Para crear la “Ley Para Establecer Salvaguardas y Garantías Para Acceder a Información Pública en Poder, Custodia y Control del Estado”.

1. 1 ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
2
316ta. Asamblea 3ra. Sesión
4 Legislativa Ordinaria
5
6 CÁMARA DE REPRESENTANTES
7
8 P. de la C. 2370
9
10 15 DE ENERO DE 2009
11
12 Presentado por el representante Perelló Borrás y
13 la representante Cruz Soto
14
15 Referido a _________________
16
17 LEY
18
19Para crear la “Ley Para Establecer Salvaguardas y Garantías Para Acceder a
20 Información Pública en Poder, Custodia y Control del Estado”.
21
22 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
23
24 En un sistema democrático de gobierno es indispensable garantizar a los
25ciudadanos condiciones y elementos necesarios para que puedan gozar
26plenamente de sus libertades, destacándose entre ellas la libertad de expresión.
27
28 Nuestros tribunales consistentemente han reconocido el derecho a acceder
29información como corolario del derecho a la expresión pública. Este derecho no
30sólo tiene pertinencia en nuestro territorio sino que a nivel internacional se
31concibe también como parte de la libertad de pensamiento y expresión. Incluso,
32entes como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual es una
33institución judicial cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la
34Convención Americana sobre Derechos Humanos ha reiterado consistentemente
35el valor a acceder a información público para garantizar los principios
36democráticos y las libertades del individuo.
37
38 La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a su vez
39dispone en su preámbulo lo siguiente:
40 “Que entendemos por sistema democrático aquel donde la voluntad del
41 pueblo es la fuente del poder público, donde el orden político está

2. 1 2
1 subordinado a los derechos del hombre y donde se asegura la libre
2 participación del ciudadano en las decisiones colectivas;..”
3 A fin de cuentas la existencia del Estado, en un sistema democrático de
4gobierno, es el pueblo.
5 Resulta vital para garantizar que los ciudadanos puedan participar en las
6decisiones colectivas del territorio al cual pertenecen, acceder a información en
7poder, custodia y control del Estado. No puede haber participación efectiva de
8los ciudadanos, y los entes que los representan, en los asuntos que impactan el
9colectivo, si los mismos no poseen todos los elementos de información para
10formar juicios informados.
11 Las trayectorias en los sistemas de gobierno que se rigen por principios
12democráticos cada día más reconocen a los ciudadanos, de manera liberal, el
13derecho a acceder a información pública en poder del Estado. Gobiernos con una
14gran trayectoria democrática han adoptado legislación uniforme para garantizar
15dicho derecho y han adoptado medidas agresivas para disuadir prácticas de
16funcionarios y empleados dirigidas a obstruir el acceso a información.
17 En Puerto Rico aunque se ha pretendido mediante ciertas acciones
18legislativas propiciar el acceso a información, aún no existe legislación uniforme
19de ese tipo, y se ha recurrido a abordar el asunto de forma segmentada y por
20áreas. A manera de ejemplo, se promulgó la Ley Número 229 de 2 de septiembre
21de 2003, según enmendada, conocida como “Ley para Garantizar el Acceso de
22Información a las Personas con Impedimentos”, y la Ley Número 151 de 22 de
23junio de 2004, según enmendada, esta última, entre otras cosas, le reconoce
24ciertos derechos al ciudadano para acceder vía “internet” a cierta información,
25documentos y certificaciones. No obstante este estatuto más bien pretende
26facilitar el uso de tecnologías a los ciudadanos para acceder información.
27 Por otro lado se han aprobado leyes dirigidas a establecer protocolos para
28conservar y disponer los documentos públicos, reconociéndose la importancia de
29la información pública que contienen. A esos efectos se aprobó la Ley Número 5
30de 8 de diciembre de 1955, según enmendada, mejor conocida como “Ley de
31Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico”, la cual entre otras
32cosas, dispone penalidades para actuaciones de funcionarios que destruyan
33documentos públicos. La misma definió documento público de una manera
34amplia reconociendo que la mayor parte de las transacciones y gestiones que
35realiza el aparato gubernamental deben estar sujetas al escrutinio del pueblo.
36 No empece a ello, recientemente una encuesta realizada sobre el acceso a
37información gubernamental reflejó que Puerto Rico, conjunto con el estado de

