices de pobreza.
Tan absurda era la situación que en 1990 no había un solo producto
–de los 7,000 existentes– que pudiera ser importado sin autorización de
un funcionario público. Y a la inversa, “la decisión de proceder al pago
de subsidios por exportaciones de cualquier producto dependía solo
de un funcionario. Las oficinas del Certex (Certificado de reintegro
tributario) se habían convertido en un nido de corrupción. Los agentes
negociaban con esos malos empresarios hasta en los baños, pues se
encontraron expedientes arrumados detrás de los wáter”, recordaba
el economista Fritz Du Bois, pocos días antes de fallecer. Él fue el
encargado de desactivar el Instituto de Comercio Exterior a principios
de los noventa, el epítome del controlismo comercial en el Perú.
Sin embargo, esa obsesión del estado de dirigir al detalle los destinos
de la nación, de una manera rígida y monocorde, también pasaba
factura a los ciudadanos de a pie. Hasta inicios de los noventa teníamos
un solo comercializador de los productos de primera necesidad y de
muchos otros productos esenciales; vale decir, si lográbamos conseguir
los productos, no podíamos elegir lo que consumíamos, había que
tomar lo que encontrábamos nomás.
En los centros de abasto las familias hacían colas en distintas cajas
para completar la cantidad necesaria de leche, de azúcar, de arroz o de
aceite porque el consumo estaba racionado a una cantidad insuficiente
de kilos o litros por persona. Incluso la gente se pasaba la voz cuando
había carne, pues esta desaparecía rápidamente de los frigoríficos y la
suerte máxima era conseguir un pase de acceso al Bazar Militar, por
entonces el centro de abastos más surtido de la capital. En el mundo

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rural y en los extramuros de la provincia, la economía era improductiva,
prácticamente de subsistencia.
Hoy, en una economía abierta, los peruanos hemos recuperado
nuestro derecho a elegir, tenemos acceso a distintas marcas de los
mismos productos y a precios de acuerdo a nuestras necesidades y
presupuestos. “Antes, así tuvieras dinero, no podías elegir porque el
Estado controlaba todo. El Estado creía saber lo que tú querías, ahora
tú escoges lo que quieres”, refuerza el concepto Du Bois, añadiendo
que, además, en el Perú de hoy eres libre de hacer lo que quieras con tus
capacidades, con tu tiempo y con tu dinero.
Muchos ya no se acuerdan que durante décadas, por las terribles
condiciones que atravesaba el país, el 10% de la población decidió irse al
extranjero por falta de oportunidades, y las dos terceras partes del país
deseaban hacer lo mismo, especialmente los jóvenes, porque no veían
aquí futuro posible. Si se frustraron esos deseos no fue por voluntad
propia, sino que los ciudadanos con pasaporte peruano tenían muchas
restricciones para el ingreso a los países desarrollados y, peor, para
tentar largas estadías en la mayoría de ellos. Incluso, muchos jóvenes,
profesionales y familias enteras apostaron a la suerte y dedicieron
emigrar en condición de ilegales.
Sin embargo, dos décadas más tarde de la implementación de las
reformas estructurales de inicios de los noventa, sin ser conscientes
de lo que ha costado construir las sólidas bases de un nuevo país, los
jóvenes peruanos de estos tiempos sienten que todo lo pueden y que
ahora el Perú es el mejor lugar para ver cumplidos sus sueños. Y aquí
todos queremos que lo siga siendo.
NO HAY GOLPE SIN TRAUMAS
“Un domingo cuando ya estaba oscuro fuimos convocados por el
presidente a una reunión de emergencia en el Pentagonito. Yo estaba en
pantuflas y pijama y ya había dejado libres al chofer y a los guardaespaldas.
La llamada era extraña porque no se revelaba el motivo, así que me
cambié y manejé hasta San Borja”, cuenta Jaime Yoshiyama. Cuando
llegó a la sede de la Comandancia General del Ejército, el 'Pentagonito'
lo condujeron a una sala donde esperaban también otros ministros.
Pocos minutos después, en una pantalla dispuesta en la habitación, se
propaló el famoso video con el que Fujimori cerró el parlamento bajo
el eufemismo repetido de “disolver temporalmente el Congreso”. En
realidad se trataba de un golpe de estado, de un ‘autogolpe’.
Apenas apareció el presidente varios de los ministros le pidieron
que reflexionara sobre lo que iba a hacer, pensando en que esa citación
respondía a una suerte de consulta al Gabinete; sin embargo, Fujimori
respondió que ya era muy tarde, que ese material se estaba transmitiendo
en ese momento por cadena nacional de radio y televisión. Era el 5
de abril de 1992 y Fujimori instauró en ese instante, a la usanza de la

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mayoría de las dictaduras, lo que denominaría como un “gobierno de
emergencia y reconstrucción nacional”.
“Boloña casi se enferma con el tema porque ese era un claro augurio
de que se le iban a cerrar las puertas de financiamiento”, recuerda
Yoshiyama y él mismo, en los meticulosos cuadernos y agendas que
aún conserva, no tiene nada anotado en los dos días siguientes. El
desconcierto era total dentro y fuera del gobierno. Las ediciones de los
periódicos eran intervenidas una vez más y a las calles salió nuevamente
el ejército con sus intimidantes tanquetas y camiones portatropas,
lanzando chorros de agua y gases lacrimógenos a las pequeñas turbas
de protesta en los alrededores del Centro de Lima, del mismo Congreso
o del Colegio de Abogados. También se desató una cacería de los
enemigos políticos del gobierno y de los periodistas de oposición.
Mientras los defensores de la democracia se exponían en pública
protesta a la brutalidad de los uniformados, el 82% de la población
celebraba que, por fin, alguien con autoridad y mano dura cerrara ese
poder del estado que los había defraudado desde siempre, un Congreso
insensible e incapaz de comprender las verdaderas necesidades de la
población. La gran mayoría de peruanos aplaudía la medida porque
consideraba que los políticos eran inútiles en el propósito de emprender
las tareas de pacificación y desarrollo que le urgían al país. La justificación
para el autogolpe era que el Legislativo estaba maniatando al presidente
en sus funciones mediante la Ley de Control Parlamentario a los actos y
decisiones del presidente (sobre todo en materia económica y de lucha
contra el terrorismo). Años más tarde, Fujimori diría que “antes de
que me destituyeran y antes de que el terrorismo tomara el poder y
destruyera la democracia, yo decido dar ese paso”.
El descrédito de la clase política era impresionante, pues el
parlamento había elevado su propio presupuesto sin atender los
reclamos de austeridad y extendido cédulas vivas a los congresistas que
les garantizaban beneficios económicos de por vida. Adicionalmente,
eran evidentes sus reiteradas inasistencias, la frivolidad en el gasto de
los recursos y la dificultad para siquiera hacer quórum con el propósito
de discutir las leyes más importantes. Según el oficialismo, el Congreso
“era un freno a las transformaciones y al progreso”.
“La razón por la que Fujimori rompe con la institucionalidad y se
tira abajo el Congreso es porque no podía avanzar con la legislación
judicial, básicamente por los obstáculos que ponía a cada paso el
parlamento. Estoy seguro de que si no hubiera cerrado el parlamento
hubiera sido muy difícil que se avanzara con las reformas y, a la inversa,
por haber hecho eso Fujimori se ganó muchos enemigos, algunos de
ellos políticos muy bien intencionados que hasta ahora no le perdonan
eso. Fue una medida crítica, para bien y para mal, todo exaltado por
el apasionamiento político”, reflexiona el empresario Óscar Espinosa.
Pero en el frente externo la popularidad de las medidas no era
compartida. Había costado mucho poner en marcha acuerdos con la
banca internacional y, como pensaba Boloña, tanto el FMI como el
Banco Mundial contrajeron sus posiciones y se deterioró su confianza
en las promesas del gobierno peruano. Incluso el Secretario de Estado
Norteamericano, James Baker, anunció la suspensión de la ayuda
económica al Perú pues “no habría lugar en Estados Unidos para
quienes se aíslan a sí mismos derrocando a la democracia”.
Por otro lado, una delegación de parlamentarios peruanos de
oposición acudió a la Organización de Estados Americanos (OEA) para
exponer los hechos. Apenas un año antes los cancilleres, incluido el
peruano, habían firmado un compromiso de llevar a consulta cualquier
intento entre sus países miembro de romper la institucionalidad
democrática. Por ello, la junta de cancilleres sesionó en privado y

