1. El documento resume el principio de informalismo administrativo en la jurisprudencia constitucional boliviana. 2. Este principio permite excusar al administrado del cumplimiento de exigencias formales no esenciales para asegurar una decisión sobre el fondo. 3. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional boliviano ha desarrollado este principio y establecido que debe interpretarse de manera favorable al administrado.
El documento habla sobre la jurisdicción constitucional en Perú. Explica conceptos como el debido proceso y las garantías constitucionales. También describe el papel del Tribunal Constitucional Peruano y cómo resuelve disputas de acuerdo a la constitución. Además, analiza las diferentes comisiones que evalúan solicitudes de indulto, conmutación de pena y derecho de gracia presidencial.
Este documento trata sobre el derecho registral. Brevemente resume lo siguiente:
1) El derecho registral regula los organismos estatales encargados de registrar hechos, actos y derechos jurídicos, y los efectos legales que se derivan de la publicidad registral.
2) Incluye temas como los sistemas y principios registrales, los asientos registrales, los organismos registrales y la publicidad registral.
3) El propósito fundamental de los registros y notarías es garantizar la certeza y seguridad jurídic
El documento habla sobre el poder constituyente. Define el poder constituyente como la capacidad de originar o establecer la estructura jurídico-política del estado. Describe las diferentes formas históricas en que se ha ejercido el poder constituyente, como actos teóricos, absolutos, concedidos o de democracia directa/indirecta. Explica que el titular del poder constituyente es el pueblo y sus características como ser originario, ilimitado e inagotable. Finalmente, distingue entre el poder constituyente originario y
El documento trata sobre el agotamiento de la vía administrativa. Explica que este requisito busca dar a la administración pública la posibilidad de revisar sus decisiones y subsanar errores antes de recurrir a la vía judicial. Define al agotamiento como haber obtenido el pronunciamiento del funcionario con mayor competencia para decidir definitivamente sobre un acto impugnado. También describe las características, finalidades, efectos, plazos y causales para el agotamiento de la vía administrativa según la legislación peruana.
1) El documento define el derecho registral como el conjunto de normas que regulan la organización y funcionamiento de los registros y los derechos inscribibles. 2) Señala que el registro es un instrumento de publicidad, prueba y garantía que protege a los titulares registrales. 3) Explica algunas características del derecho registral como que es autónomo, público, formalista y limitativo en cuanto a los actos que admite para su inscripción.
Este documento resume el principio de legalidad en derecho penal. Define el principio como "nullum crimen, nulla poena sine lege", o que no hay delito ni pena sin ley previa. Explica las garantías de este principio, sus elementos, y las consecuencias jurídicas como la irretroactividad de la ley penal. También compara cómo se aplica este principio en Venezuela y Argentina.
El documento explica la diferencia entre obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. Las obligaciones de hacer son positivas y requieren que el deudor realice alguna acción como un servicio. Las obligaciones de no hacer son negativas y requieren que el deudor se abstenga de realizar cierta acción. El documento también describe los plazos, modos de cumplimiento, y consecuencias del incumplimiento para ambos tipos de obligaciones.
El procedimiento administrativo trilateral es el procedimiento contencioso seguido entre dos o más administrados ante las entidades de la administración pública para resolver controversias entre ellos. Se inicia mediante una reclamación de un administrado (reclamante) contra otro (reclamado), y la administración actúa como juez resolviendo el conflicto. El procedimiento trilateral se rige por la Ley 27444 y puede ser sancionador o no sancionador, dependiendo del caso concreto.
El documento habla sobre la jurisdicción constitucional en Perú. Explica conceptos como el debido proceso y las garantías constitucionales. También describe el papel del Tribunal Constitucional Peruano y cómo resuelve disputas de acuerdo a la constitución. Además, analiza las diferentes comisiones que evalúan solicitudes de indulto, conmutación de pena y derecho de gracia presidencial.
Este documento trata sobre el derecho registral. Brevemente resume lo siguiente:
1) El derecho registral regula los organismos estatales encargados de registrar hechos, actos y derechos jurídicos, y los efectos legales que se derivan de la publicidad registral.
2) Incluye temas como los sistemas y principios registrales, los asientos registrales, los organismos registrales y la publicidad registral.
3) El propósito fundamental de los registros y notarías es garantizar la certeza y seguridad jurídic
El documento habla sobre el poder constituyente. Define el poder constituyente como la capacidad de originar o establecer la estructura jurídico-política del estado. Describe las diferentes formas históricas en que se ha ejercido el poder constituyente, como actos teóricos, absolutos, concedidos o de democracia directa/indirecta. Explica que el titular del poder constituyente es el pueblo y sus características como ser originario, ilimitado e inagotable. Finalmente, distingue entre el poder constituyente originario y
El documento trata sobre el agotamiento de la vía administrativa. Explica que este requisito busca dar a la administración pública la posibilidad de revisar sus decisiones y subsanar errores antes de recurrir a la vía judicial. Define al agotamiento como haber obtenido el pronunciamiento del funcionario con mayor competencia para decidir definitivamente sobre un acto impugnado. También describe las características, finalidades, efectos, plazos y causales para el agotamiento de la vía administrativa según la legislación peruana.
1) El documento define el derecho registral como el conjunto de normas que regulan la organización y funcionamiento de los registros y los derechos inscribibles. 2) Señala que el registro es un instrumento de publicidad, prueba y garantía que protege a los titulares registrales. 3) Explica algunas características del derecho registral como que es autónomo, público, formalista y limitativo en cuanto a los actos que admite para su inscripción.
Este documento resume el principio de legalidad en derecho penal. Define el principio como "nullum crimen, nulla poena sine lege", o que no hay delito ni pena sin ley previa. Explica las garantías de este principio, sus elementos, y las consecuencias jurídicas como la irretroactividad de la ley penal. También compara cómo se aplica este principio en Venezuela y Argentina.
El documento explica la diferencia entre obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. Las obligaciones de hacer son positivas y requieren que el deudor realice alguna acción como un servicio. Las obligaciones de no hacer son negativas y requieren que el deudor se abstenga de realizar cierta acción. El documento también describe los plazos, modos de cumplimiento, y consecuencias del incumplimiento para ambos tipos de obligaciones.
