Linea Jurisprudencial

1. DERECHO AL MEDIO AMBIENTE COMO DERECHO FUNDAMENTAL
Línea Jurisprudencial
POR: LAURA CAMILA VALENCIA MÉNDEZ
CÓD: 201421815
INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL
DIEGO MAURICIO HIGUERA JIMENEZ
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
TUNJA
2016

2. El Derecho al medio ambiente ha sido considerado a nivel internacional y en
distintos ordenamientos jurídicos nacionales, como un derecho humano, se
le ha catalogado como tal gracias al reconocimiento que se le ha dado en la
Declaración de Estocolmo del año 1972 en donde el medio ambiente permite
dar un sustento material al hombre y en el cual esté puede desarrollarse
intelectual, moral, social y espiritualmente.
La Organización de las Naciones Unidas ha mostrado un enorme interés en
que el Derecho al Medio Ambiente sea un tema que se integre a los
ordenamientos jurídicos nacionales, en donde se materialice dentro de las
distintas normatividades y se brinden garantías constitucionales para la
protección de tan importante derecho.
En Latinoamérica países como Bolivia y Ecuador han integrado el Derecho
al Medio Ambiente como derecho fundamental, dándole una mayor prioridad,
lo que implica que se tengan unas mejores garantías constitucionales. Dentro
del ordenamiento jurídico Colombiano, en la Carta Política de 1991 el
Derecho al Medio Ambiente se encuentra como un Derecho Colectivo (Art.
79) lo que implica que no se le esté dando la importancia que requiere este
derecho y en donde no existen las garantías suficientes para salvaguardar
tan valioso derecho. La Corte Constitucional a través de la jurisprudencia ha
querido reconocer la calidad de Derecho Fundamental e integrar las
declaraciones que se han hecho en las diferentes cumbres de las Naciones
Unidas para así generar un mejor ambiente sano para todos los colombianos.
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL
El derecho al medio ambiente sano tiene fundamento constitucional en el
artículo séptimo el cual consagra que “El Estado reconoce y protege la
diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.” 1 Teniendo en cuenta,
que la protección del derecho a un medio ambiente sano gira en torno al ser
humano y su comunidad, el artículo citado anteriormente hace visible que
dicha protección tiene un carácter especial cuando se refiere a comunidades
indígenas o afrocolombianas dado que ellas por si misma conforman ese
patrimonio étnico y cultural de la Nación y por ende merecen protección.
El artículo 8 de nuestra Carta Política se refiere a la obligación que tiene el
Estado de proteger los recursos culturales y naturales de la nación, este es
el fundamento de la existencia de autoridades ambientales competentes
1 Constitución Política de Colombia

3. dentro de los diferentes niveles de la administración. Conjuntamente, lo
anterior se ve reforzado por el principio de descentralización territorial, en la
medida en que los departamentos y municipios deben gozar de cierto grado
de autonomía y por ende deben contar con sus propias autoridades
ambientales.
El artículo 79, a mi juicio es el artículo más importante que fundamenta el
derecho sub examine, debido a que expresamente consagra que “Todas las
personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. (…)” de lo que se
deriva su carácter colectivo, anexamente el artículo dispone que “La ley
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan
afectarlo y que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar
la educación para el logro de estos fines.
Los artículos 48 y 49 tratan lo relativo al saneamiento ambiental.
El artículo 67 habla sobre la educación, en el inciso segundo del citado
artículo se enfatiza en que la formación brindada a los colombianos debe
incluir la formación ambiental.
El artículo 80 del referido cuerpo normativo recopila el principio internacional
de desarrollo sostenible, el cual propende por encontrar un equilibrio entre el
gasto ambiental y la oferta ambiental guardando siempre recursos para las
generaciones futuras. Si bien hay otros artículos, los mencionados
previamente son los que se consideran más relevantes para el desarrollo de
este proyecto investigativo. Ahora bien, derivado del carácter de derecho
colectivo que ostenta el derecho al medio ambiente, se determina que la
forma de hacerlo valer y garantizar es a través de la acción popular y la acción
de grupo. La primera, está consagrada en el artículo 88 de la Constitución y
fue regulada por la ley 472 de 1998. Dicha acción puede ser interpuesta por
cualquier ciudadano, lo que significa que no se requiere acreditar un interés
propio y directo para su interposición, debido a que el interés de protección
del medio ambiente se considera un interés general, radicado en cabeza de
todos los habitantes del territorio, en la medida en que las condiciones del
medio ambiente nos perjudican o benefician a todos.
La acción de grupo, fundamentada en el artículo 80, se diferencia de la
acción popular en que su naturaleza no es de carácter preventivo, sino
indemnizatorio, acá no existe una amenaza de daño o afectación al medio
ambiente, sino que por el contrario, en las acciones de grupo nos
encontramos frente a un perjuicio ya causado. El objetivo de las acciones de

4. grupo es el resarcimiento de los perjuicios, mientras que en las acciones
populares, el objetivo es la protección al medio ambiente. Para interponer una
acción de grupo se requiere que por lo menos 25 personas hayan sido
perjudicadas, mientras que para instaurar una acción popular no se requiere
ningún número, ni legitimación en la causa.
Ahora bien después de realizar una breve introducción al tema que nos
interesa estudiar a través de esta línea jurisprudencial, puedo dar inicio con
el desarrollo de la misma.
PUNTO ARQUIMEDICO DE APOYO
Posteriormente de efectuar un estudio a las jurisprudencias existentes sobre
el tema he decidido tomar como punto de apoyo la siguiente sentencia (T 406
de 1992) 2en esta sentencia la corte nos indica bajo que conceptos se
considera un derecho con un carácter fundamental y a partir de un análisis
obtenemos lo siguiente:
Desde el punto de vista analítico:
- La consagración expresa
En relación con algunos derechos, el constituyente señaló en forma expresa
su voluntad de consagrarlos como fundamentales. Es el caso de los derechos
Establecidos en el capítulo primero del título segundo de la Constitución e
igualmente del artículo 44 sobre los derechos de los niños.
El carácter de fundamental no coincide con el de aplicación inmediata. Siendo
así, es necesario distinguir entre derechos fundamentales de aplicación
inmediata y derechos fundamentales que no son de aplicación inmediata.
Ante esta dificultad, corresponde a la jurisprudencia, y en especial a la Corte
Constitucional, la definición de la naturaleza y alcance de los derechos
fundamentales que no son de aplicación inmediata.
Algunos ex constituyentes sostienen que los títulos y subtítulos de la
Constitución no tienen el carácter de norma jurídica y como tal no delimitan
el ámbito de los derechos fundamentales. Tales títulos fueron obra de la
Comisión Codificadora y no voluntad jurídicamente significativa de la
2 T-406-1992