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anunció, primero, una condena unánime al golpe de estado y, segundo,
se le solicitó a Fujimori que negociara con la oposición una salida a la
crisis política. Posteriormente, la OEA enviaría a Perú una delegación
encabezada por su secretario general, el brasileño Joao Baena Soares.
Dando señas tempranas de su espíritu autocrático, y amparado en
el favor popular, Fujimori no negociaría con la oposición, más bien se
afanaría en lograr acuerdos en el frente externo para reanudar el flujo
de créditos al país y le prometería a esa delegación de la OEA elecciones
para la formación de un nuevo Congreso Constituyente Democrático
(CCD), el mismo que tendría la función de legislar y, sobre todo, de
redactar una nueva Constitución Política del Perú.
Las elecciones se realizarían en octubre, el nuevo congreso tendría
apenas 80 miembros y, para darle velocidad a las reformas, una sola
cámara. La estrategia de descrédito de los políticos locales daría frutos
y el oficialismo obtendría 44 escaños que, disciplinadamente, avalarían
en todo las propuestas del Ejecutivo desde enero de 1993.
“Nosotros no sabíamos que el presidente Fujimori tenía pensado
el golpe de estado pero, después de ejecutado, el Consejo de Ministros
empezó a funcionar como el ente emisor de leyes mediante decretos.
En ese momento, los técnicos intentábamos rescatar al país de
la emergencia y de las debacles de la economía y del terrorismo”,
comenta Yoshiyama, quien fuera presidente del CCD en sus tres años
de existencia, agregando que seguramente esas mismas reformas se
hubieran podido hacer en democracia, pero de ninguna manera más
rápido ni de forma tan consistente.
Aquí cabe preguntarse por qué, si el objetivo era legislar para
rescatar al país de la emergencia, durante el gobierno de Fujimori
también se intervinieron el Poder Judicial, el Ministerio Público, el
Tribunal Constitucional, la Contraloría y cualquier otra institución
influyente o de control. Incluso más adelante se compró la línea
editorial de la mayoría de medios de comunicación.
“Mi impresión es que cuando el presidente dijo ‘disolver’, él no
sabía que estaba dando un golpe. Pero de hecho estaba anulando uno
de los poderes y era un golpe de estado. Para mí Vladimiro Montesinos
hizo con él lo mismo que hace la mafia. Para probar su fidelidad, a uno
lo obligan a matar a otro. Fujimori había sido elegido por el pueblo y
Montesinos no era nada. Luego del golpe, ya estaban iguales. Siendo tan
vivo e inteligente, Fujimori se dejó quitar la legitimidad”, reflexiona el
economista Hernando de Soto al respecto.
Otro tema que resulta a la vez paradójico y simbólico es cómo
los peruanos, en un lapso de 25 años, mediante dos golpes de estado,
pretendimos cambiar de facto el curso de la historia. El inicio del
gobierno de Velasco y el de Fujimori hasta el 5 de abril cierran un
círculo, encarnan los cambios más significativos en el rumbo del país
con propuestas que se ubican en las antípodas, pero que se hermanan
en el estilo autoritario para su implementación. Sin importar lo
constructivo o errado de cada propuesta, ambas administraciones
pierden brillo y valor por la imposición de sus ideas y proyectos. El
gran reto de las naciones sigue siendo, por ello, que logren su desarrollo
dentro del marco de la democracia.
En ese sentido, los peruanos tenemos que ser capaces de aprovechar
los conflictos para discutir en profundidad y acercar nuestras posiciones.
Pero si no somos capaces de sentarnos en una mesa ni de mirarnos a los
ojos con una mínima presunción de confianza, difícilmente vamos
a sellar las bases de nuestro sistema democrático. Por ello debemos
saludar que nuestros cuatro últimos presidentes –incluyendo a Valentín
Paniagua– hayan impulsado el curso de la democracia en un país tan
dispar, necesitado y populista como el nuestro.

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Pero como demostración de lo frágil que todavía es ese sistema
recordemos que a partir de 1997, Fujimori emprendió una carrera
reeleccionista –para hacerse de un tercer mandato consecutivo– que
frenó el ritmo de las reformas estructurales del estado, la velocidad en
el crecimiento y la modernización del país.
Los peruanos pagamos las consecuencias, entonces, de no haber
sido capaces de defender el marco democrático que habría podido
contener el desmedido apetito de poder de Fujimori. Quien al principio
de su mandato facilitara las condiciones políticas para que el Perú se
conectara con el resto del mundo, más tarde, contradictoriamente,
construiría él mismo su camino a prisión. El mismo político que abrió
la puerta a la recuperación y transformación del país casi echa por
tierra los fundamentos de esa titánica tarea y apeló, para reelegirse
nuevamente, a la perniciosa enfermedad del populismo.
“La triste lección de esos años es que se dejó de priorizar el aspecto
económico y prevaleció lo electoral. Al principio Fujimori preguntaba
‘cuánto me cuesta eso’ y, al final, ‘cuántos votos me cuesta eso’. Sin
re-reelección se habría completado las reformas y ya no importaría,
como en Chile, que entrase un gobierno de izquierda o de derecha. Ya
no pasaría nada. Por la re-reelección casi perdimos todo lo avanzado
en un ataque sistemático contra la economía de mercado. No solo no
se realizaron las reformas de segunda generación, sino que colapsó
el gobierno y nos tomó hasta el 2004, cinco años, retomar el ritmo
económico. Estuvimos a punto de perderlo todo”, resume enfáticamente
Fritz Du Bois, que se desempeñara como uno de los asesores principales
del MEF entre 1992 y 1998.
Otra reflexión pertinente es que ese golpe de estado le permitió
al gobierno de Fujimori controlar las instituciones tutelares del país
y distorsionar sus fundamentos en provecho propio. Muy aparte a los
esfuerzos del grupo de profesionales comprometidos con la reformas
económicas, el relajo en los controles institucionales facilitó que otro
grupo cercano a Fujimori montara una red de corrupción.
Con el golpe se subieron al carro del gobierno una serie de
inescrupulosos que solo querían aprovecharse del poder para robar.
Esta red se empezaría a descubrir recién por 1997, cuando todo el
proceso reformador en materia económica y contra el terrorismo ya
se había cimentado. Por ello es importante separar en esta historia
la paja del trigo. Hubo, entonces, un grupo de personas que trajeron
herramientas profesionales de gestión al estado y que se la jugaron por
el futuro del país y, otro, que se manchó las manos con dinero sucio y
sangre, muchos de los cuales pasaron o continúan todavía en la cárcel.
En virtud de construir un mejor futuro será siempre necesario
recordar que, si bien son modelos imperfectos, el mejor contexto para el
desarrollo de la economía de libre mercado será siempre la democracia.
Porque es dentro del marco de ese sistema político que se garantizan
el equilibrio de poderes, las libertades y la capacidad de defensa de la
sociedad frente a cualquier intento de abuso de poder. Entonces, para
el desarrollo de una nación moderna cualquier golpe de estado, por
principio, es inadmisible.
Tras el cierre del Congreso, el poder Ejecutivo tomó una nueva
dinámica y aceleró las reformas para la promoción de las inversiones
y de lucha contra el terrorismo. Como hemos visto, era indispensable
el éxito de ambas para reactivar la economía nacional y reconectarnos
a ese contexto internacional que ya estaba en franco proceso de
globalización. ¿Qué sentido tenía mantener un mercado cerrado
cuando ya las tecnologías de la información presagiaban la revolución
digital, la conexión inmediata con cualquier rincón en el mundo y un
cambio radical en el comercio? ¿Cómo era posible atraer inversiones

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en un contexto de guerra y muerte? La Shell había descubierto el
yacimiento de gas de Camisea y prefirió no explotarlo aduciendo que
no podía trabajar en el Perú mientras no se controlase a la camarilla de
muerte de Abimael Guzmán. La empresa se fue del país. Y así como con
el gas, era imposible poner en marcha proyectos petroleros, mineros
o energéticos porque todos, por sus características, debían operar en
zonas rurales y expuestas a los ánimos destructivos de Sendero.
En el ámbito judicial, por ejemplo, el proceso de Osmán Morote,
el segundo en la estructura político–militar del grupo terrorista,
duró cerca de cinco años y tan absurdas eran las normas que el señor
declaraba a la prensa cuando lo deseaba, haciendo apología y defensa
de sus ideas de muerte. Luego de que el CCD dictara sus normas, a
Abimael Guzmán lo apresaron el 12 de setiembre del 92 y en seis
meses ya tenía cadena perpetua. La normativa en torno al terrorismo
incluyó juicios sumarios, jueces sin rostro, la ley de arrepentimiento,
la de colaboración eficaz, de apología, de obstrucción a la justicia, la
eliminación de beneficios penitenciarios, el aumento de penas y otras
más que le imprimieron celeridad a la derrota oficial del terrorismo.
Recién allí el Perú se pudo defender de esos fanáticos radicales.
Sin embargo, uno de los encargos más importantes del CCD fue el
de elaborar una nueva Carta Magna. El concepto fundamental detrás
de la Constitución de 1979 era el del interés social. En otras palabras, si
a criterio del gobierno un sector de la economía no era suficientemente
bien atendido por el sector privado, entonces el estado tenía el derecho
de intervenir y hacer una empresa en tal sector.
“La Constitución del 79 era estatista, en ella se seguía hablando de
las industrias estratégicas y de la intervención del estado en la economía.
No se avanzaba mucho en el tema económico ni en la promoción de
la inversión privada. Hasta ese momento el Perú no entendía lo que
estaba pasando en el mundo”, refiere Alfonso Bustamante, quien fuera
Premier por la época de trabajo del CCD. Además resalta que lo más
importante de la Constitución del 93 –actualmente vigente– es que en su
capítulo económico promueve la inversión privada, limita las aventuras
empresariales públicas y fija el rol subsidiario del estado, es decir, de
tomar acción allí donde el sector privado no encuentra las posibilidades
de satisfacer las necesidades de la comunidad, exceptuando temas como
la educación, la salud, la administración de justicia y la seguridad. “El
estado debe hacer poco, pero hacerlo bien”, remata el ex Premier.
Por su parte, Jaime Yoshiyama resalta que “nosotros sabíamos
exactamente qué queríamos de la Constitución. Básicamente que el
país tuviera una carta que promoviera, además de la justicia social, una
sociedad pro mercado, que hubiera dinero para el sector agrario y no
empresas estatales. Y lo teníamos todo muy claro porque los dos años
anteriores habíamos trabajado en el plan económico del gobierno”.
En ese Perú en ruinas estaba todo por hacer, pero a diferencia
del lustro anterior, con la derrota del terrorismo y las reglas claras se
consiguió estabilidad jurídica, se prometió un tratamiento igualitario
para la inversión nacional y extranjera y sometimiento al arbitraje
internacional en caso de controversias. Solo así se podía exponer esa
gran veta de oportunidades que tenía el Perú por delante.
“Teníamos que atraer la inversión porque no había dinero para
nada. Yo salía del país a promoverla. Recuerdo que Felipe González –el
presidente español en ese entonces– no nos quiso recibir o, en todo
caso, lo hizo de mala manera. Nos prometió apenas cinco minutos y, al
final, nos quedamos hora y media. En esa reunión se empezó a hablar
de futuras inversiones españolas en el país. Nunca trabajé más y nunca
gané menos en mi vida como en esa época. Sin embargo me quedaron
muchas satisfacciones personales”, abunda Alfonso Bustamante.

