En Colombia hay 138 establecimientos penitenciarios y carcelarios en los cuales se encuentran 120.623 personas privadas de la libertad, según estadísticas del INPEC al mes de enero de 2014. Para ésta misma fecha los establecimientos penitenciarios y carcelarios tenían una capacidad para 76.066 internos/as. Es decir, la sobrepoblación carcelaria es de 44.557 internos/as, para un estado de hacinamiento del 50,6%. De esta población total, 111.646, el 92.6% son hombres y 8.977, 7.4% son mujeres. Se encuentran en calidad de sindicadas o imputadas 1.676 y están condenadas 3.717.

1. Presas políticas en Colombia
Mujeres: De la exclusión en la sociedad y en la política
a la invisibilización en la prisión
Por: Liliany Obando/(PRESA POLÍTICA COLOMBIANA)
“La prisión era la estación prevista en mi apuesta por la vida. Nada
en mí ha cambiado. Puedo decirte que porto la dignidad a la altura de
las luchas de mi pueblo…” [Extracto]
Colectivo de Prisioneras Políticas “Manuelita Sáenz”
Reclusión de Mujeres de Bogotá
El 8 de marzo, día internacional de la mujer, es una fecha
emblemática para avivar en nuestra memoria a aquellas valerosas
mujeres que nos precedieron, a aquellas quienes tras arduas luchas,
muchas de ellas silenciosas, desafiaron su tiempo y fueron
conquistando para sus congéneres derechos otrora reservados a los
hombres. Tarea más loable si recordamos que como resultado de
construcciones sociales, históricas, culturales y de relaciones de
poder patriarcales, las mujeres hemos cargado con el sino trágico de
la subordinación, la exclusión, la discriminación y la negación de
derechos.
La inclusión de las mujeres en la esfera de lo público, de la cultura,
de la educación, del trabajo remunerado, de la política, como el
ejercicio de la ciudadanía, la participación, la toma de decisiones y el
uso de la voz en la plaza pública, no ha sido una concesión del mundo
masculino sino el resultado de la decidida y ardua lucha de muchas
mujeres que no se conformaron, que fueron las rebeldes de su
tiempo.

2. Pese a que muchas mujeres a lo largo de la historia hemos
comprometido nuestro esfuerzo para alcanzar mejores condiciones de
vida, de trabajo digno, de reconocimiento, de inclusión política y
social, perviven los vestigios de una sociedad patriarcal y machista
que nosotras mismas internalizamos y reproducimos, muchas veces
de forma inconsciente, a través de los procesos de socialización en
los que estamos inmersas, echando así para atrás muchas de
nuestras propias conquistas.
En la situación actual, persisten las inequidades de las mujeres frente
a los hombres, los patrones culturales que nos siguen poniendo en
un plano de inferioridad, las diferentes formas de violencia contra las
mujeres, la subordinación, la discriminación y los papeles e
imaginarios que nos asigna el mundo androcéntrico.
MUJERES ENTRE REJAS
En Colombia hay 138 establecimientos penitenciarios y carcelarios en
los cuales se encuentran 120.623 personas privadas de la libertad,
según estadísticas del INPEC al mes de enero de 2014. Para ésta
misma fecha los establecimientos penitenciarios y carcelarios tenían
una capacidad para 76.066 internos/as. Es decir, la sobrepoblación
carcelaria es de 44.557 internos/as, para un estado de hacinamiento
del 50,6%. De esta población total, 111.646, el 92.6% son hombres
y 8.977, 7.4% son mujeres. Se encuentran en calidad de sindicadas
o imputadas 1.676 y están condenadas 3.717.
La política penitenciaria, el código penitenciario y carcelario y el
tratamiento penitenciario mismo son homogéneos en cuanto a lo
masculino. Al no incluir una mirada desde los derechos humanos ni
una perspectiva de género en la formulación y puesta en marcha de
los mismos difícilmente puede garantizarse a las mujeres privadas de
la libertad el reconocimiento y debido respeto de acuerdo a sus
especificidades como mujeres. No se comprende que los derechos e
intereses como mujeres no siempre son los mismos que los de los
hombres, aunque compartan la realidad de la reclusión.
La herencia trágica del patriarcado se traslada a la prisión y se
evidencia en todos los espacios de la vida social de las mujeres en
prisión: en la sexualidad, en las pocas y limitadas ofertas de trabajo y
estudio, en las pocas posibilidades para ejercer su condición de
madres, etc., pero agravadas por la tendencia a la invisibilización de
las mismas, entre otras por ser una minoría dentro de la población
carcelaria.