3. 1 3
1Missisipi, son los peores territorios en materia de acceso a información. La
2encuesta celebrada por la “National Freedom of Information Consortium”
3(NFIC) determinó que Puerto Rico sólo hace público, vía internet, solamente
4cuatro tipos de documentos gubernamentales, lo cual se diferencia grandemente
5de otros estados que poseen un total de 19 tipos de documentos.
6 En Puerto Rico el problema sobre la falta de acceso a información tiene
7distintas vertientes. Una de las vertientes consiste en la tendencia mostrada por
8distintas Asambleas Legislativas de aprobar legislación estableciendo como
9confidencial documentos, que en otras jurisdicciones son de total acceso público.
10Otra vertiente, y que agudiza más el problema de falta de acceso a información
11pública es que aún con las limitadas leyes que se han promulgado reconociendo
12cierta información como pública, el Estado adopta posiciones que atentan contra
13la divulgación de esa información e instituye prácticas que solamente tienen el
14efecto de obstruir el acceso a información.
15 Atender con seriedad y agilidad los requerimientos de información
16pública en poder del Estado, además de ser un principio básico en todo sistema
17de gobierno democrático, es vital para proyectar la isla a nivel internacional
18como una jurisdicción altamente civilizada y transparente, pero sobre todo
19confiable. Cabe destacar que el desarrollo de los pueblos no sólo se mide por la
20generación de actividad económica en ciertos renglones, un verdadero desarrollo
21socio-económico tiene sus cimientos en un ordenamiento claro, que propicia la
22transparencia y en el cual el Estado no ve como una amenaza las inquietudes del
23ciudadano de acceder a información, conocer y participar en la discusión pública
24 Es vital que se comience, en este siglo, un verdadero compromiso con los
25ciudadanos y brindarles herramientas reales que les permitan lograr acceder la
26información pública, y protegerlos de acciones que van encaminadas a obstruir
27dicho derecho. El acceso a información pública reviste un alto interés público y
28las distintas administraciones de turno deben tenerlo entre sus prioridades.
29Actualmente no existen diferencias ideológicas entre los distintos y principales
30partidos políticos de Puerto Rico sobre el tema. Incluso la actual administración
31ha reiterado como un asunto vital proveer acceso rápido e ininterrumpido a la
32información y ayudar a manejar los fondos públicos para prevenir pérdidas y
33para aumentar los recaudos.
34 Es por ello que urge establecer garantías a esos fines de manera que el
35ciudadano promedio tenga certeza sobre el procedimiento y las garantías que el
36Estado tiene que brindarle cuando desea obtener información pública. Por ello
37esta Asamblea Legislativa estima necesario e inaplazable adoptar legislación
38para garantizarles a los ciudadanos el derecho a la información pública en
39control y custodia del Estado.

4. 1 4
1
2 DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
3
4 Artículo 1.- Esta Ley se conocerá como “Ley Para Establecer Salvaguardas
5y Garantías Para Acceder a Información Pública en Poder, Custodia y Control
6del Estado”.
7 Artículo 2.-Definiciones:
8 a. Documento-Es la palabra que comprenderá todo papel, libro,
9 folleto, fotografía, película, microforma, cinta magnetofónica,
10 mapa, dibujo, plano, cinta magnética, disco, video cinta o
11 cualquier otro material leído por máquina y cualquier otro
12 material informativo sin importar su forma o características
13 físicas. Incluye también los generados de forma electrónica,
14 aunque nunca sean impresos en papel u otro medio distinto al
15 creado originalmente. El material bibliográfico, o de museo,
16 adquirido para propósitos de exposición, consulta u otros
17 relacionados y las publicaciones no están incluidos en la
18 definición de la palabra documento.
19 b. Documento público.— Es todo documento que se origine,
20 conserve o reciba en cualquier dependencia del Estado Libre
21 Asociado de Puerto Rico de acuerdo con la ley o en relación con
22 el manejo de los asuntos públicos y que de conformidad con lo
23 dispuesto en la sec. 1002 de este título se haga conservar que se

5. 1 5
1 requiera conservar permanentemente o temporalmente como
2 prueba de las transacciones o por su valor legal. Incluye
3 aquellos producidos de forma electrónica que cumplan con los
4 requisitos establecidos por las leyes y reglamentos.
5 c. Rama Ejecutiva -incluye sus agencias, corporaciones públicas,
6 oficinas gubernamentales e instrumentalidades.
7 d. Rama Legislativa- incluye la Cámara de Representantes y el Senado.
8 e. Solicitante-persona natural o jurídica que le requiere a la Rama
9 Ejecutiva o la Asamblea Legislativa información en su poder,
10 custodia o control.
11 Artículo 3.-Presunción de Publicidad.
12 Se establece la presunción de que toda información en poder, custodia y
13control del Estado es pública.
14 La Rama Ejecutiva y la Rama Legislativa, en cualquier litigio que incoe
15una entidad jurídica o persona natural en los tribunales del Estado Libre
16Asociado de Puerto Rico para acceder a información que se encuentre en su
17custodia, control y poder, tendrá el peso de demostrar que la información no
18debe ser divulgada ya que existe un interés apremiante, claramente dispuesto en
19ley, de mantener confidencial la información solicitada.
20 Artículo 4. Al menos, la siguiente información debe estar a disposición del
21escrutinio de los ciudadanos:

6. 1 6
1 1. Las opiniones finales en los casos o asuntos en los cuales las
2 agencias y demás instrumentalidades de la Rama Ejecutiva
3 hayan ejercido su rol adjudicador. Lo anterior incluye conocer
4 los votos que se emitieron para llegar a dicha conclusión y que
5 fundamenta la adjudicación, ello de haberse adoptado por un
6 ente compuesto por más de un miembro.
7 2. Todo documento que constituya la interpretación oficial de
8 determinada agencia sobre la manera de implantar un estatuto.
9 3. Todo documento que plasme la adopción de políticas públicas
10 por parte de la Rama Ejecutiva y la Rama Legislativa.
11 4. Documentos o procesos que establezcan directrices al personal
12 de determinada instrumentalidad de la Rama Ejecutiva o ente
13 de la Asamblea Legislativa, y que afecten derechos de
14 ciudadanos, o que los impacten de manera directa o indirecta.
15 5. Información relacionada a los gastos de la Rama Ejecutiva y la
16 Rama Legislativa.
17 6. Información relacionada a las asignaciones de fondos públicos a
18 la Rama Ejecutiva y la Rama Legislativa.
19 7. Información sobre nombramientos de funcionarios públicos y
20 que revisten de alto interés para la ciudadanía, tales como los
21 nombramientos de jefes o directivos de instrumentalidades de
22 la Rama Ejecutiva, así como información relacionada a los

7. 1 7
1 nombramientos de jueces, fiscales y procuradores, entre otros, y
2 que esté relacionada a los meritos y áreas que debe considerarse
3 para cualificar a determinado candidato.
4 8. Documentos que contenga información sobre el
5 aprovechamiento académico de los estudiantes.
6 9. Informes de auditorías realizadas a la Rama Ejecutiva y a la
7 Asamblea Legislativa.
8 10. Cantidad y detalle de los puestos existentes en la Rama
9 Ejecutiva y la Legislativa, los que han sido creados por año
10 fiscal y los nuevos nombramientos, y cuantía total de la nómina.
11 11. Información sobre contratos otorgados por la Rama Ejecutiva y
12 la Rama Legislativa.
13 12. Documentos sobre contribuciones y gastos de campañas políticas.
14 13. “Record” o grabaciones sobre vistas públicas de la Rama
15 Ejecutiva y la Rama Legislativa.
16 14. “Record” o grabaciones de las sesiones ordinarias y
17 extraordinarias de la Asamblea Legislativa.
18 15. Todo informe de investigaciones efectuadas por la Asamblea
19 Legislativa.
20 16. Cualquier información que se haya clasificado como pública
21 mediante leyes especiales o por los tribunales competentes.
22 La anterior enumeración no es taxativa.

8. 1 8
1 Artículo 5. Se reconoce que en los siguientes casos el Gobierno
2 puede esgrimir el elemento de confidencialidad para no acceder a
3 entregar la información solicitada:
4 a. Asuntos que claramente deben mantenerse en secreto ya
5 que se encuentran relacionados a asuntos de seguridad y
6 defensa nacional del País.
7 b. “Trade secret “ o secretos comerciales.
8 c. Expedientes médicos y personales, y otro tipo de
9 expedientes de naturaleza similar los cuales, de hacerse
10 públicos constituirían una invasión patente a la intimidad
11 de una persona o individuo.
12 d. Identidad de informantes en investigaciones criminales
13 realizadas por el Estado.
14 e. Información que revele las técnicas de investigación
15 criminales del Estado.
16 f. Privilegios evidenciarios surgidos de las Reglas de Evidencia.
17 g. Leyes especiales adoptadas para mantener confidencial
18 información concerniente a menores de edad.
19 Artículo 6.- Solicitud de información y diligencia que se requiere para
20atenderla.
21 Toda solicitud de información debe ser atendida y provista por la Rama
22Ejecutiva o la Rama Legislativa, según se trate, en un término no mayor de diez

