Este documento analiza la necesidad de crear tribunales administrativos independientes de la administración activa para garantizar una tutela judicial efectiva de los derechos de los particulares. Argumenta que los entes reguladores actuales no cumplen con este objetivo y propone que se reestructuren siguiendo el modelo del Tribunal Fiscal de la Nación, con independencia, estabilidad en los cargos y sin posibilidad de recurso administrativo.
Este documento discute la importancia del principio de legalidad administrativa. Explica que la administración pública debe ceñirse a la constitución, las leyes y los actos administrativos normativos. Distingue entre actos administrativos reglados u obligatorios, donde la administración debe seguir estrictamente la ley, y actos discrecionales, donde tiene más libertad de apreciación. Argumenta que el principio de legalidad es importante para ambos tipos de actos ya que establece límites a la administración y protege los derechos de los ciudad
EL PRINCIPIO DE LA LEGALIDAD ADMINISTRATIVAEduardo Agüero
Este documento resume la importancia del principio de legalidad administrativa en Venezuela. Explica que la administración pública debe ceñirse a la constitución y las leyes del país. También distingue entre actos administrativos reglados, que deben seguir estrictamente la ley, y discrecionales, donde la administración tiene más libertad pero aún debe fundamentar sus decisiones y ceñirse a la ley que le otorga esa discreción. El principio de legalidad es fundamental para proteger a los ciudadanos contra posibles arbitrariedades y asegurar que la administra
El documento describe el proceso contencioso administrativo en el Perú. Explica que la Constitución garantiza el derecho de los particulares a impugnar las decisiones administrativas ante el Poder Judicial a través de este proceso. Antes de la Ley No 27584, el proceso estaba regulado principalmente por el Código Procesal Civil. La nueva ley establece un modelo de "plena jurisdicción" que permite a los administrados demandar la anulación de actos administrativos u obtener el reconocimiento de derechos. Sin embargo, la ley m
Informe sobre recursos administrativos y judicialesFernando Silva
Este documento resume los recursos administrativos y judiciales en materia de arrendamientos. Explica que los recursos son medios para modificar o revocar resoluciones judiciales. Describe que la jurisdicción contencioso-administrativa controla la legalidad de actos administrativos y que los tribunales competentes para recursos de inquilinato varían según la región. También resume los plazos y procedimientos para interponer recursos de nulidad contra decisiones regulatorias de alquileres.
La tutela cautelar en el derecho procesal administrativoHugo Araujo
Este documento discute la tutela cautelar en el derecho procesal administrativo venezolano. Explica que la tutela cautelar se desarrolló primero en el procedimiento administrativo para asegurar la eficacia de las resoluciones finales, y luego se expandió al proceso administrativo a través de la jurisprudencia para garantizar la tutela judicial efectiva. Finalmente, argumenta que se deben unificar los criterios para conceder la tutela cautelar en ambos ámbitos y actualizar las leyes para brindar mayor seguridad jurídica.
Para iniciar el cómputo del plazo de prescripción en un procedimiento administrativo disciplinario, es necesario individualizar previamente al presunto responsable de la falta. Esto significa que el plazo solo comienza una vez se identifica específicamente a la persona que supuestamente cometió la infracción, pues de lo contrario no se podría notificar formalmente los cargos ni llevar a cabo debidamente el procedimiento. Las comisiones administrativas pueden realizar investigaciones preliminares para determinar a los posibles involucrados antes de iniciar el proceso formal
El documento presenta una introducción al juicio contencioso administrativo en México. Explica que este juicio se lleva a cabo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) para resolver controversias entre contribuyentes y autoridades fiscales. También define brevemente al TFJFA, su historia y competencias, y analiza los requisitos y causales de procedencia e improcedencia del juicio de nulidad fiscal.
FRANCISCO FERNANDEZ Nocion derecho administrativosaiatrabajos1
El documento describe los procedimientos administrativos en Venezuela. Explica que estos procedimientos deben seguirse rigurosamente para garantizar la validez de los actos administrativos y la sumisión de la administración pública al derecho. Asimismo, señala que los procedimientos administrativos son más flexibles que los judiciales, pero aún así deben respetar los derechos de los ciudadanos a alegar y presentar pruebas.
Este documento discute la importancia del principio de legalidad administrativa. Explica que la administración pública debe ceñirse a la constitución, las leyes y los actos administrativos normativos. Distingue entre actos administrativos reglados u obligatorios, donde la administración debe seguir estrictamente la ley, y actos discrecionales, donde tiene más libertad de apreciación. Argumenta que el principio de legalidad es importante para ambos tipos de actos ya que establece límites a la administración y protege los derechos de los ciudad
EL PRINCIPIO DE LA LEGALIDAD ADMINISTRATIVAEduardo Agüero
Este documento resume la importancia del principio de legalidad administrativa en Venezuela. Explica que la administración pública debe ceñirse a la constitución y las leyes del país. También distingue entre actos administrativos reglados, que deben seguir estrictamente la ley, y discrecionales, donde la administración tiene más libertad pero aún debe fundamentar sus decisiones y ceñirse a la ley que le otorga esa discreción. El principio de legalidad es fundamental para proteger a los ciudadanos contra posibles arbitrariedades y asegurar que la administra
El documento describe el proceso contencioso administrativo en el Perú. Explica que la Constitución garantiza el derecho de los particulares a impugnar las decisiones administrativas ante el Poder Judicial a través de este proceso. Antes de la Ley No 27584, el proceso estaba regulado principalmente por el Código Procesal Civil. La nueva ley establece un modelo de "plena jurisdicción" que permite a los administrados demandar la anulación de actos administrativos u obtener el reconocimiento de derechos. Sin embargo, la ley m
Informe sobre recursos administrativos y judicialesFernando Silva
Este documento resume los recursos administrativos y judiciales en materia de arrendamientos. Explica que los recursos son medios para modificar o revocar resoluciones judiciales. Describe que la jurisdicción contencioso-administrativa controla la legalidad de actos administrativos y que los tribunales competentes para recursos de inquilinato varían según la región. También resume los plazos y procedimientos para interponer recursos de nulidad contra decisiones regulatorias de alquileres.
