El Gobierno español está restringiendo el acceso a la atención médica de los inmigrantes irregulares. Ahora, solo tendrán acceso a la atención de emergencia, maternidad y cuidado infantil. Anteriormente, los inmigrantes sin papeles podían obtener tarjetas de salud con solo estar empadronados, pero ahora se requiere residencia legal en España. El objetivo es ahorrar 500 millones de euros al año reduciendo la atención a los inmigrantes irregulares.