El documento describe la violencia en la región de Los Altos de Jalisco, México, después de la muerte de Ignacio Coronel. Primero, el cártel de La Resistencia tomó el control de la plaza, extorsionando a los negocios locales. Luego, el cártel de Sinaloa regresó para recuperar el territorio, resultando en enfrentamientos violentos entre los dos grupos que han sembrado el terror entre los residentes. La disputa por el control de la región ha dejado varios muertos y desaparecidos.

1. NC-2011-03-27-1
Domingo 3 de abril de 2011
De la revista Proceso, misma fecha
1. “Estamos hasta la madre”. Carta abierta del poeta Javier Sicilia a políticos y criminales
2. Violenta disputa por Los Altos de Jalisco
3. Tribunal Electoral: el imperio personal de María del Carmen Alanís
4. Simulacro de terror
5. La sociedad civil de Televisa
6. La “Iniciativa México” que merecería ser apoyada
1. “Estamos hasta la madre”. Carta
abierta del poeta Javier Sicilia a
políticos y criminales
El brutal asesinato de mi hijo Juan Francisco, de Julio César Romero Jaime, de
Luis Antonio Romero Jaime y de Gabriel Anejo Escalera, se suma a los de tantos
otros muchachos y muchachas que han sido igualmente asesinados a lo largo y
ancho del país a causa no sólo de la guerra desatada por el gobierno de Calderón
contra el crimen organizado, sino del pudrimiento del corazón que se ha
apoderado de la mal llamada clase política y de la clase criminal, que ha roto sus
códigos de honor.
No quiero, en esta carta, hablarles de las virtudes de mi hijo, que eran inmensas,
ni de las de los otros muchachos que vi florecer a su lado, estudiando, jugando,
amando, creciendo, para servir, como tantos otros muchachos, a este país que
ustedes han desgarrado. Hablar de ello no serviría más que para conmover lo que
ya de por sí conmueve el corazón de la ciudadanía hasta la indignación. No quiero
tampoco hablar del dolor de mi familia y de la familia de cada uno de los
muchachos destruidos. Para ese dolor no hay palabras –sólo la poesía puede
acercarse un poco a él, y ustedes no saben de poesía–. Lo que hoy quiero
decirles desde esas vidas mutiladas, desde ese dolor que carece de nombre
porque es fruto de lo que no pertenece a la naturaleza –la muerte de un hijo es
siempre antinatural y por ello carece de nombre: entonces no se es huérfano ni
viudo, se es simple y dolorosamente nada–, desde esas vidas mutiladas, repito,
desde ese sufrimiento, desde la indignación que esas muertes han provocado, es
simplemente que estamos hasta la madre.
Estamos hasta la madre de ustedes, políticos –y cuando digo políticos no me
refiero a ninguno en particular, sino a una buena parte de ustedes, incluyendo a
quienes componen los partidos–, porque en sus luchas por el poder han
desgarrado el tejido de la nación, porque en medio de esta guerra mal planteada,
mal hecha, mal dirigida, de esta guerra que ha puesto al país en estado de

2. emergencia, han sido incapaces –a causa de sus mezquindades, de sus pugnas,
de su miserable grilla, de su lucha por el poder– de crear los consensos que la
nación necesita para encontrar la unidad sin la cual este país no tendrá salida;
estamos hasta la madre, porque la corrupción de las instituciones judiciales
genera la complicidad con el crimen y la impunidad para cometerlo; porque, en
medio de esa corrupción que muestra el fracaso del Estado, cada ciudadano de
este país ha sido reducido a lo que el filósofo Giorgio Agamben llamó, con palabra
griega, zoe: la vida no protegida, la vida de un animal, de un ser que puede ser
violentado, secuestrado, vejado y asesinado impunemente; estamos hasta la
madre porque sólo tienen imaginación para la violencia, para las armas, para el
insulto y, con ello, un profundo desprecio por la educación, la cultura y las
oportunidades de trabajo honrado y bueno, que es lo que hace a las buenas
naciones; estamos hasta la madre porque esa corta imaginación está permitiendo
que nuestros muchachos, nuestros hijos, no sólo sean asesinados sino, después,
criminalizados, vueltos falsamente culpables para satisfacer el ánimo de esa
imaginación; estamos hasta la madre porque otra parte de nuestros muchachos, a
causa de la ausencia de un buen plan de gobierno, no tienen oportunidades para
educarse, para encontrar un trabajo digno y, arrojados a las periferias, son
posibles reclutas para el crimen organizado y la violencia; estamos hasta la madre
porque a causa de todo ello la ciudadanía ha perdido confianza en sus
gobernantes, en sus policías, en su Ejército, y tiene miedo y dolor; estamos hasta
la madre porque lo único que les importa, además de un poder impotente que sólo
sirve para administrar la desgracia, es el dinero, el fomento de la competencia, de
su pinche “competitividad” y del consumo desmesurado, que son otros nombres
de la violencia.
De ustedes, criminales, estamos hasta la madre, de su violencia, de su pérdida de
honorabilidad, de su crueldad, de su sinsentido.
Antiguamente ustedes tenían códigos de honor. No eran tan crueles en sus
ajustes de cuentas y no tocaban ni a los ciudadanos ni a sus familias. Ahora ya no
distinguen. Su violencia ya no puede ser nombrada porque ni siquiera, como el
dolor y el sufrimiento que provocan, tiene un nombre y un sentido. Han perdido
incluso la dignidad para matar. Se han vuelto cobardes como los miserables
Sonderkommandos nazis que asesinaban sin ningún sentido de lo humano a
niños, muchachos, muchachas, mujeres, hombres y ancianos, es decir, inocentes.
Estamos hasta la madre porque su violencia se ha vuelto infrahumana, no animal
–los animales no hacen lo que ustedes hacen–, sino subhumana, demoniaca,
imbécil. Estamos hasta la madre porque en su afán de poder y de enriquecimiento
humillan a nuestros hijos y los destrozan y producen miedo y espanto.
Ustedes, “señores” políticos, y ustedes, “señores” criminales –lo entrecomillo
porque ese epíteto se otorga sólo a la gente honorable–, están con sus omisiones,
sus pleitos y sus actos envileciendo a la nación. La muerte de mi hijo Juan
Francisco ha levantado la solidaridad y el grito de indignación –que mi familia y yo
agradecemos desde el fondo de nuestros corazones– de la ciudadanía y de los
medios. Esa indignación vuelve de nuevo a poner ante nuestros oídos esa

3. acertadísima frase que Martí dirigió a los gobernantes: “Si no pueden, renuncien”.
Al volverla a poner ante nuestros oídos –después de los miles de cadáveres
anónimos y no anónimos que llevamos a nuestras espaldas, es decir, de tantos
inocentes asesinados y envilecidos–, esa frase debe ir acompañada de grandes
movilizaciones ciudadanas que los obliguen, en estos momentos de emergencia
nacional, a unirse para crear una agenda que unifique a la nación y cree un estado
de gobernabilidad real. Las redes ciudadanas de Morelos están convocando a una
marcha nacional el miércoles 6 de abril que saldrá a las 5:00 PM del monumento
de la Paloma de la Paz para llegar hasta el Palacio de Gobierno, exigiendo justicia
y paz. Si los ciudadanos no nos unimos a ella y la reproducimos constantemente
en todas las ciudades, en todos los municipios o delegaciones del país, si no
somos capaces de eso para obligarlos a ustedes, “señores” políticos, a gobernar
con justicia y dignidad, y a ustedes, “señores” criminales, a retornar a sus códigos
de honor y a limitar su salvajismo, la espiral de violencia que han generando nos
llevará a un camino de horror sin retorno. Si ustedes, “señores” políticos, no
gobiernan bien y no toman en serio que vivimos un estado de emergencia nacional
que requiere su unidad, y ustedes, “señores” criminales, no limitan sus acciones,
terminarán por triunfar y tener el poder, pero gobernarán o reinarán sobre un
montón de osarios y de seres amedrentados y destruidos en su alma. Un sueño
que ninguno de nosotros les envidia.
No hay vida, escribía Albert Camus, sin persuasión y sin paz, y la historia del
México de hoy sólo conoce la intimidación, el sufrimiento, la desconfianza y el
temor de que un día otro hijo o hija de alguna otra familia sea envilecido y
masacrado, sólo conoce que lo que ustedes nos piden es que la muerte, como ya
está sucediendo hoy, se convierta en un asunto de estadística y de administración
al que todos debemos acostumbrarnos.
Porque no queremos eso, el próximo miércoles saldremos a la calle; porque no
queremos un muchacho más, un hijo nuestro, asesinado, las redes ciudadanas de
Morelos están convocando a una unidad nacional ciudadana que debemos
mantener viva para romper el miedo y el aislamiento que la incapacidad de
ustedes, “señores” políticos, y la crueldad de ustedes, “señores” criminales, nos
quieren meter en el cuerpo y en el alma.
Recuerdo, en este sentido, unos versos de Bertolt Brecht cuando el horror del
nazismo, es decir, el horror de la instalación del crimen en la vida cotidiana de una
nación, se anunciaba: “Un día vinieron por los negros y no dije nada; otro día
vinieron por los judíos y no dije nada; un día llegaron por mí (o por un hijo mío) y
no tuve nada que decir”. Hoy, después de tantos crímenes soportados, cuando el
cuerpo destrozado de mi hijo y de sus amigos ha hecho movilizarse de nuevo a la
ciudadanía y a los medios, debemos hablar con nuestros cuerpos, con nuestro
caminar, con nuestro grito de indignación para que los versos de Brecht no se
hagan una realidad en nuestro país.
Además opino que hay que devolverle la dignidad a esta nación.