La tutela cautelar en el derecho procesal administrativoHugo Araujo
Este documento discute la tutela cautelar en el derecho procesal administrativo venezolano. Explica que la tutela cautelar se desarrolló primero en el procedimiento administrativo para asegurar la eficacia de las resoluciones finales, y luego se expandió al proceso administrativo a través de la jurisprudencia para garantizar la tutela judicial efectiva. Finalmente, argumenta que se deben unificar los criterios para conceder la tutela cautelar en ambos ámbitos y actualizar las leyes para brindar mayor seguridad jurídica.
Para iniciar el cómputo del plazo de prescripción en un procedimiento administrativo disciplinario, es necesario individualizar previamente al presunto responsable de la falta. Esto significa que el plazo solo comienza una vez se identifica específicamente a la persona que supuestamente cometió la infracción, pues de lo contrario no se podría notificar formalmente los cargos ni llevar a cabo debidamente el procedimiento. Las comisiones administrativas pueden realizar investigaciones preliminares para determinar a los posibles involucrados antes de iniciar el proceso formal
El documento presenta una introducción al juicio contencioso administrativo en México. Explica que este juicio se lleva a cabo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) para resolver controversias entre contribuyentes y autoridades fiscales. También define brevemente al TFJFA, su historia y competencias, y analiza los requisitos y causales de procedencia e improcedencia del juicio de nulidad fiscal.
FRANCISCO FERNANDEZ Nocion derecho administrativosaiatrabajos1
El documento describe los procedimientos administrativos en Venezuela. Explica que estos procedimientos deben seguirse rigurosamente para garantizar la validez de los actos administrativos y la sumisión de la administración pública al derecho. Asimismo, señala que los procedimientos administrativos son más flexibles que los judiciales, pero aún así deben respetar los derechos de los ciudadanos a alegar y presentar pruebas.
Este documento resume los principales conceptos del análisis procesal, incluyendo la ley que rige el proceso contencioso administrativo, los presupuestos procesales como la competencia y capacidad procesal, y cómo se determina la competencia territorial y funcional. También explica conceptos como la legitimidad para obrar activa y pasiva, y los procesos de lesiudad que puede iniciar el Estado.
Este documento describe la noción general de los procedimientos administrativos en Venezuela. Explica que los procedimientos son la base fundamental del derecho administrativo y garantizan que los trámites del gobierno se realicen de forma ordenada y de acuerdo con la ley. También describe las características de los procedimientos administrativos como su pluralidad, temporalidad y progresividad. Finalmente, contrasta los procedimientos administrativos con los procesos judiciales civiles.
DIARIO LA RAZÓN BOLIVIA: LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: En este artículo estudiamos lo contencioso administrativo en algunos países de Sur América (AUTOR: JOSÉ MARÍA PACORI CARI)
El documento analiza los principales aspectos del procedimiento recursal en la Ley del Procedimiento Administrativo General según las modificaciones introducidas por el Decreto Legislativo No 1272 y la publicación del Texto Único Ordenado de la Ley No 27444. Explica que el procedimiento recursal se inicia con la interposición de recursos administrativos como la reconsideración y apelación para impugnar un acto administrativo. Además, distingue el procedimiento administrativo del procedimiento recursal, e indica que los recursos buscan la revocación, modificación
Los poderes del juez contencioso administrativo a la luz de la nueva constitu...Carla Niño Alvarado
El documento analiza los poderes del juez contencioso administrativo a la luz de la nueva Constitución de Venezuela de 1999. Discute los orígenes de la justicia administrativa y los sistemas comparados, así como las bases tradicionales del contencioso administrativo que han impuesto límites y otorgado poderes al juez. Finalmente, examina los antecedentes de los poderes del juez en la iniciación y sustanciación de procesos, incluyendo su capacidad para solicitar antecedentes, admitir pruebas y otorgar medidas cautelares.
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE LAS BARRERAS BUROCRÁTICAS: Se establecen los criterios para determinar la existencia de una barrera burocrática ilegal y/o irrazonable (AUTOR JOSÉ MARÍA PACORI CARI)
El artículo analiza la aplicación del principio de culpabilidad en los procedimientos sancionadores llevados a cabo por el Tribunal de Contrataciones del Estado. Actualmente, el Tribunal aplica un régimen de responsabilidad objetiva que considera infracciones sin importar si son reprochables al administrado. Sin embargo, la ley indica que la responsabilidad debe ser subjetiva. El objetivo es demostrar que aplicar la responsabilidad subjetiva genera una sensación de mayor legitimidad que la objetiva. Para ello, se definen los conceptos de responsabilidad objetiva y subjet
La Jurisdicción Contencioso-Administrativa de España es el orden jurisdiccional que controla la potestad de dictar actos de la Administración Pública y la potestad reglamentaria del Gobierno. Está integrada en el Poder Judicial y su regulación se encuentra principalmente en la Ley 29/1998. Conoce de los recursos contra actos y disposiciones de las Administraciones Públicas sujetas al Derecho Administrativo, así como de los decretos legislativos y disposiciones generales de rango inferior a la ley. Sus órganos
Este documento describe las diferentes partes de una sentencia constitucional según la conceptualización del Tribunal Constitucional Peruano. Explica que una sentencia constitucional consta de la razón declarativa-axiológica, la razón suficiente, la razón subsidiaria u obiter dicta, la invocación preceptiva y la decisión o fallo constitucional. Además, clasifica las sentencias en sentencias de especie o de principio, y sentencias estimativas o desestimativas.
La jurisdicción contencioso administrativa en el Perú esta contenida en la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo (AUTOR: JOSÉ MARÍA PACORI CARI)
Este documento presenta dos casos sobre la potestad sancionadora disciplinaria que deben ser resueltos por los participantes. Primero, se les pide leer sobre los principios de la potestad sancionadora y un precedente obligatorio. Luego, deben resolver los dos casos aplicando esos principios y precedente, explicando si se han transgredido o no y justificando su respuesta.