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La importancia de la Constitución del 93 en el desarrollo del
Perú hasta hoy y de la proyección del país hacia el futuro es y ha sido
fundamental. “No hay manera en la que uno pueda controlar a un
futuro gobierno; pero entre el capítulo económico de la Constitución
peruana, la Ley Orgánica del Banco Central –que le brinda autonomía–
y los Tratados de Libre Comercio se reduce el margen de maniobra
de cualquier gobierno. Puedes aumentar el gasto social, tratar de
fortalecer algunas empresas públicas pero, en general, el margen es
pequeño”, sentencia Fritz Du Bois.
YA ESTAMOS INTERCONECTADOS
CON EL MERCADO
Una de las publicaciones más rigurosas sobre el efecto positivo que
han producido las reformas iniciadas a principios de los años noventa
en el Perú entre las comunidades más pobres es “Conexión y despegue
rural”, del economista Richard Webb, quien junto con su equipo viajó
a los distritos más aislados de las provincias que resaltaban claramente
en el mapa peruano de la pobreza. Por ejemplo, Chumbivilcas en
Cusco, Acobamba en Huancavelica, Pachitea en Huánuco, Celendín
en Cajamarca y Cotabambas en Apurímac. Incluso el propio Webb
realizó un reconocimiento en los poblados de Curahuasi en Abancay y
Juanjuí en San Martín.
Una de las constataciones de este economista y geógrafo, dos veces
presidente del Banco Central de Reserva, Doctor en Economía por la
Universidad de Harvard y profesor en Princeton, fue que el problema
principal de las comunidades más pobres del país durante décadas
había sido el aislamiento, condición exacerbada en los ochentas por la
presencia del terrorismo en todos sus linderos. Desconectados entre
ellos y del lado moderno del país fueron condenados a la pobreza.

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Pero en virtud de esos viajes, lo que más le sorprendió fue encontrar,
veinte años después de descabezado el grupo terrorista, a comunidades
andinas o amazónicas que no viven en otro mundo ni son seres de otro
planeta, sino personas que están mucho más conectadas e incluidas de
lo que él esperaba y que, por añadidura, utilizan en provecho propio, de
manera intuitiva pero exitosa, las dinámicas del mercado.
Ante la falta de literatura sobre el tema, era necesario viajar al lugar
de los hechos y la primera provincia visitada fue Chumbivilcas, en el
límite de Cusco con Arequipa. Cerca de su capital, Santo Tomás, apenas
había unas casitas y unas vacas; pero junto a la carretera lograron ubicar
una feria que reunía a unas 30 personas que habían llegado a pie o a
caballo. Entre ellos estaba una señora que, sentada en el pasto, vendía
cebollas y papas. De pronto Webb vio tres libros sobre un grupo de
tubérculos. Dos de ellos tenían en el título la referencia a unas vacas y
otro era de motivación empresarial, firmado por David Fischmann, un
conferencista y académico peruano experto en liderazgo. La escena lo
impresionó tanto que le tomó una foto a los libros.
Unos días después, ya en Lima, esperando el cambio de luz delante
de un semáforo, descubrió con sorpresa que el mismo libro de las vacas
de Chumbivilcas era ofrecido por uno de los vendedores pirata en la
avenida Javier Prado, en pleno San Isidro, uno de los distritos más
encumbrados de Lima. Evidentemente lo compró. Los tres libros que se
vendían en esa feria de las alturas eran del tipo autoayuda empresarial
o de liderazgo. “En uno de los lugares más perdidos de la sierra,
donde seguramente se registran los índices femeninos más altos de
analfabetismo en el país, estaban leyendo los mismos libros que en uno
de los distritos más–más de la capital. Entonces empecé a ver algunos
indicios que demuestran que en el Perú ya se vive una misma cultura”,
relata el propio Webb.
Para otro viaje escogió a una de las provincias que, según las
estadísticas, resulta ser una de las más pobres del país, Acobamba, en
Huancavelica. Allí acudió a la feria de Paucará, terruño de la Nación
Chopcca que, producto del aislamiento de décadas se caracteriza por
conservar con orgullo sus tradiciones, costumbres y vestidos. Ese
mercado reúne a más de veinte comunidades altoandinas y se puede
encontrar allí desde productos alimenticios, vegetales, ollas, útiles
escolares, artefactos eléctricos, herramientas, repuestos, zapatillas,
ganado y también ropa. Justamente la sección de prendas de vestir se
destacaba por una banderola que decía “Bienvenidos a Gamarrita”, en
clara alusión al emporio textil limeño, en una expresión que denota
conexión, integración y orgullo. Para abundar en el asunto, más allá, en
el mismo Acobamba, también pudo encontrar el chifa ‘Gastón’.
“Según las encuestas del INEI, en los últimos diez años, el ingreso
promedio de las familias de Huancavelica ha tenido el segundo
crecimiento más alto entre las regiones, incluso más alto que el de
Lima”, señala Webb, añadiendo que la explosión de los centros de
educación con facultades asociadas a las actividades económicas de
cada provincia, sea ingeniería de minas, agricultura u otra, según
el caso, han facilitado también el despegue de estas comunidades,
especialmente de los más jóvenes .
Pero el factor más importante en el desarrollo de las regiones ha
sido, sin duda, la descentralización, que en la última década canalizó
chorros de dinero al interior, destinándose en cada departamento un
tercio del presupuesto al gobierno regional, otro tercio a las provincias
y el último tercio a los municipios distritales. Lo primero que hicieron
los alcaldes de las poblaciones más pequeñas fue construir o mejorar
caminos, lo que les ha permitido reducir a la mitad el tiempo de traslado
hacia los grandes poblados o ciudades.

