Mecanismos de derechos_individuales_y_colectivos_2

PORTAFOLIO PRÁCTICO SOBRE
ACCIONES Y MECANISMOS
CONSTITUCIONALES
EN COLOMBIA

DIRECCIÓN: OLGA LUCILA LIZARAZO SALGADO
Docente de Práctica Procesal y Probatoria en Derecho Constitucional
Universidad la Gran Colombia
ELABORACIÓN, DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN: MARTHA LILIANA TRIANA SUÁREZ
Discente Grupo 103 Profesionales
ELABORACION DE CONTENIDOS:
ALBA LILIANA ARDILA
ADIEL ABUABARA AGUILAR
AENGEE MÓNICA RAMÍREZ JIMÉNEZ
ALIRIO SERAFÍN DELGADO HERRERA
ARLEY CASTELLANOS TUAY
CARLOS ALBERTO DORADO HURTADO
CÉSAR AUGUSTO CASTRO
CIELO ESPERANZA RODRÍGUEZ BUSTOS
DARIO BONILLA CÓRTEZ
EDGAR PÉREZ ARTEAGA
EDWARD ANDRÉS RODRÍGUEZ BETANCOURT
FABIO CÁRDENAS ORTIZ
GLADYS QUIROGA RIAÑO
GUSTAVO BERMÚDEZ CASTAÑEDA
HÉCTOR HERNAND GUTIERREZ
HUGO DARIO BELTRÁN ROZO
JIMMY FORERO
JORGE CRUZ FELICIANO
JOSE BELLERLESTO GONZÁLEZ SÁNCHEZ
LUIS FERNANDO URIBE CENTANARO
LUZ HEYDI BARREIRO
MAPI GALINDO CORTÉS
MARIO ALBERTO PÉREZ BERNAL
MARTHA LILIANA TRIANA SUÁREZ
MAURICIO CASTILLO
NANCY ANDREA BARRERA
NARDA VARGAS COMBA
NELSON ENRIQUE BARRERA MORALES
ORLANDO MENDOZA LÓPEZ
SANDRA MILENA RIVERA
JENNY CAROLINA LONDOÑO MAYA
JUAN CARLOS GÓMEZ LONDOÑO
RICARDO ARIEL PAREDES MEDINA
FREISLANDER MARTÍNEZ CARPETA
(Discentes Grupo 103 Profesionales- Universidad la Gran Colombia-Promociòn – 2015)
Decana - Facultad de Derecho: Dra. Gloria Inés Quiceno Franco
Secretaria Académica - Grupo Profesionales: Dra. María Clemencia Buitrago Valencia
Coordinador de Investigaciones Facultad de Derecho: Dr. Daniel Barragán Ronderos

Pensar en educar un reto en la actualidad considerando la existencia de las
herramientas de las TIC las cuales acompañan a los estudiantes en la verificación
de la información, de lo que el docente está afirmando –ello especialmente en
educación superior y no es para menos, los estudiantes en la actualidad son más
preparados y su enfoque dado para indagar e investigar. Pensar un docente
catedrático, en gran medida no ésta muy dado en esta época-, el enfoque
principal es para que el estudiante piense, investigue, formule sus propias
hipotésis y busque las herramientas que apoyan su comprobación.
Lo anterior tiene mayor preponderancia en el estudio del derecho, donde a diario
las posiciones jurídicas cambian, las reformas legales son permanentes de
acuerdo a la evolución propia de cada Estado. No significa que el papel del
docente debe desaparecer, por supuesto que debe acompañar el proceso de
formación ya que la autoformación debe, en gran medida estar direccionada,
habrá puntos esenciales en los cuales el docente necesariamente con fundamento
en su experiencia debe reforzar las posiciones y planteamientos de los
estudiantes.
Fernando Savater afirma que “El maestro es el soporte básico del cultivo de la
humanidad y su labor está ligada al sentido humanista de la civilización, porque él
pone las bases de todo el desarrollo intelectual futuro, de la persona plenamente
humana, civilizadamente decente en compañía de los demás. Es decir, sin una
buena ediucación dada por el maestro, no hay posibilidad de que luego aparezcan
el científico, el político, el creador artístico.
Toda labor educativa tiene una cierta ilusión artística, es decir, no es una
artesanía. Llamo arte a todo aquello que se puede enseñar en sus fundamentos,
pero no en su excelencia. El maestro tiene a veces un papel socialmente humilde,
pero fundamental desde el punto de vista de la civilización y de la humanidad”.1
Es necesario apelar a la creatividad constante no solo para mantener activos a los
estudiantes durante un par de horas, sino para lograr despertar una chispa de
creatividad que permita que el conocimiento que se adquiera perdure en cada
estudiante, y cause impacto en el ejercicio de su desarrollo profesional.
Es dificil, lograr impactar en todos los estudiantes, cada uno tiene intereses y
expetacticas diferentes, pero si el ejercicio se logra mayoría, indiscutiblemente el
docente –puede irse con la satisfacción del deber cumplido, es por ello que en la
clase de Practica Constitucional, se apeló a despertar el interes del estudiante
para crear sus propias herramientas, en este caso no se trata de un nuevo
1
Ministerio de Educación Nacional. Revista al tablero No. 34, ABRIL-MAYO 2005. Entrevista a Fernando
Savater.
INTRODUCCIÓN

conocimiento, se trata de crear un instrumento que permita tener en su bolsillo un
instrumento sobre los mecanismos de protección de derechos individuales y
colectivos cuyo producto es la cartilla que se presenta a continuación.
El interes en crear una cartilla como la que se presenta, no fue un proposito
distinto que jugar con la imaginación de los estudiantes, retarlos a la producción
de un documento que no solo pudiera se producto de la clase para la misma clase,
sino un producto que sea de utilidad para la comunidad académica, para los
vecinos de ellos, los suyos y los mios, incluso para los usuarios de servicios de
Consultorio Jurídico.
El reto estuvo dado no solo en elaborar un documento con los mecanismos de
protección de derechos individuales y colectivos, sino en crear un producto que
fuera lo suficientemente dinámico y fácil de entender, esto es un documento de
cuasi-abogados para no abogados.
El soporte para la elaboración del documento está dado en la Constitución Política
de 1991, los artículos puntuales de cada instrumento y sus disposiciones legales
reglamentarias, la cual trajo consigo la implementación de instrumentos que se
han constituido como garantía para todas las personas y ciudadanos, es así como
la propuesta contiene el mecanismo de protección de la Acción de
Inconstitucionalidad, Acción de Tutela, el Derecho de Petición, el Habeas Data, el
Habeas Corpus, las Acciones Populares y Acciones de Grupo.
Olga Lucila Lizarazo Salgado
Docente
INTRODUCCIÓN

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
DERECHO DE PETICIÓN
HABEAS DATA
HABEAS CORPUS
ACCION DE TUTELA
ACCIONES POPULARES
ACCIONES DE GRUPO
CONTENIDO

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
¿Qué es la acción de inconstitucionalidad?
Llamada también acción de inexequibilidad, e una acción pública que confiere la
facultad a los ciudadanos para demandar ante la Corte Constitucional actos
legislativos que contravengan la Constitución Política.
¿Cuál es su finalidad?
La efectividad del principio fundamental de Supremacía de la Constitución,
debiendo ser ésta la única motivación del ciudadano, quien en desarrollo del
contenido del numeral 5 del artículo 95 Superior, ejerce el derecho político de
interponer acciones públicas en defensa de nuestra Carta Magna.
¿Quién puede ejercerla?
De conformidad con lo reglado en los artículos 241 y 242 de la Carta Política, todo
ciudadano en ejercicio tiene derecho a ejercer la acción de inconstitucionalidad,
cuando considere que determinada ley o decreto con fuerza de ley contraviene la
Constitución Nacional.
¿Ante quién se ejerce?
Ante la Corte Constitucional, quién es la competente para conocer de dicha acción
de inexequibilidad.
¿Qué derechos protege?
El derecho a la Supremacía de la Constitución, amparado en el artículo 4 de ésta.
¿En qué casos procede?
De acuerdo a los parámetros consagrados en el artículo 241 Superior, procede
contra:
(i) Los actos reformatorio de la Constitución, cualquiera que sea su origen sólo
por vicios de procedimiento
(ii) Leyes, tanto en su contenido material, como por vicios de procedimiento en
su formación