Este documento presenta un resumen de 3 oraciones del proceso contencioso administrativo:
1. El proceso contencioso administrativo ha evolucionado desde la Constitución de 1867 hasta la actual Ley del Proceso Contencioso Administrativo de 2001, que establece un proceso de plena jurisdicción para tutelar efectivamente los derechos de los administrados.
2. El objeto del proceso contencioso administrativo es declarar la nulidad o ineficacia de actos administrativos, reconocer derechos lesionados, ordenar actuaciones
El documento habla sobre el proceso contencioso administrativo en Perú. Explica que existen dos tipos de procesos: especial y urgente. El proceso especial se usa para casos de nulidad de resoluciones administrativas y reposición de trabajadores, mientras que el urgente es para cumplimiento de resoluciones firmes. También discute algunos principios como legalidad, razonabilidad y proporcionalidad que deben seguir los actos administrativos. Finalmente, analiza algunos problemas comunes relacionados a medidas cautelares en estos procesos.
El documento describe el contencioso administrativo en México como un conflicto entre la administración pública y los ciudadanos que debe resolverse a través de recursos administrativos. En la actualidad, existe un tribunal especializado en lo contencioso administrativo que conoce las resoluciones dictadas por otras instancias. Este tribunal, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, resuelve juicios contra actos y resoluciones administrativas federales.
1) El documento describe el procedimiento contencioso tributario y los principios que lo rigen, como el principio de legalidad, debido proceso, razonabilidad e imparcialidad.
2) Explica que el lapso para interponer un recurso contencioso tributario es de 25 días hábiles contados desde la notificación del acto impugnado.
3) Señala que el procedimiento contencioso tributario tiene dos etapas, la reclamación ante la administración tributaria y la apelación ante el tribunal fiscal.
El documento trata sobre el derecho concursal en Ecuador. Explica que esta rama del derecho mercantil regula tanto los procedimientos judiciales de concursos de acreedores como instrumentos extrajudiciales para que deudores puedan evitar la vía judicial. También describe el concepto de "atraso", que permite a un comerciante retrasar pagos de obligaciones bajo ciertas condiciones establecidas en el Código de Comercio de Ecuador.
Este documento es el Boletín Bimestral No. 5 del Tribunal Administrativo de Antioquia correspondiente a noviembre de 2012. Contiene información sobre diferentes tipos de procesos judiciales como cumplimiento, tutela, populares, electorales, revisión de acuerdos, reparación directa, contractuales, nulidad y restablecimiento de derecho laboral y no laboral. También incluye la lista de magistrados del tribunal.
Tema 8 el proceso contencioso administrativo laboralcalacademica
Este documento presenta un resumen del tema "El proceso contencioso administrativo laboral y previsional" impartido por el Dr. Roberto Luis Acevedo Mena. Se describe brevemente la regulación del proceso contencioso administrativo laboral en el Perú y las facultades de los tribunales para conocer este tipo de procesos. También se mencionan los principales aspectos del proceso contencioso administrativo de acuerdo con la legislación peruana.
Compendio de Doctrina Legal y Plenos Supremos Casatorios Civiles del I al VI, Plenos Jurisdiccionales Civiles y Contenciosos Administrativos y Plenos Vinculantes en materia Contenciosa Administrativa.
1. El documento analiza los requisitos de validez procesal que deben cumplirse para que un juicio arbitral en el que el Estado ecuatoriano sea parte sea válido, como que la controversia sea de naturaleza contractual y sea resuelta en derecho.
2. También examina las dificultades que con mayor frecuencia se han presentado en la práctica del sistema arbitral ecuatoriano cuando el Estado interviene como parte, como insuficiencias en las cláusulas compromisorias y la tendencia a impugnar laudos arbitrales.
Los limites a la plena jurisdiccion en el proceso contencioso administrativoVICTOR RAUL SOLORIO NEIRA
Este artículo fue escrito como parte del Trabajo de Fin de Master para la Maestría en Tutela Judicial de Derechos y Jurisdicción Contencioso - Administrativa de la Universidad de Jaén - España.
Este documento resume los principales conceptos del análisis procesal, incluyendo la ley que rige el proceso contencioso administrativo, los presupuestos procesales como la competencia y capacidad procesal, y cómo se determina la competencia territorial y funcional. También explica conceptos como la legitimidad para obrar activa y pasiva, y los procesos de lesiudad que puede iniciar el Estado.
Este documento describe la noción general de los procedimientos administrativos en Venezuela. Explica que los procedimientos son la base fundamental del derecho administrativo y garantizan que los trámites del gobierno se realicen de forma ordenada y de acuerdo con la ley. También describe las características de los procedimientos administrativos como su pluralidad, temporalidad y progresividad. Finalmente, contrasta los procedimientos administrativos con los procesos judiciales civiles.
DIARIO LA RAZÓN BOLIVIA: LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: En este artículo estudiamos lo contencioso administrativo en algunos países de Sur América (AUTOR: JOSÉ MARÍA PACORI CARI)
El documento analiza los principales aspectos del procedimiento recursal en la Ley del Procedimiento Administrativo General según las modificaciones introducidas por el Decreto Legislativo No 1272 y la publicación del Texto Único Ordenado de la Ley No 27444. Explica que el procedimiento recursal se inicia con la interposición de recursos administrativos como la reconsideración y apelación para impugnar un acto administrativo. Además, distingue el procedimiento administrativo del procedimiento recursal, e indica que los recursos buscan la revocación, modificación
Los poderes del juez contencioso administrativo a la luz de la nueva constitu...Carla Niño Alvarado
El documento analiza los poderes del juez contencioso administrativo a la luz de la nueva Constitución de Venezuela de 1999. Discute los orígenes de la justicia administrativa y los sistemas comparados, así como las bases tradicionales del contencioso administrativo que han impuesto límites y otorgado poderes al juez. Finalmente, examina los antecedentes de los poderes del juez en la iniciación y sustanciación de procesos, incluyendo su capacidad para solicitar antecedentes, admitir pruebas y otorgar medidas cautelares.