3. Al impartirse un trato homogéneo a hombres y mujeres privados de
la libertad, sin superarse en la realidad las iniquidades, se ignora que
“la igualdad entre desiguales genera otra desigualdad más”. Se
convierte, en cambio, en un trato discriminatorio hacia las mujeres
que las invisibiliza y las pone en condiciones de desventaja frente a
los hombres.
El machismo y la desigualdad es el rey aquí. Te cuento, son nueve
torres entre todas y los alimentos, primero para los hombres, el
agua, primero para los hombres. Si hay teatro, comidas o algo, los
que mandan y dicen qué hacer son los hombres. A las mujeres les
toca asumirse a lo que dicen porque la guardia tiene en cuenta es lo
que ellos proponen. Las mujeres no tienen voz ni voto.
Mary. Penitenciaría de Valledupar.
Además, es evidente la falta de formación real del personal de
custodia y directivas del INPEC en lo referente a una concepción de
género, que permita dar un tratamiento diferencial a hombres y
mujeres privados de la libertad. La equidad de género, aunque no es
la panacea, necesariamente implica ese tratamiento diferencial con el
objeto de corregir desigualdades. A largo plazo, a lo que se aspira es
a que se pueda alcanzar una igualdad en términos de “derechos,
beneficios, obligaciones y oportunidades”. Resulta por tanto agresiva
una estructura carcelaria, unas celdas, unos uniformes y un
reglamento pensados en masculino.
La maternidad en condiciones de privación de la libertad
Para enero de 2014 el INPEC registra un total de 28 madres lactantes
y 128 madres gestantes. Hay 133 niños y niñas conviviendo con sus
madres en los diferentes establecimientos de reclusión, de éstos, el
48.9% son niños y el 51.1% son niñas. De esta población total, 17
niños/as son menores de un año y 166 menores de 1 a 3 años.
El régimen judicial y penitenciario no valora ni reconoce el vínculo
único e indisoluble entre las mujeres privadas de la libertad que son
madres y sus hijas e hijos y que hace aún más evidente el
desconocimiento de las necesidades y derechos de las mujeres
privadas de la libertad y por extensión los de sus hijos e hijas.
Y es que un gran porcentaje de las mujeres reclusas son madres, y
en su mayoría madres cabeza de familia, pero no existe un
tratamiento especial, judicial ni penitenciario, que considere ésta
condición y la de los hijos e hijas que se ven inmersos en esta
realidad que vulnera también sus derechos.