(iii)Decretos con fuerza de ley expedidos con fundamento en artículo 341 de la
misma norma.
¿Cúal es el procedimiento para ejercerla?
i) Presentación de la demanda: Entre los requisitos que se exigen para
formularla se encuentran:
 Hacer presentación personal ante cualquier notaría, despacho
judicial o ante la Corte Constitucional donde se exhiba el
documento de identificación para acreditar la condición de
ciudadano colombiano.
 El escrito contentivo de la demanda debe ser presentado por
escrito, en duplicado y debe contener lo siguiente, según el art. 2
Decreto 2067 de 1991:
 El señalamiento de las normas acusadas como
inconstitucionales, debiendo ser transcritas en su
integridad.
 El señalamiento de las normas constitucionales que se
consideren infringidas.
 Las razones por las cuales dichos textos se estiman
violados.
 Cuando fuere el caso, el señalamiento del trámite
impuesto por la Constitución para la expedición del acto
demandado y la forma en que fue quebrantado, y
 La razón por la cual la Corte es competente para conocer
de la demanda.
(ii) Radicación y reparto: Luego de que la demanda ha sido presentada o
recibida en Secretaría General, se procede a su radicación, para su
posterior reparto que se efectúa en Sala Plena, por sorteo y con la
presencia de todos los Magistrados y de la Secretaria General de la
Corte.
Repartida la demanda el Magistrado Ponente, cuenta con diez (10) días para
admitir la demanda o inadmitirla, y, tres (3) días para subsanarla o rechazarla.

(iii) Trámite cuando la demanda es admitida: Notificación del auto,
comunicaciones, pruebas y fijación en lista. Una vez el Magistrado
Sustanciador admite la demanda, el auto es entregado en la Secretaría
General, quien procede a su notificación mediante estado y,
transcurridos tres (3) días cobra ejecutoria.
El Magistrado, en el mismo auto admisorio puede ordenar que se
practiquen las pruebas que sean conducentes, en el término de diez
(10) días, una vez estas son recaudadas, se evalúan y si se encuentra
suficiente el material probatorio, se continúa el trámite del proceso. Si se
hubieren decretado pruebas, vencido el término respectivo, se procede
a fijar en lista la demanda por el término de diez (10) días durante los
cuales podrá intervenir cualquier persona o entidad en defensa o
impugnación de la norma (art. 7º del Decreto 2067 de 1991).
Adicionalmente, el Magistrado deberá comunicar al Presidente de la
República o del Congreso, según quien haya dictado la norma, acerca
de la iniciación del proceso, para que, por escrito, indique las razones
que justifican la constitucionalidad de la norma; igualmente, podrá
ordenar la comunicación a los organismos o entidades del Estado que
participaron en la elaboración de la misma con el objeto de que dentro
de los diez (10) días siguientes presenten los argumentos que justifican
su constitucionalidad (artículos 244 de la C.P. y 11 del Decreto 2067 de
1991).
(iv) Traslado al Procurador General de la Nación: Admitida la demanda, o
vencido el término probatorio, el Magistrado Sustanciador ordena dar
traslado al Procurador General de la Nación por el término de treinta
(30) días que se cuentan a partir del día siguiente en que se entrega la
copia del expediente, con el fin de que rinda su concepto. El cómputo de
este término se hace simultáneamente con el de la fijación en lista
(Artículo 7º del Decreto 2067 de 1991). Entregado el concepto en la
Secretaría General, es repartido a los demás Magistrados para su
estudio y tiene reserva por espacio de cinco (5) años (arts. 8º y 19 del
Dec. 2067 de 1991).
(v) Sentencia: Luego de registrado el correspondiente proyecto de fallo, la
Sala Plena cuenta con el plazo máximo de sesenta (60) días para emitir
la correspondiente sentencia donde se decide sobre la exequibilidad o
no de la norma demandada.

¿De cuánto tiempo se dispone para ejercerla?
Dicha acción puede intentarse en cualquier tiempo, salvo que se trate de vicio de
forma para lo cual existe un término de caducidad de un años a partir de la
publicación del acto.
¿Se puede impugnar la decisión?
Sólo procede la impugnación cuando esta es rechazada.
¿En qué casos se puede impugnar la decisión?
Cuando la demanda ha sido rechazada bien sea porque:
(i) No se corrigió la demanda dentro del término para hacerlo
(ii) La demanda, recaía sobre una norma que ya ha sido estudiada con
anterioridad (cosa juzgada)
(iii)Demanda normas por las cuales la Corte carezca de competencia
En estos casos, el demandante cuenta con tres (3) días, contados a partir de la
notificación por estado, para invocar el recurso de súplica.
¿Ante quién se puede impugnar la decisión?
Ante la Corte Constitucional y es desatada por el Magistrado que siga en orden
alfabético a quien dictó el auto de rechazo, éste cuenta con diez (10) días para
elaborar la ponencia, que posteriormente es estudiada por la Sala Plena, sin la
intervención del ponente del auto objeto del recurso.
¿A quién corresponde hacer cumplir la decisión?
A la Corte Constitucional, por ser esta Alta Corporación la guardadora por
excelencia de la Supremacía de la Constitución Política.

Modelo para ejercer la acción de inconstitucionalidad
Señores
HONORABLES MAGISTRADOS CORTE CONSTITUCIONAL
Bogotá D.C.
Ref.: ACCIÓN PÚBLICA DE
INCONSTITUCIONALIDAD
______________, ciudadano colombiano mayor de edad, identificado con la
cédula de ciudadanía No. ___________, expedida en _________, obrando en
nombre propio, con domicilio en la ciudad de ____________, respetuosamente me
dirijo a ustedes en uso de mis derechos y deberes consagrados en el numeral 6
del artículo 40 y en el numeral 7 del artículo 95 de la Constitución Política de 1991,
con el fin de interponer la acción de inconstitucionalidad contra _______________
(Nota explicativa: señalar la norma que se demanda), por cuanto contraria la
Constitución Política en sus artículos _____________ (Nota explicativa:
determinar los artículos) como se sustenta a continuación:
I. NORMA CONSTITUCIONAL VULNERADA
Se debe presentar una descripción y transcripción de la norma o normas
vulneradas y de las cuales se reclama la protección.
II. NORMA DEMANDADA
Se debe presentar una descripción y transcripción de la norma inconstitucional
que infringen, vulneran o afectan la norma constitucional citada.
III. FUNDAMENTOS DE LA VIOLACIÓN
Se deben señalar los argumentos y las razones por las cuales dichos textos se
estiman violados.
IV. COMPETENCIA
La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente acción de
inconstitucionalidad, de acuerdo con el artículo 241 de la Constitución Política,
numeral 4.

V. NOTIFICACIONES
- El accionante recibirá notificaciones en____________
Del señor Magistrado,
_____________
Nombre y apellidos del accionante
Documento de identificación
Elaborado por:
Cesar Augusto Castro
Hector Hernand Gutierrez
Jimmy Forero
Luz Heydi Barreiro
Sandra Milena Rivera

DERECHO DE PETICIÓN
¿Qué es el derecho de petición?
Es el que le asiste a toda persona de presentar solicitudes antes las autoridades o
ante ciertos particulares y obtener de ellos una pronta resolución sobre lo
solicitado. Se encuentra consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política
como derecho fundamental y hace parte de los mecanismos de participación y
control ciudadano.
Las peticiones pueden presentarse:
(i) Para que por motivos de interés general o particular se inicie por las
autoridades una actuación administrativa.
(ii) Para que por motivos de interés general o particular las autoridades
permitan el acceso a la información sobre las acciones por ellas
desarrolladas.
(iii)Para que por motivos de interés general o particular las autoridades
permitan conocer documentos no reservados u obtener copia de los
mismos.
(iv)Para que por motivos de interés general o particular se den por las
autoridades dictámenes o conceptos sobre asuntos de su
competencia
En Colombia tienen derecho a presentar peticiones todas las personas, sean
nacionales, extranjeras, adultas o menores de edad, letradas o analfabetas.
Sin embargo a los militares y policías les está constitucionalmente prohibido,
formular como tales, ante las autoridades de la fuerza pública, peticiones que no
se relacionen con el servicio y la moralidad del cuerpo respectivo. Lo anterior, no
es óbice, para que los miembros de la fuerza pública ejercer libremente el derecho
de petición en otros ámbitos y materias, pues todos ellos son titulares de ese
derecho fundamental.

