Los ciudadanos colombianos tienen tres instrumentos para proteger sus derechos humanos constitucionales: la acción de tutela para casos de vulneración o amenaza de derechos fundamentales, la acción popular para cuando los derechos de una comunidad son vulnerados, como la falta de servicios públicos, y la acción de grupo cuando más de 20 personas sufren daños por las mismas causas y buscan una indemnización.