El documento argumenta que la educación de mala calidad cuesta más a la sociedad que una educación de buena calidad. Una educación de mala calidad no contribuye lo suficiente al desarrollo humano e intelectual y las sociedades con bajos niveles educativos tienen menos progreso económico y social. La sociedad debe exigir una buena educación a los políticos ya que no les afecta personalmente proveer una educación de mala calidad.