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE LAS BARRERAS BUROCRÁTICAS: Se establecen los criterios para determinar la existencia de una barrera burocrática ilegal y/o irrazonable (AUTOR JOSÉ MARÍA PACORI CARI)
El artículo analiza la aplicación del principio de culpabilidad en los procedimientos sancionadores llevados a cabo por el Tribunal de Contrataciones del Estado. Actualmente, el Tribunal aplica un régimen de responsabilidad objetiva que considera infracciones sin importar si son reprochables al administrado. Sin embargo, la ley indica que la responsabilidad debe ser subjetiva. El objetivo es demostrar que aplicar la responsabilidad subjetiva genera una sensación de mayor legitimidad que la objetiva. Para ello, se definen los conceptos de responsabilidad objetiva y subjet
La Jurisdicción Contencioso-Administrativa de España es el orden jurisdiccional que controla la potestad de dictar actos de la Administración Pública y la potestad reglamentaria del Gobierno. Está integrada en el Poder Judicial y su regulación se encuentra principalmente en la Ley 29/1998. Conoce de los recursos contra actos y disposiciones de las Administraciones Públicas sujetas al Derecho Administrativo, así como de los decretos legislativos y disposiciones generales de rango inferior a la ley. Sus órganos
Este documento describe las diferentes partes de una sentencia constitucional según la conceptualización del Tribunal Constitucional Peruano. Explica que una sentencia constitucional consta de la razón declarativa-axiológica, la razón suficiente, la razón subsidiaria u obiter dicta, la invocación preceptiva y la decisión o fallo constitucional. Además, clasifica las sentencias en sentencias de especie o de principio, y sentencias estimativas o desestimativas.
La jurisdicción contencioso administrativa en el Perú esta contenida en la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo (AUTOR: JOSÉ MARÍA PACORI CARI)
Este documento presenta dos casos sobre la potestad sancionadora disciplinaria que deben ser resueltos por los participantes. Primero, se les pide leer sobre los principios de la potestad sancionadora y un precedente obligatorio. Luego, deben resolver los dos casos aplicando esos principios y precedente, explicando si se han transgredido o no y justificando su respuesta.
Este documento presenta un resumen de 3 oraciones del proceso contencioso administrativo:
1. El proceso contencioso administrativo ha evolucionado desde la Constitución de 1867 hasta la actual Ley del Proceso Contencioso Administrativo de 2001, que establece un proceso de plena jurisdicción para tutelar efectivamente los derechos de los administrados.
2. El objeto del proceso contencioso administrativo es declarar la nulidad o ineficacia de actos administrativos, reconocer derechos lesionados, ordenar actuaciones
El documento habla sobre el proceso contencioso administrativo en Perú. Explica que existen dos tipos de procesos: especial y urgente. El proceso especial se usa para casos de nulidad de resoluciones administrativas y reposición de trabajadores, mientras que el urgente es para cumplimiento de resoluciones firmes. También discute algunos principios como legalidad, razonabilidad y proporcionalidad que deben seguir los actos administrativos. Finalmente, analiza algunos problemas comunes relacionados a medidas cautelares en estos procesos.
El documento describe el contencioso administrativo en México como un conflicto entre la administración pública y los ciudadanos que debe resolverse a través de recursos administrativos. En la actualidad, existe un tribunal especializado en lo contencioso administrativo que conoce las resoluciones dictadas por otras instancias. Este tribunal, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, resuelve juicios contra actos y resoluciones administrativas federales.
1) El documento describe el procedimiento contencioso tributario y los principios que lo rigen, como el principio de legalidad, debido proceso, razonabilidad e imparcialidad.
2) Explica que el lapso para interponer un recurso contencioso tributario es de 25 días hábiles contados desde la notificación del acto impugnado.
3) Señala que el procedimiento contencioso tributario tiene dos etapas, la reclamación ante la administración tributaria y la apelación ante el tribunal fiscal.
El documento trata sobre el derecho concursal en Ecuador. Explica que esta rama del derecho mercantil regula tanto los procedimientos judiciales de concursos de acreedores como instrumentos extrajudiciales para que deudores puedan evitar la vía judicial. También describe el concepto de "atraso", que permite a un comerciante retrasar pagos de obligaciones bajo ciertas condiciones establecidas en el Código de Comercio de Ecuador.
Este documento es el Boletín Bimestral No. 5 del Tribunal Administrativo de Antioquia correspondiente a noviembre de 2012. Contiene información sobre diferentes tipos de procesos judiciales como cumplimiento, tutela, populares, electorales, revisión de acuerdos, reparación directa, contractuales, nulidad y restablecimiento de derecho laboral y no laboral. También incluye la lista de magistrados del tribunal.
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Compendio de Doctrina Legal y Plenos Supremos Casatorios Civiles del I al VI, Plenos Jurisdiccionales Civiles y Contenciosos Administrativos y Plenos Vinculantes en materia Contenciosa Administrativa.
1. El documento analiza los requisitos de validez procesal que deben cumplirse para que un juicio arbitral en el que el Estado ecuatoriano sea parte sea válido, como que la controversia sea de naturaleza contractual y sea resuelta en derecho.
2. También examina las dificultades que con mayor frecuencia se han presentado en la práctica del sistema arbitral ecuatoriano cuando el Estado interviene como parte, como insuficiencias en las cláusulas compromisorias y la tendencia a impugnar laudos arbitrales.