5. Asamblea. De ahí que estimen también que el artículo 85 de la Constitución
no tiene alcance práctico y resulta inocuo a causa de su conflicto con el
artículo 86.
- La remisión expresa.
En otros casos, tal como sucede con los derechos humanos y con la
prohibición de limitarlos en los estados de excepción, el constituyente ha
estimado conveniente remitirse a los tratados y convenios internacionales
ratificados por el Congreso, para reconocer su prevalencia en el orden
interno, no sólo en cuanto a su texto mismo sino como pauta concreta para
la interpretación de los derechos y deberes consagrados en la Constitución
de 1991 (art. 93).
En este caso la Constitución colombiana parece adoptar el sistema español
(cont. art.10), según el cual el derecho internacional ratificado prevalece en
aquellos casos en los cuales contenga normas que ofrezcan mayores
garantías que las normas nacionales. La remisión parece ser ante todo
interpretativa, a diferencia del sistema italiano en el cual existe una
remisión de alcance más profundo: las normas, en los casos señalados,
hacen parte del texto constitucional.
- La conexión directa con derechos expresamente consagrados.
Algunos derechos no aparecen considerados expresamente como
fundamentales. Sin embargo, su conexión con otros derechos fundamentales
es de tal naturaleza que, sin la debida protección de aquellos, estos
prácticamente desaparecerían o harían imposible su eficaz protección. En
ocasiones se requiere de una interpretación global entre principios, valores,
derechos fundamentales de aplicación inmediata y derechos económicos
sociales o culturales para poder apoyar razonablemente una decisión judicial.
Un derecho fundamental de aplicación inmediata que aparece como
insuficiente para respaldar una decisión puede llegar a ser suficiente si se
combina con un principio o con un derecho de tipo social o cultural y
viceversa. Esto se debe a que la eficacia de las normas constitucionales no
está claramente definida cuando se analiza a priori, en abstracto, antes de
entrar en relación con los hechos.

6. - El carácter de derecho inherente a la persona
En ocasiones, la existencia de un derecho fundamental no depende tanto de
un reconocimiento expreso por parte de los creadores de la norma
constitucional, como de una interpretación sistemática y teleológica a partir
de las cuales se mire el ordenamiento en su conjunto, o la norma de acuerdo
con su consagración implícita
De aquí la importancia del artículo 94 de la Constitución según el cual, la
enumeración de la carta de derechos no debe entenderse como la negación
de otros que, siendo inherentes al hombre no figuren expresamente en la
Constitución o en los convenios internacionales vigentes. Esta disposición
concuerda con el sentido amplio y dinámico que debe tener el concepto de
derecho fundamental en el Estado social. En otros términos: los criterios
que determinan el carácter de fundamental de un derecho, sobrepasan la
consagración expresa y dependen de la existencia de un consenso, histórico
y de una voluntad colectiva en torno a la naturaleza específica de un derecho,
con todas sus implicaciones relativas al contenido esencial, a la conexión con
los principios y a la eficacia directa. Por eso el criterio de la consagración
expresa es insuficiente.
Desde el punto de vista Factico:
- Importancia del hecho
La relación jurídica mencionada entre valor fundamental o vinculado con un
valor fundamental (salud, propiedad, posesión, competencia económica, etc.)
y aplicación problemática, determina un camino específico para la
construcción conceptual de estos derechos. Este camino es principalmente
inductivo; será a través de la interpretación que los jueces hagan de la
relación entre los textos y los hechos que se vayan presentando, como se irá
construyendo la delimitación de los derechos mencionados.
Y finalmente visto desde un punto de vista de carácter histórico
La categoría de derecho fundamental posee también un carácter histórico.
Dos implicaciones se derivan de este postulado:
a). No todos los derechos fundamentales lo han sido en todos los tiempos y
algunos de ellos bien han podido tener este carácter en forma transitoria y
luego perderla, todo ello de acuerdo con la evolución de la sociedad civil.