4. 2. Violenta disputa por Los Altos de
Jalisco
Patricia Dávila
En sólo ocho meses, a raíz de la muerte de Ignacio Coronel a manos de un grupo
de marinos, el territorio jalisciense, en especial los municipios alteños, muchos de
ellos dedicados a la industria del tequila, se encuentran inmersos en la violencia
desatada por el cártel de Sinaloa, al que pertenecía el capo, y por el de La
Resistencia, que hoy domina la plaza. En ese lapso, el grupo doblegó a
empresarios y restauranteros, a quienes cobra cuotas periódicas a cambio de
“seguridad”, y detonó secuestros que hoy tienen a la población al borde de la
sicosis. Pero todo empeoró a partir del 22 de marzo, cuando los sicarios de
Sinaloa regresaron a reclamar la plaza que durante años tuvieron en su poder.
ARANDAS, JAL.- Murió el 29 de julio de 2010 a manos de elementos de la Marina.
Hoy, ocho meses después, habitantes de éste y otros municipios de Los Altos de
Jalisco padecen por la ausencia de Ignacio Coronel, tercero en el mando del cártel
de Sinaloa, cuya muerte detonó la inestabilidad y violencia en territorio jalisciense.
El 22 de marzo, por ejemplo, al filo de las 11 de la noche, cuando la actividad
económica estaba en su apogeo lo mismo en bares que en puestos de tacos y
entre los vendedores ambulantes, quienes atendían a los clientes, se escucharon
ráfagas de metralletas en varias partes de este pueblo de unos 70 mil habitantes.
Varios hombres, a bordo de camionetas, cruzaron el centro de la localidad
disparando sus armas. Iban tras un vehículo cuyo conductor intentaba escapar.
Lograron cazarlo. Su camioneta quedó atravesada sobre la plaza. Calles adelante
el grupo levantó a un lugareño… Su esposa reza porque aparezca.
Dos días después, a la una de la tarde, hubo otra reyerta. De nuevo, un grupo de
sicarios cruzó el pueblo. A la altura del fraccionamiento Los Robles, en el
libramiento a Betania, al sur del municipio, se escenificó la balacera,
protagonizada por pistoleros de La Resistencia y del cártel de Sinaloa, quienes,
dicen los vecinos, llegaron a la entidad a recuperar la plaza perdida tras la muerte
de Coronel.
Dicen los testigos que la refriega fue a 100 metros de la empresa Bacardí y de una
primaria; el terror se apoderó de los alumnos. Duró entre 20 y 40 minutos y, según
ellos, los sicarios utilizaron por lo menos 40 camionetas de lujo. En el lugar
quedaron 11 vehículos, entre Lincoln, Navigator, Tacoma, Suburban, Ford
Excursion, Bora y Stratus. Los reportes oficiales mencionaron sólo dos muertos,

5. aunque algunos residentes acotan que ambos grupos levantaron a sus muertos y
heridos.
En el interior de una Cherokee estaba el cadáver de Francisco Martín Quiñónez
Cebreros, de 29 años y originario de Sinaloa. Vestía chaleco antibalas; a su lado
había dos granadas de fragmentación. Cinco días después su madre acudió por
su cuerpo. Declaró que su hijo vivía en Tijuana. El otro muerto fue Ramón Aviña
López, de 21 años, originario del municipio de Jamay, Jalisco. Quedó sobre el
piso, a un lado de una pick up.
Elementos de la policía estatal y del Ejército llegaron dos horas después de la
balacera. Comenzaron a peinar la zona. En el pueblo, pidieron a los comerciantes
que cerraran sus negocios y a los vecinos les recomendaron quedarse en sus
casas; las escuelas suspendieron clases. Hoy, la mayoría de los escolares, sobre
todo los de primaria, temen salir a la calle.
Al día siguiente, el 25 de marzo, en una brecha conocida como Sacamecate, en el
municipio de San Ignacio Cerro Gordo, a 10 minutos de este municipio, fue
localizado el cadáver de Jonathan Ramiro Íñiguez Rodríguez, de 24 años. Tenía
varios impactos de bala. Las autoridades ligaron su muerte con el enfrentamiento
de Arandas.
La Resistencia se formó a raíz del arresto, el 28 de octubre de 2009 en el
municipio de Tlajomulco, de Orlando Nava Valencia, El Lobo, líder del cártel del
Milenio. Tras la captura de su líder, la organización se escindió y surgieron Los
Torcidos y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), este último comandado
por Nemesio Oceguera Cervantes, El Mencho, quien se alió con el cártel de
Sinaloa. Los Torcidos, a su vez, se acercaron a La Familia Michoacana y a un
grupo que se separó del cártel de Sinaloa (Proceso Jalisco 324).
En Arandas, famoso por su tequila, están asentadas 20 de las firmas productoras
más importantes de este licor. Entre otras, Bacardí, que elabora la marca
Cazadores; la francesa Pernod Ricard, que manufactura los diferentes tipos de
tequila Olmeca; la Centinela, fabricante de tequila Cabrito; La Alteña, que produce
Tapatío y El Tesoro Don Felipe, El Patrón, marca número uno en Estados Unidos,
y la empresa italiana Espolón, productora de Campari.
Vivir sin Coronel
Durante el primer trimestre de 2011, los tequileros dejaron de invertir más de 200
millones de pesos debido a la inseguridad y adelantan que es probable que
prescindan de 30% de sus 15 mil empleados. Actualmente, 50% de los 30 mil
empleos en Arandas los proporcionan las firmas tequileras, aseguran a la
reportera varios de los productores.