Los limites a la plena jurisdiccion en el proceso contencioso administrativoVICTOR RAUL SOLORIO NEIRA
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La nueva Ley de Amparo tiene como objetivo desarrollar los nuevos principios del juicio de amparo establecidos en la reforma constitucional de amparo y derechos humanos, incluyendo ampliar la protección a intereses legítimos, permitir declaratorias de efectos generales, y establecer plenos de circuito. Algunas de las modificaciones propuestas incluyen dotar de efectos generales a las sentencias de amparo sobre la inconstitucionalidad de normas generales, permitir el amparo adhesivo, y facilitar el cumplimiento de ejecutor
Este documento describe la jurisdicción contencioso tributaria en Venezuela. Explica que los tribunales contencioso administrativos especiales de primera instancia conocen de los procedimientos contemplados en el Código Orgánico Tributario. También describe que los jueces contenciosos tributarios tienen un rol inquisitivo para descubrir la verdad de los hechos y pueden requerir datos adicionales para esclarecer un caso. Finalmente, señala que el recurso contencioso tributario puede interponerse dentro de los 25 días hábiles.
Este documento discute las tendencias actuales del recurso de amparo en El Salvador con respecto a los actos susceptibles de control. Explica que la ley no enumera explícitamente estos actos, por lo que la jurisprudencia ha definido su alcance. También destaca que el amparo tiene una dimensión subjetiva para proteger derechos, pero también una dimensión objetiva para interpretar y aplicar la constitución. Finalmente, señala algunos ejemplos de cómo la jurisprudencia ha desarrollado el papel del tribunal como intérprete
Este documento resume el contencioso tributario en Venezuela. Explica que el contencioso tributario se enmarca dentro del contencioso administrativo general y que ambos comparten elementos como el examen judicial de actos administrativos. También describe la unificación del contencioso tributario bajo el Código Orgánico Tributario y los tribunales especiales creados para resolver disputas tributarias. Finalmente, analiza las acciones como el recurso contencioso tributario, su naturaleza, efectos y caducidad.
derecho mexicano para el siglo XXI. Se trata de un documento dirigido principalmenta para los estudiantes de derecho, en espacial para estudiantes mexicoanos. Con este documento los estudiantes podrán enfrentar sin temor el mundo del la práctica
El documento propone la creación de jurisprudencia en el Poder Judicial del estado de Chihuahua para uniformar criterios entre jueces, brindar seguridad jurídica y una justicia más pronta. Se sugiere modificar la ley para que el Pleno del Tribunal establezca jurisprudencia vinculante sobre interpretaciones legales y al resolver contradicciones, beneficiando así la administración de justicia en el estado.
El estudio de la jurisdicción contencioso administrativa en Venezuela debe partir del análisis de su origen y evolución histórico-constitucional, pues si bien ya desde la Constitución de 1830 existían disposiciones que asomaban la existencia en nuestro país de un sistema contencioso administrativo, es lo cierto que no fue hasta la Constitución de 1961 que ese sistema, ratificado ahora en la Constitución de 1999, se hizo efectivo, al ser consagrado a nivel constitucional y desarrollado a nivel legal por la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia del año 2004, el Código de Procedimiento Civil y ahora con la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, ambas publicadas en el año 2010.
El principio de legalidad es fundamental para el funcionamiento de la administración del estado. Este principio requiere que la administración actúe de acuerdo a la ley y establece procedimientos administrativos que brindan oportunidades de defensa a los administrados. El procedimiento administrativo provee un marco de legalidad para las acciones de la administración.
Existen diferencias entre los actos administrativos y los actos jurídicos. Los actos administrativos son emitidos por órganos del estado en ejercicio de potestades públicas y se rigen
La junta de arbitraje administrativo es un mecanismo adversario donde árbitros privados elegidos por las partes deciden controversias laborales. La junta de arbitraje judicial es un mecanismo estatal donde tribunales constituidos ejercen la potestad de administrar justicia derivada del pueblo. El arbitraje administrativo laboral se diferencia del arbitraje judicial laboral en que este último posee características que lo singularizan como institución jurídica de avanzada en el proceso laboral venezolano.
La jurisdicción contencioso-administrativa especial en Venezuela incluye varios tribunales que conocen materias específicas como tributos, funciones públicas, asuntos agrarios, disputas laborales y disciplina judicial. Estos tribunales fueron creados por leyes para atender estas áreas de manera especializada.
Este documento describe la evolución del proceso contencioso administrativo en el Perú. Comienza con los antecedentes constitucionales del proceso en 1867 y continúa describiendo hitos legislativos clave como la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1963 y la Constitución de 1979. También analiza la regulación actual del proceso contencioso administrativo establecida por la Ley 27584 de 2001.
La ley orgánica de la jurisdicción contencioso administrativa establece los principios y órganos que rigen el control de la legalidad de los actos de la administración pública. Regula la composición y competencias de la sala política administrativa del tribunal supremo de justicia y los juzgados nacionales de la jurisdicción contencioso administrativa. Además, establece los procedimientos para la presentación y trámite de demandas contra actos y decisiones de la administración, incluyendo una audiencia preliminar para intentar resolver incidencias o conc
El Tribunal Supremo de Justicia revisa la decisión de un tribunal inferior de desaplicar un artículo de un reglamento por considerarlo contrario a la Constitución. El tribunal inferior determinó que el artículo violaba el derecho al debido proceso y a la defensa al no permitir al funcionario investigado acceder al expediente durante el procedimiento. El Tribunal Supremo confirma la desaplicación al encontrar que el artículo efectivamente violaba los derechos constitucionales.
El Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Chile se reunió para estudiar y debatir temas relacionados con la jurisdicción y el Poder Judicial que podrían ser considerados en el proceso de redacción de una nueva Constitución. Analizaron 11 temas clave, incluyendo principios de la jurisdicción, estructura del Poder Judicial, unidad de la jurisdicción, responsabilidad de los jueces, autonomía financiera, rol de la Corte Suprema y coordinación entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. El objetivo fue proporcion
Este documento presenta una introducción al proceso de amparo en el Código Procesal Constitucional peruano recientemente aprobado. Explica que el Código unifica de manera sistemática los diferentes procesos constitucionales del Perú como el amparo, hábeas corpus y otros. Se considera positiva esta codificación ya que facilitará el uso de estos procesos por jueces, ciudadanos y abogados. En cuanto al amparo, el Código otorga un mayor margen de discrecionalidad a los jueces y demanda una mayor
El Principio de Informalismo Administrativo en la Jurisprudencia Constitucion...Alan Vargas Lima
1. El documento resume el principio de informalismo administrativo en la jurisprudencia constitucional boliviana. 2. Este principio permite excusar al administrado del cumplimiento de exigencias formales no esenciales para asegurar una decisión sobre el fondo. 3. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional boliviano ha desarrollado este principio y establecido que debe interpretarse de manera favorable al administrado.