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En muchos casos ese tiempo de viaje se redujo de doce a seis horas.
Y esa es una constante en casi todos los pueblos del país, lo que ha
provocado el incremento del comercio y la multiplicación de las ferias
que, a su vez, hacen de soporte del boom agrícola. Desde la óptica
centralista, antes era imposible ver lo trascendente que podrían ser
esas soluciones de infraestructura vial que, implementadas por sus
propias autoridades, han calado positivamente en la calidad de vida de
las poblaciones más alejadas y vulnerables.
“No hay duda de que los caminos han propiciado una mejora
agrícola. Acobamba tiene dos productos estrellas: papa y arvejas. Pero
se está experimentando un incremento en la producción de papa nativa
porque esta triplica el precio de la tradicional. Y el cultivo de las arvejas
es relativamente nuevo, ha reemplazado a otros tipos de papa porque
toda baja para comercializarse en Lima. Ambos casos demuestran
que la gente está conectada intuitivamente con el mercado. Incluso
ahora hay un tremendo incremento en la producción de yogurt y
quesos, porque las vacas están produciendo mucho más, gracias a la
calidad del suelo por el riego tecnificado”, subraya Webb, agregando
que a esa cadena contribuyen la mejora de las razas del ganado y los
mejores caminos. Antes producir estos productos para el consumo
no era rentable, se echaban a perder, pero ahora que pueden sacar sus
productos a mercados que ya conocen, la cosa es diferente.
Si bien estas poblaciones no tienen una comprensión conceptual
de la leyes del mercado o de sus principios, las utilizan todos los días y
las aprovechan con mucha intuición y éxito. Manejan bien el dinero.
“¿A quienes les ha ido mejor en los últimos años? La población rural,
la menos educada, es la que más ha mejorado porcentualmente sus
ingresos. Si gana más es porque produce más y porque vende mejor. Hay
un espíritu emprendedor potenciado al 100%”, señala el economista.
Otra cosa que ha hecho explosión en estas zonas alejadas es
la revolución de los celulares. Si bien todavía la mayoría lo usa para
temas personales, la comunicación al instante ha permitido que
los emprendedores y comerciantes mejoren sustancialmente sus
negocios, pues ya son ubicables, tienen capacidad de coordinación,
pueden hacer acuerdos al instante, informarse en tiempo real sobre los
precios en sus respectivos mercados y atender los pedidos a través de
las nuevas carreteras en plazos pertinentes.
Antes, en plena cosecha, llegaba a sus pueblos un camión a la
semana que les compraba todo, con un precio impuesto por el
propio comprador y ellos no tenían más remedio que venderle para
asegurrar algún tipo de sustento. La conexión, entonces, ha sido una
condicionante principal en el despegue del desarrollo rural.
Otra de las principales constataciones del investigador, demostrada
con una metodología y racionales inapelables, es que los ingresos de los
pobladores rurales en el Perú tuvieron una constante desde 1900 hasta
1994, creciendo a un promedio de 1,4% cada año, lo que en la práctica
refleja un estancamiento; pero entre 1994 y el 2011, sus ingresos se
incrementaron en 7,2% al año, que se explica por “la marcada aceleración
conectiva desde mediados de los años noventa. Desde entonces se
multiplicó por tres la construcción anual de kilómetros de caminos,
mejoró significativamente el mantenimiento de las redes viales y se
multiplicó el parque de vehículos que hacen servicio en el interior del
país. A ello se sumó la difusión de internet y el acceso masivo a teléfono
celular”, como expresa Webb en su libro, resaltando la coincidencia
en el tiempo de la revolución comunicativa desde los noventa y la
positiva aceleración en el ingreso de los más pobres. En veinte años, ese
crecimiento ha significado más que duplicar los ingresos históricos de
los más pobres en el país.

66. 130
Entre las conclusiones de su libro, el economista expresa que, a la par de la conexión, otros hechos explican el incremento en los ingresos de las comunidades que eran más desfavorecidas: la victoria contra el terrorismo normalizó las labores en el campo, la apertura comercial de la economía nacional abrió mercados para productos agropecuarios de exportación, la privatización de la telefonía produjo la expansión de ese servicio y la dinamización de la economía permitió ingresos temporales para obreros residentes en zonas rurales.
Además, el boom de los proyectos mineros privatizados en los noventa llevó trabajo, recursos y transferencias fiscales a gobiernos locales, provinciales y regionales y la liberalización arancelaria incrementó el parque de vehículos de transporte provincial. Todo ello no solo abrió oportunidades para los jornaleros sino también para los emprendedores. Y el gradual aumento en la escolaridad, la alfabetización y el aprendizaje del español facilitaron el intercambio comercial y empresarial. Lo mejor de todo es que estas son apenas las primeras escenas de la nueva y auspiciosa historia que el Perú tiene la oportunidad de labrar hacia adelante.
Solo para graficar el avance que hemos logrado sosteniendo el rumbo económico en los últimos años soltamos una cifra inapelable. Desde el 2004, cuando se restableció el ritmo de crecimiento, al año pasado, el 2013, el índice de pobreza en el Perú cayó de de 58.7% a 23.9%, según el INEI.
2
HACIA UN PERÚ DE PRIMER MUNDO

67. 133
HAY UNA MANERA DE HACER BIEN
LAS COSAS
En un mundo cambiante de millones de seres humanos, con países de orígenes, situaciones y procesos diferentes, resulta sumamente difícil ponerse de acuerdo sobre cuál es la mejor opción para que tanto la política como la economía se pongan al servicio de la humanidad. A lo largo de la historia, los pensadores han propuesto una serie de doctrinas acerca de cómo debe funcionar la sociedad, y se han delineado distintas rutas considerando lo que se debe priorizar para asegurar el desarrollo y el bienestar del mayor número de personas.
De entre todas las doctrinas políticas, la que predomina ahora en el mundo es la del liberalismo. Para ella, el valor más importante es la libertad, vale decir, el principio de que a nadie le está permitido recurrir a la fuerza para obligar a otro a hacer lo que no desea. Para esta corriente política, la libertad es la condición más preciada y el impulso original que le permitirá a cada ser humano hacerse cargo de su destino, concretar sus sueños y canalizar sus esfuerzos y talentos hacia lo que vino a hacer al mundo. Lo que procura el liberalismo es la aparición de un ciudadano con voluntad y razón, deberes y derechos.

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somos libres, podemos elegir
134
Pero cualquier doctrina política o filosófica debe superar el reto de
su aplicación en la realidad y estar acompañada de instrumentos que
faciliten su adopción y práctica por parte de los países y sus poblaciones.
Un instrumento fundamental es el modelo de desarrollo u orden
económico, el mismo que debe hacer posible que los ciudadanos se
acerquen sostenidamente a esos beneficios. El gran reto de los países es
cómo satisfacer las necesidades de la mayoría administrando recursos
que nunca son suficientes. Y en ese sentido, la libertad política debe
estar asociada necesariamente a la libertad económica.
Una economía libre se basa principalmente en dos conceptos,
el de la propiedad privada y el de la economía de libre mercado, que
presupone el comercio voluntario entre dos o más partes, de acuerdo
a los precios que para cada producto o servicio determinan la oferta y
la demanda. En términos simples, una economía libre tiene como fin
traspasar a la sociedad civil la responsabilidad de generar riqueza,
el Estado se abstiene de obstaculizarla y la protege de cualquier
distorsión o transgresión por parte de terceros. Por tal motivo la
libertad económica propone facilitar el comercio con quien uno desee
–sea nacional o extranjero– y estimular tanto la competencia como la
iniciativa individual para crear y hacer empresa.
La empresa se convierte, entonces, en una pieza fundamental en la
generación de riqueza. Un grupo de hombres, sea grande o pequeño,
unen sus talentos y esfuerzos en busca de alcanzar objetivos comunes,
generalmente el crecimiento y la expansión de su empresa que compite
con otras similares y que obliga permanentemente a actuar con
creatividad, planeamiento, analizando su mercado, tomando riesgos
en base a una visión clara y al entorno donde operan.
El éxito de ese esfuerzo compartido beneficia a todos los que allí
participan, a sus clientes, a los destinatarios finales de los productos
y, mediante los impuestos que generan sus actividades, a su Estado
y a su comunidad. Si un país se enfoca en facilitar la generación de
riqueza tendrá a la mano la mejor manera de combatir la pobreza y,
como consecuencia, más recursos para desarrollar programas que
les permitan a los pobres extremos superar pronto esa condición;
seguramente mediante el fortalecimiento de capacidades y condiciones
de vida digna, asociadas a mejores resultados en salud y educación.
Por otro lado, la propiedad privada es un derecho inherente al ser
humano. El hombre de Neanderthal tenía claro cuáles eran sus armas
de caza, la mujer del medioevo cuáles sus implementos para el hogar,
el ciudadano de hoy cuál es su casa, su lap top, su tierra o sus animales.
Y estos se sustentan con facturas, títulos y/o registros de propiedad.
En ese sentido, la propiedad privada gratifica y corona el esfuerzo de
cada individuo y el propietario tiene el derecho de disponer de ellos de
acuerdo a su voluntad y sin más limitaciones que las que impone la ley.
La capacidad del hombre de transformar esos bienes permite generar
trabajo y riqueza, lo que, a su vez, brinda mejores condiciones de vida a
quienes se inscriben en esa cadena.
Lo lamentable es que, históricamente, en muchas sociedades el
enfoque de lucha contra la pobreza ha reposado solo en la redistribución
de los recursos con que cuenta el estado. La paradoja es que si un país
no genera riqueza, al final no tendrá mucho por redistribuir. La
experiencia en la implementación de estas propuestas han probado
que el estado suele consumir sus recursos muy rápidamente, a veces lo
malversa y, al final, termina empobreciendo más al país.
Por ello, cuando un estado con afán redistributivo consume
sus reservas y se debilita, suele recurrir a medidas extremas como a
expropiaciones de tierras, de “empresas estratégicas”, de bancos, de las
pensiones de los ciudadanos, de los ahorros de sus vidas y, en virtud

