El documento discute los bienes y servicios que el Estado debe suministrar a la población. Argumenta que el Estado debe suministrar servicios básicos como transporte público, educación y salud, debido a las fallas del mercado en estos sectores y para garantizar la igualdad y movilidad social. También señala que el Estado puede suministrar estos servicios directamente o a través de contratos con el sector privado, con el objetivo de lograr una mayor eficiencia y calidad en la prestación de los servicios.

1. QUÉ BIENES PRIVADOS DEBE SUMINISTRAR
EL ESTADO
Nataly Guiño Reyes
Ante todo es necesario tener presente que entre las principales
características de las políticas sociales en el Estado están la igualdad y
movilidad social.
En ese sentido se debe considerar que una de las formas en que el Estado
suministre un bien será delegando a través de contratos claros y precisos
con lo cual podrá generar más beneficios.
Joseph Stiglitz, indica las fallas del mercado donde se justifica la intervención
del Estado. En esa línea; el Estado debería intervenir básicamente en
aquellos supuestos donde se presenten fallas de mercado que no fomentan
la equidad social.
DEFINICION
Los bienes y/o servicios públicos se caracterizan por no ser susceptibles a la
venta y compra en el mercado y por responder a una necesidad colectiva sin
distinción alguna. Los bienes privados se diferencian de los públicos porque
tienen dentro de sus propiedades básicas los principios de competencia y
lucro.
En coordinación con las diferencias planteadas, consideramos que dentro de
la categoría de servicios privados, se encuentran el transporte público, la
educación y la salud, debido a que los principios de rivalidad generan
competencia entre los diferentes proveedores y usuarios que hacen uso de
los mismos. Además, estos bienes son exclusivos en la medida que su
acceso tiene un precio que los ciudadanos deben cubrir.
ASPECTOS ECONOMICOS
Como resultado de un proceso de reforma, la provisión de bienes y servicios
ha estado ligada al tema de dos iniciativas: Liberalización y Privatización.
La primera buscó reducir su acción e intervención en los mercados y la
segunda proponía el traspaso al sector privado de actividades que, como
resultado de la expansión del Estado del Bienestar, estaban siendo
realizadas por el gobierno (telefonía y comunicaciones, transporte terrestre
marítimo y aéreo -ferrocarriles, líneas aéreas, etc., y producción y provisión
de bienes y servicios, entre otras actividades). En este caso, la aplicación de

2. reformas, en muchos casos, ha ido reduciendo paulatinamente la acción del
Estado a sectores prioritarios de la economía.
Al respecto, Stiglitz considera necesaria su presencia, debido a que los
mercados pueden dar lugar a situaciones donde algunas personas no logran
ingresos suficientes para vivir de manera que se considera digna, por ello las
razones que justifican su intervención, aun cuando el mercado sea eficiente,
son: velar por los derechos de propiedad y el cumplimiento de los contratos,
intervenir frente a fallos del mercado, intervenir con el objeto de redistribuir la
renta y proveer bienes preferentes.
Para definir si un Servicio privado debe ser suministrado por el Estado, éste
debe analizar su actuación en función de la eficiencia y utilidad que le
generará a éste al implementar una nueva política para suministrar un nuevo
servicio público. Estos cambios se resumen en función del efecto que
producen en el bienestar, basado en la eficiencia en el sentido de Pareto, o
en la utilidad de la población, logrando ventajas adicionales que se deriven
de destinar una unidad más de la renta que percibe de los ciudadanos hacia
el mejoramiento del acceso al servicio público a implementarse.
En el caso de los servicios públicos es importante indicar que su
denominación no restringe su provisión ni su producción a un sector
específico, es decir, un servicio privado (por ejemplo el servicio de
educación) puede ser provisto por el sector público. Por tanto, de acuerdo al
fundamento mencionado, consideramos que el Estado puede suministrar
estos servicios a los usuarios tanto bajo la modalidad de una prestación
directa del servicio, o a través de un órgano descentralizado, o directamente
por medio de concesiones.
Para todo lo mencionado, es de tener en cuenta que una empresa que presta
servicios públicos, así sea privada o pública, funciona conforme al interés
público y que el rol del Estado es buscar el beneficio y la calidad para cada
uno de los usuarios y no solamente tener un sistema de eficiencia operativa y
rentable.
En cuanto al transporte público, diremos que es un sistema básico que
interviene de un modo importante en el funcionamiento de una ciudad para lo
cual su operación influye de una manera directa en la eficiencia del conjunto
de sus actividades y en la calidad de vida de la población.
El Estado puede desarrollar una política que haga el transporte público más
atractivo, cómodo, útil, eficiente para los usuarios, logrando quizás de esta
manera desalentar el uso de transporte privado y conseguir el