6. Los restauranteros, por su parte, aseguran que sus ventas han bajado 50% en los
tres primeros meses de este año en relación con el periodo correspondiente a
2010. En este municipio hay 10 fábricas de plásticos, lo que lo ubica como el
mayor productor del país en este rubro; además, produce 5 mil toneladas de
aditivos al mes, así como películas, botellas y empaques.
Esta rama industrial, que genera mil 500 empleos directos y 6 mil indirectos,
también optó por reducir su inversión en 120 millones de pesos entre enero y
marzo. Aquí también están asentadas cinco fábricas de ropa, otras tantas de
calzado y plantas forrajeras, así como tres de muebles.
Ubicada a 100 kilómetros al este de Guadalajara, Arandas es considerada la zona
industrial más importante de Los Altos. Incluso, su Producto Interno Bruto (PIB)
ocupa en quinto lugar en el estado. Es notoria la proliferación de negocios en las
esquinas o cocheras, pues la mayor parte de las familias se dedican al comercio.
En esta localidad los salarios van de los 800 a los 2 mil 500 pesos por semana; en
contraste, en la capital tapatía los emolumentos apenas alcanzan los 400 pesos.
Ante el temor generado por la violencia, algunas familias optaron por trasladarse a
Guadalajara y a Estados Unidos. Así lo hicieron los Bañuelos, dueños de la marca
Cazadores; los López, proveedores de El Charro; Javier López, propietario del
casino San Javier; los Camarena, de Tequila Tapatío, y los Hernández, de
Centinela.
Entre los arandenses es común oír que la zona era controlada por Ignacio
Coronel, quien, dicen, “no se metía con la gente”.
Uno de ellos comenta: “Vivíamos tranquilos. Todos sabíamos que conseguir droga
era más fácil que tener una Coca-Cola. Llegaba a cualquier bar y le ofrecían
droga. Eran vendedores. El encargado de la plaza era más conocido en el pueblo
por su apodo El Marro, que en realidad se llamaba Héctor Hernández Rodríguez.
No se metía con nadie. Estuvo entre siete y 10 años en la plaza”.
El Marro vivía en el centro de Arandas. Su casa es muy conocida, igual que las
300 tienditas en las que se vende cocaína y que incluso hacen surtidos a
domicilio. Aquí existen 4 mil adictos y las ganancias diarias por la venta de droga
rondan el millón de pesos. Cuando Nacho murió, dicen, El Marro todavía estaba a
cargo. Pero llegó La Resistencia y le quitó el poder.
Apenas ultimado Coronel, Arandas perdió la tranquilidad.
Las colonias conflictivas son Infonavit, El Centro, San Pedro, Los Ahogados y La
Rinconada, donde son frecuentes los levantones. El 5 de marzo último, la prensa
local informó que El Marro fue aprehendido en Arandas. Una de las versiones
aseguraba que policías estatales lo golpearon delante de sus hijos y de su esposa.

7. En agosto, un empresario dedicado a la venta de vehículos fue secuestrado por un
grupo que se identificó como La Resistencia. Lo llevaron a La Piedad, Michoacán,
donde había otros plagiados. Para recuperar su libertad tuvo que entregar los
últimos 10 vehículos que tenía en su negocio. Durante su cautiverio, dice, sus
captores le proporcionaron un medicamento que debe tomar para controlar su
diabetes; además, observó que al lugar donde se encontraban los plagiados solían
llegar comandos de 120 gentes para abastecerse de armas.
En octubre último, integrantes de La Resistencia secuestraron a un pequeño de 10
años, hijo de un comerciante dedicado a la venta de pinturas y artículos de
tlapalería. Los vecinos se alarmaron al enterarse de que los delincuentes
pretendían agenciarse altas cantidades de solventes para fabricar droga, a lo que
el papá del menor se negó.
Al final tuvo que pagar 3 millones de pesos a los plagiarios. El niño permaneció
cinco días en cautiverio, durante los cuales, dijo, fue bien tratado; relató que
siempre le dieron la comida que pedía y que lo llevaron a La Piedad, Michoacán.
Dos semanas después de la liberación del menor, en el vecino municipio de
Atotonilco, un grupo armado levantó a un joven de apellido Alva cuando se
disponía a abrir su tlapalería. Eran las ocho de la mañana. Uno de sus hermanos
se percató de la situación y persiguió a los plagiarios, incluso pidió ayuda a la
policía local. Apenas salió del pueblo, los delincuentes lo interceptaron y se lo
llevaron también. Al día siguiente ambos aparecieron muertos. La razón: se
negaron a vender solventes.
“La Resistencia” vende seguridad
Proceso realizó un recorrido por la región de Los Altos, los habitantes conocen
bien los laboratorios en los municipios de Arandas, San Miguel, San Julián y San
Diego de Alejandría.
En enero se confirmó el rumor que durante meses preocupaba a los lugareños: en
Arandas, La Resistencia instauró el cobro de piso. El primer contacto, dicen, fue
por teléfono. Los sicarios informaron a empresarios, restauranteros y comerciantes
que cada mes tenían que pagar una cuota para “comprar” protección. Días
después, de la manera más normal, un enviado de la organización se presentó a
reclamar el pago.
El primero en entregar dinero a cambio de “seguridad” fue el propietario del
restaurante de carnitas Javier, el más concurrido del pueblo; le siguieron las
tequileras y los propietarios de la industria del plástico. Hoy, en Arandas, todos
“cooperan”. Las cuotas van de 20 mil a 1 millón de pesos.
La tarifa se fija según el nivel de la empresa: Tequila Cazadores, Olmeca,
Centinela, Tapatío y El Patrón, por ejemplo, pagan de 500 mil a un millón de pesos

8. al mes. Las dos primeras, incluso, dan aviso a las plantas que tienen en Estados
Unidos.
De manera simultánea, integrantes de La Resistencia comenzaron a realizar
patrullajes a toda hora en puntos como los Super Oxxo. Es común, dicen los
entrevistados, que los vigilantes informen a través de sus radios y celulares de
todo el que sale o entra al pueblo. Si hay una emergencia a las dos de la
madrugada, ellos interceptan el vehículo, lo checan y piden identificación a los
ocupantes, les preguntan a dónde se dirigen y cuál es el motivo de su viaje. En
Arandas, la policía municipal circula de día. A partir de las 11 de la noche, los
únicos que hacen rondines son los sicarios.
Sin embargo, para los habitantes de este municipio, a partir del enfrentamiento del
pasado 22 de marzo se acabó la “seguridad” que proporcionaba La Resistencia.
Desde esa fecha, el grupo Sinaloa está en la localidad y disputa la hegemonía de
la plaza que antaño tuvo ese cártel con Nacho Coronel.
La mayoría de las empresas locales funcionan en tres turnos: el primero, de las
seis a las 14 horas; el segundo, de las 14 a las 21 horas, y el tercero, de las 22 a
las seis de la mañana del día siguiente. Cuando termina el segundo turno, los
empleados abordan los vehículos de las compañías para trasladarse a sus casas.
Los del tercer turno cuentan con un servicio de transporte de su empresa para
asegurar que llegan a su trabajo en buenas condiciones y a tiempo.
Recientemente, elementos de La Resistencia enviaron mensajes a los patrones
con algunos empleados de este último turno: “Sabes qué –les expusieron–, dile a
tu patrón que ya no te queremos ver en la calle esperando el transporte…”. Ello
motivó a los empresarios a reducir los horarios de salida del segundo turno y se
proponen desaparecer el tercero.
Entrevistados por Proceso, los trabajadores admiten que es difícil cumplir con el
horario nocturno. Incluso el hotel Jagua, propiedad de Jesús Valle Magaña,
hermano del alcalde, redujo el horario de sus empleados media hora, de las 23 a
las 22:30 horas. Los restaurantes, a su vez, cierran a más tardar a las 21 horas.
Los testimonios abundan: por cada vehículo que transporte carga, cada empresa
debe pagar a La resistencia una cuota obligada. Además, los choferes dicen que
los sicarios les advirtieron que no deben circular entre las 11: 00 de la noche y las
cinco de la mañana.
Antes, comentan, al llegar a la frontera de Ciudad Juárez, de Tamaulipas o de
Coahuila, pagaban 500 pesos al cártel que controlaba la zona; ahora también
deben hacer su pago al salir. Además, los sicarios aprovechan los camiones de
carga de las empresas para moverse.
Un chofer recuerda que hace siete meses, en el camino de Matamoros a San
Fernando, en Tamaulipas, fue detenido por seis sicarios, quienes lo obligaron a