9. 1 9
1(10) días y la información debe proveerse, en la medida posible, en el formato
2solicitado. La Rama Ejecutiva y la Rama Legislativa no pueden obviar su deber
3de proveer la información aduciendo que la misma se puede acceder a través de
4otras fuentes privadas.
5 En la eventualidad de que la instrumentalidad de la Rama Ejecutiva o de
6la Rama Legislativa, según se trate, determine no proveer la información, deberá
7remitir, por escrito, al ciudadano las razones y fundamentos para no proveer la
8misma en el término dispuesto en este Artículo. A esos efectos, sólo se podrá
9fundamentar la denegatoria a proveer la información en los siguientes casos:
10 1. Existe una ley que claramente dispone para lo no divulgación
11 de la información y en la cual se establece claramente el interés
12 que se persigue proteger bajo el manto de confidencialidad.
13 2. No se posee la información y no existe obligación ni
14 responsabilidad en ley de poseerla ni custodiarla.
15 Artículo 7. Información confidencial y pública en un mismo documento
16 Cuando el requerimiento de información se encuentre contenido en un
17documento que posea información confidencial, se deberán realizar todos los
18esfuerzos razonables para eliminar, borrar, ocultar o tachar la información
19confidencial, y de esa manera proveer la información restante.
20 Cuando se realice dicha acción de segregar información, la
21instrumentalidad de la Rama Ejecutiva o de la Rama Legislativa, según se trate,

10. 1 10
1deberá indicar en el documento tal acto de segregación y acompañar una breve
2descripción de la información editada.
3 Artículo 8. Creación del cargo del Procurador Especializado Para
4Garantizar el Acceso a Información.
5 Se crea el cargo del Procurador Especializado Para Garantizar el Acceso a
6Información. El mismo estará adscrito a la Oficina del Procurador del
7Ciudadano. Las personas a considerarse para dicho cargo deberán ser abogados
8con experiencia en la defensa de los derechos civiles.
9 El Colegio de Abogados, la Comisión de Derechos Civiles y la Asociación
10de Periodistas someterán al Procurador del Ciudadano la terna de candidatos
11que cualifican para ser nombrados para el puesto de Procurador Especializado
12Para Garantizar el Acceso a Información.
13 El Procurador del Ciudadano proveerá los recursos necesarios al
14Procurador Especializado, según dispone el Artículo 7 de la Ley Número 134 de
1530 de junio de 1977, según enmendada, para que el mismo pueda ejercer sus
16funciones.
17 Artículo 9. Funciones del Procurador Especializado
18 a) Solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que
19 se estime útil para evaluar el cumplimiento de la Rama Ejecutiva y
20 Legislativa con los propósitos de esta Ley.
21 b) Recibir quejas y declaraciones voluntarias.

11. 1 11
1 c) Emitir instrucciones que deberán cumplir e implementar los
2 organismos comprendidos por esta Ley para garantizar el libre y pleno
3 ejercicio del derecho al acceso a la información.
4 d) Recomendar sanciones disciplinarias, conjunto con el Departamento de
5 Justicia, contra todo funcionario o empleado que obstruya el acceso a
6 información de forma caprichosa y arbitraria.
7 e) Toda otra función, además de las anteriores, que el Procurador del
8 Ciudadano le asigne mediante reglamentación, para propiciar que se
9 cumplan los propósitos de esta Ley.
10 Artículo 10. Agotamientos de Remedios Administrativos y Revisión
11Judicial
12 Toda instrumentalidad de la Rama Ejecutiva y de la Rama Legislativa,
13según se trate, deberá resolver cualquier petición de reconsideración sobre
14determinado requerimiento de información en un término no mayor de diez (10)
15días.
16 Cualquier Solicitante quedará relevado de agotar remedios
17administrativos si la agencia no responde en el término provisto en la solicitud
18de información inicial, o si la agencia no se expresa en torno a cualquier
19reconsideración en el término dispuesto en el presente Artículo.
20 No obstante, el Solicitante podrá utilizar cualquier remedio legal
21extraordinario disponible para recurrir a los tribunales, sin agotar remedios

