Este documento propone un proyecto de regulación entre la actividad privada y las propuestas estatales para un proyecto ferroviario. El Estado coordinaría el proyecto junto con inversiones privadas, estableciendo montos mínimos de inversión, beneficios a corto y largo plazo. El Estado ofrecería empleos en el proyecto a través del servicio penitenciario y recaudaría materiales para la construcción reciclados.