9. llevarlos kilómetros adelante. Durante el trayecto se toparon con un convoy del
Ejército, pero los delincuentes no se arredraron. “No pasa nada –le dijeron–. No te
asustes”. Al llegar a un cerro, le pidieron que se bajara y lo dejaron ahí.
En Zacatecas, hace cuatro meses, los sicarios se robaron dos “madrinas”
cargadas con camionetas Honda CV-R. En esta misma entidad, sólo que en
Sombrerete, la Nissan optó por sacar sus fletes escoltados por policías federales.
Otra novedad: los delincuentes de los cárteles evitan robar la carga. Les interesa
más checar la factura de la carga: a nombre de quien está, cuánto se pagó por la
mercancía, el domicilio a la que va dirigida o quién vende la mercancía. Su
propósito es saber el poder económico de los propietarios de la compañía; luego
meten la información a su base de datos. Ahora, desde que salen de Arandas, los
choferes llevan los datos mínimos del comprador.
La fe, vulnerada
Pero en Arandas no todo es comercio. También hay lugar para las actividades
espirituales. En el atrio del templo principal luce un gran arco del que cuelga la
campana más grande de América Latina y la séptima más grande del mundo.
Pesa casi los 15 mil kilos. Este pueblo es 100% católico.
Pese a su fe inquebrantable, nadie acude a los oficios religiosos luego de la
balacera del 24 de marzo. El día 30, el panorama era distinto. Hubo rosario a las
6:00 de la tarde. Después se celebró misa y al terminar cerca de 250 jóvenes
abarrotaron el templo en ejercicios cuaresmales.
De entrada, rezaron por la paz de Arandas. Periódicos locales como El Arandense
incluyeron una plegaria a Cristo Rey en su edición del 30 de marzo, titulada
“Oración contra la violencia”:
Cristo rey, tú eres nuestra paz. Mira nuestra Patria dañada por la violencia y
dispersa por el miedo y la inseguridad…
Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento,
extorsión, secuestro y muerte…
…Protege a nuestros pueblos y comunidades…
Al día siguiente, un comando levantó a dos personas frente a la empresa
polietilenos Arandas. Hasta el cierre de la edición no se sabía de ellos.
Este municipio está ubicado estratégicamente, pues conecta comercialmente al
centro con el norte del país. Sus carreteras lo enlazan con otras localidades
jaliscienses, así como con las de las entidades vecinas de Michoacán, Guanajuato
y Aguascalientes y Jalisco. De ahí que les resulte atractivo a los cárteles.

10. La disputa entre los cárteles que operan en territorio jalisciense está enmarcada
en acciones violentan que incluyen granadazos en ciudades como Guadalajara,
así como balaceras, ejecuciones y levantamientos en pueblos aledaños como
Lagos de Moreno, San Miguel, San Juan de los Lagos, Tepatitlán, Degollado o
San Ignacio Cerro Gordo.
En este último, ubicado a 10 minutos de Arandas, el pasado 20 de marzo, un
grupo de sicarios se posesionó del lugar. Con cadenas, acordonaron las cinco
calles que llevan a la plaza principal, el templo y las oficinas de la comandancia de
policía. Y cuando el director solicitó auxilio a otras corporaciones, los sicarios
levantaron al jefe de seguridad. Aún no aparece. El día 31, los clientes del Café de
la Viuda, el de mayor tradición, aún comentaban el tema.
La disputa de la plaza entre La Resistencia y el cártel de Sinaloa fue gradual: El
primer reporte data de hace tres semanas, cuando se registró un enfrentamiento
en un camino a la delegación Santiaguito de Velázquez. Al día siguiente apareció
una persona herida por una bala perdida, así como varios hombres muertos; otros
dos fueron localizados el día 21, sobre la carretera del amor, entre San Ignacio
Cerro Gordo y Tepatitlán.
“Hay sicosis, incertidumbre, zozobra y alarma entre la ciudadanía”, dice a Proceso
el director de Seguridad Ciudadana, Uriel Hernández Guerrero. Señala que aun
cuando los ciudadanos se reservan mucha información y exacerban otra, él se
enteró que todo empezó en octubre, después de una marcha por la paz que
abarcó varios municipios.
Ajeno a esa situación, el gobierno de Jalisco se ocupa en preparar los Juegos
Panamericanos que se iniciarán en octubre próximo.
3. Tribunal Electoral: el imperio personal
de María del Carmen Alanís
Álvaro Delgado
La presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del
Carmen Alanís, fue exhibida por reunirse en sigilo con emisarios del gobernador
Enrique Peña Nieto, acusado de violar la Constitución y cuyo caso debe resolver
esa instancia. El hecho no es nuevo: en su búsqueda de poder a toda costa, la
magistrada ha tejido una red de exsocios, familiares, amigos y familiares de
amigos que ya abarca distintos ámbitos de los poderes Judicial y Ejecutivo,
además de influir en los órganos electorales.

11. Desde agosto de 2007, cuando asumió la presidencia del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde pretende reelegirse, María del
Carmen Alanís ha edificado un imperio personal mediante una red de relaciones
con prominentes personajes de todos los partidos políticos, los tres poderes de la
unión, la iniciativa privada y la academia.
No es raro, como se puede probar, que sean criterios políticos, afectivos y de
negocios los que guían a menudo la actuación jurisdiccional de Alanís, quien está
envuelta en un nuevo escándalo al ser pillada en una subrepticia reunión, el 9 de
marzo, para presuntamente pactar con emisarios del gobernador Enrique Peña
Nieto que el TEPJF lo exonere de violar la Constitución, como lo resolvió el
Instituto Federal Electoral (IFE).
El elenco reunido en la casa de Alanís en una comida –no en una cena, como
aclaró a sus compañeros magistrados– revela el signo de sus relaciones: El
consejero del IFE Marco Antonio Baños, su exsocio en la empresa de consultoría
Demos e identificado como allegado al senador Manlio Fabio Beltrones, y el
expriista Enrique Ochoa Reza, aspirante a consejero y subordinado suyo en el
TEPJF.
Otros asistentes priistas fueron los diputados federales Luis Videgaray,
coordinador de campaña de Eruviel Ávila, candidato a suceder a Peña Nieto como
gobernador del Estado de México, y Sebastián Lerdo de Tejada, representante de
su partido ante el IFE y hermano de Fernando, empresario que cobra 240 mil
pesos mensuales por asesorar a Alanís en cabildeo político y medios de
comunicación.
Un quinto comensal de esa reunión, quien el miércoles 30 se reunió con Alanís
para solicitarle que se excuse del juicio a Peña Nieto, según confirmó la propia
Alanís a la cúpula del Partido Acción Nacional (PAN), fue Frank del Río, uno de
sus amigos que supuestamente opera, junto con Benito Neme Sastré, a favor del
gobernador priista.
La revelación por el diario Reforma de ese sigiloso encuentro en el penthouse de
Alanís, puesta bajo sospecha por el PAN –que la ha apoyado por impulso de
Margarita Zavala, su amiga desde la niñez–, la obligó a proceder de manera
equívoca y causó disgusto entre magistrados.
Cuando, el viernes 17, ese diario publicó en la columna institucional Fray
Bartolomé detalles de la reunión, Alanís inició un periodo vacacional hasta el día
22, pero regresó a su oficina un día antes, cuando en la columna Tolvanera, de
Roberto Zamarripa, con el título de La cena, se añadieron detalles del encuentro.
Sin importarle que el magistrado Alejandro Luna Ramos estaba en funciones de
presidente del TEPJF por ministerio de ley, Alanís comenzó a impartir
instrucciones para frenar el escándalo, como el envío de cartas al diario a través

12. del coordinador de Comunicación Social, Octavio Mayén, pero magistrados como
Flavio Galván le reclamaron.
–¡Yo soy la presidenta! –dijo.
–No estabas en funciones –le aclaró Galván–. ¿No sabes lo que es ser presidente
por ministerio de ley?
–Perdón, me equivoqué –reconoció luego de una larga discusión.
El martes 22, dos días antes de que el PAN se lo solicitara formalmente, Alanís
planteó a los magistrados, en sesión privada, excusarse de intervenir en el caso,
del que es ponente, lo que internamente se interpreta como una argucia para no
comprometerse con Peña Nieto, como lo ha hecho en casos en los que
simplemente se ausenta.
Entre estos asuntos destacan la ratificación de multas a las televisoras, las
impugnaciones del PAN en elecciones estatales o recursos promovidos por los
adversarios de la corriente Nueva Izquierda del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), que la apoya.
Por lo pronto, como se lo dijo Gustavo Madero, presidente del PAN, este partido
desconfía de ella, pese a que, en la reunión del miércoles por la mañana, negó
que en la reunión con los priistas y el consejero Baños se haya pactado exonerar
a Peña Nieto.
El diputado federal Agustín Castilla, testigo de la reunión de la cúpula del PAN con
Alanís, revela: “Maricarmen nos dijo: „Niego categóricamente lo que se me imputa
de que hubo acuerdo e incluso ofrecimientos económicos. Es falso. Es una
reunión como tengo muchas. A lo mejor no fue pertinente, se puede discutir‟”.
Castilla dice que de todas formas la magistrada está en una encrucijada: “Si se
excusa, habrá quien piense que está dando la razón a los argumentos que dicen
que en esa reunión se trató el asunto del Estado de México; si no lo hace, también
podría pensarse que tiene algún interés respecto al asunto”.
Pero, dice, aun “si el tribunal confirma la resolución del IFE habrá quien piense
que se dejó presionar o que podría tener un acercamiento con el PAN; si revoca la
resolución, se interpretará que confirma un acuerdo en el marco de esta reunión
con representantes del PRI”.
Dispendios
El TEPJF puede revocar o ratificar que Peña Nieto violó el artículo 134 de la
Constitución, que prohíbe el uso de recursos públicos para promoción
personalizada, y el artículo 128 del Cofipe por pagar spots de televisión de

