Reporte de las noticias más relevantes ocurridas en noviembre de 2020. En este mes, incluimos el ítem de opinión en el que se incluye el análisis de diversos temas inherentes a Ecuador.

1. Una resolución del Tribunal Con-
tencioso Electoral (TCE) ratificó la
vida jurídica del movimiento Jus-
ticia Social, lista 11, inicialmente
eliminado por el Consejo Nacional
Electoral (CNE). La sentencia del
TCE dispuso que esta organiza-
ción política tenga derecho a
completar sus procesos de demo-
cracia interna, nominar e inscribir a
sus candidatos a los cargos de
elección popular que se elegirán
el domingo 7 de febrero de 2021.
Bajo esta interpretación, el empre-
sario Álvaro Noboa Pontón intentó
registrar su inscripción como pre-
candidato presidencial, en bino-
mio con Gino Cornejo, pero el CNE
rechazó ese propósito, argumen-
tando que la sentencia del TCE se
debe aplicar únicamente para los
casos en los cuales Justicia Social
tuvo dificultades para registrar
candidaturas.
El argumento del CNE es que
Justicia Social sí realizó una con-
vención, en la que inicialmente
nominó a Fabricio Correa y Marcia
Yazbek, quienes, luego, decli-
naron su postulación; y que hasta
las 18h00 del 7 de octubre de
2020, en que venció el plazo para
la inscripción de candidaturas,
Justicia Social no tuvo impedi-
mento alguno para registrar su
binomio presidencial. Esto provo-
có que Justicia Social presente
una impugnación, que deberá ser
analizada por el TCE, organismo
que, de otro lado, dispuso a uno
de sus jueces el seguimiento del
cumplimiento de la sentencia.
Mientras no se resuelva esta con-
troversia jurídica, no se determi-
nará si Álvaro Noboa podrá ser o
no candidato.
1.
ELECCIONES2021
En noviembre, el Consejo Nacional
Electoral (CNE) dejó en firme la ca-
lificación de 15 binomios presi-
denciales, los cuales están oficial-
mente calificados para participar
en las elecciones del domingo 7 de
febrero de 2021:
“En un país bien gobernado, la pobreza es algo que
avergüenza. En un país mal gobernado, la riqueza es algo
que avergüenza.” (Confucio)
El binomio del movimiento
Podemos, lista 33, integrado por
Paúl Carrasco y Frank Vargas An-
da, fue calificado después que el
Tribunal Contencioso Electoral
(TCE) dejó sin efecto la resolución
inicial del CNE, de eliminar a Pode-
mos del Registro de Organi-
zaciones Políticas. Por el contrario,
el TCE ratificó la eliminación del
movimiento Libertad es Pueblo,
lista 9, con lo que el CNE inadmitió
definitivamente la inscripción del
binomio integrado por Juan Carlos
Machuca y Cristóbal Luna.
El único binomio cuya calificación
no está en firme es el de la alianza
Unión por la Esperanza (UNES),
compuesto por Andrés Arauz y
Carlos Rabascall, pues está pen-
diente de resolución en el TCE un
recurso presentado por los ciu-
dadanos Carlos Arboleda y Wilson
Freire, en contra de la resolución
del CNE que avaló la alianza entre
Centro Democrático y Fuerza
Compromiso Social.
Cabe recordar que la campaña
electoral iniciará el 31 de diciem-
bre de 2020, y se prolongará hasta
el 4 de febrero de 2021.
2.
POLÍTICO
El proceso se planteó el 15 de
enero de 2020 por los asambleístas
Lourdes Cuesta y Roberto Gómez
Alcívar (exCREO) y Amapola Na-
ranjo (RC), pero fue calificado re-
cién el 12 de septiembre pasado, es
decir, 8 meses después. Fue sus-
tanciado por la Comisión de Fis-
calización que, semanas atrás, se
reorganizó debido a denuncias so-
bre la supuesta vinculación de va-
rios de sus miembros en actos de
corrupción, asociados a la compra
de votos.
Tras la censura y destitución de
Romo, el presidente Lenín Moreno
designó a Patricio Pazmiño como
Ministro de Gobierno, siendo la pri-
mera vez desde que Ecuador re-
gresó a la democracia en 1979 que
un general de policía en servicio
pasivo asume dichas funciones.