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la sentencia que declaró nulo el despido de una empleada de la Administración Nacional de Aduanas y ordenó su reincorporación. La Corte encontró admisible el recurso extraordinario en cuanto cuestionaba la inconstitucionalidad del artículo del convenio colectivo que permitía despidos sin causa, pero no en cuanto criticaba la evaluación de los hechos del caso.
Este documento resume una sentencia judicial relacionada con una demanda presentada por una empresa constructora (Dulcamara S.A.) contra una empresa de telecomunicaciones (ENTEL) para obtener el reconocimiento de mayores costos derivados de la inflación y variaciones en los precios durante la ejecución de un contrato de obra pública. La sentencia rechaza la demanda al considerar que la empresa constructora no probó que las distorsiones en los costos fueran consecuencia de hechos imprevisibles, ni que fueran significativas, por lo que no correspondía aplicar las
Este documento resume una sentencia judicial relacionada con una demanda presentada por una empresa constructora (Dulcamara S.A.) contra una empresa de telecomunicaciones (ENTEL) para obtener el reconocimiento de mayores costos derivados de la inflación y variaciones en los precios durante la ejecución de un contrato de obra pública. La sentencia rechaza la demanda al considerar que la empresa constructora no probó que las distorsiones en los costos fueran consecuencia de hechos imprevisibles, ni que fueran significativas, por lo que no correspondía aplicar norm
El resumen del fallo es el siguiente:
1) La Corte Suprema revocó la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones que había atribuido competencia al Ente Nacional Regulador de Electricidad para determinar la cuantía de la reparación por los daños causados por suministro insuficiente de energía eléctrica.
2) El Poder Ejecutivo Nacional no puede exonerar a las distribuidoras de electricidad de su responsabilidad por daños y perjuicios causados, ya que esto contradice la Constitución Nacional.
3)
1) El documento discute el estatus jurídico de las municipalidades en la provincia de Santa Fe y si pueden ser consideradas entidades autárquicas o gozan de mayor autonomía.
2) La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe anuló la decisión de la municipalidad de Rosario de despedir a una empleada municipal y ordenó su reincorporación.
3) El caso llegó a la Corte Suprema nacional, que debe determinar si la ley provincial que estableció el estatuto y escalafón del personal municipal es constitucional.
La resolución informa a los estudiantes del curso "Introducción a la Administración Pública" que el miércoles 9 de junio entre las 19 y 22:45 horas, el Dr. Eduardo Jorge Varela no permitirá el ingreso de estudiantes al aula 303, donde normalmente se dicta la clase, para escuchar la lección correspondiente a ese día.
C A R M A N D E C A N T O N Revocacion Acto AdministrativoEduardo Varela
El documento resume un caso judicial sobre la revocación de un decreto administrativo que otorgó una jubilación en 1913. La Corte Suprema falló que los actos administrativos que reconocen derechos sobre la base de leyes y procedimientos reglados, como en este caso de jubilación, no son revisables ni revocables, pues ello pondría en riesgo los derechos adquiridos y socavaría el orden público y el régimen administrativo.
La resolución informa a los estudiantes del curso "Introducción a la Administración Pública" que el miércoles 9 de junio entre las 19 y 22:45 horas, el Dr. Eduardo Jorge Varela no permitirá el ingreso de estudiantes al aula 303, donde normalmente se dicta la clase, para escuchar la lección correspondiente a ese día.
El documento presenta la opinión del Procurador General de la Nación sobre un caso en el que se declaró prescrita la acción para demandar la nulidad de un decreto de 1917 que afectó tierras de la actora Sociedad Anónima Ganadera Los Lagos. El Procurador opina que se debe confirmar la sentencia apelada que declaró prescrita la acción. Considera que el decreto en cuestión desconoció la Constitución Nacional al ejercer funciones judiciales el Poder Ejecutivo y al desconocer la garantía de propiedad privada.
El documento presenta la opinión del Procurador General de la Nación sobre un caso en el que una sociedad ganadera demandó la nulidad de un decreto presidencial de 1917 que declaró caducas ventas de tierras fiscales a los antecesores de la sociedad. El Procurador opina que el decreto es nulo por desconocer la Constitución Nacional y que la nulidad es absoluta, por lo que no es aplicable la prescripción.