3. descongestionamiento diario que sufrimos todos, así como se ha logrado
hacer en diferentes países de Sudamérica y Europa.
Una de las fallas de mercado que puede apreciarse en este último para la
justificación de la intervención del Estado sería:
La Externalidad negativa: La antigüedad del parque automotor genera
contaminación del aire, lo cual repercute en la salud de los ciudadanos.
El crecimiento informal del parque automotor ha generado una serie de
repercusiones perjudiciales en los ciudadanos, tales como
congestionamiento vehicular para desplazarse con rapidez, contaminación
ambiental, y frecuentes accidentes de tránsito
Ante esta realidad se requiere un transporte urbano eficiente, equitativo y que
respete el medio ambiente. Un transporte subsidiado, de calidad que apunte
a un enfoque redistributivo, asequible para todos los ciudadanos.
Otro bien que consideramos debe ser suministrado por el Estado a la
población es la educación; debemos decir que ésta entidad tiene la
obligación moral y social de buscar la democratización de la educación y del
conocimiento, procurando conseguir la mejora del proceso de transmisión de
conocimiento y conectar éstos a la realidad social y económica del país.
Según los compromisos internacionales adoptados por el Estado, es que
todos tienen derecho a la educación” asi como también el derecho de todos
los niños y niñas a recibir una educación formal. Asimismo el Estado
reconoce que todos los niños, jóvenes deben acceder a la educación para
satisfacer sus necesidades básicas de aprendizaje que les permita participar
efectivamente en la sociedad
En este sentido, creemos que es necesario que el conocimiento técnico que
actualmente es ofrecido por entidades privadas en general, debería ser
accesible para las personas de manera tal que puedan desempeñarse como
agentes del desarrollo del país. Para esto, el Estado debe garantizar una
educación de calidad para las personas a lo largo de toda la vida, haciendo
especial énfasis en la educación primaria, es una de las misiones del
Ministerio de Educación.
Con relación al suministro de la salud, el Estado tiene la responsabilidad
de proteger la dignidad personal, promoviendo la salud como factor de
bienestar y un eje esencial de desarrollo humano y de cambio en los
procesos de transformación económica previniendo las enfermedades y
garantizando la atención integral de todos los habitantes del país,
proponiendo y conduciendo los lineamientos de políticas sanitarias.

4. Ahora bien, la administración por parte de una entidad pública puede contar
con desventajas tales como la susceptibilidad de una orientación de sus
objetivos primarios de acuerdo a las necesidades políticas de los gobiernos
de turno, la difícil adecuación periódica de las tarifas, aumento de subsidios
resultado de presupuestos deficitarios, irregularidad en el manejo de la
contabilidad y datos estadísticos y la inestabilidad laboral del personal.
Pese a las desventajas notables que el gobierno tiene frente al sector privado
cuando actúa en el campo de la producción de bienes privados, tiene sin
embargo ventajas notables cuando actúa dentro de la esfera de la
regulación, tales como: poder gravar con impuestos, mitigar los problemas de
riesgo moral, mitigar los problemas de selección adversa y reducir los costes
de transacción. Habrá que tener muy en cuenta para un buen gobierno de los
gastos sociales, la introducción de lo que Stiglitz denomina “principio básico
de la transparencia”.
Según nuestra apreciación, las operaciones del suministro de bienes por
parte del Estado tendría como consecuencia diferentes ventajas: se
permitiría una adecuada operativización a través de una estructura
organizada, así como contar con presupuesto anual, la existencia de una
contabilidad del costo, facilidad para la recolección de información y
establecimiento de programas de capacitación.
No obstante, estamos de acuerdo con mencionar que el Estado debería ser
suministrado o administrado por empresas privadas, con el objetivo de lograr
una administración estable y vigilar los parámetros de eficiencia y
rentabilidad, lograr una estructura organizacional operativa óptima así como
también poder brindar un mejor servicio a la población, como ejemplo los
hospitales de Colombia cuentan con inversionistas privados los cuales están
bien implementados y brindan un mejor servicio a la ciudadanía.
CONCLUSIONES
La determinación de la demanda de bienes y/o servicios que satisfacen las
necesidades de los ciudadanos como usuarios, tiene su origen en variables
sociales y demográficas, costos, y otras diversas variables que están ligadas
con el servicio y bienes que el Estado debe tener en cuenta para optimizar el
suministro.
Se denominan bienes privados suministrados por el Estado en el sentido que
el costo marginal de suministrarlo a más personas es mayor1
.
El desarrollo económico, como proceso social, está dirigido a la creación de
condiciones de bienestar para todos y la plena vigencia de los derechos y

