1. “El derecho a la paz solo se cumplirá si lo realizamos nosotros y nosotras
mismas con la resistencia a la guerra, la exigencia a los actores armados
para que respeten el derecho humanitario - en especial la oposición a que
el cuerpo de las mujeres sea utilizado como botín de guerra-, y las
acciones directas de desmilitarización de nuestros territorios.”
Declaración Final del Congreso Nacional de Tierras, Territorios y
Soberanías, 3 de octubre de 2011
¿Qué son las comunidades sin retornar y la consolidación
militar?
Fuente: Documental Amarillo
Las comunidades sin retornar son aquellas que después de un desplazamiento
forzado no han podido regresar a su territorio. Esta situación se da por la
inexistencia de garantías de no repetición a las violaciones a los derechos
humanos a causa de la continuidad del conflicto armado y la consecuente
permanencia de actores armados en los territorios y la violación al derecho
internacional humanitario. “Retornar no es únicamente volver; es una opción
que está asociada no solo a programas efectivos de atención y protección y al
restablecimiento de los derechos violados con motivo de la salida forzada, sino
también a la reparación que el Estado debe a estas víctimas del conflicto.” [1]

2. Un desplazamiento forzado afecta a los proyectos de vida individuales y
también los colectivos, consecuentemente hablamos de que la reparación
integral también tiene que ser colectiva y orientada al “reestablecimiento de los
derechos vulnerados y a la reparación de los daños ocasionados a las
comunidades, grupos u organizaciones afectados por hechos de violencia
sistemática o selectiva. [2]
En Colombia, el discurso gubernamental de desarrollo y paz está
estrechamente vinculado a un concepto de seguridad que implica la
militarización de los territorios, la cual toma forma mediante políticas como la
Recuperación Social del Territorio o el Plan Nacional de Consolidación
Territorial. Actualmente, con la Ley Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 o
“Prosperidad para Todos” se “tiene como objetivo consolidar la seguridad con
la meta de alcanzar la paz, dar un gran salto de progreso social, lograr un
dinamismo económico regional que permita desarrollo sostenible y crecimiento
sostenido”.
Con la excusa de las políticas de lucha antinarcóticos o de fortalecimiento de
la democracia, se ha militarizado el territorio con la presencia de soldados en
bases, brigadas y retenes, que se han ido degenerando en infracciones al
Derecho Internacional Humanitario. De particular preocupación es la
permanente violación al principio de distinción que se debe dar entre población
civil y combatientes, las prácticas comunes de el actor armado estatal tiende a
involucrar directamente a los ciudadanos en el conflicto a través de la exigencia
de desarrollo de tareas de inteligencia y policivas en programas estatales como
la “familia guardabosques” o la “red de cooperantes”. Reforzado con el
desarrollo de tareas civiles por parte de los militares, como la construcción de
carreteras, brigadas de salud, entre otras.
Si tenemos en cuenta el origen del Plan Nacional de Consolidación como “una
iniciativa pensada para mantener la confianza inversionista y avanzar en la
política social efectiva, mediante la alineación de los esfuerzos militar, policial y
antinarcóticos y los esfuerzos en el área social, de justicia, desarrollo
económico e institucional del Estado en zonas estratégicas del territorio
nacional”, vemos que el enfoque principal de la consolidación es la
militarización de los territorios para defender los intereses inversionistas en
regiones sumamente estratégicas. Al incremento de la Fuerza Pública se suma
que en 40 de los 54 municipios en los que se desarrolla el Plan Nacional de
Consolidación Territorial ha habido un incremento de la presencia paramilitar,
tal como constata el reciente informe de INDEPAZ [3].
La consolidación territorial en el departamento del Caquetá.