69. 137
somos libres, podemos elegir
136
de la “protección” de ese dinero usurpado, inevitablemente continúa
con el recorte de libertades, como la de viajar al exterior, de invertir
en ciertos sectores o de ejercer la libre expresión, entre otros. En su
afán por acercarse a la “justicia social”, ese tipo de modelo más bien
paraliza la producción, desalienta las iniciativas personales, ahuyenta
las inversiones y, a la larga, termina ajustando a los más pobres de una
manera totalmente injusta.
Quienes tenemos más de cuarenta años en el Perú, de eso ya hemos
tenido suficiente. Hacer más pobres a todos para redistribuir mejor
es un despropósito, pues solo conduce más rápida que lentamente a la
quiebra de un país. Es más, actualmente no existe un solo ejemplo, en
el mundo, de una nación que haya logrado avances significativos en su
desarrollo y en la reducción de la pobreza en base a otro sistema que no
sea el de la economía de libre mercado. Y en ese camino estamos.
SIEMPRE SERÁ MÁS FÁCIL
DESTRUIR QUE CONSTRUIR
Los partidos de izquierda en el Perú han promovido su programa
de gobierno como el de “la gran transformación”, en alusión a sus
intenciones de impulsar cambios estructurales en el manejo económico
y productivo del país. En síntesis, ese proyecto ensalza las reformas
que ya se implementaron en otros países de la región como Argentina,
Bolivia, Ecuador, Nicaragua y también en Venezuela.
En buena cuenta, esas reformas están alineadas con los principios
que animara la Comisión Económica para América Latina (CEPAL)
en los años sesentas y que fueran impulsadas por la revolución
cubana. Basta únicamente voltear a mirar la situación de estos países,
compararla con los niveles de vida de hace una o dos décadas, según el
caso, y podremos comprobar el fracaso de esas reformas.
Por otro lado, cualquier cambio estructural debe ser comprendido
como un proceso y el gran reto de las naciones de estos tiempos es que ese
tránsito se haga en democracia e involucrando no solo los fundamentos
económicos sino una serie de aspectos vitales de las sociedades. Otra
cruda verdad es que “la gran transformación” a la que alude la mayoría

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somos libres, podemos elegir
138
de nuestra izquierda no pasa de ser un eslogan detrás del cual se esconde
un discurso obsoleto y populista, cuyo objetivo fundamental no es
siquiera el que enarbolan en sus planes de gobierno, sino que al final
esconde un único y verdadero interés: el acceso al poder.
Lo curioso es que los líderes de los países mencionados y que han
optado por ese modelo, contraviniendo sus propias leyes, hayan sacado
a relucir sus apetitos de permanencia en el poder –para sí o para su
entorno inmediato– valiéndose de modificaciones constitucionales
personalistas y un inevitable recorte de libertades.
Aducen que uno o dos periodos en el gobierno no son suficientes
–quién sabe si tres o cuatro lustros– para satisfacer esos grandes
objetivos. Y ya sabemos de sobra los peruanos que, cuando los
gobernantes se niegan a salir de sus sillones, es porque han creado un
sistema protector que les permite avasallar cualquier obstáculo, sea o
no por la vía legal; o, en su defecto, porque necesitan esconder algo turbio
y pútrido destapado en alguno de los salones de palacio. Como correlato
inmediato, es en esos países donde se han restringido derechos como
la libertad de expresión o la libertad de de viajar al exterior; incluso se
ha dado la apropiación del estado de ahorros privados o pensiones e
imposición de límites para el ahorro en moneda extranjera, entre otros.
Si hacemos una revisión panorámica de los procesos por los que
ha atravesado nuestro país en las últimas décadas tendríamos que
convenir que la gran transformación ya está encaminada en el Perú.
Quienes tenemos edad para hacer uso de memoria, estamos obligados
a reconocer que hoy vivimos en un país radicalmente diferente al de
hace apenas dos décadas; un país que ha sabido sacudirse de la violencia
y la miseria generalizada, un país con futuro, ubicado en el umbral del
desarrollo, mucho más sólido, optimista y que combate con más éxito
que nunca al verdadero enemigo de las sociedades: la pobreza.
Ello no significa, sin embargo, que hayamos resuelto nuestra
existencia, todo lo contrario, como nación todavía tenemos muchas
heridas por curar y problemas sin resolver. Lo que nos obliga a reconocer,
justamente, que estamos a la mitad de un proceso largo.
Pero si bien hemos avanzado apenas la mitad del camino, en ese
avance parcial la mejora de las condiciones de vida de los peruanos
de las ciudades y del campo son innegables. Lo más sensato en estos
momentos es continuar con ese proceso que tiene en el sector privado, y
especialmente en la empresa, el motor de desarrollo del país, el dínamo
que genera riqueza, combate la pobreza y abre insospechadas ventanas
de oportunidad. Lo más sensato es seguir con ese proceso de apertura
comercial al resto del mundo, porque en plena era de la globalización
no tiene sentido cerrar fronteras o conformar alianzas que limiten la
comercialización de los productos y servicios de los peruanos, sean
campesinos, emprendedores o profesionales.
La gran transformación del Perú ya está en marcha desde hace
dos décadas, como consecuencia de la reacción positiva a una crisis
terrible de más de veinte años, de 1968 a 1990, más la aplicación de
una serie de reformas sostenidas en el tiempo desde 1991 en adelante.
Esos años aciagos y esa reacción lúcida y esforzadamente trabajada nos
han permitido construir un nuevo país, con problemas pendientes,
imperfecto, pero indudablemente inmerso ya en la ruta del desarrollo.
Basta salir a la calle y observar el entorno inmediato o viajar
a provincias para que esa evolución quede demostrada. Esa
transformación estructural y económica se basa en datos y hechos
concretos y no en deseos o en teorías comprobadamente equivocadas
que en otros países vecinos, podemos ver ahora, han terminando
empobreciendo a su gente. Queda mucho por hacer, pero no hay duda
de que estamos en la ruta correcta.

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Cincuenta años de cambios profundos
La crisis política y económica al final del primer gobierno de Belaunde
precipitó un golpe de estado en octubre de 1968 y la toma del gobierno
por Juan Velasco Alvarado. Entre otras cosas, ese cambio forzado
precipitó el traslado íntegro de la responsabilidad de la producción
del país al sector estatal. De esa manera, el gran estado diseñador,
ejecutor, fiscalizador y evaluador de las políticas que él mismo proponía
agregó a sus responsabilidades la de ser empresario, con los resultados
desastrosos de los que damos cuenta en este libro.
En 1991, año en el que el Perú pone en marcha la política de
promoción de las inversiones, las empresas públicas perdían 2,500
millones de dólares al año. Pero el objetivo del gobierno revolucionario
del general Velasco, con total afán refundacional, fue mucho más allá.
Con la reforma agraria, la estatización y las medidas confiscatorias
quebró en el espinazo el modelo de Hacienda con el que se había
conducido la economía nacional durante casi 300 años.
Es cierto que era un sistema insostenible, caduco y, basado en
distintos ejemplos históricos, hasta injusto pero, desde entonces, y
como consecuencia de una serie de elecciones equivocadas, el Perú se
precipitó en caída libre durante las siguientes décadas y así resbalamos
por una espiral invertida que nos arrastró a un profundo deterioro
como sociedad y como nación.
En esos casi 25 años, desde 1968 y ya entrados en los noventa, la vida
de la mayoría de peruanos se hizo miserable. La ignorancia económica
de los gobernantes, la irresponsabilidad en el gasto militar, la corrupción
y las dádivas populistas dejaron vacías las arcas del país destruyendo la
clase media, multiplicando la miseria en los más pobres, alejándolos de
los servicios del estado y excluyéndolos de la modernidad.
En esos años las poblaciones andinas sufrieron una suerte
de exterminio como consecuencia de la violencia terrorista y el
contraataque militar; los mejores líderes distritales y provinciales o
los jueces eran eliminados por los subversivos, que también destruían
las estaciones productivas y de investigación, derrumbaban torres
eléctricas, municipios, empresas y sumían nuestro espíritu en una
oscuridad e incertidumbre aún mayores; los sueldos –de quienes lo
recibían, pues casi no había inversión privada– se hacían humo de la
noche a la mañana producto de la hiperinflación.
El fenómeno de El Niño devastaba las casas y los sembríos de la
costa, en la sierra cobraba vidas por obra de los huaycos y aislaba
poblaciones enteras detrás de los derrumbes. El diez por ciento de
nuestra población que consiguió visa –pues éramos un país paria y
los peruanos casi indeseables en el extranjero– se marchó a buscar un
mejor futuro en países vecinos, en Norteamérica o en Europa, entre
ellos muchos de nuestros profesionales y jóvenes más capaces.
La violencia, la devastación y la ausencia seguridad y justicia en el
interior creó un cinturón de pobreza compuesto por migrantes que
rodeó las grandes ciudades de la costa, que enfundó de plástico azul
sus veredas para ejercer el comercio ambulatorio, abonó en una mayor
centralización de las decisiones importantes y, como consecuencia de
todo ello, millones de peruanos de dos generaciones casi perdimos la fe,
casi nos dimos por vencidos.
Porque de allí venimos es muy importante cuidar lo que se ha
avanzado en los últimos veinte años. Estas dos décadas han sido
el más largo periodo de nuestra historia republicana en el que
hemos mantenido sostenidamente un comportamiento económico
responsable, donde no se gasta más de lo que se tiene y en el que se ha
desenchufado la maquinita de hacer billetes que devalúa la moneda.