13. cobertura nacional con motivo de su quinto informe de gobierno, como lo resolvió
el IFE el 18 de enero. Más allá de cuál sea el fallo, Alanís afianza su poder dentro
y fuera del TEPJF sin escatimar recursos.
Apoyada en los 2 mil millones de pesos de presupuesto del TEPJF para este año,
Alanís ha hecho más obesa a la institución para colocar en la estructura laboral a
sus amigos o de los magistrados, así como para pagar jugosos contratos a
empresas y personajes vinculados a ella.
El objetivo: Reelegirse, en agosto, como presidenta del TEPJF que calificará la
elección presidencial –en la que prevé participar Peña Nieto– para luego ser
ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde goza de la
amistad de ministros como Guillermo Ortiz Mayagoitia, Sergio Valls y Fernando
Franco.
La austeridad no va con Alanís: cuando asumió la presidencia del Tribunal
Electoral, en agosto de 2007, luego de que Galván presentó su renuncia “por
motivos de salud”, la institución tenía una plantilla de 886 plazas, pero para marzo
de 2011 suman más de mil empleados.
Pese a contar con un equipo de comunicación social, con 43 servidores públicos,
Alanís destina multimillonarias sumas en asesorías en la materia: Por ejemplo,
otorgó un contrato a Estrategia Total, empresa de cabildeo propiedad de Fernando
Lerdo de Tejada que, sólo para 2011, asciende a 2 millones 784 mil pesos, a
razón de 232 mil pesos mensuales por “servicios de asesoría en comunicación de
información estratégica”.
Poco menos de esa cantidad, y para un contrato bianual, le paga a la agencia
Ferrer y Asociados para asesoría para campañas de difusión: un total de 2
millones 180 mil pesos.
Amigo de Alanís, el exconsejero electoral Rodrigo Morales Manzanares obtuvo un
contrato, vigente de marzo a diciembre del año pasado, por 809 mil pesos, por
“servicios profesionales consistentes en la consultoría en materia electoral”.
Por “servicios de consultoría”, de junio a septiembre, el TEPJF pagó a Rafael
Corona Funes 290 mil pesos. Y a la asociación civil Inclusión Ciudadana le otorgó
527 mil pesos para “desarrollar el proyecto Niñas y Niños como Yo”.
A cada uno de los miembros del Comité Editorial del TEPJF, que se reúnen
ocasionalmente, se le paga casi 150 mil pesos. Entre ellos destacan Lorenzo
Córdova Vianello, Álvaro Arreola y Rafael Estrada Michel.
El Tribunal Electoral, incluso, destinó 50 mil 270 pesos al mantenimiento del
receptor de la alerta sísmica.

14. Otro dato: El TEPJF pagó 6 millones 300 mil pesos al escultor Enrique Carvajal
González, conocido como Sebastián, por una escultura denominada “Los caminos
de la justicia hacia el siglo XXII”, como parte de las celebraciones del Bicentenario
de la Independencia y el Centenario de la Revolución. La escultura fue donada a
la UNAM y se levanta junto al estadio de Ciudad Universitaria.
Los amigos
La nómina del TEPJF ha crecido, también, porque Alanís ha consentido que los
magistrados contraten amigos y familiares. Ella misma, quien devenga un salario
de medio millón de pesos mensuales, ha usado la institución para ampliar sus
vínculos políticos.
Alanís contrató como jefe de departamento a Ramón Patiño Muñoz, hijo del
director de la Facultad de Derecho de la UNAM, Ruperto Patiño Manffer, quien
forma parte del Comité Académico del TEPJF.
Presuntamente a petición de Alanís, Patiño Manffer firmó una carta a nombre de la
Facultad de Derecho para respaldar a Ochoa Reza –quien se desempeña como
director del Centro de Capacitación Electoral del TEPJF– como aspirante a
consejero electoral.
Junto con Ochoa Reza, quien fue uno de los asistentes a la comida con emisarios
de Peña Nieto, Alanís impulsa para el Consejo General del IFE a Cecilia Tapia
Mayans, coordinadora técnica administrativa de esa institución, y a Leonardo
Duque Roquero, quien fue su socio en la empresa de consultoría Demos, junto
con Marco Baños, el otro comensal.
En marzo de 2007 Alanís dejó de ser socia de Demos al venderle su parte
accionaria a Emilio Rabasa Gamboa, su esposo y allegado a Manlio Fabio
Beltrones, y al año siguiente, en abril de 2008, esta empresa de consultoría fue
liquidada.
En junio de ese año también renunció a la empresa Asistencia y Capacitación
Electoral, en la que era socia de Jorge Alcocer Villanueva, e hizo lo mismo en la
asociación civil Sueños y Quimeras, dedicada “a todo tipo de servicios
profesionales en materia de consultoría”.
Alanís impulsa también a Jacinto Silva Rodríguez, magistrado de la sala regional
del TEPJF con sede en Guadalajara, Jalisco, quien goza del apoyo de Calderón,
pero también de la organización ultraderechista de El Yunque. De hecho, según
información de esa sala regional, Jacinto Silva, quien aspiró a ser magistrado de la
Sala Superior del TEPJF, se despidió del personal la semana antepasada, dando
por hecho que será uno de los tres consejeros electorales.

15. Como parte de sus relaciones políticas, que le han permitido mantener el control
del TEPJF, Alanís también contrató al actuario Fernando Ojesto Martínez Manzur,
adscrito a la Secretaría de Acuerdos del TEPJF e hijo del exmagistrado Fernando
Ojesto, quien es su asesor de tesis de doctorado y allegado a Benito Neme, uno
de los operadores de Peña Nieto.
Ojesto es amigo de Benito Neme Sastré, colaborador de Peña Nieto, y allegado a
Frank del Río, otro de los asistentes a la reunión en casa de Alanís, hijo de Carlos
del Río Rodríguez, expresidente de la SCJN.
La presidenta del TEPJF tiene como secretaria privada a Tatiana Hernández
Velásquez, cuyos parientes son supuestamente propietarios de la empresa
Diseño, Reconstrucción y Comunicación, S.A. de C.V., proveedora de papelería a
las autoridades electorales.
Con el aval de Alanís, hay magistrados que contratan a parientes y amigos
directamente o a través de sus colegas, como es el caso de los magistrados Luna
Ramos y Pedro Penagos López, quienes en una primera ronda votaron en contra
de Alanís para presidenta en agosto de 2007, propuesta por el magistrado Manuel
González Oropeza.
Con Luna Ramos trabajan Juan Carlos López Penagos, secretario de estudio y
cuenta, y Armando Penagos Robles, secretario auxiliar, ambos familiares del
magistrado Penagos López.
Y con éste labora Francisco Belisario Luna Ramos, secretario de ponencia,
hermano del magistrado Luna Ramos. Otro familiar del magistrado Penagos,
Adriana Penagos Robles, es auxiliar de mandos medios en la coordinación de
relaciones con organismos electorales.
Penagos López, quien ha dejado ver que busca disputar a Alanís la presidencia
del TEPJF, contrató como secretario de ponencia a Jorge Alberto Orantes López,
hermano de la senadora María Elena Orantes, quien aspiró a la secretaría general
del PRI y se dice allegada a Beltrones y Peña Nieto.
Por su parte, el magistrado Constancio Carrasco Daza contrató a José Luis
Ceballos Daza, secretario de estudio y cuenta, supuestamente su pariente.
Así, con esta red de relaciones, Alanís busca reelegirse como presidenta del
TEPJF en una sesión que deberá llevarse a cabo el 5 de agosto, porque en esa
fecha concluye el periodo del magistrado Flavio Galván, quien presentó su
renuncia por motivos de salud...
4. Simulacro de terror