4. Algunas mujeres que tenían hijos e hijas recién nacidos o menores de
3 años, o las que llegaron a la prisión en estado de gravidez, o
quienes concibieron a sus hijos o hijas en prisión han logrado tener
un cupo para que sus hijos e hijas vivan con ellas hasta la edad de
los 3 años. No hay cupos para todas las mujeres en esta situación.
Al llegar a la edad de 3 años, dolorosamente los niños y niñas que
conviven con sus madres en la prisión son arrancados unos de otras.
La disposición penitenciaria determina que estos menores deben ser
entregados o bien a familiares o amigos quienes se harán cargo de
ellos, y si no existen éste tipo de personas, son entregados a hogares
sustitutos, hasta que sus madres cumplan su condena o se
demuestre su inocencia y sean dejadas en libertad. La fatalidad
adicional está en que algunas de estas mujeres-madres están
condenadas a largas condenas de entre los 10 y 60 años. Así las
cosas, ¿cuándo podrán disfrutar y brindar cuidado a sus hijas e hijos?
¿Y cómo será la vida de éstos sin sus madres? Parece que a nadie le
importa esta realidad más que a quienes la viven con impotencia en
carne propia.
Después de esta traumática separación de madres e hijas e hijos, ni
las unas ni los otros reciben un acompañamiento psico-social. Otro
drama similar padecen las madres que tuvieron que dejar a sus hijas
e hijos afuera de la prisión. Los días de visitas de las hijas e hijos
son también tormentosas para unos y otras.
Sin ninguna
consideración, desde los más pequeños son sometidos a extenuantes
filas a la intemperie que se prolongan por horas, la mayoría de las
veces es mayor el tiempo que pasan en el trámite de ingreso a la
prisión que el que logran compartir con sus madres una vez al mes.
Muchas/os llegan atemorizados, en pánico por las desmedidas
requisas y tratos que reciben de parte del personal de custodia.
De la educación y el trabajo
La gran mayoría de las mujeres privadas de la libertad son mujeres
de bajos recursos económicos y procedentes muchas de ellas de
regiones marginadas del país. La mayoría tienen un bajo nivel
académico, con educación básica primaria, en su mayor parte
incompleta.
Los cupos de estudio que el INPEC ofrece son pocos y su calidad es
pésima. Por lo general a las mujeres se les ofrecen cursillos que
tienden a reforzar el papel histórico asignado a ellas: cursos de
manualidades, culinaria, peluquería, manicure y pedicure, etc. El
acceso a la educación superior se limita a quienes pueden cancelarse
el costoso semestre en la Universidad a Distancia, UNAD, con una

5. limitada oferta de programas de estudio y una calidad y
acompañamiento realmente pésimos. El máximo evento cultural
promovido por el INPEC en las cárceles de mujeres es el reinado de
belleza que se realiza anualmente hacia el mes de septiembre, en el
día de la virgen de las Mercedes, fecha en la que se supone se
celebra el día de los reclusos/as. Otro tanto ocurre con los escasos
cupos de trabajo. Por lo general lo que prima es el rebusque y la
desocupación.
En general las mujeres privadas de la libertad acceden a dichos cupos
de trabajo o estudio más que porque sientan que están creciendo en
su vida personal, por conseguir una rebaja en su tiempo de prisión.
La supuesta “resocialización” que tiene como objetivo el
confinamiento de personas en prisión, es sólo una ficción.

6. Las Prisioneras Políticas
Las prisioneras políticas –de conciencia o de guerra–, por su parte,
son mujeres de diferentes extracciones sociales, mujeres de campo y
de ciudad, mujeres con diferentes niveles de educación académica
formal y con diferentes experiencias de trabajo social y popular,
sindicalistas, integrantes de comunidades indígenas, afro colombianas
y campesinas, defensoras de derechos humanos e insurgentes.
Muchas de estas mujeres han sido detenidas en el marco de la
estrategia de seguridad de los gobiernos Uribe y Santos que
criminaliza, judicializa y encarcela a luchadores sociales, populares y
militantes de la oposición política. Así, algunas fueron privadas de su
libertad en el marco de detenciones masivas, otras bajo la modalidad
de las detenciones selectivas y otras han sido señaladas y
entregadas por las redes de informantes. Unas y otras padeciendo los
montajes judiciales. El gran delito de la mayoría de estas mujeres ha
sido el trabajar por sus comunidades y/o vivir en zonas de conflicto.
Así, las personas detenidas bajo ésta lógica son vinculadas casi
siempre a investigaciones por rebelión, delito político, de acuerdo a
las normas penales colombianas, pero agravadas con la vinculación
adicional a delitos no políticos, la mayoría asociados al terrorismo.
Con esta práctica se pretende, en primer lugar, desnaturalizar aún
más el delito político, y en segundo lugar, poner en marcha una
estrategia de quebramiento moral y castigo severo, en tanto los
tiempos de los procesos, como las penas, en el caso de llegarse a
condenas, aumentan significativamente.
Los procesos así montados quedan amparados bajo el reino de la
justicia especializada, y no la ordinaria, y son llevados por fiscales
anti-terrorismo, la gran mayoría de ellos y ellas, activos o reservistas
de las fuerzas armadas y de seguridad del Estado, con lo que se da al
traste con las garantías procesales de quienes están siendo
judicializados.
A estas mujeres, una vez se decide su confinamiento preventivo o
punitivo en un centro penitenciario, se les dispersa en las diferentes
reclusiones de mujeres y penitenciarías del país. Varias son asignadas
a los nuevos establecimiento mixtos de reclusión del orden nacional
–ERON.
Y por cuenta del incumplimiento de las disposiciones nacionales e
internacionales en materia de clasificación de internos/as, los
pabellones se comparten cada vez más entre mujeres sindicadas,
condenadas, algunas muy jóvenes, otras de tercera edad y por
diversos hechos punibles. Éste incumplimiento de lo dispuesto en la
ley no sólo ha sido usado como un recurso del INPEC para romper los

