El documento establece las normas de discriminación positiva según criterios de género para la elección de cargos en el Partido Progresista. Estipula que los consejos regionales no pueden elegir más del 80% de sus consejeros de un mismo género, y que al menos dos de las vicepresidencias del partido deben ser mujeres. También requiere que las directivas regionales incluyan al menos un representante de cada género entre el presidente, secretario y tesorero.