El procedimiento administrativo trilateral es el procedimiento contencioso seguido entre dos o más administrados ante las entidades de la administración pública para resolver controversias entre ellos. Se inicia mediante una reclamación de un administrado (reclamante) contra otro (reclamado), y la administración actúa como juez resolviendo el conflicto. El procedimiento trilateral se rige por la Ley 27444 y puede ser sancionador o no sancionador, dependiendo del caso concreto.
Litigio y medios de solución
Características de la jurisdicción
Deslinde entre jurisdicción y administración
Órganos Jurisdiccionales independientes del poder judicial
Divisiones de la jurisdicción
Competencia
El documento define el acto jurídico y el negocio jurídico. Un acto jurídico es un hecho humano y voluntario que crea, modifica o extingue derechos y obligaciones. Un negocio jurídico es una manifestación de voluntad que tiene por objeto producir efectos jurídicos. Ambos tienen elementos esenciales, naturales y accidentales. Además, los actos y negocios jurídicos pueden ser formales o no formales, unilaterales o bilaterales, entre otros.
Proceso Contencioso Administrativo (Diplomado)gabogadosv
El documento describe el proceso contencioso administrativo en el Perú. Explica que este proceso permite controlar las actuaciones de la administración pública y tutelar los derechos de los administrados. Señala que el objeto del proceso son las pretensiones de las partes, como declarar la nulidad de actos administrativos o ordenar a la administración realizar una actuación. También establece los requisitos para acumular pretensiones y las facultades del órgano jurisdiccional, como ejercer control difuso de la constitucionalidad.
Derecho procesal constitucional, justicia constitucional cal notariadoCEFIC
El documento habla sobre la naturaleza y particularidades del derecho procesal constitucional. Explica que existe un debate sobre si es parte del derecho constitucional, procesal o una hibridación de ambos. También describe los elementos clave como la jurisdicción constitucional, los procesos constitucionales y la magistratura constitucional. Finalmente, explica conceptos como el control concentrado vs difuso y las características de los tribunales constitucionales.
Detalladamente veremos como ha sido modificado este articulo con el antiguo código procesal penal por la ley 1173, donde claramente se interponen nuevas medidas que serán tomadas para la cesación a la detención preventiva, antes llamada también cesación a la libertad.
Instituciones que conforman el derecho procesalKelia Perez
Este documento resume las características y clasificaciones de la acción judicial, la jurisdicción y el proceso en Venezuela. Define la acción como el derecho que tiene una persona a dirigirse a los órganos jurisdiccionales para la protección de sus intereses. Explica que la jurisdicción es el poder del Estado para resolver conflictos aplicando la ley a través de jueces y tribunales. Finalmente, señala que el proceso es la serie de actos realizados por los órganos jurisdiccionales para resolver conflictos de manera pacífica mediante
El documento habla sobre el derecho a la identidad y el nombre en particular. Define el nombre como un conjunto de atributos y características que permiten identificar a una persona. Explica que el nombre es una manifestación estática del derecho a la identidad y cumple funciones individualizadora, socializadora e histórica. Además, establece disposiciones sobre la estructura, cambio y protección jurídica del nombre y seudónimo.
El documento trata sobre los conceptos de aplicación e interpretación del derecho, conflictos de leyes en el tiempo y el espacio. Explica que la interpretación del derecho busca el sentido de la ley según el legislador y puede ser doctrinal, judicial o legislativa. También describe las teorías para resolver conflictos de leyes entre ordenamientos jurídicos como la territorialidad de la ley, teoría de los estatutos y teoría de la personalidad del derecho. Finalmente, resume los principios admitidos en el derecho positivo colombiano para resolver conflictos en el esp
Este documento describe los principios del Código Procesal Civil Peruano. Explica que todo ordenamiento procesal se basa en principios o líneas directrices que le dan sentido y sustento. Aunque tradicionalmente en Perú no se había prestado atención a los principios procesales, el nuevo Código Procesal Civil los incluye expresamente en su Título Preliminar. Algunos principios como el dispositivo pueden existir implícitamente. El documento analiza principios como la tutela jurisdiccional efectiva, la dirección e impulso procesal
Este documento describe la estructura de una sentencia en un proceso penal en Venezuela. Explica que una sentencia debe tener una parte narrativa, una parte motivada y una parte dispositiva. La parte narrativa describe los hechos del caso y el desarrollo del proceso. La parte motivada incluye las consideraciones legales y razones del juez. La parte dispositiva contiene la decisión del juez. También discute los elementos requeridos para sentencias emanadas de un juicio oral.
El documento resume los principales conceptos sobre los principios registrales según varios autores. Explica que los principios registrales son las orientaciones fundamentales del sistema registral y facilitan el estudio y aplicación de la legislación. Enumera los principales principios registrales como inscripción, legalidad, publicidad, prioridad, legitimación y fe pública.
Este documento presenta una introducción al derecho agrario. Explica la justificación y evolución histórica del derecho agrario, desde la antigüedad hasta el constitucionalismo social. También describe las diferentes escuelas de pensamiento sobre el derecho agrario, incluyendo las tesis de autonomía, especialidad y la actividad agraria. Finalmente, resume los principios generales del derecho agrario establecidos en la constitución, como la promoción de la agricultura sustentable y la seguridad alimentaria.
El documento describe el proceso único de ejecución establecido por el Decreto Legislativo N° 1069. Se establece un proceso único que reemplaza a los procesos de ejecución previamente regulados, unificando los trámites independientemente de la naturaleza de la obligación. Se describen las disposiciones generales y especiales aplicables a cada tipo de obligación, así como a la ejecución de resoluciones judiciales y de garantías.
