El documento destaca la importancia de que las autoridades tengan acceso a la información y documentación necesaria para investigar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. También enfatiza la necesidad de estadísticas sobre estos temas, directrices para las instituciones financieras, sanciones efectivas para quienes no cumplan con los requisitos, y la cooperación internacional a través de instrumentos como extradición y asistencia legal mutua.