El documento analiza modelos de gestión de instituciones para la infancia y adolescencia en comparación con otros países. Propone que la protección e infracción de ley estén en instituciones separadas, con descentralización y especialización del recurso humano. También recomienda mecanismos de rendición de cuentas, tecnologías de información para los registros, y asociación público-privada especialmente en programas. Finalmente, analiza estimaciones de costos internacionales y para Chile.