Este documento presenta una introducción al concepto de acto administrativo desde diferentes perspectivas doctrinales. Define el acto administrativo como una declaración unilateral realizada por la administración pública en ejercicio de sus funciones que produce efectos jurídicos individuales de manera inmediata. Explora las características del acto administrativo como un acto jurídico distinto de otros como los reglamentos o contratos, y analiza los aspectos doctrinales, definiciones, requisitos de validez y causales de nulidad de los actos administrativos según diferentes aut
Este documento define el derecho procesal constitucional como la disciplina jurídica que decide de manera imparcial la aplicación de las normas constitucionales. Tiene dos funciones principales: 1) garantizar la supremacía jurídica de la Constitución y 2) proteger los derechos fundamentales de las personas. Explica la jerarquía constitucional y la estructura de las normas constitucionales, así como el control de constitucionalidad de las leyes. También resume la experiencia anglosajona en relación al control de la constitucionalidad
ENJ-400 Principios Generales del Derecho AdministrativoENJ
Este documento describe los principios generales del derecho administrativo en República Dominicana según la Constitución de 2010. Estos principios incluyen la legalidad, la verdad material, la buena fe, la razonabilidad, la imparcialidad, la eficacia, la economía, la publicidad, la transparencia y la proporcionalidad. La administración pública debe guiarse por estos principios al tomar decisiones y actuar para servir a los ciudadanos de manera justa y eficiente.
La jurisdicción contencioso administrativa en el Perú esta contenida en la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo (AUTOR: JOSÉ MARÍA PACORI CARI)
Este documento presenta un índice de 177 artículos relacionados con el derecho de sucesiones en España. Los artículos cubren una variedad de temas como la transmisión sucesoria, la aceptación y renuncia a la herencia, las formalidades de los testamentos, la legítima y la desheredación, los legados, el albaceazgo y la revocación de testamentos. El documento provee una guía detallada de las leyes sucesorias españolas.
Cuestionario ley de procedimiento administrativo generalMaricarmenOliveraG
Este documento presenta las respuestas a preguntas sobre la Ley de Procedimiento Administrativo General de Perú. Aborda temas como los requisitos de validez de los actos administrativos, la motivación, las formalidades, los actos de administración interna, y las causales y efectos de la nulidad. El documento analiza estas cuestiones a la luz de lo establecido en la Ley 27444 y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano.
El documento describe los elementos fundamentales de un procedimiento administrativo. Explica que un procedimiento debe regular las formalidades para la formación, ejecución y revisión de los actos administrativos, así como las normas para impugnarlos. Señala algunos requisitos clave como dar oportunidad al afectado de conocer el procedimiento y presentar defensa, organizar un sistema de comprobación de hechos, y concluir con una resolución que decida el asunto.
Litigio y medios de solución
Características de la jurisdicción
Deslinde entre jurisdicción y administración
Órganos Jurisdiccionales independientes del poder judicial
Divisiones de la jurisdicción
Competencia
El documento define el acto jurídico y el negocio jurídico. Un acto jurídico es un hecho humano y voluntario que crea, modifica o extingue derechos y obligaciones. Un negocio jurídico es una manifestación de voluntad que tiene por objeto producir efectos jurídicos. Ambos tienen elementos esenciales, naturales y accidentales. Además, los actos y negocios jurídicos pueden ser formales o no formales, unilaterales o bilaterales, entre otros.
Proceso Contencioso Administrativo (Diplomado)gabogadosv
El documento describe el proceso contencioso administrativo en el Perú. Explica que este proceso permite controlar las actuaciones de la administración pública y tutelar los derechos de los administrados. Señala que el objeto del proceso son las pretensiones de las partes, como declarar la nulidad de actos administrativos o ordenar a la administración realizar una actuación. También establece los requisitos para acumular pretensiones y las facultades del órgano jurisdiccional, como ejercer control difuso de la constitucionalidad.
Derecho procesal constitucional, justicia constitucional cal notariadoCEFIC
El documento habla sobre la naturaleza y particularidades del derecho procesal constitucional. Explica que existe un debate sobre si es parte del derecho constitucional, procesal o una hibridación de ambos. También describe los elementos clave como la jurisdicción constitucional, los procesos constitucionales y la magistratura constitucional. Finalmente, explica conceptos como el control concentrado vs difuso y las características de los tribunales constitucionales.
Detalladamente veremos como ha sido modificado este articulo con el antiguo código procesal penal por la ley 1173, donde claramente se interponen nuevas medidas que serán tomadas para la cesación a la detención preventiva, antes llamada también cesación a la libertad.
Instituciones que conforman el derecho procesalKelia Perez
Este documento resume las características y clasificaciones de la acción judicial, la jurisdicción y el proceso en Venezuela. Define la acción como el derecho que tiene una persona a dirigirse a los órganos jurisdiccionales para la protección de sus intereses. Explica que la jurisdicción es el poder del Estado para resolver conflictos aplicando la ley a través de jueces y tribunales. Finalmente, señala que el proceso es la serie de actos realizados por los órganos jurisdiccionales para resolver conflictos de manera pacífica mediante
El documento habla sobre el derecho a la identidad y el nombre en particular. Define el nombre como un conjunto de atributos y características que permiten identificar a una persona. Explica que el nombre es una manifestación estática del derecho a la identidad y cumple funciones individualizadora, socializadora e histórica. Además, establece disposiciones sobre la estructura, cambio y protección jurídica del nombre y seudónimo.
El documento trata sobre los conceptos de aplicación e interpretación del derecho, conflictos de leyes en el tiempo y el espacio. Explica que la interpretación del derecho busca el sentido de la ley según el legislador y puede ser doctrinal, judicial o legislativa. También describe las teorías para resolver conflictos de leyes entre ordenamientos jurídicos como la territorialidad de la ley, teoría de los estatutos y teoría de la personalidad del derecho. Finalmente, resume los principios admitidos en el derecho positivo colombiano para resolver conflictos en el esp
Este documento describe los principios del Código Procesal Civil Peruano. Explica que todo ordenamiento procesal se basa en principios o líneas directrices que le dan sentido y sustento. Aunque tradicionalmente en Perú no se había prestado atención a los principios procesales, el nuevo Código Procesal Civil los incluye expresamente en su Título Preliminar. Algunos principios como el dispositivo pueden existir implícitamente. El documento analiza principios como la tutela jurisdiccional efectiva, la dirección e impulso procesal
Este documento describe la estructura de una sentencia en un proceso penal en Venezuela. Explica que una sentencia debe tener una parte narrativa, una parte motivada y una parte dispositiva. La parte narrativa describe los hechos del caso y el desarrollo del proceso. La parte motivada incluye las consideraciones legales y razones del juez. La parte dispositiva contiene la decisión del juez. También discute los elementos requeridos para sentencias emanadas de un juicio oral.