7. procesos organizativos de las y los prisioneras, especialmente
políticos/as, sino que ponen en serio riesgo su seguridad e integridad
personal.
Algunas prisioneras políticas fueron sometidas a torturas físicas y
sicológicas por sus captores, pero una vez en prisión jamás recibieron
un tratamiento especializado que les ayudara a superar el trauma.
Muchas otras, acto seguido a su detención han sido expuestas ante
los medios y en plazas públicas, donde su dignidad como mujeres ha
sido pisoteada al ser presentadas como criminales y/o amantes de
supuestos peligrosos “terroristas”, violándoles sus derechos a la
intimidad, a la presunción de inocencia, y cuando son absueltas
jamás se hace una rectificación pública que las repare en algo de la
ofensa recibida.
Para las prisioneras políticas las restricciones de todo tipo son
mayores que las de las otras mujeres privadas de la libertad. En
varios establecimientos penitenciarios y carcelarios se las recluye en
pabellones de alta seguridad, lo que significa estar en otra cárcel
dentro de la cárcel, sin posibilidad de contacto permanente con las
demás reclusas y sin posibilidad de acceso a las áreas comunes, las
que si pueden usar y transitar las demás internas. Para moverse del
pabellón en el que se encuentran hacia otras dependencias de la
prisión, como el área de sanidad, o los cubículos donde se atienden a
los abogados, deben contar con la debida autorización de las
autoridades penitenciarias y siempre bajo la custodia de la guardia y
en algunos casos esposadas. Su locomoción es así seriamente
limitada.
En el caso de las prisioneras políticas de guerra, la situación no es
mejor. Muchas de ellas han sido capturadas heridas y llevadas a
clínicas y hospitales, muchas veces hospitales militares, en donde a
muchas han intentado amputarles sus miembros afectados, sin su
consentimiento, como una forma perversa de ponerlas
definitivamente fuera de combate. Tras éste tránsito, prontamente
son asignadas a las diferentes penitenciarias. El INPEC, en los casos
más graves, las mantiene por un corto tiempo en el área de sanidad,
para asignarlas en el menor tiempo posible a los pabellones de alta
seguridad a donde llegan aún convalecientes y donde deben tratar
de recuperarse lentamente sin mayores condiciones de asepsia y sin
la debida atención médica. Aunque muchas se han salvado de una
amputación no deseada, al final terminan viendo inutilizados sus
miembros por la falta de un oportuno tratamiento médico estando en
prisión.
Por su parte, cuando una prisionera política llega en este estado, sus
compañeras de pabellón tratan de prestarle toda la solidaridad
posible. Algunas le hacen las curaciones necesarias, otras se