7. b). La entidad de fundamental de un derecho se encuentra ligada al estado
de la representación colectiva sobre el tema. Vale decir, la visión que la
sociedad tiene de dichos derechos.
Es de suma importancia el reconocer el hecho de que existe una nueva
maniobra que permite generar una concreción enfocada a la efectividad de
los derechos fundamentales, y en donde existe una coherencia y sabiduría a
la hora de interpretar, generando una eficacia en los derechos fundamentales
de la constitución y en donde existe un respaldo importante por parte de la
Corte Constitucional. Es decir que podemos observar una relación entre
derechos fundamentales y jueces, lo que conlleva a que exista una mayor
eficacia de los derechos, dado que el juez tendría una prioridad.
Dentro de la sentencia T -760 de 2007 3 encontramos lo referente la
constitución ecológica, es suma importancia que se reconozca el valor que
esta constitución tiene dentro de nuestro ordenamiento jurídico puesto que va
dirigida a la protección y cuidado de nuestro medio ambiente, y aún más
importante el hecho de que encontremos una finalidad social, la cual está
enfocada a la preservación de las generaciones futuras, es decir teniendo en
cuenta el desarrollo sostenible garantizando a las futuras generaciones un
ecosistema apropiado para la vida. Y dentro del tema que se está
desarrollando jurisprudencialmente, es importante tener en cuenta que este
derecho a un ambiente sano, ya está dejando ser exclusivamente de carácter
general y cobra importancia en cada una de las personas.
Es por esto que la Corte constitucional hace un llamado, para que la
protección al medio ambiente sea visto como valor constitucional, sin
separarlo de otros derechos sociales, económicos y colectivos, y que se
permita un equilibrio entre un “desarrollo económico” y la conservación del
ecosistema.
En este caso se solicita el amparo de los derechos fundamentales a la salud,
a la integridad personal, a la vida y a la dignidad humana.
Existe una estrategia definida frente a la relación entre la persona y su
entorno natural: el aprovechamiento de los recursos no puede engendrar de
manera alguna un perjuicio de la salubridad individual o social y tampoco
puede acarrear un daño o deterioro que atente contra la diversidad y la
integridad medio ambiental. Así, desarrollo sostenible, conservación,
restauración y sustitución hacen parte de las garantías contenidas en nuestra
Constitución para que el bienestar y el quehacer productivo-económico del
3 T – 760 - 2007

8. ser humano se efectúe en armonía y no a costa o en perjuicio de la
naturaleza.
Donde existe un gran interés por que se genere un reconocimiento y
protección al medio ambiente, en donde la jurisprudencia de la corte nos
conforma la “Constitución ecológica o verde” en donde sobresale el siguiente
concepto.
La Constitución de 1991 modificó profundamente la relación normativa de la
sociedad colombiana con la naturaleza. Por ello esta Corporación ha
señalado, en anteriores decisiones, que la protección del medio ambiente
ocupa un lugar tan trascendental en el ordenamiento jurídico que la Carta
contiene una verdadera "constitución ecológica", conformada por todas
aquellas proteger las riquezas naturales de la Nación. De otro lado, aparece
como el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, derecho
constitucional que es exigible por diversas vías judiciales. Y, finalmente, de la
constitución ecológica derivan un conjunto de obligaciones impuestas a las
autoridades y a los particulares. Es más, en varias oportunidades, la Corte ha
insistido en que la importancia del medio ambiente en la Constitución es tal
que implica para el Estado, en materia ecológica, "unos deberes calificados
de protección “disposiciones que regulan la relación de la sociedad con la
naturaleza y que buscan proteger el medio ambiente. Igualmente la Corte ha
precisado que esta Constitución ecológica tiene dentro del ordenamiento
colombiano una triple dimensión: de un lado, la protección al medio ambiente
es un principio que irradia todo el orden jurídico puesto que es obligación del
Estado
Ya en varias oportunidades a través de la jurisprudencia constitucional y
dentro de relevancia jurídica y practica del derecho a disfrutar de un ambiente
sano, así como su conexión con derechos como la vida y la salud.
La sentencia C-150 de 2005 no encontramos el compromiso que mantiene
el Estado Colombiano frente a la protección del derecho al medio ambiente,
esto con la finalidad específica de proteger la diversidad e integridad del
ambiente y la conservación de las áreas de especial importancia ecológica,
El estado tiene entonces la facultad constitucional no solo de la protección y
preservación, sino que además debe establecer relaciones internacionales
en materia ecológica, claramente esto buscando el mantener la equidad, la
reciprocidad y la conveniencia nacional, es entonces para ser más concretos
importante dichas relaciones en cuestión de protección de los ecosistemas
fronterizos.

9. Por lo tanto tenemos en dicha sentencia el proceso de revisión constitucional
en donde se aprueba el 4 “Convenio Internacional sobre cooperación,
preparación y lucha contra la contaminación por hidrocarburos de 1990” y “
El protocolo sobre cooperación, preparación y lucha contra los sucesos de
contaminación por sustancias nocivas potencialmente peligrosas del 2000 “
El nuevo principio constitucional establecido por el Constituyente de 1991,
pretende la garantía eficaz de los derechos fundamentales a través de
acciones positivas provenientes del mismo Estado. Así las cosas, el Estado
Social debe hacer lo que esté a su alcance por establecer un “mínimo social
de existencia” que salvaguarde los derechos fundamentales de los
individuos. || El medio ambiente (Art. 78 C.P.), es uno de los mecanismos
mínimos de existencia del ser humano. Es por intermedio de este que los
seres humanos desarrollan su vida en condiciones dignas (Art. 11 C.P.) Así
entonces, surge de nuestra Constitución el bien jurídico ambiental como
derecho protegido por el Estado Colombiano, también llamado Constitución
Ecológica.
GRAFICA 1. Nicho citacional sentencia T 760 de 2007
La sentencia C- 126 de 1998 nos habla del código de recursos naturales
que tenía como finalidad el crear una legislación ambiental, relacionada
4 Ley 885 de 2004
CONCEPTUALESIMPORTANTES FUERA DEL TEMA
C- 150
De 2005
C – 189
de 2006
C- 126
de 1998
C – 519
de 1994
C – 339
de 2002
T – 347
de 2007
T- 466
de 2003