El documento resume los principales conceptos sobre los principios registrales según varios autores. Explica que los principios registrales son las orientaciones fundamentales del sistema registral y facilitan el estudio y aplicación de la legislación. Enumera los principales principios registrales como inscripción, legalidad, publicidad, prioridad, legitimación y fe pública.
Este documento presenta una introducción al derecho agrario. Explica la justificación y evolución histórica del derecho agrario, desde la antigüedad hasta el constitucionalismo social. También describe las diferentes escuelas de pensamiento sobre el derecho agrario, incluyendo las tesis de autonomía, especialidad y la actividad agraria. Finalmente, resume los principios generales del derecho agrario establecidos en la constitución, como la promoción de la agricultura sustentable y la seguridad alimentaria.
El documento describe el proceso único de ejecución establecido por el Decreto Legislativo N° 1069. Se establece un proceso único que reemplaza a los procesos de ejecución previamente regulados, unificando los trámites independientemente de la naturaleza de la obligación. Se describen las disposiciones generales y especiales aplicables a cada tipo de obligación, así como a la ejecución de resoluciones judiciales y de garantías.
Este documento presenta una introducción al concepto de acto administrativo desde diferentes perspectivas doctrinales. Define el acto administrativo como una declaración unilateral realizada por la administración pública en ejercicio de sus funciones que produce efectos jurídicos individuales de manera inmediata. Explora las características del acto administrativo como un acto jurídico distinto de otros como los reglamentos o contratos, y analiza los aspectos doctrinales, definiciones, requisitos de validez y causales de nulidad de los actos administrativos según diferentes aut
Este documento define el derecho procesal constitucional como la disciplina jurídica que decide de manera imparcial la aplicación de las normas constitucionales. Tiene dos funciones principales: 1) garantizar la supremacía jurídica de la Constitución y 2) proteger los derechos fundamentales de las personas. Explica la jerarquía constitucional y la estructura de las normas constitucionales, así como el control de constitucionalidad de las leyes. También resume la experiencia anglosajona en relación al control de la constitucionalidad
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La jurisdicción contencioso administrativa en el Perú esta contenida en la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo (AUTOR: JOSÉ MARÍA PACORI CARI)
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Cuestionario ley de procedimiento administrativo generalMaricarmenOliveraG
Este documento presenta las respuestas a preguntas sobre la Ley de Procedimiento Administrativo General de Perú. Aborda temas como los requisitos de validez de los actos administrativos, la motivación, las formalidades, los actos de administración interna, y las causales y efectos de la nulidad. El documento analiza estas cuestiones a la luz de lo establecido en la Ley 27444 y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano.
El documento describe los elementos fundamentales de un procedimiento administrativo. Explica que un procedimiento debe regular las formalidades para la formación, ejecución y revisión de los actos administrativos, así como las normas para impugnarlos. Señala algunos requisitos clave como dar oportunidad al afectado de conocer el procedimiento y presentar defensa, organizar un sistema de comprobación de hechos, y concluir con una resolución que decida el asunto.
EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. A través de sus caracteres y etapas se explica la importancia de este procedimiento especial en el TUO de la Ley 27444 del Perú (Autor José María Pacori Cari).
El documento describe los principios y fases del procedimiento administrativo según la legislación venezolana. Explica que los procedimientos deben seguir el principio de legalidad y estar fundamentados en las leyes. También cubre los principios doctrinarios como la instrumentalidad, economía procedimental y simplicidad. Describe las tres fases del procedimiento - iniciación, sustanciación y terminación - y los pasos involucrados en cada una. El objetivo es explicar cómo la administración pública debe llevar a cabo procedimientos de manera eficaz y en cumplimiento de
INTRODUCCIÓN AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA. Se hace una introducción al procedimiento coactivo administrativo previsto en el TUO de la Ley 26979 (autor José María Pacori Cari). Acceda en
https://drive.google.com/file/d/1__Ylyxp762TDsr0lZd7tXDRCOvUiG7IF/view?usp=sharing
#EjecuciónCoactiva #Ley26979 #ProcedimientoCoactivo
El documento define el procedimiento administrativo como una serie de actos tramitados según un orden y formas de proceder para llegar a una decisión administrativa. Describe las características, principios y diferencias con el procedimiento civil. Explica las etapas de un procedimiento administrativo que son iniciación, sustanciación, terminación y ejecución. Finalmente, provee una bibliografía sobre el tema.
Este documento resume los requisitos de validez de los actos administrativos según la ley venezolana. Explica que los requisitos incluyen formalidades procedimentales, motivación y formas de manifestación externa. También cubre los requisitos de fondo como competencia, base legal, objeto, causa y finalidad. Finalmente, indica cuatro casos que hacen que un acto sea nulo: cuando una ley lo determine, cuando resuelva un caso ya decidido, cuando su contenido sea ilegal o imposible de ejecutar, o cuando sea dictado
Este decreto supremo aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que sistematiza la Ley No 27444 y el Decreto Legislativo No 1272. El texto único ordenado contiene cinco títulos, veinte capítulos, 271 artículos y varias disposiciones complementarias. El decreto supremo es refrendado por la Ministra de Justicia y Derechos Humanos.
La resolución declara improcedente el recurso de reconsideración presentado por Domingo Hernan Asencios Nuñez contra la resolución que suspendió su pensión de invalidez definitiva. Asencios Nuñez apela esta decisión argumentando que se violó su derecho al debido proceso. Explica que el debido proceso administrativo requiere que los actos administrativos estén debidamente motivados y fundamentados, y que la resolución que suspendió su pensión carecía de esta motivación y fundamentación suficiente.