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En veinte años hemos construido –y lo seguimos haciendo– un
sistema en el que los ciudadanos tienen la libertad de enrumbar sus
emprendimientos sin otras restricciones que no sean las de la ley. En el
que las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas –en virtud del
éxito que buscan– se enfocan en competir mejor para generar riqueza y
puestos de trabajo; y cuyo éxito es sinónimo de más impuestos y divisas
para las arcas del Estado.
Y es también importante destacar algo que no suele reconocerse en
las crónicas de aquellas épocas. Sin la resistencia, creatividad y esfuerzo
de los ciudadanos y, especialmente, de la población rural, no hubiera
sido posible ningún proceso transformador en el país. El shock de los
noventas y la disciplina en el manejo de la economía de los últimos
años ha demandado mucho trabajo, resistencia y madurez cívica. Los
procesos que permiten salidas a situaciones muy críticas, como las
que vivió el Perú, normalmente son lentos, sacrificados y sumamente
incomprendidos. Y, por supuesto, han generado la impaciencia y
frustración justificada de algunos peruanos a los que todavía no
alcanzan sus beneficios a plenitud.
Todo ello hace urgente acelerar este proceso que merece un ciclo
continuo de al menos cuarenta años, como ha sucedido en Corea del Sur,
Malasia o Singapur, países del sudeste asiático que en cuatro décadas
han logrado la gran transformación de sus sociedades y una reducción
marcada de la pobreza. Y lo han hecho siguiendo el mismo camino que
transita el Perú en las últimas dos décadas.
No hay otra experiencia o modelo que le haya permitido a alguna
nación, en el mundo, cambiar con éxito la vida de sus habitantes. Los
peruanos debemos exigir a nuestras autoridades que sigan adelante con
ese proceso y cuidarnos de aquéllos que, mediante falacias populistas y
facilismos, lo único que buscan es satisfacer su apetito de poder.
La gran transformación peruana no se ha completado todavía y
tiene techo de vidrio. Como proceso todavía es frágil y todo ese camino
avanzado puede desandarse fácilmente si no lo protegemos. Siempre
será más fácil destruir que construir. Ahí tenemos los claros ejemplos
de Argentina y Venezuela, dos países que han tenido tradicionalmente
economías más fuertes que la nuestra y que hoy sufren por las recetas
irresponsables, caducas y populistas que imponen sus autoridades.
Una economía sana y creciente es la columna vertebral de una
sociedad moderna, es también un componente esencial para la buena
salud de un hogar, de una empresa o de un país, pues representa la
fortaleza, el vigor y las aptitudes para emprender grandes tareas o para
resistir los embates de lo inesperado. Asimismo, la economía sana y
creciente de una nación es sinónimo de un país atlético, en la plenitud
de sus potencialidades y, lo más importante, de una sociedad que tiene
capacidad para decidir y emprender la construcción de su destino.

73. 145
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SOLO QUINCE AÑOS PARA HACERLA
Hace unos diez años, el periodista estadounidense Thomas Friedman
reflexionaba en su libro ‘La tierra es plana’ acerca de la globalización
y sus efectos en las relaciones comerciales entre los países pero,
principalmente, en cómo este fenómeno ha terminado por derrumbar
mitos y fronteras, creado procesos uniformes de trabajo y allanado las
diferencias. Tan es así que en cualquier gran ciudad del mundo como
Bangkok, San Francisco, Estambul, París, La Paz, Ciudad del Cabo o, si
se quiere, Lima, te encontrarás con productos más o menos similares,
con los anuncios de las mismas marcas trasnacionales en las calles y
con servicios al alcance de tu entendimiento más allá del idioma y
la caligrafía. Hoy, producto de la globalización, casi todo el mundo
funciona de la misma manera.
Es en el contexto de esa “tierra aplanada” en el que los países que
albergan a las culturas matrices de la civilización han empezado a
tener un papel más protagónico en el desarrollo de sus respectivos
continentes. Si bien esas naciones mantienen todavía evidentes brechas
económicas y sociales, basta ver el desarrollo de China o de la India
en las últimas dos décadas para detenernos a observar seriamente el
fenómeno al que alude el escritor.
Ambas sociedades, la China y la India, son matrices en virtud de su
historia, su fortísima identidad y la antigüedad de sus civilizaciones.
Otro país que proviene de una cultura matriz es Egipto, que se ha
constituido como la segunda economía más fuerte del continente
africano. Y, aquí, más cerca, entre los países de habla hispana, México –
cuna de mayas y aztecas–, pese a sus contradicciones hace tiempo lidera
claramente en la región. Los otros dos países que albergaron culturas
matrices dentro de su territorio son Irán, antigua sede del imperio
persa que, con un modelo económico todavía en proceso de apertura, se
ubica entre las veinte economías más importantes del planeta gracias a
su petróleo; y, el último país que albergara una cultura matriz es el Perú,
que dominó la región de América del Sur, hasta hace aproximadamente
200 años, desde Caral hasta el Virreynato.
Vale decir, desde su origen, a nuestro país le corresponde ubicarse
entre las grandes naciones del mundo y, en virtud del impulso reciente
de nuestra economía y la recuperación del orgullo por nuestras
expresiones culturales, estaríamos en el umbral de un ‘renacimiento’.
Lo que aportan las culturas matrices son historias de vida
monumentales, profundamente arraigadas en la sabiduría ancestral y,
entre otras cosas, mantienen una relación con la naturaleza basada en
el conocimiento y un componente espiritual cuyas referencias fluyen
caudalosas a través de la creatividad y la vida práctica de sus herederos.
En el siglo XXI ese caudal ancestral provoca una diferencia distintiva
en ese mundo aplanado, estandarizado, un simbolismo arraigado en la
conciencia humana, expresado con identidad, con natural sofisticación
y que permiten una conexión mística con sus distintas propuestas. Hoy
siguen sorprendiendo la ingeniería hidráulica de los antiguos andinos,

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el patrimonio arqueológico inca y preínca, los textiles paracas o nuestras
simbólicas danzas; pero también el ingenio de nuestros emprendedores,
la mirada distinta de nuestros artistas y la versatilidad y el gusto con
los que nuestros cocineros hacen un uso sabio de nuestra biodiversidad.
Vivimos también una revolución del orgullo por lo peruano. Lo que
hasta hace poco, por ignorancia, escondíamos debajo de la alfombra se
ha convertido hoy en nuestra mejor carta de presentación.
Abundando en ese sentido, nunca en su historia republicana el
Perú creció de una manera tan integral como en los últimos veinte
años, proceso que se inició a pasos agigantados desde que las empresas
energéticas, mineras, de comunicaciones, de transporte, turísticas e
industriales pasaron a manos privadas y se dieron las reformas que
liberalizaron la economía.
Desde que se impulsó una política de promoción de las inversiones,
pareciera que se hubieran alineado las estrellas en favor nuestro. Pero
también debemos tener conciencia de que para proseguir en ese avance
integral, si bien tenemos al frente una oportunidad única, estas vienen
siempre con fecha de vencimiento. Ya hemos desperdiciado muchas
oportunidades a lo largo de nuestra historia. Por ello, los próximos
quince años son estratégicos para propiciar el último impulso hacia el
desarrollo pleno del Perú.
En los próximos quince años tenemos que acelerar el ritmo de
crecimiento y desarrollo para procurar condiciones de vida que les
permitan a las grandes mayorías mantener una estructura sólida,
fortaleza y una prudente distancia para resistir los embates de la crisis,
de la pobreza y de la violencia.
Hoy la ecuación se anuncia perfecta. En estos momentos, el grueso
de nuestra población es niño, joven o menor de 50 años. Es decir, la
mayoría de peruanos estamos en la plenitud de nuestro potencial de
trabajo, de esfuerzo y, según el Fondo de Población de las Naciones
Unidas (UNFPA), los países que afrontan los nuevos tiempos con esas
características encuentran en esa fuerza laboral una de las ventanas de
oportunidad más potentes para su desarrollo.
A ese fenómeno por el que los países pasan una sola vez en su historia
se le denomina el bono demográfico. Si logramos acelerar el proceso
de crecimiento en los próximos quince años, defendiendo el camino
andado hasta hoy e impulsando el tren del desarrollo hacia adelante,
difícilmente el Perú volverá atrás, difícilmente a los peruanos se nos
cerrarán las puertas de convertirnos, junto con Brasil, en la nación
hegemónica de América Latina. Tal como ha ocurrido en la mayor
parte de nuestra historia.
Pero eso solo será posible si logramos superar esta etapa en la que
nos encontramos estancados, enardecidos en un clima de polarización
y desprecio con el que piensa diferente. Solo será posible si en vez de
insultar o golpear al oponente, los más avisados utilizamos las armas
de la persuasión y del convencimiento; si con ideas y buenos ejemplos
abrimos los ojos de nuestros familiares, de nuestros vecinos, de nuestros
compañeros de trabajo, de las gentes que queremos y que tienen la
capacidad de hacer más feliz nuestro entorno.
Para poder tentar un mejor futuro, hoy tenemos que defender lo
avanzado y continuar en la dirección que –por primera vez en nuestra
historia como república– hemos sostenido con continuidad durante
más de veinte años, sin importar el color o las características de los
gobiernos de turno. Ese camino es el que nos lleva al mejor destino.
Si observamos sin mezquindad seremos capaces de reconocer logros
evidentes y resultados en las ciudades y en el campo; insuficientes por
supuesto, pero notorios pese a haber avanzado solo la mitad del camino.
Nos falta largo trecho todavía. El definitivo.

