El documento describe los elementos que deben incluir los protocolos de actuación de un establecimiento educacional para abordar situaciones de vulneración de derechos de estudiantes. Estos protocolos deben regular medidas de apoyo a estudiantes afectados, derivaciones a instituciones, acciones ante denuncias de maltrato, y mecanismos de coordinación con padres, apoderados y el consejo escolar para la protección de los estudiantes.