Este documento resume los conceptos clave relacionados con los actos administrativos y el derecho administrativo en España. Explica que los actos administrativos tienen elementos subjetivos, objetivos y formales, y pueden clasificarse de diferentes maneras. También describe la nulidad y anulabilidad de los actos, el silencio administrativo, los documentos administrativos como solicitudes y denuncias, y brevemente el procedimiento administrativo y los recursos administrativos.
REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Se establecen los requisitos de validez del acto administrativo para comprender su naturaleza jurídica (AUTOR JOSÉ MARÍA PACORI CARI)
Este documento describe la noción general de los procedimientos administrativos en Venezuela. Explica que los procedimientos son la base fundamental del derecho administrativo y garantizan que los trámites del gobierno se realicen de forma ordenada y de acuerdo con la ley. También describe las características de los procedimientos administrativos como su pluralidad, temporalidad y progresividad. Finalmente, contrasta los procedimientos administrativos con los procesos judiciales civiles.
El documento describe los conceptos de procedimiento y proceso administrativo, destacando las diferencias entre ambos. Explica que el procedimiento administrativo comprende la serie de actos ante un órgano administrativo que culmina en un acto administrativo, mientras que el proceso administrativo es la serie de actos ante un órgano judicial que termina en una sentencia. Además, analiza el marco jurídico del derecho procesal público en la Nación y las provincias de Argentina.
El procedimiento administrativo jhonny alvaradoajhonny89
Este documento describe los principales aspectos del procedimiento administrativo. En resumen:
1) El procedimiento administrativo consiste en una serie de actos que siguen un orden establecido por la ley con el fin de llegar a una decisión final por parte de la autoridad pública.
2) Los principios que rigen el procedimiento incluyen la legalidad, la seguridad jurídica, la coherencia en la actuación pública y el carácter inquisitivo u oficial del proceso.
3) La autoridad administrativa dirige el procedimiento y es responsable de investigar y
La tutela cautelar en el derecho procesal administrativoHugo Araujo
Este documento discute la tutela cautelar en el derecho procesal administrativo venezolano. Explica que la tutela cautelar se desarrolló primero en el procedimiento administrativo para asegurar la eficacia de las resoluciones finales, y luego se expandió al proceso administrativo a través de la jurisprudencia para garantizar la tutela judicial efectiva. Finalmente, argumenta que se deben unificar los criterios para conceder la tutela cautelar en ambos ámbitos y actualizar las leyes para brindar mayor seguridad jurídica.
Este documento resume los principales aspectos de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA) de Venezuela. Explica que la LOPA establece los procedimientos para la emisión de actos administrativos y define actos administrativos, nulidad de actos y recursos administrativos. También cubre temas como la motivación de actos, competencia de autoridades, efectividad de procesos y vicios de actos administrativos.
LAS EXCEPCIONES AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Se hace un análisis y enumeración de las excepciones al agotamiento de la vía administrativa (autor José María Pacori Cari). Acceda en
https://drive.google.com/file/d/1PqvkJbNekYLA0KFtiZoHm3L-oofZ4UCF/view?usp=sharing
#Ley27444 #ContenciosoAdministrativo #Ley27584
Este documento describe los principios generales del procedimiento administrativo en Venezuela. Explica la diferencia entre un procedimiento administrativo y uno civil, destacando que la administración pública interviene en el primero pero no en el segundo. También describe los principios derivados de la eficacia, racionalidad y organización administrativa que guían el procedimiento, como la economía, imparcialidad, competencia y presunción de legitimidad. Finalmente, resume las etapas de iniciación y sustanciación del procedimiento.
El documento analiza el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) en el marco de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Explica que el TUPA es un documento que compila información sobre todos los procedimientos administrativos que se tramitan ante una entidad estatal y tiene como objetivo facilitar a los ciudadanos el acceso a información sobre los requisitos y plazos de los trámites. Luego, describe los elementos que debe contener el TUPA, como los procedimientos reconocidos legalmente, los requisitos
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“El Amparo Constitucional es una garantía jurisdiccional que protege los derechos fundamentales de la persona (con excepción de la libertad de locomoción), cuando éstos son violados, restringidos o amenazados por una autoridad cualquiera o por particulares. Se trata de una garantía muy amplia a la que, sin embargo, sólo se puede recurrir cuando no hay otra vía que conceda la ley para la protección de los derechos individuales” (Pablo Dermizaky. 1923-2015).
LOS PRINCIPIOS GENERALES DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN BOLIVIA...Alan Vargas Lima
En fecha 23 de abril de 2002, se promulgó la Ley Nº2341 de Procedimiento Administrativo –publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia Nº2390, en fecha 25 de abril de 2002–, que surgió con el objeto principal de establecer las normas que regulan la actividad administrativa y el procedimiento administrativo del sector público; hacer efectivo el ejercicio del derecho de petición ante la Administración Pública; así como regular la impugnación de actuaciones administrativas que afecten derechos subjetivos o intereses legítimos de los administrados y, regular procedimientos especiales. Al año siguiente, en fecha 23 de julio de 2003, se emitió el Decreto Supremo Nº27113, que aprueba el Reglamento a la Ley Nº2341 de Procedimiento Administrativo, extendiendo su ámbito de aplicación al entonces “Poder Ejecutivo, que comprende la administración nacional, las administraciones departamentales y las entidades desconcentradas y descentralizadas”, así como las Empresas públicas y Sociedades de economía mixta, que deben sujetarse a dicho Reglamento para el ejercicio de la función administrativa.
Al presente, resulta conveniente realizar una sistematización jurisprudencial de los hitos más importantes que ha tenido la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional (desde su primera época, en la época de transición, y en la época plurinacional), y que han coadyuvado de manera importante al mejor conocimiento sobre los alcances de las disposiciones contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo Boliviano, a fin de comprender la aplicación práctica del derecho a la petición en el ámbito de la Administración Pública, a la luz de los Principios Generales de la Actividad Administrativa, considerados como las directrices o líneas rectoras dentro de cuyo marco deben desarrollarse las distintas instituciones del procedimiento administrativo.