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Pero todo ello no es garantía suficiente para que el Perú se convierta
en el mediano o largo plazo en un país de primer mundo. Ello no basta
en un país que todavía sufre de profundas contradicciones, un país tan
golpeado, hasta hace poco, como el nuestro.
Las sociedades emergentes deben tomar decisiones racionales
y continuar con ese proceso de transformación con el criterio de la
mejora continua. En un país en el que la tercera parte de la población,
por manipulación o ignorancia, defiende ideas populistas y totalitarias,
quedan al descubierto varias tareas pendientes, algunas básicas,
otras que implican un cambio de mentalidad, de hábitos y casi todas
exigentes, porque obligan a combatir el populismo irresponsable de
quienes pretenden llegar al poder acariciando maliciosamente los oídos
de la gente. La tarea de poner en evidencia a aquéllos que se valen de
la mentira o de fórmulas obsoletas tantas veces condenadas al fracaso;
“líderes” que proponen sin miramientos “soluciones” que nos apartan
de un proceso de construcción integral, esforzado y que, muchas veces,
nos obligan con sus mentiras a atravesar terrenos infértiles o fangosos.
Queda mucho por hacer todavía.
La primera tarea es construir confianza
A fines del gobierno pasado, un programa adscrito a la Presidencia
del Consejo de Ministros y financiado por Naciones Unidas y la
Unión Europea, presentó el proyecto de un sistema integral para la
transformación democrática de los conflictos sociales.
En una de sus conclusiones, Prevcon–PCM señalaba que el principal
promotor de esos conflictos, por acción u omisión, era el propio estado,
lo que ponía en evidencia que éste no estaba cumpliendo con sus
funciones elementales. Pero también hay que recordar que el estado
nos representa como sociedad. Y es en nuestra sociedad donde nacen las
grietas que astutamente aprovechan los políticos y algunos indeseables
que siguen frustrando el desarrollo del Perú. La base para transformar
conflictos es llegar a acuerdos; los acuerdos suponen diálogo, y para
dialogar hace falta un mínimo de confianza, al menos para sentarse en
una misma mesa.
Siendo la tarea de generar confianza un elemento transversal, cabe
darle impulso y solidez a iniciativas como la del Acuerdo Nacional que,
lamentablemente, no termina de cuajar en términos de influencia. En
el Perú nos hemos acostumbrado a un diálogo de sordos, en el que cada
cual quiere imponer sus ideas. Ese es el primer obstáculo para construir
el futuro del país, cosa que se ve exacerbada por la irresponsable
caricaturización y demonización del oponente.
Una tarea fundamental, entonces, es construir confianza
incentivando el diálogo de nuestros cuadros más preparados, incluso,
sin importar la ideología que sustente sus convicciones. No hay otra
manera de construir esa base sólida que refuerce los cimientos de
nuestro país de cara al futuro.
Ya elegimos un camino y nos va bien
Si hacemos un repaso de nuestra historia en la ruta hacia el desarrollo
veremos que ha estado plagada de procesos truncos y marcada por
la irrupción de caudillos, militares y dictadores que, en cada caso,
alegaban motivos varios para “salvar el país” e ir en el sentido contrario
que sus antecesores. Casi siempre los principios de esos nuevos rumbos
fueron sacrificados o el camino desviado en alguna fase temprana
por una simple vocación de poder y permanencia de los gobernantes.
Ellos terminaron abrazando causas populistas y administrando
irresponsablemente –y a veces para su beneficio– los recursos de todos
los peruanos. Ese comportamiento errático e inconsistente ha sido

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una de las causas irritantes que mantuvieron durante largos periodos
al país en una permanente sensación y estado de crisis.
Hoy, por primera vez en nuestra historia republicana, tenemos
un modelo que rige nuestros pasos sostenidamente por más de dos
décadas. Las reformas de inicios de los años noventa han sido avaladas
–con pequeños matices personales– por los gobiernos de Fujimori,
Paniagua, Toledo, García y Humala.
En el 2016 cumpliremos 25 años en una misma dirección y, cosa
curiosa, en ese periodo, el Perú ha experimentado el mayor crecimiento
de su clase media, la mayor tasa en reducción de la pobreza, un desarrollo
integral en casi todos sus sectores, ha revertido cifras de mortalidad
infantil, mejorado su lucha contra la desnutrición e incrementado
los ingresos en los sectores urbano y rural, así como elevado nuestras
exportaciones y el comercio interno. Pero, lo mejor, es que el Perú es
otra vez motivo de orgullo para los peruanos. El solo hecho de disminuir
la velocidad o parar nuestro proceso de crecimiento y desarrollo es ya
sinónimo de retroceso. No nos merecemos eso.
Cada uno se forja un destino diferente
Una de las premisas de quienes se oponen a la economía social de
mercado es que el modelo genera desigualdad. En ese sentido, cabe
hacernos la pregunta histórica de si la desigualdad es producto del
sistema o si ya estaba enraizada en los países latinoamericanos desde el
origen de sus sociedades.
En segundo término, preguntarnos si todos los integrantes de una
misma especie en la naturaleza son iguales; o si un hombre o una mujer
son iguales a sus semejantes en cada país, en cada provincia, en cada
comunidad o, al menos, en una misma familia. Obviamente, no. El
deseo de la igualdad es moralmente inobjetable pero imposible e injusto
de aplicar para el género humano. Un estado no debe plantearse como
objetivo final el que todos sus ciudadanos sean iguales o que tengan
similares condiciones sino, más bien, debe aspirar a facilitar la vida
digna de las mayorías y que exista desde la base de la pirámide una
igualdad de oportunidades.
Vale decir, el estado debería poder garantizar una pista de despegue
lo más llana y similar posible para todos. Aquello implica invertir en
mejorar, principalmente, la salud, la educación, la infraestructura y
la seguridad ciudadana. Las brechas deben propender a estrecharse
en el punto de partida, no al final, pues debemos preservar el valor de
la libertad y la posibilidad de elegir qué hace cada uno con su tiempo,
con sus habilidades, con su conocimiento, con su dinero y/o con su
experiencia. Todos tenemos intereses diferentes.
Si una sociedad tuviera un destino único, o apenas parecido para
todos sus integrantes, la vida perdería sabor y sentido. El destino
final debe responder, siempre dentro del marco de la ley, a los deseos
y esfuerzos de cada persona. Lo que sí es cierto, es que la brecha de
desigualdad en el Perú –como en cualquier otro país latinoamericano–
todavía es grande, pero también es verdad que en nuestro país esa
brecha nunca se ha estrechado tanto como en las últimas dos décadas.
Nuevamente queda demostrado que vamos en la dirección correcta.
Una educación pobre hará siempre más difícil el camino
Un país con una educación deficiente tiene pocas probabilidades de
desarrollar. En los últimos años la oferta privada en educación ha sido
la favorita de la nueva clase media emergente; sin embargo, el sistema
educativo todavía está lejos de superar las deficiencias heredadas por
los errores –y a veces la inacción– de los sucesivos gobiernos, de los
propios maestros y también de los padres de familia.

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El promedio de la educación peruana, en la que la mayoría de
chicos de secundaria no comprenden lo que leen o son incapaces de
realizar las operaciones matemáticas básicas, no permitirá superar
los retos cada vez mayores que imponen el desarrollo del país, de sus
instituciones, de sus empresas y la consolidación del Perú en el mercado
global; tampoco ayudará a combatir eficientemente la pobreza. Incluso
ahora ya sentimos el problema de la falta de profesionales y técnicos
capacitados para puestos de mando medio y alta dirección.
El material humano es un factor determinante en la sociedad y en
la productividad de un país y, si bien hemos mejorado mucho en lo que
concierne a cobertura escolar primaria, la calidad y la metodología
de la enseñanza, la infraestructura, los profesores y el currículo no se
condicen con las necesidades del país y ponen en riesgo el avance y el
ritmo de desarrollo de los peruanos más humildes.
Así se hace urgente una reforma integral de la educación, la
misma que debería estar asociada al fortalecimiento de capacidades
de profesores y alumnos, de la inteligencia emocional, al trabajo en
equipo, al planteamiento adecuado de los problemas, a la búsqueda
interdisciplinaria de soluciones, al pensamiento crítico, a la
investigación, a la educación financiera, al estímulo de la creatividad
a través del arte y de las ciencias; al desarrollo integral y de valores a
través del deporte, etc. El aumento del presupuesto para la educación,
conforme a las premisas del Acuerdo Nacional, y la reforma estructural
de este sector es urgente y fundamental para nuestro futuro.
Somos un país único y megadiverso
Hoy por hoy ya no se concibe como desarrollo aquél que no es sostenible;
vale decir, que no les brinda a las futuras generaciones la posibilidad
de disfrutar de los mismos beneficios y recursos que hoy nos brinda la
naturaleza. En el Perú esta debe ser una máxima. Vivimos en un país
bendecido por nuestra biodiversidad, desplegada en costa, sierra, selva
y más de dos mil kilómetros de cara al océano. La Amazonía es un
laboratorio natural en el que todavía nos falta descubrir sus enormes
atributos científicos, biológicos, nutricionales y farmacéuticos; en los
Andes concentramos abundante mineral y sabiduría, en la costa está
nuestra mejor expresión de la agricultura moderna y, en el océano,
el mar peruano resulta ser uno de los más ricos para la industria
hidrobiológica en el mundo.
Las empresas han comprendido que su competitividad, gracias a los
estándares internacionales, debe asociarse a prácticas ambientalmente
responsables y dado que somos uno de los países megadiversos, en el que
se ubican 84 de las 104 zonas de vida del planeta, es un deber apoyar
los esfuerzos que hace la comunidad científica para administrar de
la mejor manera esa ventaja: aprovechando sosteniblemente esos
recursos, transformándolos en productos y asegurando su disposición
para las futuras generaciones. Por algo este territorio rico y pródigo fue
escogido por una de las grandes civilizaciones del mundo.
El estado y la empresa son dos caras de la misma moneda
En un escenario de polarización, una de los constructos ideológicos
más perjudiciales para el país ha sido la oposición entre empresa y
estado. Todavía no entendemos cabalmente que el mejor antídoto
contra la pobreza es la generación de riqueza. En el mundo moderno
la empresa cumple con altos estándares socio–ambientales, actúa con
responsabilidad frente a sus distintos grupos de interés o grupos que
se pueden ver afectados con el desarrollo de sus actividades y cumple
un rol fundamental en la generación de recursos, empleo e impuestos
para sus países. Debemos empezar a comprender que tanto al estado