10. con los recursos naturales y manteniendo la idea del desarrollo sostenible,
buscando un crecimiento económico.
“No existe una contradicción normativa entre el Código de Recursos
Naturales y la Constitución. En efecto, a pesar de que el código acusado
no utiliza la expresión "desarrollo sostenible", y su lenguaje es a veces
diverso al de la Carta, lo cierto es que los principios enunciados por ese
estatuto, así como la regulación específica del uso de los distintos
recursos naturales, son perfectamente compatibles con este concepto y
con los mandatos constitucionales. El artículo contiene, en germen, la idea
del desarrollo sostenible, pues plantea que el crecimiento económico debe
tomar en cuenta los límites que derivan de los equilibrios ecológicos, por
lo cual la solidaridad intergeneracional debe ser un criterio básico para
regular la explotación de los recursos naturales. No de otra forma se puede
interpretar el mandato de ese estatuto, según el cual, debe protegerse la
salud y bienestar no sólo de los colombianos de hoy sino también de los
"futuros habitantes del territorio nacional". En cierta medida, el código
consagró, sin mencionarlo, el imperativo constitucional según el cual el
desarrollo debe ser sostenible”5.
GRAFICA 1. Nicho citacional sentencia C- 126 de 2003
C-102 de 1994 C- 318 de 1995 T- 523 de 1994
C – 074 de 1993 C – 514 de 1992 C- 498 de 1995
C – 527 de 1994 T- 028 de 1997 C- 250 de 1996
C- 416 de 1992 T- 379 de 1995 C – 504 de 1995
C – 647 de 1997 C – 535 de 1996
C – 251 de 1996 C – 371 de 1994
T - 411 de 1992 C – 221 de 1997
C – 328 de 1995
C – 495 de 1996
C – 519 de 1994
La sentencia C- 671 de 2001 6 dicha sentencia nos introduce a reconocer y
visualizar de qué manera a protección del Medio Ambiente ha adquirido en
nuestra Constitución un carácter de objetivo social, que al estar relacionado
adicionalmente con la prestación eficiente de los servicios públicos, la
salubridad y los recursos naturales como garantía de la supervivencia de las
5 C- 126 de 1998
6 C – 671 de 2001

11. generaciones presentes y futuras, ha sido entendido como una prioridad
dentro de los fines del Estado y como un reconocimiento al deber de mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos y es fundamental reconocer que el
derecho al medio ambiente no se puede desligar del derecho a la vida y a la
salud de las personas. Y que de hecho, los factores perturbadores del medio
ambiente causan daños irreparables en los seres humanos y si ello es así
habrá que decirse que el medio ambiente es un derecho fundamental para
la existencia de la humanidad. A esta conclusión se ha llegado cuando esta
Corte ha evaluado la incidencia del medio ambiente en la vida de los hombres
y por ello en sentencias anteriores de tutelas, se ha afirmado que el derecho
al medio ambiente es un derecho fundamental.
Es por esto importante el hecho de reconocer que uno de los deberes del
Estado es garantizar la vida de las personas en condiciones dignas,
previniéndolas de cualquier injerencia nociva que atente contra su salud,
como es el caso del bromuro de metilo. En este orden de ideas es
constitucional la adopción de mecanismos, fruto de una regulación
internacional, tendentes a la protección de este derecho, toda vez que es
clara la relación entre la utilización de dicha sustancia con el agotamiento de
la capa de ozono y con la afectación de la salud humana.
La Enmienda busca proteger el derecho a un ambiente sano, al determinar
mecanismos para que los Estados puedan erradicar el consumo,
comercialización y utilización en su totalidad de las sustancias tóxicas
mencionadas, entre ellas el bromuro de metilo. El derecho a un ambiente
sano, que implica la protección del medio ambiente en el que se desarrolla
cada individuo, encuentra cabal protección en la Carta Política, la cual a su
vez consagra el desarrollo sostenible como un derecho de los ciudadanos y
como un deber del Estado, en el sentido de que éste debe propugnar por “un
desarrollo sin un aumento en el consumo de recursos que supere la
capacidad de carga del medio ambiente” o, en otras palabras, un desarrollo
que “satisfaga las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad
de que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades.
Es indudable que la dimensión ecológica de la Constitución, como norma de
normas que es (CP art 4), confiere un sentido totalmente diverso a todo un
conjunto de conceptos jurídicos y económicos. Estos ya no pueden ser
entendidos de manera reduccionista o economicista, o con criterios
cortoplacistas, como se hacía antaño, sino que deben ser interpretados
conforme a los principios, derechos y obligaciones estatales que en materia
ecológica ha establecido la Constitución, y en particular conforme a los
principios del desarrollo sostenible.

12. “Por todo lo anterior, considera la Corte que hoy no tienen ningún respaldo
constitucional ciertos procesos y conceptos que anteriormente pudieron ser
considerados legítimos, cuando los valores ecológicos no habían adquirido el
reconocimiento nacional e internacional que se les ha conferido en la
actualidad. Y eso sucede en particular con el concepto de que la colonización
puede ser predatoria, puesto que, por las razones empíricas y normativas
señaladas anteriormente, estos procesos son inaceptables ya que se
efectúan en contradicción con los principios ecológicos establecidos por la
Constitución. Hoy en Colombia no es legítima una colonización incompatible
con la preservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible.” C-359/96
GRAFICA 1. Nicho citacional sentencia C – 671 de 2001
Podemos ir analizando y llegando a distintas conclusiones que a través de
esta línea jurisprudencial, permiten que el derecho al medio ambiente sea
reconocido y protegido como un derecho fundamental, es importante tener en
cuenta que para lograr dicha finalidad se deberá reformar la Carta Política,
generando posibilidades de carácter normativo para la regulación y
protección del medio ambiente, esto claramente teniendo una unificación de
la normatividad que actualmente existe en nuestra Carta política.
CONCEPTUALESIMPORTANTES FUERA DEL TEMA
C – 379
de 1993
C – 423
de 1994
T- 254 -
1993
C- 359
de 1996
C – 339
de 2002
T – 092
de 1993
C – 058
de 1994
C- 418 de
1995