LA EVOLUCIÓN DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL EN BOLIVIA - 2016Alan Vargas Lima
RESUMEN
Para desarrollar la fundamentación doctrinal del tema propuesto, se hará una breve referencia a la evolución histórica del control de constitucionalidad en Bolivia, así como los principales antecedentes de la creación del Tribunal Constitucional en el país, para luego examinar la configuración actual del sistema de control de constitucionalidad a partir de la Constitución aprobada el año 2009, hasta su más reciente manifestación jurisprudencial, como control de carácter concentrado y de naturaleza plural, distinta de otras formas de control existentes en el Derecho Comparado.
Herramientas para la defensa colectiva de Derechos Humanos - FUNDACIÓN CONSTR...Alan Vargas Lima
Bolivia actualmente cuenta con una legislación de avanzada, una Constitución Política del Estado ampliamente garantista, que reconoce los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y el bloque de constitucionalidad (artículo 410) que en su análisis práctico demanda al Estado cualquier interpretación progresiva de derechos humanos emanada de la jurisprudencia y los organismos del sistema universal así como interamericano de Derechos Humanos.
Fundación CONSTRUIR en el marco del proyecto “Acceso a la Justicia y Defensa Legal de los Derechos Humanos de los Privados de Libertad” viene impulsando un conjunto de acciones con miras a fortalecer el acceso a la justicia penal y la protección de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad en Bolivia.
Derecho Constitucional Tributario - Bolivia 2015Alan Vargas Lima
Nociones Generales sobre Derecho Constitucional Tributario, Principios Constitucionales Tributarios, Recurso contra Tributos y otras cargas públicas en Bolivia
Ley y normas del Derecho Penal Unidad III.pptxdylantalvarez40
el archivo habla sobre la ley penal, ley y normal, el principio de legalidad, la interpretación de la ley, los concursos aparentes de las leyes penalesl la validez temporal y espacial y la extradición
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REPÚBLICA DE CHILE - FALLO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL _Sentencia Rol 15.368-24 C...Baker Publishing Company
CONSTITUCIONALIDAD DEL PROYECTO DE LEY
QUE ESTATUYE MEDIDAS PARA PREVENIR, SANCIONAR Y
ERRADICAR LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES, EN
RAZÓN DE SU GÉNERO, CONTENIDO EN EL
BOLETÍN N° 11.077-07
Diario de Sesiones de la Convención Constituyente - Vigésimo Primera Sesión -...Movimiento C40
En esta sesión de la Constituyente de 1940, comienza la discusión del proyecto constitucional presentado a la Convención.
Se discuten el prologo, artículos 1, 2, 3. Disputa territorial por la Cienaga de Zapata.
2. Teodosio Lares y la “sencillez” del
procedimiento administrativo
“(…) Para evitar el desorden, la arbitrariedad y
confusión, los trámites deben ser sencillos; (…)
y en fin, para que los derechos que se disputan no
queden por largo tiempo inciertos, y se eviten los
graves perjuicios que resultan de la lentitud de los
procesos, no deben multiplicarse las formas, y
debe haber celeridad en el procedimiento.
Bajo estas bases, que pueden reducirse a dos,
sencillez y celeridad, debe organizarse el
procedimiento administrativo”
3. 1. Introducción
En fecha 23 de abril de 2002, se promulgó la Ley Nº2341 de Procedimiento
Administrativo –publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia Nº2390, en fecha 25 de
abril de 2002–, que surgió con el objeto principal de establecer las normas que
regulan la actividad administrativa y el procedimiento administrativo del sector
público; hacer efectivo el ejercicio del derecho de petición ante la Administración
Pública; así como regular la impugnación de actuaciones administrativas que
afecten derechos subjetivos o intereses legítimos de los administrados y, regular
procedimientos especiales.
En ese contexto, consideramos pertinente realizar una sistematización
jurisprudencial de los hitos más importantes que ha tenido la jurisprudencia
emitida por el Tribunal Constitucional de Bolivia (tanto en su primera época,
como en la época de transición, y en la época plurinacional), y que han
coadyuvado de manera importante a la mejor comprensión del principio de
informalismo, a fin de comprender su naturaleza jurídica y su aplicación práctica
en el ámbito de la Administración Pública en Bolivia.
4. 2. El Principio de informalismo. Su
configuración legal y concepción doctrinal.-
La Ley Nº2341 de Procedimiento Administrativo, en su artículo 4, inciso l),
establece con notable claridad, que la inobservancia de exigencias formales no
esenciales por parte del administrado, que puedan ser cumplidas
posteriormente, podrán ser excusadas (ampliando lo favorable y restringiendo lo
odioso) y ello no interrumpirá el procedimiento administrativo.
Este informalismo, constituye otro de los principios sobre los que se debe regir la
actividad de la Administración Pública, entendido como la facultad del aparato
estatal de excusarle al administrado, en su beneficio y en aplicación del principio
de favorabilidad, el cumplimiento de exigencias formales no esenciales,
pudiendo proseguirse el procedimiento administrativo sin perjuicio de que
aquellos se cumplan con posterioridad.
5. 3. Antecedentes del Principio de informalismo en la
legislación comparada.-
La referida norma, indudablemente tiene su fuente en el Artículo 1 de la Ley Nº 19.549 de
Procedimiento Administrativo de la República Argentina (1972); modificada posteriormente
por Ley Nº 21.686 (1977), y que establece que el Principio de Informalismo consiste en la: “c)
Excusación de la inobservancia por los interesados de exigencias formales no esenciales y
que puedan ser cumplidas posteriormente”.
El reglamento de aquella Ley (Decreto 1759/72) dispone, en su artículo 5 inciso d, que «el
órgano competente dirigirá el procedimiento procurando [...] d) señalar antes de dar
trámite a cualquier petición, los defectos de que adolezca ordenando que se subsanen de
oficio o por el interesado dentro del plazo razonable que fije, disponiendo de la misma
manera las diligencias que fueren necesarias para evitar nulidades». En materia de recursos,
el artículo 77 indica que «advertida alguna deficiencia formal, el recurrente será intimado a
subsanarla dentro del término perentorio que se le fije, bajo apercibimiento de desestimarse
el recurso». Asimismo, el artículo 81 del citado reglamento establece que «los recursos
deberán proveerse y resolverse cualquiera sea la denominación que el interesado les dé,
cuando resulte indudable la impugnación del acto administrativo».
