El documento analiza los beneficios de la reforma al Artículo 24 de la Constitución Mexicana sobre la libertad de religión. El único beneficio es que la reforma permite al Estado calificar qué convicciones son éticas y cuáles no, lo que quita la responsabilidad a las personas de decidir por sí mismas sobre sus creencias. Esto plantea interrogantes sobre la intromisión del Estado en la conciencia individual.