16. Emilio Godoy
Un accidente extremo en la planta de Laguna Verde provocaría fugas de radiación
que afectarían 80% del territorio mexicano. Sólo quedarían a salvo Baja California,
Baja California Sur, Sonora y Chihuahua. Con base en este hipotético escenario,
10 organismos internacionales y 75 países participaron en julio de 2008 en un
simulacro de accidente en la nucleoeléctrica y concluyeron que había fallas de
comunicación y coordinación para enfrentar una catástrofe nuclear.
A las 7:00, una alarma contra incendios se activa en la sala de control del reactor
1 de la planta nuclear de Laguna Verde: indica fuego en el área de bombeo de
agua. El supervisor envía al operador asistente a tratar de controlar las llamas.
El operador asistente reporta un incendio en la bomba A con daño potencial en la
bomba B. El fuego no puede ser controlado, el equipo de bomberos entra en
acción y el coordinador de emergencia del sitio declara “evento no frecuente”. Los
procedimientos de notificación y activación se ponen en marcha y la Comisión
Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas (CNSNS) es informada. Comienza
el procedimiento para apagar el reactor 1.
Un operador auxiliar de desechos radiactivos cae mientras transporta un recipiente
con material que se le derrama encima. El equipo de búsqueda y rescate entra en
acción. A las 7:15 las autoridades avisan a la Agencia Internacional de Energía
Atómica (AIEA) que hay un incendio.
Esta cadena de sucesos desata una serie de fallas en el complejo que amenazan
la seguridad de la instalación y provocan una fuga de radiación que pone en riesgo
la salud de los trabajadores y de la población en las inmediaciones de Laguna
Verde.
A las 9:56 se evacua a la población aledaña a la central nuclear, en el municipio
veracruzano de Actopan. A las 12:10 se ordena un desalojo adicional que se
completa 46 minutos después.
Esta es la crónica de un hipotético accidente en la central nuclear de Laguna
Verde, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde el 9 y 10 de julio de
2008 se llevó a cabo el Simulacro de Respuesta a una Emergencia Internacional
(conocido como Convex-3 2008).
Un percance así podría afectar prácticamente 80% del territorio nacional, según el
peor escenario presentado en el informe de 85 páginas Simulacro de respuesta a
una emergencia internacional al cual tuvo acceso este semanario.
Las únicas zonas que quedarían fuera de la exposición al cesio-137 serían Baja
California, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua, según la proyección del
Centro Meteorológico Regional Especializado de Toulouse para el documento

17. elaborado por el Comité Interagencias de Respuesta a Accidentes Nucleares
(CIRAN), adscrito a la AIEA y creado en 1986.
Pero hay otros escenarios: el de la estadunidense Oficina Nacional de
Administración Oceánica y Atmosférica, la afectación con cesio-137 se
circunscribiría al área contigua a Laguna Verde, en coincidencia con las
proyecciones del Centro Meteorológico Regional Especializado de Melbourne y la
Administración Meteorológica China. Mientras que en el mapa delineado por el
Servicio Meteorológico de Canadá la mancha se extiende por el centro del país
hasta Michoacán y Jalisco.
Asistencia deficiente
En el simulacro, México sólo obtuvo la calificación de “satisfactorio” en
comunicación e intercambio de información en los planos nacional e internacional,
y “deficiente” en asistencia internacional, según el documento escrito por Rafael
Martincic, evaluador del Centro de Emergencias e Incidentes de la AIEA y que no
ofrece datos de población afectada o cultivos contaminados.
En cambio obtuvo un “excelente” en gestión de la respuesta, información pública y
medidas de protección.
La CNSNS, dependiente de la Secretaría de Energía, y la AIEA “estaban en
comunicación telefónica. Mientras que la comunicación fue en general confiable,
hubo dos periodos en los que la infraestructura telefónica falló (números
telefónicos alternativos deben estar a la mano para tales situaciones). La
comunicación no fue tan clara como en una conferencia telefónica. La necesidad
de tener en la CNSNS una infraestructura adecuada para videoconferencias
quedó de manifiesto”.
En el simulacro participaron representantes de la AIEA, las organizaciones para la
Alimentación y la Agricultura, para la Cooperación y el Desarrollo Económico,
Panamericana de la Salud y Mundial de la Salud, así como delegados de Estados
Unidos, Guatemala, Cuba –por su proximidad geográfica– y Argentina. En total
hubo 75 naciones y 10 organismos internacionales implicados.
La ruleta de la inspección
En marzo de 2006, el Secretariado del CIRAN recibió ofrecimientos de la
República Checa, México, Kuwait, Túnez y Marruecos para realizar el simulacro.
Se escogió a México pues Latinoamérica nunca había sido sede de un ejercicio de
esta naturaleza. El 28 de junio de ese año, el comité seleccionó al país.
El primer ejercicio del CIRAN data del 22 y 23 de mayo de 2001 en la planta
francesa de Gravelines. El segundo se practicó el 11 y 12 de mayo de 2005 en

18. Cernavoda, Rumania. El próximo está programado para 2012 en una locación aún
no definida.
En comparación con las conclusiones del informe de 2005 “queda claro que no se
ha alcanzado mucho progreso en la forma en que la información es compartida,
poco progreso se ha logrado en la coordinación de la información pública entre las
organizaciones internacionales y prácticamente ninguno entre las autoridades
competentes de los Estados “afectados”; la capacitación, en su sentido general, no
ha mejorado y no hay avance en la amplia disponibilidad de información técnica
específica”, concluye el reporte.
“Las respuestas de los evaluadores nacionales muestran claramente que el
intercambio de información sobre medidas de protección planeadas o aplicadas
estuvo lejos de ser global y óptima, aunque las causas de ello necesitan ser
analizadas con mayor detalle. La mayoría de las naciones decidieron sin un
panorama claro de lo que otros países (incluso vecinos) estaban haciendo”, cita el
informe del ejercicio mexicano.
Si bien los objetivos fueron alcanzados, el simulacro reveló varias áreas que
necesitan mejora. “La principal: la de las comunicaciones y el intercambio de
información”.
El punto débil del ejercicio “parece ser la falta de criterios específicos y
requerimientos para el país que prepara y alberga el simulacro (para una práctica
internacional el escenario debería orientarse hacia un impacto radiológico
transfronterizo)”, según el reporte.
El documento destaca que “abordar sólo escenarios de accidente nuclear podría
perjudicar la evaluación de todos los elementos de los planes de respuesta a la
radiación” y que las deficiencias reportadas pueden clasificarse bajo las áreas de
“capacitación, planeación y recursos”.
Respuesta al accidente
El reporte del simulacro de 2008 plantea una serie de incidentes y sus
repercusiones en Laguna Verde, planta que empezó a operar en 1990. A causa
del percance simulado se emitieron al ambiente bario, cesio, yodo radiactivo,
kriptón, rubidio y xenón, dañinos si se absorben en dosis considerables.
En una inspección efectuada en octubre y noviembre de 1999, la Asociación
Mundial de Operadores Nucleares (WANO, por sus siglas en inglés) encontró
fallas en 63 de las 72 áreas revisadas, entre ellas la “respuesta a la protección
contra incendios” y, en general, descuido por la cultura de la seguridad.
Los 18 expertos de WANO, con sede en la ciudad inglesa de Londres y fundada
en 1989 por los operadores nucleares de todo el mundo, detectaron falta de