Por otro lado, el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, del Procedimiento
Administrativo General del Perú (2019), de manera aún más explícita establece en su
Artículo IV los principios del procedimiento administrativo, señalando lo siguiente:
“1.6. Principio de informalismo.- Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en
forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de
modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos
formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa
no afecte derechos de terceros o el interés público”.
6. 4. Desarrollo doctrinal sobre el Principio de
informalismo.-
Doctrinalmente –y conforme lo ha destacado la Sentencia Constitucional
Plurinacional Nº 0854/2013-L, de 14 de agosto–, el principio del informalismo a
favor del administrado es uno de los aspectos fundamentales del procedimiento
(y es también denominado como “formalismo moderado”).
Consiste en la dispensa a los administrados de cumplir con las formas no
esenciales, es decir, aquellas que no están exigidas por el orden público
administrativo. Su aplicación impide que el particular pierda un derecho por el
incumplimiento de un deber formal, con lo que obliga a la administración a
optar por la solución más favorable para aquel. En definitiva, se propugna un
equilibrio entre la acción administrativa que no puede ser entorpecida y el
derecho de los administrados a no encontrarse sometidos a rigorismos que los
perjudiquen, porque sería inconstitucional negar una solución al particular por
causas meramente formales.
7. Eduardo García de Enterría
Éste principio ha sido definido por el jurista español Eduardo García de Enterría,
como una garantía a favor del derecho de acción del administrado, por el cual se
pretende asegurar una decisión sobre el fondo salvando las dificultades de carácter
formalista, ello en concordancia con:
“(…) el principio pro actione que postula a favor de la mayor garantía y de la
interpretación más favorable al ejercicio del derecho de acción y, por lo tanto, en el
sentido de asegurar, en lo posible, más allá de las dificultades de índole formal, una
decisión sobre el fondo de la cuestión objeto del procedimiento. El procedimiento
administrativo no ha sido ciertamente concebido por el legislador como una carrera de
obstáculos cuya superación sea requisito necesario para la adopción de la resolución
final, sino como un cauce ordenado capaz de garantizar la legalidad y el acierto de
aquélla dentro del más absoluto respeto de los derechos de los particulares. Pertenece,
pues, a la esencia misma de la institución la tendencia a la prosecución del camino en
que el procedimiento consiste en llegar hasta la decisión final, eficaz y justa, que
constituye el objetivo al que se ordenan todos los requisitos y trámites intermedios. Esto
supuesto, no puede considerarse sorprendente, sino, por el contrario, ajustado a la propia
naturaleza de la institución, el que en caso de duda, deba resolverse ésta en el sentido
más favorable a la continuación del procedimiento hasta su total conclusión…”.
8. Roberto Dromi
Por su parte, el jurista argentino Roberto Dromi ha manifestado que el
informalismo básicamente obliga a la Administración a una interpretación
benigna de las formalidades precisas contenidas en el procedimiento a favor
del administrado:
“Informalismo: Trátase de la excusación, a favor del interesado, de la observancia
de exigencias formales no esenciales y que se pueden cumplir posteriormente.
Obliga a una interpretación benigna de las formalidades precisas contenidas en el
procedimiento (…) Hay que interpretarlo a favor del administrado, pues traduce la
regla jurídica del in dubio pro actione, o sea de la interpretación más favorable al
ejercicio del derecho de acción, para asegurar, en lo posible, más allá de las
dificultades de índole formal, una decisión sobre el fondo de la cuestión objeto del
pronunciamiento…”
9. Allan Brewer-Carías
En efecto, y como se puede apreciar, el principio de informalismo que
materializa la regla jurídica: in dubio pro actione, otorga a la Administración
Pública la facultad de interpretar con flexibilidad la observancia de las
exigencias formales a favor del administrado, con la finalidad de asegurar la
resolución final en el procedimiento; dado que como bien precisa con acertado
criterio el profesor venezolano Allan Brewer-Carías:
“siendo que el procedimiento administrativo se configura como un conjunto de actos
y actuaciones estrechamente vinculados entre sí, con el objeto de obtener un
resultado concreto que, generalmente, se materializa en un acto administrativo, se
considera que la prescripción de dichas formas no puede convertir al procedimiento
en un bosque de formalidades que, como fin en sí mismas, entraben la acción
administrativa”.
10. 5. El Principio de informalismo y su desarrollo
en la jurisprudencia constitucional.-
En el caso de Bolivia, la naturaleza y alcances del
Principio de Informalismo establecido por la Ley Nº2341
de Procedimiento Administrativo, se encuentran
ampliamente desarrollados por la jurisprudencia
constitucional.
En este sentido, la Sentencia Constitucional Nº
642/2003-R, de fecha 8 de mayo de 2003 (cuyo
entendimiento fue reiterado y asumido en las SSCC
0992/2005-R de 19 de agosto, 0764/2010-R de 2 de
agosto, y la SCP 1736/2012 de 1 de octubre), expresó el
siguiente razonamiento:
11. “el principio de informalismo consiste en la excusación de la observancia de
exigencias formales no esenciales y que pueden cumplirse después, por ejemplo
la errónea calificación del recurso (Juan Francisco Linares, Derecho
Administrativo, Editorial Astrea, pág. 348); la excusación referida, debe ser
interpretada siempre a favor del interesado o administrado, pues traduce la regla
jurídica in dubio pro actione, o sea, de la interpretación más favorable al ejercicio
al derecho a la acción, para asegurar, más allá de las dificultades de índole formal,
una decisión sobre el fondo de la cuestión objeto del procedimiento. Por
consiguiente en virtud a ese principio de informalismo, la autoridad administrativa
podrá interpretar el recurso no de acuerdo a la letra del escrito, sino conforme a la
intención del recurrente, corrigiendo equivocaciones formales de los administrados
(Roberto Dromi, El Procedimiento Administrativo y Derecho Administrativo, ambos
Ediciones Ciudad Argentina, págs. 78-79 y 846, respectivamente)”.