Nota a fallo angel estrada sa facultades jurisdiccionales de organos administrativos
1. HYPERLINK quot;
http://eduardojorgevarela.blogspot.com/2010/04/facultades-jurisdiccionales-de-organos.htmlquot;
Facultades jurisdiccionales de Organos Administrativos<br />Con Ángel Estrada la Corte evoluciono y al crear Tribunales administrativos independientes del PEN, se han otorgado al particular nuevos controles que aseguran una mejor tutela en sede administrativa. I. - ASUNTOEste articulo analiza uno de los obiter dicta recaídos en la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia sin olvidar una de las más completas resoluciones judiciales del máximo órgano judicial elaboradas sobre la existencia de los tribunales administrativas , idea que con este nuevo fallo se vuelve completa y perfecciona el razonamiento de aquel leading case, ya que al hacer mención, a las facultades de la Administración Activa para establecer tribunales administrativos, imparciales e independientes , se esta reconociendo facultades al Estado para crear este tipo de entes, correspondiendo al Poder Legislativo su creación , surgiendo de esta forma un nuevo control intermedio a favor del usuario de justicia dentro de un procedimiento administrativo. En tanto y como lo hace la doctrina constitucional-administrativista “el ente regulador puede ser entendido también como un tribunal administrativo”, no tendríamos inconvenientes interpretativos por una cuestión de analogía, en extender el criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia en Ángel Estrada para el resto de los entes reguladores. Si en este caso del ENRE, la Corte hizo mención a la existencia de tribunales administrativos, ello implica lógicamente que el ENRE, ente regulador del servicio de la electricidad, al actuar como lo hizo, actuó ejerciendo funciones como un tribunal administrativo.Pero revisando los marcos normativos que crean a los entes reguladores y sus respectivas competencias, que crea el “Ente Regulador de la Electricidad”(ENRE), que crea al Ente Regulador del Gas (ENARGAS) y que creo a la Comisión Nacional de Comunicaciones, que crea al Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y analizando las competencias que tienen otros entes reguladores, pueden surgir problemas al tratar de enfocar si al momento de resolver las controversias suscitadas entre los miembros integrantes del ente, actúan como un tribunal administrativo y en tal caso si tienen función o jurisdicción administrativa. Pero independientemente del concepto y a los fines de la función que tienen establecida por la ley, convenimos en expresar que actúan como órganos que tienen jurisdicción administrativa. A esta altura, y después de lo decidido por la Corte al menos en Fernández Arias, no existen muchas dudas en el sentido que los entes ejercen función jurisdiccional, en los casos de los entes reguladores ENRE (Art. 72 ley 24065) y del ENARGAS (Art. 66) El problema se plantea con el segundo fallo citado, Ángel Estrada que hace mención a la existencia de tribunales administrativos independientes de la Administración Activa, que no son el caso de los entes citados. por cuanto de su normativa surge que están dentro de la estructura del PEN y además existen recursos administrativos que limitan los derechos de los particulares y además los integrantes de los entes no tienen la estabilidad e independencia necesaria del PEN que si tienen los integrantes del Tribunal Fiscal de la Nación, con el objetivo de actuar como órganos administrativos independientes y ejercer un control administrativo más favorable al particular.Una nota distintiva, no tenida en cuenta en los entes reguladores, que surge con el Fallo Ángel Estrada, es que para ejercer función jurisdiccional administrativa hace falta ser un órgano imparcial y que las decisiones emitidas no puedan ser revisadas por el mismo órgano que las dicto. De ello se desprende que es necesario la existencia de tribunales administrativos que decidan controversias sometidas a su decisión, pero que sus decisiones no puedan ser revisadas por el PEN, ello con el fin de adecuarse a la independencia de los tribunales administrativos del PEN, y encuadrar en el Standard establecido en Ángel Estrada. Existen casos de tribunales administrativos que reúnen dichos criterios. Uno es el Tribunal Fiscal de la Nación. A los actuales cánones establecidos en dicho ente administrativo debieran adecuarse los entes reguladores citados a fin de poder hablar de Tribunales Administrativos independientes del PEN que ejercen una nueva función jurisdiccional y un mejor control administrativo respecto de los derechos de los particulares.II.- UN POCO DE HISTORIA ACERCA DE LOS REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS PARA CONSIDERAR LA EXISTENCIA DE UNA EFECTIVA TUTELA JURISDICCIONALEl Tribunal Fiscal de la Nación, fue creado por normativa de la década de 1960. Como lo sostiene prestigiosa doctrina tributarista , el debate parlamentario deja claro que el objetivo del legislador era otorgar a los contribuyentes la posibilidad de plantear una discusión en sede administrativa con efecto suspensivo sobre la intimación de pago en materia de determinación de tributos, intereses y multas. Asimismo se propuso que los miembros del tribunal estuviesen altamente especializados en materia tributaria, aludiendo el diputado Ferreira, miembro informante, a que de esta forma el Tribunal constituiría una suerte de magistratura técnica. El objetivo de la especialización fue permanentemente asegurado mediante rigurosos concursos para la selección de sus miembros. También se perseguía que el procedimiento fuera rápido y flexible y que la doctrina del tribunal fuese en principio obligatoria para el Fisco nacional. Además y conforme lo establece la citada ley, dicho ente es un organismo con autarquía administrativa y financiera encuadrado presupuestariamente dentro de la orbita de la Secretaria de Hacienda del Ministerio de Economía. Posee funciones jurisdiccionales solamente revisables por el Poder Judicial. El art. 148 de la citada ley, establece que sus miembros permanecen en sus cargos mientras dure su buena conducta. Con lo cual se asegura la independencia de la actividad jurisdiccional del Tribunal Fiscal respecto del PEN. Estas pautas, son las mismas que pueden encontrarse en la interpretación complementaria que hace la Corte en Fernández Arias y Santiago Estrada ya que sumadas nos dan el producto que debiera tenerse en cuenta para adecuarlas a los entes reguladores para configurar verdaderos Tribunales Administrativos que ejercen jurisdicción administrativa independientes de la Administración Activa.III.