13. En la sentencia T- 411 de 1992 nos especifica cual es la importancia de la
ecología, viéndola como aquella que es necesaria para los intereses
jurídicamente protegidos “Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y
a la libertad de empresa, gozan de especial protección, siempre que exista
un estricto respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el
derecho constitucional fundamental al ambiente”. Como lo estableció la Corte
Constitucional, "el sujeto, razón y fin de la Constitución de l991 es la persona
humana. No es pues el individuo en abstracto, aisladamente considerado,
sino precisamente el ser humano en su dimensión social, visto en la tensión
individuo-comunidad, la razón última de la nueva Carta Política.
Es a partir del ser humano, su dignidad, su personalidad jurídica y su
desarrollo (artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución), que adquieren sentido los
derechos, garantías y los deberes, la organización y funcionamiento de las
ramas y poderes públicos" así como la defensa del ambiente, en tanto que
éste es el entorno vital del hombre.
En los artículos 1º y 2º de la Constitución se establece así mismo que
Colombia es un Estado social de derecho, fundado en el respeto de la
dignidad humana; y dentro de sus fines esenciales está el de garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución.
CONSTITUCION ECOLOGICA
La Constitución no es sólo el fundamento de validez del ordenamiento -en la
medida que regula la creación jurídica-, sino que contiene el orden jurídico
básico de los diversos sectores de la vida social y política. Ella prefigura un
modelo de sociedad. Por lo tanto en ella surge una Constitución económica,
con su tríptico: propiedad, trabajo, empresa; una Constitución social, con la
legislación de sus relaciones; una Constitución ecológica y una Constitución
cultural
- La protección jurídica del medio ambiente es hoy una necesidad
universalmente reconocida, una necesidad socialmente sentida, de dar
una respuesta contundente a las intolerables agresiones que sufre el
medio ambiente.

14. - El desarrollo sin planificación y los avances científicos fueron
ampliando considerablemente el impacto industrial en el entorno.
- El problema ecológico y todo lo que este implica es hoy en día un
clamor universal, es un problema de supervivencia.
C – 339 de 2002
El Derecho al Medio Ambiente Sano tiene condición fundamental bajo los
siguientes términos: El planeta vivirá con esta o con otra biosfera dentro del
pequeño paréntesis biológico que representa la vida humana en su existencia
de millones de años, mientras que con nuestra estulticia sí se destruye la
biosfera que ha permitido nacer y desarrollarse a nuestra especie estamos
condenándonos a la pérdida de nuestra calidad de vida, la de nuestros
descendientes y eventualmente a la desaparición de la especie humana.
T - 154 de 2013
La corte ordena revocar la sentencia dictada por la sala civil, familia y laboral
del Tribunal superior del distrito judicial de Valledupar, y dispone tutelar los
derechos fundamentales a la vida, la salud , la intimidad y el medio ambiente
sano del demandante, quien instaura la acción de tutela contra la sociedad
Drummond Ltda., aduciendo vulneración por parte de esta empresa de los
derechos a la vida, a la salud, a la intimidad y al ambiente sano y de los niños,
por la presencia de una mina de Carbón, propiedad de la empresa, la cual es
explotada sin mayor control ambiental, atentando contra el agua, el aire,
promoviendo contaminación auditiva entre otros daños. Conoció y admitió la
acción de Tutela el Juzgado Promiscuo Municipal de la Jagua de Ibiricó,
posteriormente y amparándose en el decreto 1382 del año 2000 remitió la
actuación al Tribunal superior de distrito judicial de Valledupar, el cual profiere
fallo negando el amparo indicando que no está demostrado expresamente la
vulneración de un derecho fundamental; posteriormente la sala de revisión de
la Corte Constitucional señaló que a partir de la carta política de 1991, y de
la suscripción y aprobación de diversos instrumentos trasnacionales, al igual
que de 20 constataciones en derecho comparado, la protección al ambiente
ocupa un lugar trascendental en el ordenamiento jurídico nacional. Desde
esta perspectiva, la Corte Constitucional colombiana ha desarrollado ese
carácter ecológico de la Carta Política, dando carácter fundamental al
Derecho al Ambiente Sano, directamente y en su conexidad con la vida y la

15. salud, entre otros, que impone deberes correlativos al Estado y a los
habitantes del territorio nacional.
ANALISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LAS SENTENCIAS
Es importante tener en cuenta la manera en la que el derecho al medio
ambiente, en el trascurso de los últimos veinte años en Colombia ha
empezado a ser visto como un derecho fundamental y la manera en que se
ha ido reconociendo para generar una garantía y protección, es así como a
partir de las sentencias más relevantes serán analizadas y veremos
jurisprudencialmente que tanto se ha avanzado en Colombia con respecto a
este tema.
Sentencia No. T-406/92
En esta demanda se solicita que se tutele el derecho a la salubridad pública,
fundamentándose en el derecho al medio ambiente sano y la salud de la población,
El peticionario solicita la tutela y no una acción popular tal como lo establece
el artículo 88 de la Carta por razones que no aparecen de manera explícita
en la demanda.
Agrega que, si bien es cierto que el Decreto Reglamentario 2591 de 1991 establece
entre las causales de improcedencia contenidas en el artículo 6o. No 3, su
inaplicabilidad cuando se quieran proteger derechos colectivos, este mismo hace
una salvedad para aquellos casos en que el titular pretenda la protección de sus
derechos amenazados o violados en situaciones que comprometan intereses o
derechos colectivos siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable.
Esta demanda fue presentada ante el Tribunal Administrativo de Bolívar al
manifestar su fallo, se fundamentó en las siguientes razones:
1."La acción de tutela sólo es procedente para la protección inmediata de los
derechos constitucionales fundamentales, que son los señalados expresamente en
la Constitución Título II, Capítulo I." Apoya este razonamiento en el concepto emitido
por el Consejo de Estado de fecha 5 Febrero de 1992, donde además se agrega la
incompetencia de la Corte Constitucional para definir otros derechos como
fundamentales, aparte de los contenidos en dicho título.
2. El accionante cita como violado el derecho contenido en el artículo 88 de la
Constitución Nacional, que no se encuentra expresamente señalado como

