El documento establece una serie de requisitos y medidas que deben implementar las instituciones financieras para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, incluyendo: 1) mantener registros de transacciones por al menos 5 años, 2) identificar a personas políticamente expuestas y beneficiarios finales, y 3) monitorear transferencias electrónicas y reportar operaciones sospechosas de actividad criminal o financiamiento del terrorismo.