3. El departamento del Caquetá es de importancia geoestratégica en
Colombia por ser un corredor entre los departamentos del Meta,
Huila, Cundinamarca, Guaviare y Putumayo; además de representar
una cercanía a la frontera con el Brasil.
Existe una relación directa entre la intensidad del conflicto (frecuencia
de combates y operaciones militares de ambos actores armados) y
una mayor presencia de Fuerza Pública, como también entre los
planes de recuperación social del territorio y la estigmatización de la
población civil y la posterior violación a los derechos humanos, con
los altos niveles de desplazamiento forzado en la región del
Caquetá [4].
En enero de 1999 se dio inicio a La Zona de Distensión o El Caguán.
Los tres años de negociaciones de paz entre la guerrilla de las FARC-
EP y el Gobierno Nacional son recordados por las comunidades como
un momento de relativa calma, auge económico y libre circulación.
Sin embargo, este periodo fue aprovechado por la fuerza pública para
realizar videos y grabaciones de reuniones y eventos realizados que
fueron utilizados una vez finalizada la zona de distensión, para
desarrollar acciones de persecución, amenaza, desplazamiento y
ajusticiamiento de la gente que aparecía en dichos materiales.
El fin de la zona de distensión enmarcó de forma abrupta en la
intensificación de la confrontación armada, golpeando de manera
contundente no a la guerrilla sino a los y las habitantes de la zona. El
Ejército implementó una estrategia militar para recuperar el control
territorial por parte del Estado en esta zona y su área de influencia

4. (Cartagena del Chairá y Puerto Rico en Caquetá, Calamar y San José
del Guaviare en Guaviare y Cubarral, El Castillo, Fuente de Oro y
Granada en el Meta). A la vez, los grupos paramilitares que habían
logrado ingresar a la región, reforzaron su avanzada en aras de
intervenir los corredores estratégicos para la guerrilla, lo cual trajo
consigo muertes selectivas, masacres y el desplazamiento de gran
número de las comunidades.
A partir de 2003 se desarrolla el “Plan Patriota” una acción
combinada de la Fuerza Aérea, la Armada Nacional, la Policía y el
Departamento Administrativo de Seguridad, con el respaldo de la
Fiscalía General de la Nación y con importante apoyo, asesoría y
monitoreo del gobierno de Estados Unidos; más de 14 mil tropas
oficiales actúan en un área geográfica de 241.812 kilómetros
cuadrados y frente a una población estimada de 1.709.976
habitantes. “El “Plan Patriota” se ejecuta sin control político del
Congreso de la República -obligado a autorizar el tránsito de tropas y
asesores militares extranjeros en territorio nacional, sin conocimiento
real de sus consecuencias en el plano de los derechos humanos y el
derecho internacional humanitario, sin un seguimiento sistemático y
público de los organismos de control de Estado y sin información
cierta de su desarrollo, resultados y alcances[6]”.
Como resultado de la implantación del Plan Colombia enmarcado en
el plan Patriota, se generaron en 2004 múltiples desplazamientos
forzados. Según la ONG Consultoría para los Derechos Humanos y el
Desplazamiento CODHES durante el primer semestre de 2004, los
departamentos cubiertos por el Plan Patriota aparecen dentro de los
10 más afectados por el desplazamiento forzado, donde el número de
personas desplazadas ha aumentado en comparación con el año
anterior .[7]
Peñas coloradas, la historia de un despojo.
“Dijo un señor del ejército: Nosotros llegamos mansitos, pero
los de las motosierra si llegan bravos”
Testimonio campesino de Peñas Coloradas
El Ejército Nacional ingresó al caserío de Peñas Coloradas el 25 de
abril de 2004 en el marco de operaciones del Plan Patriota y
avisando a los pobladores para que salieran del pueblo por probables
enfrentamientos con las FARC-EP, sin embargo las comunidades
deciden permanecer y ante esta resistencia de los pobladores, el