19. preparación del personal responsable, equipo obsoleto, abundancia de apagados
no programados del reactor (conocidos como scrams), que debilitan los sistemas
operativos; falta de gestión y organización del trabajo y comunicación entre las
áreas vinculadas en la seguridad.
En 2009, esa asociación llevó a cabo otra evaluación a Laguna Verde, cuyos
resultados no han sido dados a conocer por la CFE.
El Convex-3 2008 se basó en una emergencia nuclear severa con implicaciones
internacionales serias “reales” para algunos países –Canadá, Estados Unidos,
Cuba, Guatemala y Belice–, “potenciales” para otros, como Gran Bretaña, España
y Francia; y “percibidas” para muchos, como las naciones escandinavas,
Alemania, Bélgica, Austria e Italia.
Los elementos considerados fueron liberación radiactiva a la atmósfera, temas
médicos y de salud pública derivados de la exposición a la contaminación e
intereses específicos en México y otros países afectados, como el intercambio
comercial, la industria y los flujos turísticos.
Los objetivos generales del simulacro fueron probar y evaluar la respuesta de los
países involucrados y las organizaciones internacionales relevantes en un
accidente nuclear severo, probar y evaluar el sistema de gestión internacional de
emergencias e identificar buenas prácticas, deficiencias y áreas que necesitan
mejora que no pueden ser identificadas en simulacros nacionales.
Los objetivos específicos fueron probar la efectividad de los arreglos para la ayuda
internacional, si la gestión de respuesta es eficiente y apropiada, si la información
es transmitida eficientemente y a tiempo en una emergencia nuclear, si los
boletines de prensa emitidos son apropiados, coordinados y a tiempo.
Además, verificar el nivel de consistencia de la información pública diseminada y
comparar y checar la consistencia de las acciones de respuesta y las medidas de
protección entre los países ubicados a menos de mil kilómetros del Estado
afectado y los situados a mayor distancia.
La CNSNS ha diseñado el Plan de Emergencia Radiológica Externo para aplicar
en incidentes que amenacen la vecindad de la planta.
La seguridad se mantiene como un tema principal. Por ejemplo, el reactor 2 de
Laguna Verde estuvo fuera de control el 8 de febrero de 2006 debido a una falla
eléctrica, por lo cual estuvo en riesgo de fundirse, según dijo la CFE al físico
Bernardo Salas, director del Laboratorio de Análisis Radiológicos de Muestras
Ambientales de la Facultad de Ciencias de la UNAM y quien fue despedido de
aquella paraestatal por denunciar anomalías en la central.

20. 5. La sociedad civil de Televisa
Miguel Ángel Granados Chapa
El Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, suscrito el jueves 24 de
marzo al conjuro de Televisa, cuenta con una suerte de post scriptum titulado
“Respaldo social”. Lo suscriben agrupaciones empresariales y civiles que
acompañan esta porción de la Iniciativa México, la magna operación
propagandística y política mediante la cual el consorcio principal de la televisión
abierta diseña la república que quiere.
En la época del corporativismo social priista a esas agrupaciones se las llamaba
“las fuerzas vivas de México”. Eran el sector participante de una sociedad muda y
quieta. Se las autorizaba a funcionar siempre y cuando no infringieran las normas
del respeto a lo establecido y de asentimiento a las concepciones políticas y
sociales fraguados en lo alto y desde allí distribuidas al cuerpo social. En cierta
etapa del desarrollo civil, influido por los términos de la sociología cristiana, se las
llamaba sociedades intermedias, situadas a medio camino entre los individuos y el
Estado.
Algunas de ellas estaban organizadas por el propio Estado. Tal era el caso de las
agrupaciones de representación empresarial. Se regían por una ley que hacía
obligatoria la afiliación en cámaras y la unión de éstas en federaciones y
confederaciones. Muy pocas agrupaciones escapaban a esta vertebración
forzada. El ejemplo más claro fue la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex), organizada conforme a la Ley Federal del Trabajo como
sindicato patronal. Los centros con que funcionaba en las principales ciudades del
país eran fermento de reclamos y protestas, aunque casi siempre se mantuvieron
alineadas con el gobierno.
Así no fuera directamente, la Coparmex alentó o sirvió de ejemplo a agrupaciones
voluntarias de empresarios. Algunas de las más relevantes fueron el Consejo
Mexicano de Hombres de Negocios y, después, el Consejo Coordinador
Empresarial (CCE). Con la virtual pérdida de vigencia de las leyes de cámaras de
industria y comercio, y luego con su anulación judicial, floreció el agrupamiento de
sectores empresariales. Ejercen una notoria conciencia de clase, y la proclaman (a
través, por ejemplo, del Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas) o del
propio CCE, que en el proceso electoral de 2006 actuó como si fuera una
organización partidaria cuyas intervenciones violentaron el orden legal.
Televisa convocó a agrupaciones de este género a la firma del Acuerdo
mencionado y su respaldo social. Se agregaron a ellas asociaciones civiles
surgidas sobre todo al calor de la inseguridad pública: Asociación Alto al
Secuestro, Causa en Común, Consejo Ciudadano contra la Delincuencia, México
SOS, México Unido contra la Delincuencia, Movimiento Pro Vecino.

21. Fue convocada la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, que defiende la
libertad de educación y la integridad de la vida. Pero otras agrupaciones del ramo,
las organizaciones no gubernamentales, los centros de derechos humanos
apoyados por órdenes y congregaciones religiosas, o por gobiernos diocesanos,
quedan al margen de este llamado. No forman parte del México deseable.
Ninguna de las agrupaciones fundadas por familiares de víctimas que lucharon por
la justicia han expresado solidaridad a comités populares que persiguen el mismo
objeto. Salvo que me equivoque, la señora Isabel Miranda de Wallace, tan bien
recibida en los círculos gubernamentales y en los medios, jamás se reunió o
expresó solidaridad a la señora Marisela Escobedo, o a la familia Reyes Salazar,
víctimas de un afán formalmente semejante. En esas luchas todos somos iguales,
aunque haya unos más iguales que otros.
Como en un sarao, la representación de esa escogida sociedad civil otorgó su
“respaldo social” al acuerdo sobre información, y los vistosos logotipos de sus
organizaciones adornaron las planas donde se desplegaron esos documentos. Los
firmantes atribuyeron un excesivo valor al Acuerdo, pues lo tienen como “iniciativa
de los medios que valoramos y reconocemos como esencial para la efectiva
contención de la violencia que genera la delincuencia organizada”.
Si bien reconocen la responsabilidad del Estado en garantizar la seguridad de la
sociedad, proclamaron lo que les corresponde hacer:
“En el ámbito de responsabilidades cívicas y sociales que corresponde a cada uno
de nosotros, expresamos nuestra determinación de emprender todas aquellas
acciones que contribuyan a la consolidación del estado de derecho, sabedores de
que sólo en el marco de ese estado es posible la vida democrática y el goce pleno
de los derechos fundamentales que consagra nuestra Constitución.”
Es deseable que este pronunciamiento no esté constituido sólo por palabras
huecas. Es que las agrupaciones que lo signan son dadas a suscribir
compromisos que duran lo que un suspiro. Por sólo citar un ejemplo de dichos no
avalados por los hechos, conviene recordar el Acuerdo Nacional por la Seguridad,
la Justicia y la Legalidad, fechado el 22 de agosto de 2008, y convertido en letra
muerte apenas se cerraron los elegantes cartapacios en que fue guardado.
Impulsado por el gobierno de la República, al calor de una oleada de crímenes en
que sobresalió el secuestro y asesinato de Fernando Martí, el Acuerdo impuso
deberes a fecha fija al Ejecutivo federal, a los poderes Legislativo y Judicial, a los
gobiernos estatales y municipales. Pocos compromisos de esa índole se
cumplieron y ya nadie los recuerda. Menos están en la memoria colectiva, porque
no corresponden a deberes legalmente establecidos, los compromisos de “los
integrantes del sector productivo”, las asociaciones religiosas, “las organizaciones
de la sociedad civil”, los medios de comunicación.