El derecho de petición puede ejercerse ante:
(i) Las autoridades
(ii) Los particulares que presten un servicio público o actúen o deban actuar en
desarrollo de funciones públicas
(iii)El Legislador podrá reglamentar el ejercicio del derecho de petición ante las
organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales
Principalmente los derechos a la información, a la participación política, a la
libertad de expresión, a la seguridad social, entre otros.
Se pueden presentar derechos de petición de interés general o particular.
Se puede solicitar por medio de este:
(i) El reconocimiento de un derecho
(ii) Que se resuelva una situación jurídica
(iii)Que se le preste un servicio a quien lo solicite
(iv)Pedir información
(v) Consultar, examinar y requerir copia de documentos
(vi) Formular consultas, quejas, denuncias y reclamos
(vii) Interponer recursos
(i) Se puede presentar de forma escrita, oral o a través de cualquier medio
idóneo para la comunicación o trasferencia de datos
(ii) Si no se aportan los documentos e información requeridos por la ley se le
debe indicar al peticionario que faltan y cuáles son
(iii)Si el peticionario insiste en que se radique su petición sin estos
documentos, así se hará y se deja constancia de que se le indicó
cuales eran los documentos faltantes

(iv)Si se presenta una petición oral el peticionario pide que se le expida
constancia de ello, esta se deberá proferir de manera sucinta
(v) Las autoridades podrán pedir que algunas peticiones se hagan por escrito y
sin costo, salvo que una ley diga lo contrario; pondrán a disposición
del solicitante formularios u otros instrumentos estándar para facilitar
su diligenciamiento
¿De cuánto tiempo se dispone para ejercerlo?
En cualquier momento.
¿Cuál es el término para decidirlo por la autoridad respectiva?
Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá
resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción.
Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:
(i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro
de los diez (10) días siguientes a su recepción.
(ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades
en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de
los treinta (30) días siguientes a su recepción.
Si, cuando la autoridad vulnere el derecho de petición:
(i) Cuando la respuesta no se coloca en conocimiento del peticionario
(ii) Cuando se presenta la negativa de recibirla o se obstaculiza su
presentación
(iii)Cuando la solicitud no es atendida de manera clara, precisa y congruente
con lo solicitado
(iv)Cuando habiéndose presentado la petición respetuosa, la autoridad no la
responde dentro de los plazos establecidos

Cuando la respuesta no es oportuna, clara, congruente o por falta de competencia.
La impugnación es un derecho reconocido por la Constitución, en virtud del
cual las partes que intervienen dentro del proceso al sentirse
desfavorecidas o insatisfechas con la decisión de primera instancia se
encuentran en la posibilidad de acudir ante el juez competente en procura
de un nuevo examen de la situación planteada.
Toda actuación judicial que se oriente en el sentido de desconocer el
derecho a impugnar y que, por lo mismo, conduzca a la total pretermisión
de la segunda instancia, se revela contraría a derecho.
Ninguna disposición, constitucional o legal, autoriza una interpretación
orientada a convertir en requisito ineludible la presentación de una
argumentación precisa y "técnica" al momento de impugnar.
Los servidores de la Procuraduría General de la Nación, de la Defensoría del
Pueblo, así como los personeros distritales y municipales, según la órbita de
competencia, tienen el deber de prestar asistencia eficaz e inmediata a toda
persona que la solicite, para garantizarle el ejercicio del derecho constitucional de
petición. Si fuere necesario, deberán intervenir ante las autoridades competentes
con el objeto de exigirles, en cada caso concreto, el cumplimiento de sus deberes
legales. Así mismo recibirán, en sustitución de dichas autoridades, las peticiones,
quejas, reclamos o recursos que aquellas se hubieren abstenido de recibir, y se
cerciorarán de su debida tramitación

Modelo para ejercer el derecho de petición
Ciudad y fecha. _________
Señores: (Nombre y/o cargo de la autoridad o del particular que presta
un servicio público o desarrolla funciones públicas a quien se dirige la
petición).
Ref.: DERECHO DE PETICIÓN
Respetados señores: Con fundamento en los artículos 23 de la
Constitución Política y 5, ss., del Decreto 01 de 1984 (Código
Contencioso Administrativo), me dirijo a ustedes para formular la
siguiente petición (en interés general o particular: de queja, reclamo,
información, manifestación o
consulta):____________________________Para facilitar la resolución
de lo solicitado estoy adjuntando los siguientes
documentos:_____________________________________
Recibiré correspondencia y notificaciones en:
Dirección______________
Teléfono____________
Nombre y apellido
Cédula de ciudadanía
Elaborado por:
Jenny Carolina Londoño Amaya
Juan Carlos Gómez Londoño
Ricardo Ariel Paredes Medina
Freislander Martínez Carpeta

HABEAS DATA
¿Qué es el habeas data?
Es el derecho fundamental que tiene toda persona para conocer, actualizar y
rectificar, toda aquella información que se relacione con ella y que se recopile o
almacene en banco de datos. Se encuentra regulado en el artículo 15 de la
Constitución Política y la Ley Estatutaria 1266 de 2008.
Su finalidad es salvaguardar el derecho a la intimidad de las personas, teniendo
en cuenta que mediante sentencia T-696 de 1995, tres son las formas de vulnerar
el derecho a la intimidad:
(i) La intrusión o intromisión irracional de la órbita que casa persona se ha
reservado
(ii) La divulgación de los hechos privado
(iii)La presentación tergiversada o mentirosa de circunstancias personales
De la misma forma el habeas data protege el derecho fundamental de toda
persona a acceder a la información personal, esto es a; conocer, actualizar y
rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos,
particularmente en relación con la información financiera y crediticia, comercial, de
servicios y la proveniente de terceros países, como lo reseñan los artículos 15 y
20 de la Constitución Política y el artículo 1 de la Ley Estatutaria 1266 de 2008.
Como lo consagra el artículo 15 de la Carta Magna, toda persona está legitimada
para ejercer este derecho.
De otra parte el artículo 13 de la Ley 1581 de 2012 menciona a las personas a
quienes se les puede suministrar la información, así:
(i) A los titulares, causahabientes o sus representantes legales
(ii) A las entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones
legales o por orden judicial
(iii)A los terceros autorizados por el Titular o por la Ley

Se ejerce ante las entidades públicas o privadas, que manejan datos de
información personal registrados en un banco de datos. El titular de la información
se dirigirá a ellos ya sea por motivos de consulta –conocer la información que
repose en un banco de datos- o de reclamo –cuando considere que la información
contenida en un banco de datos deba ser corregida o actualizada-.
Según el artículo 15 de la Constitución Nacional el habeas data protege respecto
al titular de la información:
(i) El derecho a la intimidad personal y familiar; dentro de ello el derecho al
buen nombre
(ii) El derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan
recogido en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y
privadas
(iii)El derecho a la libertad, esto es el de informar y recibir información veraz e
imparcial. Así como el derecho a ser libre que estipula el artículo 28
de la Constitución.
(iv)El derecho al acceso de la información personal
Procede cuando el titular de la información desea conocer, actualizar y rectificar la
información que suministró a una base de datos o a una entidad pública o privada.
El ámbito de aplicación del habeas data se encuentra regulado en el artículo 2 de
la Ley Estatutaria 1581 de 2012, a cuyo tenor dice:
«Los principios y disposiciones contenidas en la presente ley serán
aplicables a los datos personales registrados en cualquier base de datos
que los haga susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza
pública o privada.
La presente ley aplicará al tratamiento de datos personales efectuado en
territorio colombiano o cuando al responsable del tratamiento o encargado
del tratamiento no establecido en territorio nacional le sea aplicable la
legislación colombiana en virtud de normas y tratados internacionales.
El régimen de protección de datos personas que se establece en la
presente ley no será de aplicación:

a) A las bases de datos o archivos mantenidos en un ámbito
exclusivamente personal o doméstico.
Cuando estas bases de datos o archivos vayan a ser suministrados a
terceros se deberá, de manera previa, informar al Titular y solicitar su
autorización. En este caso los responsables y encargados de las bases
de datos y archivos quedarán sujetos a las disposiciones contenidas en
la presente ley;
b) A las bases de datos que tengan como fin y archivos que tengan por
finalidad la seguridad y defensa nacional, así como la prevención,
monitoreo y control del lavado de activos y el financiamiento del
terrorismo;
c) A las bases de datos que tengan como fin y contengan información de
inteligencia y contrainteligencia
d) A las bases de datos y archivos de información periodística y otros
contenidos editoriales
e) A las bases de datos y archivos regulados por la Ley 1266 de 2008
f) A las bases de datos y archivos reguladas por la Ley 79 de 1993
Parágrafo. Los principios sobre protección de datos serán aplicables a
todas las bases de datos, incluidas las exceptuadas en el presente artículo,
con los límites dispuestos en la presente ley y sin reñir con los datos que
tienen características de estar amparados por la reserva legal. En el evento
que la normatividad especial que regule las bases de datos exceptuadas
prevea principios que tengan en consideración la naturaleza especial de
datos, los mismos aplicarán de manera concurrente a los previstos en la
presente ley».
El procedimiento para ejercer el habeas data se encuentra regulado en los
artículos 14 al 16 de la ley Estatutaria 1581 de 2012 y especifica que se puede
realizar por consulta o reclamo.
(i) Trámite de consultas. Los titulares de la información o sus causahabientes
podrán consultar la información personal del titular, que repose en
cualquier banco de datos.

(ii) Trámite de reclamos. Los titulares de la información o sus causahabientes
que consideren que la información contenida en su registro individual
en un banco de datos debe ser objeto de corrección o actualización
podrán presentar un reclamo ante el operador.
Así mismo para ejercer el habeas data debe agotarse el requisito de procedibilidad
es decir; el titular o causahabiente sólo podrá elevar queja ante la
Superintendencia de Industria y Comercio una vez haya agotado el trámite de
consulta o reclamo ante el responsable del tratamiento o encargado del
tratamiento.
(i) Para información positiva, el tiempo permanece de manera indefinida
(ii) Para información negativa, tiene como término máximo de permanencia
cuatro (4) años.
(iii)Cuando hay pago, será el equivalente al duplo de la mora, respecto de las
obligaciones que permanecieron en mora durante un plazo corto; por
ejemplo, la persona que estuvo en mora por 2 meses, estará
reportada por cuatro (4) meses.
(iv)Cuando no hay pago; cuatro (4) años después de que se extinga la
obligación de cualquier modo, tales como prescripción,
compensación, novación o confusión.
¿Cuál es el término para decidirla por la autoridad respectiva?
De acuerdo con los artículos 14 y 15 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, se tiene:
(i) Cuando se trate de consultas, deberán ser atendidas en un término máximo
de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha del recibo de
la misma. Cuando no fuere posible atender la consulta dentro de
dicho término, se informará al interesado, expresando los motivos de
la demora y señalando la fecha en que se atenderá su consulta, la
cual en ningún caso podrá superar los cinco (5) días hábiles
siguientes al vencimiento del primer término.
Sin embargo como consta en el parágrafo, las disposiciones
contenidas en leyes especiales o los reglamentos expedidos por el
Gobierno Nación podrán establecer términos inferiores, atendiendo a
la naturaleza del dato personal.

(ii) Cuando se trate de un reclamo se formulará mediante solicitud dirigida al
responsable del tratamiento de datos o al encargado del mismo, con
la identificación del titular, la descripción de los hechos que den lugar
al reclamo, la dirección y acompañado de los documentos que se
quieran hacer valer. Si el reclamo resulta incompleto, se requerirá al
interesado dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción del
reclamo para que subsane las fallas. Transcurridos dos (2) meses
desde la fecha del requerimiento, sin que el solicitante presente la
información requerida, se entenderá que ha desistido del reclamo.
En caso de que quien reciba el reclamo no sea competente para
resolverlo, dará traslado a quien corresponda en un término de dos
(2) días hábiles e informará de la situación al interesado.
Una vez recibido el reclamo completo, se incluirá en la base de daros
una leyenda que diga “reclamo en trámite” y el motivo del mismo, en
un término no mayor a dos (2) días hábiles. Dicha leyenda deberá
mantenerse hasta que el reclamo sea decidido.
El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días
hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo.
Cuando no fuere posible atender el reclamo dentro de dicho término,
se informará al interesado los motivos de la demora y la fecha en que
se atenderá su reclamo, la cual en ningún caso podrá superar los
ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del término.
El titular de la información podrá impugnar la decisión emanada del habeas data.
En el caso de que el titular no esté de acuerdo con la respuesta que se expidió en
relación con su reclamación, éste podrá acudir a la Superintendencia de Industria
y Comercio, con el fin de poner en conocimiento los motivos de su reclamación.

En el caso de que el titular de la información se le haya violado los principios,
derechos, garantías y procedimientos sobre la protección de datos previstos en la
mencionada ley Estatutaria.
De la misma manera podrá acudir ante la Superintendencia de Industria y
Comercio cuando el operador o la fuente ante quien presentó la reclamación no
hayan dado respuesta dentro de la oportunidad legal.
De conformidad con el derecho de habeas data, las entidades públicas o privadas
o los bancos de datos a los que se solicita la información, deben suministrar la
petición requerida al titular de la información ya sea para conocerla, actualizarla o
rectificarla. De no ser así, la delegación para la protección de datos personales de
la Superintendencia de Industria y Comercio, hará cumplir cabalmente la petición
del solicitante.
Modelo para ejercer el habeas data
Señores
Entidad - a la cual se dirige la petición de habeas data-
(Dirección- Sucursal)
(Ciudad)
(Titular de la información)……………………….., mayor de edad, domiciliado en
……………, identificado como aparece bajo mi firma, me dirijo a Ustedes, en
atención a las previsiones que consagran el DERECHO CONSTITUCIONAL
FUNDAMENTAL DE PETICION, contenidas en el Artículo 23 de la Constitución
Política, desarrolladas en los Artículos 13 a 33 del Código Contencioso
Administrativo, el Decreto 2150 de 1995, y en especial para los efectos propios de
la PROTECCIÓN, RESTABLECIMIENTO Y PRESERVACION DE MI DERECHO
CONSTITUCIONAL DE HABEAS DATA de acuerdo con lo preceptuado en
el Artículo 6º de la Ley 1266 de 2008 y demás disposiciones concordantes y
pertinentes, sin perjuicio de la especial protección de mis demás derechos
constitucionales fundamentales toda vez que de acuerdo con consulta en
(entidad a la que se dirige el habeas data) ………………………………..., estoy en
la necesidad de (conocer, actualizar ó verificar) la información contenida.
Por tanto, solicito a efecto de salvaguardar mis derechos constitucionales
fundamentales como son: el buen nombre, la intimidad y demás derechos
consagrados en la Constitución Política se sirvan por este medio:
ENVIARME COPIA SIMPLE de…... (Información requerida), con el fin
de……………… (Conocer, actualizar o verificar la información).
Por tanto solicito (hechos que dan lugar a la consulta o al reclamo de solicitud de
información, en el caso de rectificar información se deben suministrar los reportes

negativos sobre el nombre y número de cedula a los operadores, agencias o
centrales de información financiera).
La respuesta a este Derecho de Petición, como cualquier comunicación o
NOTIFICACION JUDICIAL deberá ser dirigida a la siguiente
dirección…………………………………………………., en la ciudad de
……………….
Sin otro particular,
(Firma Titular de la Información
C.C
Número de Celular
Email
Elaborado por:
Alba Liliana Ardila
Nancy Andrea Barrera
Narda Vargas Comba
Gustavo Bermudez Castañeda
Mauricio Castillo