16. fundamental en la Constitución Nacional, lo cual lleva a la Sala a inaplicar por vía
de la excepción de inconstitucionalidad.
La corte manifiesta que sobre este tema es indispensable la adecuada aplicación
de los textos constitucionales y en sala de revisión se dice que es necesario que
exista un pronunciamiento de fondo sobre cuál es el alcance de los derecho
económicos, sociales y culturales y su relación con los derechos fundamentales,
para que exista una delimitación de esos derechos teniendo en cuenta el alcance
de estado social de derecho y la delimitación de derechos fundamentales.
Finalmente la Corte resuelve revocar la providencia del Tribunal Contencioso
Administrativo de Bolívar y ordenar a las Empresas Públicas de Cartagena la
terminación de la construcción del alcantarillado del barrio Vista Hermosa.
Mientras ello ocurre debe adoptar, inmediatamente, medidas provisionales
idóneas, encaminadas a la cesación de las molestias y perjuicios que se
están ocasionando a los habitantes del barrio.
Sentencia No. T-411/92
En esta acción de Tutela existe una relación entre el manejo de los desechos
de materias primas, específicamente la cascarilla de arroz que era
abandonada y luego quemada y que como consecuencia estas actividades
estaban atentando contra la salud y el bienestar de la comunidad y además
donde no existían las garantías pertinentes, es decir no poseían licencia de
funcionamiento.
El Juzgado de Instrucción Criminal denegó la solicitud, por los siguientes
argumentos citados:
1. El accionante con el proceso buscaba únicamente el levantamiento de los
sellos impuestos por orden del Alcalde y, consecuencialmente, el reinicio de
labores. Ahora, como ello se produjo con anterioridad al fallo, la decisión versaría
exclusivamente entonces en la indemnización de perjuicios en caso de que
fueran procedentes, de acuerdo con el artículo 26 del Decreto 2591/91.
2. No existía en este caso violación del derecho al trabajo, en la medida que el
interés social debe primar sobre el interés particular, y por ende, concluye el
Juzgado, no sería procedente la indemnización de perjuicios.
Entonces la sala de revisión determina que: “la protección al ambiente no es
un "amor platónico hacia la madre naturaleza", sino la respuesta a un
problema que de seguirse agravando al ritmo presente, acabaría planteando
una auténtica cuestión de vida o muerte: la contaminación de los ríos y

17. mares, la progresiva desaparición de la fauna y la flora, la conversión en
irrespirable de la atmósfera de muchas grandes ciudades por la polución, la
desaparición de la capa de ozono, el efecto invernadero, el ruido, la
deforestación, el aumento de la erosión, el uso de productos químicos, los
desechos industriales, la lluvia ácida, los melones nucleares, el
empobrecimiento de los bancos genéticos del planeta, etc., son cuestiones
tan vitales que merecen una decisión firme y unánime de la población
mundial”7.
La corte resuelve confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Primero de
Instrucción Criminal.
Sentencia C-339/02
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 3 parcial, 4, 18 parcial,
34, 35 parcial literales a) y c) y 36 parcial de la ley 685 de 2001- Código de
Minas.
Razones por las que son demandadas - La expresión “y de aplicación
preferente” contenida en el artículo 3º de la Ley 685 de 2001 vulnera la Carta,
pues “en ninguno de los 380 artículos que conforman nuestra Constitución
Nacional se ordena o faculta que las 'reglas y principios' de la subordinada y
secundaria normatividad del Código de Minas, tengan o puedan llegar a tener
aplicación preferente frente a las actividades, bienes, derechos,
normatividades e intereses, consagrados, protegidos y privilegiados por las
normas con rango constitucional (…)" En criterio del actor, el aparte acusado
busca proteger los intereses particulares de los mineros, situándolos por
encima del interés general, lo cual es abiertamente inconstitucional, ya que
las normas del Código de Minas tienen un carácter subordinado,
dependiente, inferior y secundario, de modo que no pueden prevalecer sobre
la Constitución ni los sujetos y bienes jurídicos que ella protege de manera
privilegiada. En este sentido, afirma: "las reglas, normas y principios del
Código de Minas deben obediencia, están subordinadas primero a la
Constitución y segundo a las leyes que comportan el interés general (…)" Y
continúa: "muy al contrario de lo sostenido abusivamente en el artículo 3º
demandado, todas las normas del Código de Minas son SUBORDINADAS a
la Constitución Nacional; son SUBORDINADAS a las normas legales que
desarrollan esos principios, actividades, bienes y derechos de suyo ya
privilegiados por la norma de normas." 8
7 T-411 de 1992
8 C- 339 de 2002