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como a los empresarios les conviene que el Perú salga adelante. Es más,
trabajando en equipo se pueden obtener mejores resultados.
Si bien las empresas que compiten ahora a nivel global han operado
cambios importantes y elevado sus estándares de eficiencia para
ser competitivos, para estimular el mercado nacional con reformas
adecuadas y eficientes también es necesario que el estado revise la
forma en que gobierna. Necesitamos urgentemente un estado que
facilite la consolidación empresarial, que la aligere de cargas para
mantener un ritmo rápido, constante y que, con el incremento de
tributos producto de una mayor competitividad, pueda establecer
modelos de mejora continua en educación, en salud, en seguridad y
en infraestructura, bases que le dan soporte e impulso a los esfuerzos
vitales de los ciudadanos.
Estado y empresa son como las dos caras de una misma moneda,
diferentes pero absolutamente complementarias. En los países del mundo
desarrollado el estado defiende a sus empresas y la empresa acciona con
responsabilidad para responder efectivamente a las demandas de los
ciudadanos que, a la vez, son sus clientes. En una economía social de
mercado el éxito de las empresas es el éxito del país y la consecuencia
directa es la mejora en la calidad de vida de toda su comunidad.
Lo más seguro es mantenernos en democracia
El gran reto de los países emergentes ha sido siempre construir el cauce
de su desarrollo en democracia. El sistema democrático es imperfecto,
sobre todo en una etapa de maduración como la que atraviesa el
nuestro, pero aún con esas imperfecciones es el sistema político que
mejor garantiza las libertades fundamentales, el equilibrio de poderes,
la posibilidad de defenderse de los abusos del más fuerte y de elegir
nuestros destinos. Ese debe ser el marco de nuestro desarrollo.
Perder el ritmo es lo mismo que retroceder
Los procesos económicos, políticos y sociales son de lenta asimilación
por parte de la ciudadanía y, en el camino, al no percibirse evidencias
claras o uniformes de mejora se generan riesgos y algunas grietas en
el sistema que pueden ser, fácilmente, aprovechadas por quienes no
controlan sus ansias de poder. Incluso por políticos ligados al crimen
organizado, que crean organizaciones criminales u otras financiadas
por narcos o por quienes se ceban con actividades económicas ilegales.
Pero esas fisuras también pueden ser aprovechadas por caudillos
y clanes que se resisten a dejar el poder, cosa muy frecuente en
Latinoamérica. Por ejemplo, tanto Venezuela como Argentina tenían
clases medias más sólidas que la nuestra, y fueron referentes de calidad
de vida y de un mejor porvenir; es más, se convirtieron en un destino
admirado por muchos peruanos que decidieron emigrar.
Hoy, producto de decisiones poco felices de sus pueblos y de
sus gobernantes, los ciudadanos de esos países ven deterioradas sus
economías, sus instituciones, su educación, su capacidad adquisitiva, su
posibilidad de defender sus derechos, sus ahorros y, en el caso del país
llanero, de sus libertades elementales.
Casi en un calco de la historia peruana de fines de los ochenta,
ambos países resbalan sin control en una espiral descendente que
resultaba insospechable hasta hace una década. Y eso es porque
nuevamente se cortaron procesos que claramente hubieran podido
conducir a sus poblaciones a un mayor bienestar. Hoy esa vocación
ideológica contraria a la disciplina económica y, por consiguiente,
al desarrollo, ha hecho de esos países una referencia palpable y real
para no cometer sus mismos errores. Destruir será siempre más fácil
y rápido que construir.

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No podemos tranzar con la corrupción
Según las estimaciones de diversos organismos internacionales, debido
a la precariedad de sus instituciones, la inmadurez de sus sistemas
educativos y la debilidad de sus organismos de control, la corrupción
en los países subdesarrollados es una de las principales causas de su
estancamiento y permanencia en el círculo de pobreza.
Si un estado no combate la corrupción sin descanso condena a
su país, debilita sus potencialidades de desarrollo y pone en riesgo
permanente las condiciones de vida de las personas. La corrupción
criminaliza la agenda y copa fácilmente los círculos de poder, influencia
negativamente las decisiones más trascendentales y se convierte en uno
de los principales obstáculos para un auténtico proceso de desarrollo,
de esos que prodigan bienestar a la mayoría de los ciudadanos. Para bien
y para mal, los peruanos tenemos lamentablemente bastantes ejemplos
de este tipo en nuestra historia reciente; por ello ahora más que nunca
la ciudadanía debe acompañar y darle impulso a todo proyecto que
combata esa lacra política, económica y social.
La reforma será dura pero no imposible
Desde los noventas están pendientes en agenda las reformas
institucionales y de segunda generación. Fue muy difícil promoverlas
a inicios de los noventa, cuando estábamos prácticamente en la lona y
desahuciados; ahora que como país tenemos una mejor posición y se han
consolidado nuevos grupos de interés común va a ser más complicado
todavía, pero igual resulta indispensable.
Estas reformas refieren al sinceramiento en el Poder Judicial, la
reorganización de las Fuerzas Militares y Policiales, la redefinición de
la relación entre la Iglesia y el estado, la reestructuración de los partidos
políticos y la consolidación del proceso de descentralización, entre las
más importantes. Vale decir, lo que resta es la Gran Reforma del Estado.
Necesitamos un estado menos pesado y más moderno. El objetivo es que
funcione como una correa de transmisión entre la política, la economía
y la sociedad; con instituciones fuertes y ágiles en el sector público,
capaces de llegar a acuerdos económicos con las empresas y también de
lograr acuerdos políticos y sociales con la sociedad civil.
Resulta obvio que el estado actual está desacreditado y que se
mantiene todavía lejos de proveernos esas garantías. Además, algo que
agrava el problema es que parte de la solución depende de políticos a los
que ya no les importa si existen o no motivos para seguir peleando por
cuotas de poder o por intereses de terceros. En ese sentido, la única vía
posible de lograr esta gran reforma del estado es la presión ciudadana
mediante el voto y el activismo social en sus entornos, en círculos
gremiales y a través de los medios. Tal esfuerzo es necesario para que
esas tantas reformas postergadas nos permitan constituirnos en una
sociedad con instituciones sólidas, probas, ágiles y eficientes.

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BIBLIOGRAFÍA
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WEBB, Richard (2013): Conexión y despegue rural. Fondo Editorial de la Universidad San Martín de Porres, Lima.

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AGRADECIMIENTOS
El Comité Editorial agradece especialmente a las siguientes personas:
Roberto Abusada, Cayetana Aljovín, Eva Arias, Fernando Arias, Juan José Arrieta, Roque Benavides, Carlos Boloña, Alfonso Bustamante, Alfonso Bustamante Canny, Pablo Bustamante, Felipe Cantuarias, Nino Coppero, Eduardo de la Piedra, Alfonso de los Heros, Hernando de Soto, Manuel Delgado, Óscar Espinosa, Alex Fort, Carlos Gamarra, Mariella García, Alfonso García Miró, Víctor Gobitz, Oscar González Rocha, José Graña, Hernando Guerra García, Daniel Hokama, Mayu Hume, Alfredo Jalilie, Ricardo Márquez, Ludwig Meier, Carlos Montoya, Luis Morán, Roberto Nesta, Felipe Ortiz de Zevallos, Jorge Ossio, Raúl Otero, Juan Paredes Castro, Martín Pérez, Carlos Rodríguez Pastor, Luis Salazar, Arturo Salazar Larraín, César Villanueva, Richard Webb, Jaime Yoshiyama, Fernando Zavala.
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