El documento establece que sólo el Congreso puede decretar impuestos y que estos deben responder a las necesidades del Estado y ser justos y equitativos, cobrando una mayor contribución a quienes tengan mayores bienes o ganancias. Además, prohíbe la doble o múltiple tributación sobre un mismo hecho generador en el mismo período y los tributos confiscatorios.