ACCIÓN DE TUTELA
¿Qué es la acción de tutela?
Es un mecanismo constitucional de protección de los derechos fundamentales
consagrados en nuestra Carta Política.
Que un juez de la República mediante un procedimiento preferente y sumario,
ordene la inmediata protección de los derechos fundamentales.
Debe ser ejercida por la persona natural o jurídica directamente afectada en sus
derechos fundamentales –salvo los casos de representación-.
Los personeros pueden interponer acciones de tutela cuando lo hagan a nombre
de una persona que así lo solicite, o cuando la persona esté en condición de
indefensión.
La acción de tutela se puede interponer, en principio, ante cualquier juez que
tenga jurisdicción en el lugar de los hechos que causan la amenaza o la
vulneración del derecho.
Sin embargo existen unas reglas de competencia establecidas por el Decreto 1382
de 2000:
«Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad
pública del orden nacional, salvo lo dispuesto en el siguiente inciso, serán
repartidas para su conocimiento, en primera instancia, a los tribunales
superiores de distrito judicial/administrativo y consejos seccionales de la
judicatura.
 A los jueces de circuito o con categoría de tales, le serán
repartidas para su conocimiento, en primera instancia, las
acciones de tutela que se interpongan contra cualquier
organismo o entidad del sector descentralizado por servicios
del orden nacional o autoridad pública del orden
departamental

 A los jueces municipales les serán repartidas para su
conocimiento en primera instancia, las acciones de tutela que
se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden
distrital o municipal y contra particulares
 Cuando la acción de tutela se promueva contra más de un
funcionario o corporación judicial, le será repartida al
respectivo superior funcional del juez al que éste adscrito el
fiscal…».
La acción de tutela se consagró para proteger los derechos fundamentales. Valga
resaltar que la Corte Constitucional determinó unos criterios y requisitos de
distinción que permiten identificar un derecho de naturaleza fundamental, así:
(i) Los señalados expresamente en la Constitución en el Título II del Capitulo
Primero.
(ii) Los derechos no fundamentales pero que adquieren esa categoría por
conexidad
(iii) Los consagrados en los Tratados y Convenios Internacionales que ratifique
el Estado.
(iv) Los que tengan un carácter inherente a la persona humana y no están
señalados en la Constitución.
La tutela es un mecanismo subsidiario, es decir procede cuando no se disponga
de otros medios de defensa. Sin embargo sí procede directamente cuando:
(i) Resulten vulnerados o amenazados los derechos constitucionales
fundamentales, aún aquellos que no se encuentren textualmente
consagrados en la Constitución, pueden invocarse aduciendo una
conexidad con los derechos fundamentales, para la acción u omisión
de cualquier otra autoridad.
(ii) No haya ningún otro medio que permita proteger el derecho. Aunque es
procedente la tutela en aquellas circunstancias en las cuales se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable, aún cuando existan otros medios de protección.
(iii)Por acción u omisión de un particular en el caso que éste preste un servicio
público o cumpla funciones públicas.

(iv)El actor se encuentra en situación de indefensión o subordinación respecto
del particular contra quien se interpone la acción de tutela.
Es un procedimiento preferente, esto es, el juez debe darle prevalencia por encima
de los demás asuntos que tenga a su cargo, salvo respecto del mecanismo de
protección de derecho denominado habeas corpus. El trámite de la tutela también
se caracteriza por su sumariedad, lo cual significa que es corte y ágil. La acción
de tutela se puede presentar tanto de forma verbal como escrita. No es necesario
recurrir a un abogado para presentar la acción.
La tutela puede presentarse verbalmente en los siguientes casos:
(i) Cuando el solicitante no sabe escribir
(ii) Cuando sea menor de edad
(iii)Cuando exista urgencia de protección
A partir de la interpretación del artículo 86 de la Carta Política, en el que se
enuncia que «puede ser interpuesta en todo momento», aparentemente no posee
ningún término de prescripción o caducidad, no obstante ésta debe interponerse
en un plazo razonable desde el inicio de la amenaza o vulneración, como quiera
que el mismo artículo, establece que es una mecanismo para reclamar «la
protección inmediata» de los derechos fundamentales.
Ahora bien, la Corte Constitucional ha dejado sentado jurisprudencialmente que la
razonabilidad del plazo no puede determinarse a priori, lo que se traduciría en la
imposición de un término de caducidad o prescripción prohibido por el artículo 86
de la Constitución, sino de conformidad con los hechos de cada caso concreto. Es
por ello que «en algunos casos, seis (6) meses podrían resultar suficientes para
declarar tutela improcedente; pero, en otros eventos, un término de 2 años se
podría considerar razonable para ejercer la acción de tutela, ya que todo
dependerá de las particularidades del caso».
En ningún caso podrán transcurrir más de diez (10) días entre la solicitud de la
tutela y su resolución.

El fallo de tutela es susceptible de impugnación, este recurso podrá ser
interpuesto por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el
representante del órgano correspondiente, dentro de los tres (3) días siguientes a
la notificación de la decisión.
Cuando ampare o niegue la protección del derecho fundamental invocado como
vulnerado, es susceptible de impugnar, se envía el expediente al superior para
que este resuelva si hay lugar a modificar el fallo o no. Este recurso puede ser
interpuesto por el accionante y por la entidad accionada o el defensor del pueblo.
Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los
dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente.
El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma,
cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición
de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá el
fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente. Si a su
juicio el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará
de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará. En ambos
casos, dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria del fallo de segunda
instancia, el juez remitirá el expediente a la Corte Constitucional, para su
eventual revisión.
Proferido el fallo que concede la tutela, la autoridad responsable del agravio
deberá cumplirlo sin demora.
Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez se dirigirá
al superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el
correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél. Pasadas otras cuarenta
y ocho horas, ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido
conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal
cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por desacato al responsable y
al superior hasta que cumplan su sentencia.
Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal del funcionario en su caso.
En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso
concreto y mantendrá la competencia hasta que esté completamente
restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza.

Modelo para ejercer la acción de tutela
Honorable
JUEZ ________ -REPARTO-
E. S. D.
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Accionante: (Quién(es) son los afectados)
Accionado: (Quién infringe o es responsable por la violación)
________________, mayor de edad e identificado como aparece al pie de mi
firma, haciendo uso de las facultades que me confiere el artículo 86 de la Carta
Política, de la manera más atenta y respetuosa me dirijo a usted con el fin de
manifestarle que por medio del presente escrito INSTAURO ACCIÓN DE TUTELA
contra el ____________ (institución), señor ___________ , con el fin de que se me
proteja y tutele mi derecho constitucional fundamental de petición
DERECHO FUNDAMENTAL A TUTELAR
Artículo, consagrado en nuestra Constitución Política.
Es menester recalcar que este derecho constitucional fundamental se encuentra
vulnerado por parte de ____________ , en cabeza del señor ___________ En
razón de ello solicito a este Honorable despacho se sirva tutelar la protección a mi
derecho fundamental violado, de acuerdo con lo que a continuación refiero:
HECHOS
Primero:
Derechos violados
Es menester recalcar que este derecho constitucional fundamental se encuentra
vulnerado por parte de ____________ , en cabeza del señor ___________ En
razón de ello solicito a este Honorable despacho se sirva tutelar la protección a mi
derecho fundamental violado, de acuerdo con lo que a continuación refiero:

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN
La presente acción es procedente porque a la fecha la ___________ autoridad
___________ en cabeza de _________________no ha absuelto la solicitud que
respetuosamente interpuse ante su despacho seis (6) meses y veinte (20) días
atrás, además de no existir otro mecanismo de protección a mi Derecho
Fundamental violado.
PETICIÓN
Se me garantice mi derecho fundamental de petición consagra-do en el artículo 23
de la Constitución Política de Colombia.
DECLARACIÓN
Con el fin de tutelar y proteger mi inherente derecho constitu-cional fundamental
vulnerado, el honorable despacho hace las siguientes declaraciones:
Tutelar el Derecho Fundamental _________ vulnerado a ___________ accionante
___________ por parte de ____________ y en consecuencia, ordenar a dicho
funcio-nario que resuelva la Petición formulada el ___________ dando respuesta
concreta a todas y cada una de las preguntas formuladas en dicho escrito.
FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN
Fundamento la presente acción en el artículo 86 de la constitución Política,
decreto2591 de 1991, decreto 1382 de2000.
JURAMENTO
Bajo la gravedad de juramento, aseguro que no he interpuesto otra Acción de
Tutela por los mismos hechos y pretensiones.
PRUEBAS
Solicito se tengan en cuenta los siguientes medios probatorios:

Pruebas documentales
ANEXOS
Con el propósito de sustentar esta acción, me permito anexar los documentos
anunciados en el acápite correspondiente a los medios probatorios documentales.
NOTIFICACIONES
Cualquier notificación me puede ser enviada a la __________ Teléfonos
____________, en la ciudad de _________________
Atentamente,
_________
C.C. No.
Elaborado por:
Martha Liliana Triana Suárez
Alirio Serafin Delgado Herrera
Nelson Enrique Barrera Morales
Hugo Dario Beltran Rozo
Dario Bonilla Cortez
Edward Andres Rodriguez Betancourt

ACCIÓN POPULAR
¿Qué es la acción popular?
Es un mecanismo de protección de los derechos e intereses colectivos y difusos,
es especial los relacionados con un ambiente sano, moralidad administrativa,
espacio público, patrimonio cultural, seguridad y salubridad públicas, servicios
públicos, consumidores, usuarios, libre competencia económica, etc.
Las acciones populares se caracterizan por poseer un carácter preventivo y
restaurador de los derechos e intereses colectivos. «Las acciones populares se
ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza,
vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las
cosas a su estado anterior cuando fuere posible». Artículo 2 de la Ley 472 de
1998.

La acción popular es una acción pública, lo cual significa que puede interponerla
cualquier persona. La ley 472 de 1998 en su artículo 12, dispone que son titulares
de esta acción o legitimados para ejercerla:
(i) Toda persona natural o jurídica
(ii) Las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones populares,
cívicas o similares.
(iii)Las entidades públicas que cumplan funciones de control, intervención o
vigilancia
(iv)El Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo y los
Personeros Distritales y Municipales en lo relacionado con su
competencia
(v) Los Alcaldes y servidores públicos que deben promover la protección y
defensa de los derechos e intereses colectivos
Valga resaltar que, para ejercitar una acción popular no se requiere ejercer el
derecho de postulación, en otras palabras, no es necesario designar abogado,
como quiera que la Defensoría del Pueblo podrá intervenir en el respectivo
proceso.
Si se adelanta contra entidades públicas o personas privadas que cumplan
funciones públicas conoce la jurisdicción contenciosa administrativa.
Concretamente, la primera instancia se agota con los Jueces Administrativos y la
segunda instancia, en el Tribunal Administrativo del respectivo departamento.
Si se adelanta contra particulares conoce la jurisdicción ordinaria, específicamente
los jueces civiles del circuito.
Excepcionalmente puede presentarse ante el Juez Civil Municipal o Promiscuo
Municipal, quién lo remitirá inmediatamente al Juez Civil del Circuito competente.
Protege los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el
espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente,
la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en
ella.

Procede cuando se reúnan los siguientes requisitos:
(i) La existencia de un interés o derecho colectivo que se encuentra
amenazado o vulnerado
(ii) La acción u omisión de una autoridad pública o de particulares que
amenaza o viola el interés o derecho colectivo
(iii)La acción de promoverse durante el tiempo en que se subsista la amenaza
o la vulneración del derecho o interés colectivo.
El interesado podrá acudir ante el Personero Distrital o Municipal, o a la
Defensoría del Pueblo para que se le colabore en la elaboración de su demanda o
petición, así como en los eventos de urgencia o cuando el solicitante no sepa
escribir.
Donde no exista Juez del Circuito o de lo Contencioso Administrativo, podrá
presentarse la demanda ante cualquier juez Civil Municipal o Promiscuo, quien
dentro de los dos (2) días siguientes deberá remitirla al funcionario competente.
En el evento de comprometerse grave y permanentemente uno o varios de los
derechos amparados, el Juez Municipal o Promiscuo deberá remitir de inmediato y
por el medio más eficaz las diligencias al Juez competente.
En desarrollo del principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el
procesal, el Juez competente que reciba la acción popular tendrá la facultad de
tomar las medidas cautelares necesarias para impedir perjuicios irremediables e
irreparables o suspender los hechos generadores de la amenaza a los derechos e
intereses colectivos.
a acción popular no tiene término de caducidad, puede emplearse en cualquier
tiempo.
El trámite debe adelantarse con la mayor rapidez y sin dilaciones, dando estricta
aplicación a los términos establecidos por la ley, para el cumplimiento de la
actuación procesal.
La acción popular tiene un trámite preferente de conformidad con lo señalado en el
artículo 6 de la ley 472 de 1998, dicha preferencia se da frente a procesos
distintos a la acción de tutela, la acción de cumplimiento y el habeas corpus, los

cuales se tramitan con mayor preferencia, ya que los términos del trámite son
mucho más cortos que los de la acción popular.
Una vez presentada la demanda de acción popular, el Juez competente tiene el
término de tres (3) días para admitirla o inadmitirla, la demanda se inadmitirá
cuando falten algunos de los requisitos que debe contener, para subsanar la
demanda se debe dar un término de tres (3) días, sino se subsana dentro de este
término se rechazará.
Cuando ha sido admitida la notificación debe ser efectuada de manera personal a
la entidad o entidades demandadas y a la comunidad por un medio masivo de
comunicación como por ejemplo una emisora; el demandado tendrá el término de
diez (10) días para contestar la demanda en la cual podrá pedir pruebas y
proponer excepciones de mérito y previas, respecto a estas últimas solo podrá
proponer la de falta de jurisdicción o cosa juzgada.
La ley 472 de 1998, contempla que contra los autos dictados durante el trámite de
la acción popular procede el recurso de reposición, el cual será interpuesto en los
términos del Código de Procedimiento Civil. También procede el recurso de
apelación contra la sentencia que se dicte en primera instancia.
De acuerdo con el artículo 351 del Código de Procedimiento Civil, son apelables
las sentencias de primera instancia, excepto las que se dicten en equidad de
acuerdo con el artículo 38 y las que las partes convengan en recurrir en casación,
si fuere procedente este recurso.
También son apelables los autos proferidos en la primera instancia, como son:
(i) El que rechace la demanda, su reforma o adición, salvo disposición en
contrario.
(ii) El que resuelva sobre la citación o la intervención de sucesores procesales
o de terceros, o rechace la representación de alguna de las partes.
(iii)El que deniegue la apertura a prueba, o el señalamiento del término para
practicar pruebas, o el decreto de alguna pedida oportunamente o su
práctica.
(iv)El que resuelva sobre la liquidación del crédito en procesos ejecutivos.
(v) El que decida sobre suspensión del proceso
(vi)El que decida sobre un desistimiento, una transacción, la perención, decrete
o levante medidas cautelares, o por cualquier otra causa ponga fin al
proceso.
(vii) El que decida sobre nulidades procesales

(viii) El que decida sobre excepciones previas, salvo norma en contrario.
(ix)Los demás expresamente señalados en la citada obra procedimental.
Según el artículo 348 del Código de Procedimiento Civil, el recurso de reposición
procede contra los autos que dicte el Juez o el Funcionario ponente de la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
De otra parte y conforme al artículo 352 del Código de Procedimiento Civil, el
recurso de apelación puede interponerse ante el Juez que dictó la providencia en
el acto de notificación personal o por escrito dentro de los tres (3) días siguientes.
Le corresponde a la entidad pública encargada de velar por el derecho o interés
colectivo, también a las autoridades administrativas en las que sea de su
competencia contribuir en orden a obtener y hacer valer el cumplimiento del fallo
emitido por el Juez competente.
Modelo para ejercer la acción popular
(Ciudad y fecha
Señor
JUEZ ADMINISTRATIVO (Reparto)
JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO (Reparto)
Ciudad
REF.: ACCIÓN POPULAR
Yo………………………........................................... (Nombre y apellidos de quien
interpone la acción), identificado con la cédula de ciudadanía No.
.................................., obrando en nombre propio, con domicilio en la ciudad
de..................................y residente en la dirección..................................,
respetuosamente acudo a usted, con fundamento en el artículo 12 de la Ley 472
de 1998, con el fin de interponer una Acción Popular contra ..................................
(Entidad demandada), cuyo representante legal es .................................., para
que, previo el trámite legal correspondiente, su despacho proceda a efectuar las
declaraciones que solicitaré en la parte petitoria de esta demanda, teniendo en
cuenta los siguientes:

HECHOS
(Narración detallada y cronológica de los hechos e intervenciones de las
autoridades, personas jurídicas, personas naturales, etc., en la presunta violación
de los derechos colectivos.)
INTERÉS O DERECHO COLECTIVO VULNERADO O AMENAZADO
(Indicar los intereses colectivos amenazados o vulnerados.)
CONSIDERACIONES DE DERECHO
(Las consideraciones de derecho consisten en la relación de todos los elementos
jurídicos que fundamentan la acción y su complementariedad con los hechos. Por
ello, se debe guardar coherencia entre los hechos y las consideraciones.)
MEDIDA CAUTELAR
(Esta medida se solicita cuando se quiere prevenir un daño inminente o
irremediable.)
Con el fin de evitar un perjuicio irremediable y salvaguardar el derecho colectivo
afectado, solicito, de conformidad con el artículo 25 de la Ley 472 de 1998, las
siguientes medidas:
1. Ordenar la cesación inmediata
de…………………………………………………………………………….
(Actividades que hayan generado el daño, estén generándolo o puedan
llegar a hacerlo).
2. Ordenar que se ejecuten los actos necesarios
para…………………………………………………….
(Indicar cuáles son los actos que deben realizarse para evitar el daño; es
decir, cuál es la omisión en la que ha incurrido el demandado).
3. Obligar al demandado a presentar caución para garantizar el cumplimiento
de cualquiera de las anteriores medidas previas.
4. Ordenar, con cargo al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses
Colectivos, los estudios necesarios para establecer la naturaleza del daño y
las medidas urgentes a tomar para mitigarlo.
PRETENSIONES
Solicito Señor Juez, teniendo en cuenta los hechos y consideraciones expuestas,
efectuar los siguientes pronunciamientos:
1. Ordenar al demandado ejecutar las acciones tendientes a evitar el daño
contingente, y hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio
sobre los derechos e intereses colectivos.
2. Ordenar la restitución de las cosas a su estado anterior.
3. Reconocer lo ordenado en los artículos 39 y 40 de la Ley 472 de 1998, en
caso de condenarse al demandado.

PROCESO
El presente proceso se regula por la Ley 472 de 1998.
COMPETENCIA
Es usted competente Señor Juez para conocer el presente proceso, por la
naturaleza del asunto y la calidad del demandado.
MEDIOS DE PRUEBA
(Las pruebas deben corresponder con los hechos narrados en la demanda.)
Solicito practicar y tener como pruebas, las siguientes:
Documentales:
....................................................................................................................................
Testimoniales:
....................................................................................................................................
Pericial:
....................................................................................................................................
...........
ANEXOS
(Los anexos deben ir por duplicado o en la cantidad correspondiente al número de
demandados, para realizar el traslado de la demanda.)
NOTIFICACIONES
La entidad demanda recibirá notificaciones en............................ (Indicar dirección,
ciudad y teléfono).
El (los) suscrito (s) las recibirá (recibiremos) en.......................... (Indicar dirección,
ciudad y teléfono) o las solicitaré en la Secretaría del Despacho.
Atentamente,
............................................................
NOMBRES Y APELLIDOS
Elaborado por:
Gladys Quiroga Riaño
Jose Bellerlesto Gonzalez Sanchez
Fabio Cardenas Ortiz
Orlando Mendoza López
Mario Alberto Perez Bernal

ACCIÓN DE GRUPO
¿Qué es la acción de grupo?
Es un mecanismo de protección de derechos descrito en el Art.88 de la
Constitución Política de Colombia, reglamentado luego en el artículo 3 de la ley
472 de 1998, el cual señala que la acción de grupo «Son aquellas acciones
interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen
condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios
individuales para dichas personas».
Garantizar la defensa y protección de los derechos e intereses de un número
plural de personas para solicitar el pago de una indemnización por los perjuicios
individuales que se les haya ocasionado a los integrantes de un grupo.
De acuerdo a lo normado en el artículo 12 de la Ley 472 de 2008, los actores que
pueden activar este mecanismo constitucional son:
 Toda persona natural o jurídica
 Las organizaciones no gubernamentales, organizaciones populares, cívicas
o de índole similar
 Las entidades públicas que cumplan funciones de control, intervención o
vigilancia, siempre que la amenaza o vulneración a los derechos e intereses
colectivos que no se hayan originado en su acción u omisión
 El Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo y los
Personeros Distritales y Municipales en lo relacionado con su competencia
 Los Alcaldes y demás servidores públicos que por razón de sus funciones
deban promover la protección y defensa de estos derechos o intereses.
Acorde con el artículo 14 de la norma anteriormente citada, la acción popular se
dirigirá contra el particular, persona natural o jurídica,
o la autoridad pública cuya actuación u omisión se considere que amenaza, viola
o ha violado el derecho o interés colectivo. En caso de existir la vulneración o
amenaza y se desconozcan los responsables, corresponderá al juez
determinarlos. Es decir:

 Ante la autoridad administrativa y judicial
 La Jurisdicción Contenciosa Administrativa
 La Jurisdicción Ordinaria Civil
Los derechos subjetivos y considerados de interés colectivo entre otros:
i) El goce de un ambiente sano
ii) La moralidad administrativa
iii) La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento
racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
iv) La conservación de las especies animales y vegetales
v) La protección de áreas de especial importancia ecológica
vi) De los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás
intereses de la comunidad relacionados con la preservación y
restauración del medio ambiente
vii) El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso
públicos
viii) La defensa del patrimonio público
ix) La defensa del patrimonio cultural de la Nación
x) La seguridad y salubridad públicas
xi) El acceso a la infraestructura de servicios que garanticen la salubridad
pública
xii) La libre competencia económica
xiii) El acceso a los servicio públicos y a que su prestación sea eficiente
xiv) La prohibición de la fabricación, importación, posesión, uso de armas
químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio
nacional de residuos nucleares tóxicos
xv)El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente
xvi) La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos
urbanos, respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y
dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes
xvii) Los derechos de los consumidores y usuarios
Valga resaltar que son derechos e intereses colectivos los definidos
como tal en la Constitución, las Leyes ordinarias y los Tratados de
Derecho Internacional ratificados por Colombia.

Procede frente a la vulneración de derechos subjetivos, para obtener el pago e
indemnización por los perjuicios individuales y debe contener tres condiciones
indispensables, a saber:
i) Que sea el mismo demandado
ii) Que las pretensiones sean similares
iii) Que la reclamación provenga de productos o servicios de la misma clase
Para ejercerla debe elaborarse una demanda donde será competente el juez del
lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado o demandante,
a elección de éste. Cuando por los hechos sean varios los jueces competentes,
conocerá a prevención el juez ante el cual se hubiere presentado la demanda.
Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la demanda, el
juez competente se pronunciará sobre su admisión. En el auto que admita la
demanda, además de disponer su traslado al demandado. A los miembros del
grupo se les informará a través de un medio masivo de comunicación o de
cualquier mecanismo eficaz, habida cuenta de los eventuales beneficiarios.
Las acciones individuales relativas a los mismos hechos podrán acumularse a la
acción de grupo, a solicitud el interesado. En este evento, el interesado ingresará
al grupo, terminará la tramitación de la acción individual y se acogerá a los
resultados de la acción de grupo.
Dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del término de traslado de la
demanda, cualquier miembro de un mismo grupo podrá manifestar su deseo de
ser excluido del grupo y, en consecuencia, no ser vinculado por el acuerdo de
conciliación o la sentencia. Un miembro del grupo no quedará vinculado a los
efectos de la sentencia en dos situaciones:
i) Cuando se haya solicitado en forma expresa la exclusión del grupo
ii) Cuando la persona vinculada por una sentencia pero que no participó en el
proceso, demuestre en el mismo término que sus intereses no fueron
representados en forma adecuada por el representantes del grupo o que
hubo graves errores en la notificación
Transcurrido el término sin que el miembro así lo exprese, los resultados del
acuerdo o de la sentencia lo vincularán. Si decide excluirse del grupo, podrá
intentar acción individual por indemnización de perjuicios.