8. encargan de tener sus pocas cosas limpias y en orden, otras se
aseguran de que reciban sus medicamentos y alimentos a tiempo,
otras gestionan sus citas médicas, las terapias, otras se encargan de
colaborarles con sus trámites jurídicos, etc. Mientras tanto el INPEC
se descarga de toda su responsabilidad dejando en manos de las
otras prisioneras su cuidado.
La mayoría de las veces las prisioneras que han llegado heridas
necesitan de unos aditamentos que el INPEC y la empresa estatal
prestadora de salud asignada a las prisiones, CAPRECOM, difícilmente
proporcionan, tales como muletas, bastones, sillas de ruedas,
pañales, etc., trasladando nuevamente a las prisioneras y sus
familiares, la responsabilidad de conseguirlas periódicamente.
Otras han recibido agravios y amenazas de muerte tras la detención,
mientras otras son sometidas a interrogatorios ilegales y engañosos
por parte de organismos judiciales y de seguridad del Estado, como
de otros países en los mismos establecimientos penitenciarios. A
otras se las intenta persuadir de hacer parte de programas de
delación, de vinculación al programa de Justicia y Paz, aún si se trata
de prisioneras políticas de conciencia y no de guerra. Dichas ofertas
son presentadas por todo tipo de funcionarios judiciales y de
seguridad del Estado e incluso por funcionarios/as del mismo INPEC.
Ya en la vida en prisión muchas prisioneras políticas son perseguidas
y hostigadas por los miembros de custodia del INPEC por denunciar
sus abusos de poder y las violaciones a los derechos humanos que
cometen contra las personas privadas de la libertad. Los traslados a
cárceles alejadas y más severas son usados en contra de las
prisioneras que osan denunciarlos. Tratan así, con la agudización del
suplicio, como el alejamiento familiar, de quebrar la moral de las
prisioneras. De paso buscan desarticular cualquier posibilidad de
organización y trabajo colectivo de los reclusos y reclusas, así este se
encuentre permitido en el código penitenciario y carcelario. Las
formas de organización y reclamación como los comités de
internos/as, las representaciones en los comités de derechos
humanos de las personas privadas de la libertad, etc., tratan de ser
sino destruidas, cooptadas por la guardia para ponerlos a su servicio.
Es ésta la forma en que los carceleros pretenden minar su moral,
normalizar su comportamiento, domar su rebeldía y convertir a las
prisioneras políticas en meros entes que vegetan mientras reciben
malos tratos y se limitan a “obedecer” las imposiciones de la guardia
día tras día.
La prisión en Colombia implica todo tipo de rupturas: afectivas,
sociales, laborales, educativas, organizativas. Algunas prisioneras
políticas cumplen largas condenas. Condenas difíciles de asimilar

9. frente a un panorama que no permite pensar en un proyecto de vida
a futuro. Pero sea que el paso por la prisión sea largo o corto, la vida
para quienes viven o han vivido la prisión queda suspendida, en el
mejor de los casos. En otros, el tiempo en prisión significa pérdidas
definitivas en muchos campos de su vida personal. Es el tiempo y la
vida que no vuelven jamás.
Una conclusión necesaria
Teniendo en cuenta que la afrenta a las mujeres es una ofensa a la
dignidad humana, es claro que las mujeres aún tenemos mucho por
hacer. La tarea está inconclusa. A las mujeres de éste tiempo nos
corresponde continuar lo que otras iniciaron, ejercer activamente
nuestros derechos conquistados, arrancar otros aún no alcanzados,
en la mira de revertir las históricas y desiguales relaciones de poder
entre hombres y mujeres, y así aprestarnos en actitud insumisa a
desempeñar un destacado papel en la construcción y conducción de
una nueva patria, de una nueva sociedad y de un mundo mejor.
¡Adelante mujeres!
¡Larga vida a las mariposas…!
Liliany Obando
Subjudice – prisionera política. Defensora de Derechos Humanos