- PONDERACIÓNES ACERCA DE LA NECESIDAD DE LA CREACIÓN DE TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS NO DEPENDIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN ACTIVA – SU APLICACIÓN A LOS ENTES REGULADORESLa conveniencia acerca de la creación de tribunales administrativos autónomos dotados de imparcialidad e independencia que no excluyan la revisión judicial amplia, a los cuales el particular pueda, si quiere, optar por acudir antes de solicitar la revisión judicial de los actos y hechos administrativos ( ) es una consideración acerca de la oportunidad o si se quiere de decisión política mas que jurídica, pero que en definitiva beneficia los intereses de los usuarios de justicia, otorgando a los mismos el derecho a una tutela judicial efectiva de sus intereses comprometidos en una contienda.El sentido de crear un sistema de control intermedio, para llenar un vacío que en la practica los tribunales judiciales no pueden cumplir ya sea por no tener sus decisiones “la flexibilidad de un pronunciamiento consultivo favorable en sus lineamientos generales al particular supone una posibilidad mayor de solución del conflicto en sede administrativa; permite también a la administración rectificar validamente su conducta como si lo hiciera por propia iniciativa, lo cual en muchos casos ayuda a que efectivamente lo haga” , la posibilidad mayor de avenimiento y el hecho de poder mantener un dialogo y una comunicación fluida a pesar del diferendo, hará que más cantidad de administrados intenten la defensa de sus derechos ante tribunales de esta índole que los que lo harían ante tribunales judiciales o bien por la cantidad de causas que tramitan ante el Poder Judicial es cumplir con la tutela judicial efectiva de los derechos citada.Otros argumentos favorables a la creación de tribunales administrativos independientes citado por la CSJN en el caso Ángel Estrada, consisten en que “el tribunal administrativo, si puede fijar costas, lo que normalmente no ocurre, tiene mayor libertad sustancial para no imponer costas al actor si este pierde, cosa que le es más difícil al Juez hacer, y ello significa que el tribunal administrativo puede disminuir y hasta eliminar el fantasma de las “costas a su cargo” que debe contemplar todo aquel que tiene pensado cuestionar ante uno u otro tribunal un pronunciamiento administrativo” , el mayor margen de actividad instructora que el órgano administrativo puede realizar de oficio, mediante pedidos de informes a las oficinas administrativas, contemplado en el Decreto Ley 19549 y su decreto reglamentario 1752/72, también puede reducir y hasta eliminar las costosas pericias judiciales a las cuales las partes deben recurrir para tratar de acreditar los hechos que le sean favorables . También esta la posibilidad mayor que el órgano administrativo tiene de no optar entre validez o invalidez del acto, sino pronunciarse por su reforma o sustitución, le da paralelamente mayor posibilidad de disponer que las costas sean en el orden causado que imponérselas a un hipotético vencido Y un argumento de bastante peso que surge de comparar el sistema de control entre el procedimiento administrativo y el proceso judicial que inclina la balanza a buscar nuevos sistemas de control intermedio dentro de órganos de control administrativos independientes de la Administración activa “cabe recordar aquella clásica según la cual los tribunales judiciales solo pueden pronunciarse sobre la legitimidad de la conducta administrativa, en tanto que los órganos administrativos revisores pueden apreciar tanto la legitimidad como la oportunidad de los actos recurridos .Finalmente, pero por ello menos importante, podemos resaltar la coherencia de la Corte respecto al trato que da a la existencia de tribunales administrativos tanto cuando se expidió sobre la validez de los órganos administrativos de las Cámaras Parcelarias Provinciales que se complementa y obtiene una nueva doctrina en el año 2005 ante un reclamo de una empresa ante la Secret. de Energía y Puertos-ENRE En efecto en una parte del fallo se expreso “ La Administración activa no puede, constitucionalmente, ejercer jurisdicción administrativa, ni siquiera sujeta a revisión judicial pero si pueden establecer tribunales administrativos, imparciales e independientes, cuya función sea ejercer jurisdicción administrativa sujeta a revisión judicial plena “, resoluciones judiciales que confirman la validez de la creación de tribunales administrativos independientes de la Administración Activa para dotar al particular de un nuevo control intermedio en la tutela de sus derechos. Lo cual confirma la elaboración de una nueva doctrina que crea un control intermedio favorable al particular no existente hasta antes del fallo. En dicho sentido, es destacable manifestar que a fin que los funcionarios de los entes reguladores (uno de los puntos del caso Ángel Estrada versaba sobre las facultades de control del ENRE, ente regulador de electricidad) estén dotados de independencia de la administración activa, “Los funcionarios administrativos pueden llegar a tener, mucha imparcialidad y algún grado de independencia, pero en tanto no se trate de entes reguladores creados bajo dependencia del Poder Legislativo, dotados de estabilidad o al menos una razonable permanencia en el cargo que exceda de una o dos administraciones centrales, y con clara independencia del poder administrador (lo que excluye la posibilidad de intervenciones, remociones, etc.) es obvio que su condición personal no es la de órgano plenamente imparcial e independiente que justifique hablar de algún grado de jurisdicción. . Este seria un requisito importante para ser agregado en los entes reguladores citados, a fin que los particulares tengan una mejor tutela de sus derechos. Conteste con dicha doctrina, los constituyentes de la Convención Reformadora de 1994 con motivo de la reforma constitucional de la Constitución de 1853/1860 agregaron la figura del Defensor del Pueblo en el art. 86, dentro de la orbita del Poder Legislativo, que también actúa en casos de denuncias de particulares ejerciendo un control administrativo intermedio como el postulado.A fin de complementar esta idea, y como lo sostiene la doctrina es además indispensable que no exista recurso de alzada u otro tipo de control jerárquico o tutela administrativa de la administración central. El único control debe ser el judicial en forma directa, sin agotamiento de ninguna vía administrativa, similar al que se utiliza en el tribunal fiscal, de allí que se lo utilice como modelo para amoldarlo a los entes reguladores y así poder decir de estos que realmente ejercen la nueva doctrina sentada en un obiter dicta por la Corte, ello es la existencia de tribunales administrativos independientes del Poder administrador lo cual creara un nuevo control administrativo intermedio inexistente a la fecha, tendiente a lograr una efectiva tutela judicial de los particulares dentro del procedimiento administrativo.De lo expuesto es que consideramos necesario que los entes reguladores citados a fin de ser independientes de la Administración activa y siguiendo el obiter dicta de Ángel Estrada y de la ley que creo el tribunal fiscal de la Nación, readecuen su organización y funcionamiento de acuerdo a dichos standards.IV. CONCLUSIONESPor todo lo expuesto es que propugnamos la creación de entes reguladores independientes del poder administrador a ser creados dentro de la orbita del Poder Legislativo con autonomía funcional, independencia y estabilidad, a fin de crear nuevos controles administrativos de la defensa de los particulares dentro de un procedimiento administrativo con facultades de decisión del caso concreto, sujetas a revisión judicial posterior.<br />