22. Con diferentes formulaciones, esos grupos se comprometieron a promover “la
cultura de la legalidad” y a incrementar “contenidos que fomenten la cultura de la
legalidad”.
¿Recuerda usted que alguien haya procedido en esa dirección? ¿Tuvo noticia de
que las Iglesias fomentaran “en sus programas de difusión, en sus edificios, en
sus templos, en sus lugares de oración”, la cultura de la legalidad y de la
seguridad?
¿Es probable que el “respaldo social” ahora ofrecido tenga mayor sustancia?
Temo que no.
6. La “Iniciativa México” que merecería
ser apoyada
Denise Dresser
Nuestro país vive una situación sin precedente por los niveles y las formas que ha
adoptado la televisión para construir candidaturas presidenciales, chantajear a la
clase política, interferir en los procesos legislativos, bloquear la competencia y
desacreditar a sus adversarios. El poder intimidatorio y corruptor que han
acumulado Televisa y Televisión Azteca amenaza a las instituciones y prácticas
que sustentan nuestra vida democrática y a las libertades fundamentales de la
sociedad, como la libertad de expresión. Las televisoras han puesto a la
democracia mexicana en un contexto de alto riesgo. Por ello, es necesario exigir
iniciativas legislativas para una nueva ley de medios que obligue a los
concesionarios de un bien público a aceptar la competencia y a actuar con mayor
profesionalismo.
Los objetivos del acuerdo: proponer criterios de acuerdo con las mejores prácticas
a nivel global para que el comportamiento de las televisoras no promueva
solamente los intereses empresariales y políticos de sus dueños, con demérito del
interés público y el pluralismo. Establecer mecanismos para la protección de
políticos y figuras públicas incómodos que son borrados de la pantalla o
denostados allí.
LOS CRITERIOS DEL ACUERDO
1) Tomar postura en contra de la promoción política de Enrique Peña Nieto en
Televisa, disfrazada de infomercial; en contra de los paquetes publicitarios
negociados con TV Promo que incluyen la compra de entrevistas en los
principales noticieros; en contra del silencio televisivo que se guarda sobre el caso
de Atenco o los feminicidios en el Estado de México o cualquier tema controvertido

23. que podría evidenciar las fauces del joven dinosaurio que Televisa ha concebido.
Bajo ninguna circunstancia los ciudadanos debemos justificar las acciones que
Televisa ha emprendido para construir una candidatura presidencial a la medida
de sus intereses.
2) No convertirnos en cómplices de un duopolio que busca legitimación social,
intentando presentarse como “socialmente responsable” con propósitos
propagandísticos. Los ciudadanos no debemos permitir que Televisa y Televisión
Azteca nos conviertan en instrumento o en parte del conflicto que mantienen
actualmente Televisa/Telcel. Debemos evitar usar el lenguaje y la terminología
que emplean los dueños de las televisoras y no propiciar que se conviertan – a
través de la “Iniciativa México” – en héroes públicos.
3) Dimensionar adecuadamente la información. Presentar siempre las cifras de
concentración del espectro radioeléctrico en su justa medida y señalar el efecto
negativo que esta concentración –en tan solo dos empresas– tiene para la
competencia, la innovación y la productividad. Explicar cuál es el tamaño y la
situación real del problema duopólico y cómo afecta a la sociedad y a los procesos
politicos, dado el precedente perverso que sentó la “Ley Televisa”.
4) Atribuir responsabilidades explícitamente. La información que se difunda sobre
el duopolio debe asignar a cada quien la responsabilidad que le corresponde
sobre los hechos irregulares y al margen de la ley, como la toma del Chiquihuite,
la renuencia a mostrar los spots del IFE, el cabildeo de ambas empresas contra
reformas a la Ley Federal de Competencia, la forma en la cual Televisa “borró” al
senador Santiago Creel de la pantalla, el chantaje a los partidos políticos en el
contexto de aprobación de la “Ley Televisa”, etcétera. En caso de que alguna
acción de las televisoras caiga en excesos o esté fuera de la ley –como en la toma
del Chiquihuite– habrá que seguir denunciando el ejercicio indebido del poder y la
pasividad del gobierno.
5) Exigir que no se prejuzguen culpables. Los ciudadanos debemos demandar que
la información de los detenidos presentados por las televisoras se maneje bajo el
supuesto de la presunción de inocencia, en tanto esos personajes no cuenten con
una sentencia condenatoria. La presunción de inocencia ha sido violada en
múltiples ocasiones por las televisoras, como ocurrió recientemente en el caso de
Florence Cassez, cuando el montaje armado por Genaro García Luna la presentó
como culpable de antemano ante la opinión pública. Asimismo, los ciudadanos
debemos exigir que el gobierno no ofrezca el paso de detenidos por las pantallas
de las televisoras, aun antes de que hayan rendido su declaración formal ante el
Ministerio Público, como ocurrió con el JJ.
6) Exigir que se proteja a quienes son agredidos por las televisoras. Allí está el
caso de la denostación a los ministros de la Suprema Corte cuando votaron en
favor de la inconstitucionalidad de la “Ley Televisa”; el caso de Francisco Gil Díaz
cuando fue atacado por denunciar las irregularidades de la controvertida
transacción Codisco-Unefon llevada a cabo por Ricardo Salinas Pliego; el caso de

24. José Esteban Chidiac, criticado por Javier Alatorre cuando intentó frenar la ley a
modo que Salinas Pliego promovió en el tema de los corresponsales bancarios; el
caso de la agresión a los Saba por empujar una tercera cadena de televisión; el
caso de Miguel Ángel Toscano, obligado a renunciar porque buscó regular la
publicidad de los productos “milagro”; el caso de Santiago Creel, cuya cabeza fue
difuminada por su posición crítica en torno al duopolio.
7) Alentar la participación y la denuncia ciudadana para que haya una nueva Ley
de Radio y Televisión que promueva la competencia en el sector, modernice y
fortalezca la regulación, incentive la innovación y lleve al surgimiento de
programas de mayor calidad, cobertura con mayor objetividad, comportamiento
periodístico guiado por el profesionalismo y no por la agenda política de los
dueños.
8) Proteger a los periodistas, analistas, intelectuales, figuras públicas, legisladores
y reguladores que disienten de las directrices que marcan las televisoras. Se ha
vuelto una práctica común utilizar los espacios televisivos para dirimir fobias
personales y políticas en contra de quienes llevan años señalando el peligro que la
concentración duopólica significa para la vida democrática, la competencia
electoral, la cobertura noticiosa plural, los procesos legislativos, la autonomía de
los diputados, la independencia de los candidatos presidenciales, la libertad de
expresión. Las acusaciones de “mezquindad” en contra de quienes –por razones
legítimas– no han querido suscribir la “Iniciativa México” tal y como ha sido
planteada reflejan una profunda falta de entendimiento sobre la pluralidad y la
diversidad de posturas que cualquier democracia debe fomentar en lugar de
criticar.
9) Solidarizarse ante cualquier amenaza o acción contra reporteros y medios que
resulten incómodos para el duopolio televisivo, para los concesionarios que
buscan proteger sus concesiones, para los que se oponen a la competencia, para
los que quieren seguir usando la pantalla con el objetivo de promover candidaturas
presidenciales afines a sus intereses –como en el caso de Televisa/Enrique Peña
Nieto–, para los que quieren seguir manteniendo el statu quo, para quienes
intentan ocultar el problema estructural que aqueja a la televisión mexicana detrás
de una iniciativa dedicada a limpiar su imagen.
10) Participar en el combate al duopolio. Es responsabilidad de los ciudadanos
seguir denunciando el comportamiento cuestionable de televisoras que para
congraciarse con Felipe Calderón –en medio de un pleito feroz contra Carlos
Slim/Telmex/Telcel– ofrecen apoyar al gobierno en los términos que el presidente
ha exigido. Felipe Calderón reitera que la guerra contra el crimen organizado se va
ganando aunque no parezca, y que el problema de fondo es uno de
“percepciones”. En este momento, las televisoras se declaran sus aliadas y
prometen ofrecer la cobertura balanceada que Los Pinos ha demandado una y
otra vez. Pero lo que la ciudadanía debe recordar es que le toca denunciar a los
enemigos de la democracia dondequiera que se encuentren. Ya sea en las calles

25. de Ciudad Juárez o en el camino al Ajusco o en las oficinas de Avenida
Chapultepec.