12. Líneas jurisprudenciales 2010
Esa línea jurisprudencial fue reiterada por la Sentencia Constitucional Nº
1372/2010-R, de 20 de septiembre, que hizo referencia a la necesidad de
establecer algunos límites al referido principio de informalismo, agregando que:
“empero, si bien, la administración pública debe interpretar la actividad del
administrado siempre a su favor, esa interpretación tiene sus alcances y límites, y
está contenido en el hecho de que no puede suplir ni favorecer la dejadez o
negligencia del administrado” (Esta línea jurisprudencial fue reiterada a su vez en la
Sentencia Constitucional Plurinacional Nº0349/2020-S2, de 19 de agosto, misma
que analiza los razonamientos asumidos en las Sentencias Constitucionales
Plurinacionales 1635/2014, 0084/2015-S3 y 0105/2016-S3).
13. Informalismo y Favorabilidad – Líneas
jurisprudenciales 2010, 2012 y 2014
Por otro lado, cabe considerar que en coherencia con el principio de informalismo
se tiene también el de favorabilidad, que fue interpretado por el anterior Tribunal
Constitucional en la SC 0136/2003-R de 6 de febrero (citado por las Sentencias
Constitucionales Plurinacionales 1086/2012 y 0031/2014, entre otras), en
sentido de que: “...el intérprete está obligado a optar por aquel entendimiento
interpretativo que desarrolle de mejor forma y con la mayor efectividad, los
derechos, principios y valores que consagran el orden constitucional”; de acuerdo
al sentido de ambos principios (informalismo y favorabilidad), con la finalidad de
garantizar el debido proceso y derecho de defensa del administrado o de quien se
encuentra siendo procesado, el ordenamiento administrativo permite a la
autoridad administrativa realizar una interpretación favorable al procesado,
corrigiendo esas equivocaciones formales en las que incurrió quien está siendo
administrado (SC 0764/2010-R, de 2 de agosto).
14. Así, la labor administrativa debe estar impregnada de ambos principios señalados,
vale decir, el de informalismo y favorabilidad, siempre en favor del administrado,
con el propósito de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa del
mismo en su relación con la administración, dejando establecido además, que
dicho principio es aplicable no solo en fase determinativa o sancionatoria, incluso
en fase recursiva en sede administrativa (Cfr. Sentencia Constitucional
Plurinacional Nº0667/2018-S4, de 16 de octubre).
15. De la jurisprudencia glosada, se establece que en virtud del principio de
informalismo, el procedimiento administrativo, está exento de las exigencias
formales no esenciales, y que pueden cumplirse después, por ejemplo la errónea
calificación del recurso, con la finalidad de asegurar una decisión sobre el fondo de
la cuestión. Consiguientemente, en virtud a este principio, la autoridad
administrativa, podrá interpretar el recurso, no de acuerdo a la letra del escrito,
sino conforme a la intención del recurrente, corrigiendo equivocaciones formales
de los administrados (Cfr. Sentencia Constitucional Nº1029/2005‐R, de 29 de
agosto, entendimiento reiterado en la SCP 0003/2018-S2 de 21 de febrero).
16. Asimismo, en la Sentencia Constitucional Nº0992/2005‐R, de fecha 19 de agosto
de 2005, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado señalando que:
“(…) de acuerdo con el principio de informalismo que adquiere relevancia en estos
procedimientos administrativos, imponiendo a la administración, por su evidente
condición técnica frente al administrado, de la responsabilidad de encauzar sus
solicitudes y peticiones realizando siempre una interpretación favorable a la acción (pro
actione), el memorial presentado el 4 de agosto debe ser considerado para la utilización
del recurso de revocatoria previsto por el art. 64 de la LPA, pues evidentemente tiene el
objeto de impugnar la decisión asumida por el decreto de 15 de julio de 2004, en ese
sentido debió ser tramitado conforme el procedimiento previsto para el recurso de
revocatoria; empero, el recurrente, respondiendo al citado recurso, mediante Decreto de
11 de agosto de 2004, dispuso que conforme a las SSCC 1606/02‐R, y 1506/03‐R, el
recurrente ocurra ante la autoridad jurisdiccional competente; actuación que no cumple
con lo dispuesto por el art. 61 de la LPA, que dispone que el recurso de revocatoria
debe ser resuelto por resolución, confirmando o revocando total o parcialmente la
resolución o acto impugnado, o desestimando el recurso por las causales expresamente
estipuladas; lo que evidentemente no existió en el caso analizado, pues el recurrido no
dio respuesta debida al recurrente (…)”
17. Aplicaciones prácticas del principio de
informalismo
Los antecedentes jurisprudenciales reseñados son ilustrativos de que en el
procedimiento administrativo rige el principio de informalismo, que excluye de
este procedimiento la exigencia de requisitos formales; de su consagración en la
Ley de Procedimiento Administrativo y la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, pueden expresarse, con carácter enunciativo y no limitativo, las
siguientes aplicaciones prácticas del principio de informalismo:
i) no es preciso calificar jurídicamente las peticiones; ii) los recursos pueden ser
calificados erróneamente, pero han de interpretarse conforme la intención del
recurrente, y no según la letra de los escritos; iii) la administración tiene la obligación de
corregir evidentes equivocaciones formales; iv) la equivocación del destinatario tampoco
afecta la procedencia de la petición o del recurso; y v) si no consta la notificación del
acto impugnado debe entenderse que el recuso ha sido interpuesto en término.
18. Con referencia el principio de informalismo, es necesario también dejar
establecido que éste rige a favor del administrado, por la condición técnica de
ciertas agencias, órganos y labores que cumple la administración pública, lo que lo
sitúa en inferioridad de condiciones en su relación con el Estado, por ello no rige a
favor de la administración, estando más bien ésta obligada al cumplimiento de
todas las formalidades establecidas por las normas aplicables a su relación con las
personas (Cfr. Sentencia Constitucional Nº0992/2005‐R, de 19 de agosto. Línea
jurisprudencial reiterada por la Sentencia Constitucional Plurinacional
Nº0752/2013-L, de 30 de julio, y la Sentencia Constitucional Plurinacional
Nº0329/2020-S3, de 23 de julio).