El documento describe el rol pionero que puede jugar el Estado en la Sociedad del Conocimiento más allá de simplemente proveer acceso. El Estado puede regular y optimizar iniciativas privadas como cibercafés y cooperativas que ya satisfacen las necesidades de conectividad de los ciudadanos. El Estado también puede integrar estas iniciativas en redes multiactorales, alentar su expansión a áreas menos comunicadas, e implementar estrategias para que grupos con menos recursos puedan acceder a la infraestructura existente.