12. 1 12
1administrativos, cuando exista un interés apremiante de acceder a la
2información.
3 Nada de lo dispuesto en el presente Artículo, concerniente al agotamiento
4de remedios administrativos es de aplicación cuando el requerimiento de
5información lo efectué un cuerpo de la Asamblea Legislativa o un Legislador.
6 Artículo 11.- Se dispone que en los casos en los cuales el Solicitante presente
7una causa de acción requiriendo la entrega de información pertinente, y éste prevalezca,
8el Tribunal podrá considerar la imposición al Estado de los costos razonables del litigio y
9los honorarios de abogados. Ello, si de las circunstancias del caso, existe evidencia que
10demuestre que el funcionario, el empleado o el personal de la instrumentalidad de la
11Rama Ejecutiva o de la Rama Legislativa, según se trate, actuó arbitrariamente y
12caprichosamente.
13 Si la Rama Ejecutiva o la Rama Legislativa fundamentó su negativa para
14proveer la información solicitada en la existencia de información confidencial en
15los documentos solicitados, será un elemento a considerar para propósitos de
16determinar actuaciones caprichosas y arbitrarias conducentes a obstruir
17información, si la instrumentalidad o ente realizó todos los esfuerzos razonables
18para eliminar dicha información que estimaba confidencial, y proveyó la
19restante.
20 Artículo 12.-Se ordena que el Departamento de Justicia remita copia de
21toda sentencia dictada por los tribunales a la Oficina del Procurador del
22Ciudadano, ello en los casos en los cuales personas naturales o jurídicas soliciten

13. 1 13
1acceso a información en poder, custodia y control de instrumentalidades de la
2Rama Ejecutiva o de la Rama Legislativa.
3 Si la instrumentalidad de la Rama Ejecutiva o Rama Legislativa que se
4trate no realiza investigación para imponer medidas disciplinarias a aquellos
5empleados o funcionarios que intencionalmente o de manera negligente
6obstruyeron el acceso a la información, el Departamento de Justicia deberá
7realizarla.
8 Al culminarse la investigación, el Departamento de Justicia deberá realizar
9las conclusiones y recomendaciones pertinentes para determinar si se amerita la
10imposición de medidas disciplinarias sobre el funcionario que intencionalmente
11o de manera negligente obstruyó el acceso a la información, y deberá remitir a la
12agencia que se trate el informe producto de la investigación.
13 La Oficina del Procurador del Ciudadano podrá ordenar al Departamento
14de Justicia o a la instrumentalidad de la Rama Ejecutiva o la Rama Legislativa
15que se trate, realizar investigaciones a esos fines.
16 Artículo 13. Al cierre de cada año fiscal todas las instrumentalidades de la
17Rama Ejecutiva y la Asamblea Legislativa presentarán, no más tarde del 30 de
18agosto, a la Oficina del Procurador del Ciudadano lo siguiente:
19 (a) cantidad de requerimientos de información denegados y los
20 fundamentos que se utilizaron.
21 (b) cantidad de requerimientos de información que se encuentren
22 pendientes al cierre del año fiscal.

14. 1 14
1 (c) cantidad de litigios pendientes en los tribunales sobre requerimientos
2 de personas naturales o jurídicas para acceder a información pública, y
3 una breve descripción, por litigio, de la naturaleza de la información
4 requerida.
5 (d) cantidad de litigios resueltos sobre requerimiento de personas
6 naturales o jurídicas para acceder a información pública, y los
7 resultados de cada uno.
8 (e) cantidad de fondos que recaudó la instrumentalidad de la Rama
9 Ejecutiva y la Rama Legislativa por concepto de cobro de cuotas
10 relacionadas con la reproducción de la información.
11 La anterior información deberá estar publicada en una página cibernética
12de la Rama Ejecutiva y de la Rama Legislativa.
13 Artículo 14.- Penalidades
14 Los funcionarios y empleados de la Rama Ejecutiva y la Rama Legislativa
15tendrán como deber, además de las obligaciones mínimas que ya poseen, la
16obligación de divulgar diligentemente toda información pública que a tenor con
17este estatuto se les solicite. Se ordena a la Oficina de Recursos Humanos del
18Estado Libre Asociado de Puerto Rico promulgar reglamentación uniforme que
19viabilice que toda instrumentalidad de la Rama Ejecutiva incorpore en su
20Reglamento de Personal medidas disciplinarias para todo aquel funcionario o
21empleado que, de manera intencional o por negligencia, haya obstruido el

15. 1 15
1acceso a información pública. La Rama Legislativa también deberá incorporar a
2su reglamento de personal disposiciones a esos fines.
3 La Asamblea Legislativa deberá a su vez deberá adoptar Reglamentación
4a esos fines.
5 Se dispone además que todo funcionario o empleado de
6instrumentalidades de la Rama Ejecutiva o de la Asamblea Legislativa que, de
7manera intencional, obstruyera el acceso a información pública será culpable de
8delito grave y convicto que fuere se le impondrá pena de reclusión por un
9término fijo de un (1) año o multa de dos mil (2,000) dólares, o ambas penas a
10discreción del tribunal.
11 Artículo 15. Derogación.
12 Toda ley, disposición y normativa que esté en contravención con esta Ley
13queda derogada.
14 Artículo 16.Vigencia.
15 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente, luego de su aprobación.