5. Ejército desarrolla toda una serie de acciones intimidatorias que
incluyeron el censo de la población, las grabaciones de sus casas y
señalamientos directos como auxiliadores del la guerrilla, incluso se
dieron casos de torturas contra comerciantes y campesinos;
violaciones que fuerzan el desplazamiento de esta comunidad. “La
mayoría de las personas desplazadas han llegado a Florencia
(Caquetá), a otras zonas del departamento o a Bogotá, donde, en
general, no han recibido una atención adecuada por parte de las
autoridades estatales y donde muchas han recibido amenazas contra
su vida e integridad personal por parte de los grupos
combatientes.” [8]
En ese momento, Peñas Coloradas se convierte en extensión de la
base militar de la Brigada 22. Se ubican trincheras frente a las casas,
las cuales son saqueadas y destruidas. En la actualidad el puesto de
mando de la Armada se encuentra en el Centro de Salud y el del
Ejército, en la escuela.
“Luego de la salida de los habitantes por amenazas de las FARC-EP,
se han podido exterminar los cultivos ilícitos y convertir a peñas
Coloradas en un punto de paz” [9].
Esta es la versión del Ejército, identificando a Peñas Coloradas como
centro guerrillero y a los habitantes como auxiliadores de las mismas,
pero como bien lo explica uno de los campesinos “luego de la
posesión del pueblo por parte del Ejército toco salir, el objetivo era
sacarnos del pueblo, pues si el objetivo era la guerrilla no tenían que
buscarla en nuestras casas”.
Los habitantes de Peñas Coloradas no han podido retornar a sus
casas por la falta de voluntad política de Estado, las amenazas y la
criminalización de los pobladores, además de la presencia militar en
el caserio de la Brigada 22, quien hace parte de la Fuerza de Tarea
Conjunta Omega generada desde los lineamientos del Plan Patriota.
Nuevo vídeo: Peñas coloradas Memorias de un Despojo.
http://www.youtube.com/watch?v=V1iQ4yp8zxk&list=UUOyCtCOjcug9P3z-
x17FYfA&index=1&feature=plcp

6. Las expectativas
“Los campesinos necesitamos el campo, el día de llegar de
nuevo allá seria una alegría porque nos encontraríamos de
nuevo la familia de Peñas Coloradas. Peñas Coloradas es mi
casa”.
Poblador de Peñas Coloradas
La comunidad intentó colectivamente no salir de Peñas Coloradas,
pero el Ejército no se movió del pueblo con la justificación de que era
un núcleo guerrillero. De esta manera, los campesinos y campesinas
salen del territorio con el imaginario de que iba a ser por corto
tiempo, pero ocho años después no han podido entrar, ni siquiera a
ver cómo están sus tierras y sus animales. Parte de los habitantes de
Peñas Coloradas viven en Cartagena del Chairá de forma provisional.
Bajo el lema de “Peñas Coloradas, siempre serás mi presente”, se
pide al Estado que les devuelva las tierras y las propiedades que el
mismo Estado les ha quitado y que salga la base militar de su caserío
para poder retornar.
Visita la galería fotográfica del peñas coloradas y otras
comunidades.

7. http://www.flickr.com/photos/68256709@N06/
[1]“Desplazamiento sin retorno” Jorge Rojas Presidente, Consultoría para los Derechos
Humanos y el Desplazamiento (Codhes), Hechos del Callejón , PNUD, Colombia.
[2] Dimensión política de la reparación colectiva” Voces de memoria y dignidad, Grupo
Pro Reparación Integral, octubre 2008.
[3] “VII Informe sobre narco paramilitarismo y guerrilla” INDEPAZ , febrero de 2012.
[4] Boletín especial RUT: “Utopía de Paz y Desafío de Reconciliación” Pastoral
Social, diciembre 2004.
[5] Boletín especial RUT: “Utopía de Paz y Desafío de Reconciliación” Pastoral Social,
diciembre 2004.
[6]“Codhes informa” Boletín informativo de la Consultoría para los Derechos Humanos
y el Desplazamiento, No. 50. Bogotá, 31 de agosto de 2004.
[7] Durante el primer semestre de 2004, 5.964 personas fueron forzadamente
desplazadas en el Meta, 15.187 personas en el Caquetá, 4.874 personas en el Putumayo,
1.085 personas en el Guaviare y 277 personas en el Vichada.El 25 de abril de 2004
ocurre el desplazamiento masivo en la vereda de Peñas Coloradas (Cartagena del
Chairá, Caquetá) de 1.200 habitantes del casco urbano y de la zona rural. “Seguimiento
al cumplimiento de recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos en Colombia” Alianza de Organizaciones Sociales y Afines
por una Cooperación Internacional para la Paz y la Democracia en Colombia,
Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos y Plataforma Colombiana de Derechos
Humanos Democracia y Desarrollo, 2004
[8] “Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia” Alianza de Organizaciones
Sociales y Afines por una Cooperación Internacional para la Paz y la Democracia en

8. Colombia, Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos y Plataforma Colombiana
de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo, 2004
[9] Almirante Edgar Augusto Cely Nuñez, Comandante General de las Fuerzas
Militares
http://www.conlospiesporlatierra.net