18. La corte resuelve lo siguiente, cita de la sentencia C – 339 de 2002
PRIMERO: Declarar EXEQUIBLE la expresión “y de aplicación
preferente” del artículo 3 de la ley 685 de 2001.
SEGUNDO: Declarar EXEQUIBLE el artículo 4 de la ley 685 de 2001
solamente por los cargos estudiados, en el entendido que la
expresión “únicos” no excluye la aplicación de los requisitos establecidos en
leyes especiales que protegen el patrimonio histórico, arqueológico o cultural
de la nación y los derechos y bienes constitucionalmente protegidos.
TERCERO: Declarar EXEQUIBLE la expresión “Las
autoridades minera y ambiental no podrán, en el ámbito de sus
competencias,
exigirles requisitos, condiciones y formalidades adicionales o diferentes,
salvo las expresamente señaladas en este Código” contenida en el artículo
18 de la ley 685 de 2001; siempre y cuando se entienda que esta Ley se
aplica tanto a los nacionales colombianos como a los extranjeros, en las
mismas condiciones señaladas en el artículo 4 de la ley 685 de 2001.
CUARTO: Declarar EXEQUIBLE el inciso 1 del artículo 34 de la ley 685 de
2001.
QUINTO: Declarar EXEQUIBLE el inciso 2 del artículo 34 de la ley 685 de
2001, en el entendido que el deber de colaboración de la autoridad minera no
condiciona el ejercicio de la competencia de la autoridad ambiental.
SEXTO: Declarar EXEQUIBLES los incisos 3 y 4 del artículo 34 de la ley 685
de 2001, en el entendido que la autoridad ambiental deberá aplicar el principio
de precaución.
SÉPTIMO: Declarar INEXEQUIBLE la expresión “de acuerdo con dichas
normas” contenida en el literal a) del artículo 35 de la ley 685 de 2001 y
EXEQUIBLE el resto del literal a) del artículo 35 de la ley 685 de 2001,
siempre que se entienda que incluye las normas ambientales nacionales,
regionales y municipales, en concordancia con el Plan de Ordenamiento
Territorial.
OCTAVO: Declarar EXEQUIBLE el literal c) del artículo 35 de la ley 685 de
2001 siempre que se entienda que la expresión “autoridad
competente” comprende, en sus respectivos ámbitos de competencia,
además de la autoridad minera, a la autoridad ambiental y a las autoridades
encargadas de cuidar el patrimonio arqueológico, histórico y cultural.

19. NOVENO: Declarar INEXEQUIBLE la expresión “de conformidad con los
artículos anteriores”, contenida en el artículo 36 de la ley 685 de 2001.
DÉCIMO: Declarar EXEQUIBLE la expresión y “o se entenderá condicionada
a la obtención de permisos o autorizaciones especiales”, contenida en el
artículo 36 de la ley 685 de 2001.
En las sentencias anteriormente mencionadas podemos entonces observar
que existen distintas variaciones, dado que hay diferentes puntos de vista
desde lo político y económico, por lo tanto el derecho al medio ambiente como
derecho fundamental requiere de una reforma en nuestro ordenamiento
jurídico para que exista una relación más cercana entre los derechos
humanos y el derecho al medio ambiente.
SENTENCIAS HITO
SENTENCIA T- 415 DE 1992
MAGISTRADO PONENTE Ciro Angarita Barón
PROBLEMA JURIDICO
El problema que aquí se plantea tiene que ver con
la posible amenaza de violación de un derecho
constitucional fundamental, como consecuencia del
incumplimiento por parte de los funcionarios encargados de
la aplicación de normas legales que aseguran la efectividad
del derecho constitucional fundamental. Entonces, con
independencia del problema que consiste en saber si
efectivamente se produjo una contaminación indebida, es
necesario plantear la posible configuración de una violación
al derecho a gozar de un medio ambiente sano, como
resultado del incumplimiento de normas que establecen
procedimientos para fijar unos límites objetivos de
contaminación, dentro de los cuales se considera que no
existe peligro mayor para la salud.

20. RATIO DECIDENDI
La concepción jurídica de los derechos ha tenido por siglos
su centro de gravedad en la idea de derecho subjetivo; esto
es, en una facultad o prerrogativa otorgada por el derecho y
que responde a la naturaleza misma del hombre. Una de
las implicaciones más problemáticas de las nuevas
relaciones impuestas por el Estado social de derecho, tiene
que ver con el surgimiento de otro tipo de derechos
construidos bajo categorías diferentes a la de los derechos
subjetivos. Estos nuevos derechos han sido denominados
con términos tales como derechos difusos o derechos
colectivos, términos que ponen de presente la independencia
del derecho frente al sujeto. La existencia de estos derechos
plantea serios problemas técnicos al sistema jurídico, que
pueden ser resumidos en la dificultad para conciliar su
eficacia con los propósitos de seguridad jurídica
indispensables en el derecho. Esta dificultad se manifiesta
concretamente en la delimitación del concepto de violación y
de bien jurídico protegido.
En el ámbito internacional se discute si el derecho al medio
ambiente es o no un derecho fundamental. Esta Sala de
Revisión no quiere dejar de hacer rápida mención del estado
de la polémica a nivel internacional, más aún cuando el
mundo siguió expectante los resultados de la conferencia
global que se realizó en Brasil y en vísperas de una
conferencia de similar magnitud sobre la promoción y
protección de los derechos humanos en 1993.
Algunos estudiosos del tema ven en los derechos humanos
fundamentales y en la protección ambiental una
representación diferenciada, pero interrelacionada, de
determinados valores sociales. Esta visión sugiere, para la
protección ambiental, dos posibilidades:
1). La consagración del derecho al medio ambiente sano a
través de su conexidad con otros derechos fundamentales
de aplicación inmediata y
2). La consagración de un conjunto de derechos
fundamentales del ambiente.
La aplicación por conexidad se encuentra respaldada en los
artículos 88 y 94 de la Carta. Esta idea, además, ha sido
reconocida desde 1972 en la Declaración de Estocolmo

21. sobre el Ambiente Humano, en la cual se establece un
vínculo entre DERECHOS FUNDAMENTALES y
PROTECCION AMBIENTAL:
"el hombre tiene el derecho fundamental a la
libertad, la igualdad y adecuadas condiciones de vida,
en un medio ambiente de una calidad que permita una
vida de dignidad y bienestar".
La interrelación entre DERECHOS FUNDAMENTALES
expresamente consagrados y LA PROTECCION
AMBIENTAL ha sido realizada a nivel internacional de dos
maneras: tomando esta última como prerrequisito o
precondición para el ejercicio de aquellos, o como parte
integral de su disfrute.

