Este documento discute cómo los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) pueden lograrse a nivel local a través de una aplicación territorial descentralizada que garantice los derechos constitucionales. Propone que los municipios deben asumir un papel central en la implementación de políticas públicas orientadas a cumplir los ODM, y que se requiere armonizar las agendas locales con los mandatos constitucionales sobre derechos sociales.