5. responsabilidades de la ciudadanía. Tiene por lo tanto como referencia
fundamental la búsqueda determinada y conducida, por la voluntad social,
del bienestar y la equidad. Pues el hecho de que la economía sea eficiente
en el sentido de Pareto no da seguridades de que exista una distribución de
la renta con equidad.
La salud, la educación y la comunicación a través del transporte son servicios
imprescindibles para que las personas puedan ejercer sus derechos y
deberes ciudadanos como parte del proceso social y económico de nuestro
país.
Consideramos que podría ponerse en práctica para el presente caso, lo
propuesto por Joseph Stiglitz sobre los mercados complementarios, al
mencionar que resulta necesario realizar una reorganización, para lo cual se
requerirá de una amplia coordinación entre diferentes actores a través de una
planificación estatal, pues uno de los objetivos del Estado, a través de sus
organismos públicos, es asumir el papel de coordinador. Siendo también así,
que los bienes públicos deben manejarse bajo una gestión pública con un
estricto mecanismo de control que promueva y asegure su eficiente uso y
disfrute, para garantizar que en el mercado se logre su sostenibilidad y el
cumplimiento de un sistema de derecho que brinde garantías a la sociedad.
Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF):
Reseña
Mediante la Ley Nº 28194 en el Diario Oficial “El Peruano”, publicada en el
Diario Oficial “El Peruano” el 26 de marzo de 2004, se aprobó la Ley para la
lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía, la cual rige
desde el día siguiente al de su publicación, es decir desde el 27 de marzo de
2004.
Este impuesto fue creado con carácter temporal para gravar los créditos o
débitos en moneda nacional o extranjera. En la actualidad se aplica con la
tasa del 0.05%. No se gravan las siguientes operaciones: operaciones entre
las cuentas de un mismo usuario, crédito o débito en las cuentas que crea el
empleador a sus trabajadores, pago de pensiones, remuneraciones, débitos
en la cuenta del cliente, el crédito o débito de las cuentas de los gobiernos,
consulados, organizaciones, etc.
Es un impuesto que más que regular la informalidad, pretende ser un
instrumento que proporcione información de las operaciones que realizan los
cuentahabientes en las instituciones bancarias a los órganos tributarios, y
estos a su vez cruzar la información para detectar posibles fraudes y evasión

6. de impuestos, ya que los contribuyentes que cumplen con el pago de sus
impuestos pueden acreditar la retención por concepto del ITF, es un tipo de
control encubierto.
Análisis.
Eficiencia económica
El Impuesto a las Transacciones Financieras cumple con el tributo de
eficiencia económica en vista de que la aplicación de este no influye en gran
medida en la conducta de las personas a querer hacer o no alguna
transacción financiera, esto debido a que la tasa que se paga por estos
movimientos es sumamente baja, por tanto es poco probable que las
personas se desincentiven a realizar alguna transacción que tienen que
hacer obligatoriamente en alguna entidad financiera que obligatoriamente les
cobrará este impuesto, es decir las personas no van a tener otra alternativa
por la bancarización.
Sin embargo no todo es lo que parece, por ejemplo, en Colombia en la
primera semana de vigencia del impuesto el volumen de transacciones
cambiarias vía el sistema bancario cayó de US$ 170 millones a US$ 30
millones y entre 1998 y 2000 (antes y después de la introducción del
impuesto), la liquidez total medida como porcentaje del PBI cayó de 40%
hasta 36%.
Todo impuesto al alterar la asignación de recursos al interior de una
economía y reducir el ingreso familiar disponible tiene un impacto negativo
sobre el nivel de actividad. Dada la tasa, el efecto individual podría ser
pequeño. Sin embargo, ciertas actividades podrían verse seriamente
perjudicadas. Por ejemplo, aquellas empresas que trabajan con márgenes
relativamente pequeños, tienen elevados requerimientos de liquidez y
cuyos productos son muy sensibles al precio. Es decir, empresas terciarias o
comercializadoras que generan un valor agregado relativamente pequeño,
esto puede generar que se aumente la informalidad y al suceder ello, la
recaudación de los otros impuestos puede disminuir.
Sencillez administrativa
El Impuesto a las Transacciones Financieras cumple con el tributo de
sencillez administrativa debido a que es un impuesto de fácil recaudación
que ha demostrado que en poco tiempo puede generar incrementos de
importancia en la presión tributaria, más aún cuando los que tienen la
obligación de cobrarlos son las entidades financieras y no directamente el
Estado Peruano, por tanto no se necesita una gran logística para la

7. implementación del cobro de esta tasa, prácticamente le estamos
trasladando esta responsabilidad a las entidades del sistema financiero.
Es un impuesto totalmente práctico y de fácil entendimiento para el público
en general, su aplicación no es engorrosa y no genera elevados costos para
poder gestionar la recaudación del mismo, es un impuesto que se paga al
momento de la transacción, por lo que lo único que se requiere para hacer el
cálculo del monto del impuesto a pagar, es el monto bruto de la transacción
que se desea realizar.
Al existir una sola variable (monto Bruto de la transacción) para la aplicación
de este impuesto se entiende que es un impuesto sumamente fácil de
administrar.
Justicia - Equidad Horizontal
Se cumple la equidad horizontal debido a que la aplicación de este impuesto
es igual para todos, independientemente de motivos raciales, sexuales o
religiosos, asimismo no existe un criterio para juzgar si una persona debe
pagar más o menos que otra por razones de contar con un mayor poder
adquisitivo, tenga un mayor bienestar económico o reciba mayores
prestaciones del Estado. Este impuesto se aplica directamente sobre el
monto bruto de las transacciones gravadas por este impuesto