22. SENTENCIA T- 415 DE 1992
MAGISTRADO PONENTE Hernando Herrera Vergara
PROBLEMA JURIDICO
Proteger los derechos constitucionales fundamentales de
carácter individual, es procedente intentar esta, cuando se
trata de la presunta vulneración o amenaza de un derecho
relativo al ambiente sano, pues en estos casos,en presencia
de la conexidad de los derechos colectivos y fundamentales
vulnerados, prevalece la acción de tutela sobre las acciones
populares, convirtiéndose así en el instrumento judicial
adecuado para el amparo oportuno de los derechos
amenazados. Este derecho se concibe como un conjunto de
condiciones básicas que rodean a la persona y le permiten
su supervivencia biológica e individual, lo cual garantiza a su
vez su desempeño normal y su desarrollo integral en el
medio social. En este sentido, el ambiente sano es un
derecho fundamental para la supervivencia de la especie
humana; sin embargo, la vulneración del mismo conlleva en
determinados casos, al quebrantamiento de derechos
constitucionales fundamentales como la vida o la salud.

23. RATIO DECIDENDI
Así las cosas, la acción de tutela es un instrumento
constitucional de carácter directo de protección de los
derechos constitucionales fundamentales, por cuanto
siempre presupone una actuación preferente y sumaría a la
que el afectado puede acudir sólo en ausencia de cualquier
otro medio de defensa judicial de aquellos derechos, "salvo
que aquella se utilice comomecanismotransitorio para evitar
un perjuicio irremediable" (Artículo 6o. numeral 1o. del
Decreto 2591 de l.991), y en todo caso, procura la restitución
al sujeto peticionario en el goce del derecho de rango
constitucional fundamental que se demuestra lesionado o
amenazado.
"La Constitución Nacional precisa el derecho al ambiente
sano dentro de los derechos colectivos. Este derecho hace
relación no a una persona en particular por lo que no se
puede sectorizar o parcelar, sino que la situación ambiental
es comunicante y extensiva, es decir que se va extendiendo
a través del aire, sin que encuentre barreras o diques que
pongan término a su propagación. Su límite está señalado
por la misma fuerza que la contaminación produce. Además
de ser un derecho el goce del ambiente sano, es una
obligación del Estado procurar mantener la diversidad del
ambiente y fomentar la integridad del mismo. Es factible
ejercer la acción de tutela frente a la presunta
vulneración o amenaza de un derecho fundamental que
ha tenido su origen precisamente en la violación del
derecho colectivo del ambiente sano"

24. SENTENCIA T-1451/00
MAGISTRADO PONENTE María Victoria Sáchica Méndez
PROBLEMA JURIDICO
Se están vulnerando los derechos a un medio ambiente sano y a la
salud, en conexidad con los derechos a la vida.
está suficientemente demostrada una perturbación ambiental
significativa que recae directamente sobre los accionantes, ocasionada
por la presencia cercana a sus residencias del estancamiento de aguas
que repercute en evidente peligro para la salud y la vida de los actores,
dados los graves males que resultan evidentes si persiste el foco de
contaminación
RATIO DECIDENDI
Para determinar las reglas de ponderación que debe tener en cuenta
el juez para conceder una acción de tutela cuando de la vulneración
de derechos colectivos se derive la afectación de derechos de
Carácter fundamental.
Primer criterio:La transcendencia que pueda tener un derecho
colectivo en el ámbito de los derechos fundamentales,
no lo hace perder su naturaleza de colectivo y su protección,
Por tanto, ha de lograrse a través de la acción diseñada para el efecto, y
ésta no es otra que la acción popular.
Segundo criterio: Conexidad entre la vulneración
del derecho colectivo y la vulneración del
derecho fundamental. Conexidad que debe
una vulneración directa y clara de un
derecho fundamental determinado.
Tercer criterio:La existencia de un daño o amenaza concreta de
los derechos fundamentales de quien promueve la acción de tutela o
de su núcleo familiar. Este es un problema de legitimidad, pues sólo
aquel que ve afectado directamente en su derecho, puede
reclamar su protección.
Quinto criterio: La orden del juez debe buscar el restablecimiento
del derecho fundamental vulnerado más no del derecho colectivo en
sí mismo considerado, pese a que con su decisión resulte
protegido, igualmente, un derecho de esta naturaleza.
la inexistencia de un medio judicial diverso de la acción de tutela
para obtener la protección de los derechos fundamentales

25. amenazados,pues la existencia de mecanismos alternos de defensa que
puedan ser utilizados y a su vez ser calificados como eficaces
para la protección del derecho fundamental, hacen
Improcedente la acción de tutela.
Finalizando la Corte constitucional a través de su desarrollo jurisprudencial
quien ha realizado diversos pronunciamientos de medidas para reconocer el
derecho al medio ambiente como un derecho de carácter fundamental, a
través de una línea jurisprudencial incluida una sentencia de unificación que
lo reconoce como derecho fundamental por conexidad. Por tal motivo se
considera que para que exista una real y efectiva protección del derecho al
medio ambiente sano, se requiere solicitar la participación de la ciudadanía,
accionando mecanismos que permitan reformar la constitución bien sea por
un referendo o una asamblea nacional constituyente, además de la
concreción de leyes que desarrollen el derecho al medio ambiente como
derecho fundamental, así como la unificación de la normativa ambiental en el
país. Al reconocerse el status de derecho fundamental al Derecho al Medio
Ambiente Sano, a través de la participación colectiva y en ejercicio de la
soberanía popular se abren nuevos retos, no solo basta con su
reconocimiento sino también con la creación de medidas concretas para su
aplicabilidad; se deberá examinar el modelo de desarrollo existente, la
asistencia de nuevas formas de emprendimiento que no degraden los
recursos naturales no renovables, para ello se hará necesario la regulación
de la explotación de petróleo y minería en áreas protegidas, protección de los
recursos hídricos, protección de los páramos, cuidado del amazonas, para
ello la normatividad existente deberá ser aplicada con rigurosidad y derogada
aquella que continúe favoreciendo la explotación de los recursos naturales.