La parte demandada podrá interponer excepciones de mérito con la contestación
de la demanda, así como las excepciones previas señaladas en el Código de
Procedimiento Civil. Las excepciones de acuerdo con su naturaleza, se resolverán
de conformidad con las reglas previstas en la obra procedimental citada.
La parte demandante solicitará en la demanda las medidas cautelares y se
decretarán con el auto admisorio.
Las medidas decretadas se cumplirán antes de la notificación de la demanda.
De oficio el juez, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del término
que tienen los miembros del grupo demandante para solicitar su exclusión, deberá
convocar a una diligencia de conciliación con el propósito de lograr un acuerdo
entre las partes, que constará por escrito.
La diligencia deberá celebrarse dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha
de convocatoria. No obstante, en cualquier estado del proceso las partes podrán
solicitar al juez la celebración de una nueva diligencia a efectos de conciliar sus
intereses y poner fin al proceso.
El acuerdo entre las partes se asimilará a una sentencia y tendrá los efectos que
para ella se establecen en esta ley. El acta de conciliación que contenga el
acuerdo hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.
Realizada la audiencia de conciliación, el Juez decretará las pruebas solicitadas y
las que de oficio estimen pertinentes, y señalara un término de veinte (20) días
para que se practiquen, dentro del cual fijará las fechas de las diligencias
necesarias. Si la complejidad del proceso lo requiere, dicho término podrá ser
prorrogado de oficio o a solicitud de parte, hasta por otro término igual.
Vencido el término para practicar pruebas, el Juez dará traslado a las partes para
alegar de conclusión por el término común de cinco (5) días.
Expirado el término para alegar de conclusión, el Secretario pasará
inmediatamente el expediente al despacho con el fin de que se dicte sentencia en
el perentorio e improrrogable término de veinte (20) días.
Una vez que el expediente haya pasado al despacho para proferir sentencia, no
podrá surtirse actuación alguna hasta tanto no se haya proferido ésta, excepción
hecha de la declaratoria impedimento o recusación.
La sentencia que ponga fin al proceso se sujetará a las disposiciones generales
del Código de Procedimiento Civil y además, cuando acoja las pretensiones
incoadas, dispondrá:

(i) El pago de una indemnización colectiva, que contenga la suma ponderada
de las indemnizaciones individuales
(ii) El señalamiento de los requisitos que deben cumplir los beneficiarios que
han estado ausentes del proceso a fin de que puedan reclamar la
indemnización correspondiente, en los términos establecidos en el
artículo 61 de la ley 472 de 1998.
(iii)El monto de dicha indemnización se entregará al Fondo para la Defensa de
los Derechos e Intereses Colectivos, dentro de los diez (10) días
siguientes a la ejecutoria, el cual será suministrado por el Defensor
del Pueblo.
(iv)La publicación, por una sola vez, de un extracto de la sentencia, en un
diario de amplia circulación nacional, dentro del mes siguiente a su
ejecutoria o a la notificación del auto que hubiere ordenado obedecer
lo dispuesto por el superior, con la prevención a todos los
interesados igualmente lesionados por los mismos hechos y que no
concurrieron al proceso, para que se presenten al Juzgado, dentro
de los veinte (20) días siguientes a la publicación, para reclamar la
indemnización.
(v) La liquidación de las costas a cargo de la parte vencida, que corresponderá
al diez por ciento (10%) de la indemnización que obtengan cada uno
de los miembros del grupo que no hayan sido representados
judicialmente.
La acción de grupo deberá promoverse dentro de los dos (2) años siguientes a la
fecha en que se causó el daño o cesó la acción vulnerante causante del mismo.
Sí. La sentencia es apelable en el efecto suspensivo. En este evento el Juez
ordenará se preste caución para garantizar las medidas cautelares de embargo y
secuestro.
El recurso de apelación deberá resolverse por la autoridad judicial competente en
un término máximo de veinte (20) días, contados a partir de la fecha de radicación
del expediente en la Secretaría General, sin embargo, cuando sea necesario
practicar nuevas pruebas, el termino para decidir el recurso podrá ampliarse en
diez (10) días más.

Contra las sentencias proferidas en los procesos adelantados en ejercicio de las
acciones de grupo proceden los recursos extraordinarios de casación y revisión,
según sea el caso, de conformidad con las disposiciones legales vigentes; pero en
ningún caso el término para decidir estos recursos podrá exceder de noventa (90)
días contados a partir de la fecha en que se radicó el asunto en la Secretaría
General de la Corporación.
Cuando no se esté de acuerdo con la sentencia.
Ante la autoridad judicial respectiva, teniendo en cuenta que de las acciones de
grupo conocerán en primera instancia los jueces administrativos y los jueces
civiles del circuito.
En segunda instancia la competencia corresponderá a la sección primera del
Tribunal Contencioso Administrativo o a la Sala Civil del Tribunal de Distrito
Judicial al que pertenezca el Juez de primera instancia.
El demandado debe consignar el valor de la indemnización en el Fondo para la
Defensa de Derechos e Intereses Colectivos, el cual, luego de transcurrido el
término legal de veinte (20) días a partir de la publicación de la sentencia, tiene la
función de distribuir el valor de la indemnización colectiva entre los miembros del
grupo.
La ley 4472 de 1998 no se establece ninguna regla para el evento en que el
demandado no cumpla voluntariamente la condena impuesta en la sentencia y,
por tanto, resulte necesario adelantar un proceso ejecutivo en su contra (…),
debiendo entonces seguirse la regla general del Código de Procedimiento Civil
que autoriza adelantar el proceso ejecutivo en el mismo expediente en que se
adelantó el proceso ordinario declarativo.

Modelo para ejercer la acción de grupo
Ciudad y Fecha
Señor(es)
JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO (si es contra un particular)
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO (si es contra autoridad)
Ciudad
Ref.: Acción de grupo de _____________ y otros (mínimo 20
personas)
contra_________________
Respetado señor juez o magistrado:
Yo, _________________________, mayor de edad, domiciliado en
_________________________ identificado con cédula de
ciudadanía_________________ y tarjeta profesional_______________ del
Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de _____________________,la
cual acredito mediante acta de posesión __________de
fecha____________________, y con fundamento en el artículo 48 de la ley 472 de
1998, me permito presentar acción de grupo a favor de los señores: (listado de por
lo menos 20 personas afectadas, con sus documentos de identificación y
domicilio),contra________________________________ en razón de las acciones
u omisiones que han dado lugar a lesionar de manera grave el patrimonio de los
accionantes, dados los siguientes.
HECHOS
(Es necesario que se describan detalladamente los hechos objeto del perjuicio)
PERJUICIOS CAUSADOS Y PRETENSIONES
(El estimativo del valor en pesos de los daños ocasionados por la vulneración,
explicitándolos y discriminándolos de la manera más amplia posible).
GRUPO AFECTADO
(Listado de los afectados y si el grupo puede llegar a ser mayor, criterios para
identificarlos).

RESPONSABLES
(Identificación precisa de la(s) persona(s) o entidad(es) que se consideran
responsables del hecho la conducta vulnerada y de quien debe asumir la
indemnización)
PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN
(Argumentos para que se acceda a las pretensiones de la demanda)
PRUEBAS
Documentales - Testimonios - Periciales o técnicas
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Artículo 88 de la Constitución Política
Artículos 46 al 69 de la ley 472 de 1998
COMPETENCIA
De conformidad con el demandado (jurisdicción civil si es particular o jurisdicción
administrativa si es autoridad o, particular en ejercicio de funciones públicas).
NOTIFICACIONES
Dirección y Teléfono donde se recibirá información
ANEXOS
Adjuntar los elementos que contribuyan a demostrar el hecho y a respaldar la
solicitud de indemnización.
Del señor Juez (o magistrado)
Atentamente,
_____________________________________
NOMBRES Y APELLIDOS
C.C. No.
Elaborado por:
Aengee Mónica Ramírez Jiménez
Jorge Cruz Feliciano
Carlos Alberto Dorado Hurtado

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