En tanto, hay otro pedido de trá-
mite de juicio político contra María
Paula Romo en la Asamblea Nacio-
nal, impulsado, nuevamente, por
los asambleístas Amapola Naranjo
y Roberto Gómez, por la presunta
relación de la exfuncionaria con el
denominado “reparto de los hos-
pitales”. Ese proceso no ha sido
calificado aún. El parlamento tiene
la facultad constitucional de in-
terpelar a las autoridades hasta un
año después que éstas hayan de-
jado sus cargos.
Con 104 votos a favor, el pleno de
la Asamblea Nacional censuró y
destituyó a María Paula Romo del
cargo de Ministra de Gobierno,
que desempeñaba desde el 31 de
agosto de 2018. Ocurrió en el
marco de un juicio político, sus-
tentado en un informe previo
preparado por la Comisión de Fis-
calización, que recomendó la san-
ción a la funcionaria por incumpli-
miento de funciones. Romo fue
responsabilizada del uso de bom-
bas lacrimógenas caducadas du-
rante las protestas de octubre de
2019, y del lanzamiento de gases
al interior de las universidades,
que sirvieron de centros de aco-
gida de las familias de los mani-
festantes de aquellas jornadas.
La decisión del Parlamento fue
avalada por las bancadas legis-
lativas de Revolución Ciudadana
(RC), Partido Social Cristiano (PSC),
CREO, Pachakutik, varios asam-
bleístas de Alianza PAIS (AP), que
votó dividida, al igual que ciertos
legisladores independientes. Hu-
bo 18 votos en contra y 12 absten-
ciones.
JUICIO POLÍTICO
MARÍA PAULA ROMO
El Comité de Operaciones de
Emergencia (COE) nacional, adop-
tó una serie de medidas que
deberán cumplirse durante di-
ciembre frente a la emergencia
sanitaria por la pandemia del
Covid-19. El organismo exhortó a
las instituciones públicas que de-
penden del Ejecutivo, a no desa-
rrollar actividades sociales con
motivo de Navidad y Fin de Año, y
recomendó que, si en el resto de
instituciones públicas y empresas
se desarrolla este tipo de acti-
vidades, se cumplan estrictamen-
te con el distanciamiento social y
las medidas de bioseguridad.
Además, que los centros comer-
ciales, plazas, galerías y super-
mercados cumplan con el aforo
de hasta el 50% en sus instala-
ciones. Para las fiestas de Quito,
los días 4, 5 y 6 de diciembre, ha-
brá operativos de control de
consumo de bebidas alcohólicas
en el espacio público, acciones
que se mantendrán para Navidad
y Fin de Año en todo el país. El
COE nacional solicitó a la ciu-
dadanía evitar asistir a ferias de
navidad, festivales de fin de año,
ferias gastronómicas y artesanías,
pases del niño y agasajos navi-
deños. En cuanto a la movilidad,
recomendó que los 221 cantones
del país apliquen medidas de res-
tricción.
Con estas decisiones, el Gobierno
aspira a que no se incrementen las
cifras de contagios de Covid-19.
VICEPRESIDENTA EN EUROPA.-
La Vicepresidenta de la República,
María Alejandra Muñoz, realizó
una gira por España, Italia y Países
Bajos, con el objetivo de buscar
cooperación internacional para la
infancia.
Según la información oficial, tras el
viaje se concretó apoyo para
implementar comedores popula-
res en zonas vulnerables, asisten-
cia técnica para la lucha contra la
desnutrición en 6 cantones, y el
impulso para una campaña de
educación sobre hábitos alimenti-
cios.
La vicepresidenta, además, fue
recibida en audiencia por el Papa
Francisco, y en la Conferencia de
La Haya entregó el Manual Inter-
nacional de Adopciones del Ecua-
dor.
El viaje de María Alejandra Muñoz
fue cuestionado por varios secto-
res, que lo consideraron inoportu-
no, debido a la emergencia sanita-
ria que sigue golpeando al mundo.
MINISTROS EN EEUU.-
El Canciller de la República, Luis
Gallegos, y los Ministros de Go-
bierno, María Paula Romo (en ese
momento, aún funciones) y Pro-
ducción, Iván Ontaneda, viajaron a
Washington para mantener reu-
niones con los senadores que in-
tegran el Comité de Relaciones
Exteriores del Senado de Estados
Unidos. El objetivo fue garantizar
que la elección del nuevo go-
bierno de ese país no afecte el
cronograma de diálogos dentro
de las negociaciones con Ecuador
para un posible acuerdo comer-
cial.
El Secretario de Estado de EEUU,
Mike Pompeo, también se reunió
con la delegación ecuatoriana,
con quienes abordó el apoyo de la
administración de Donald Trump a
la seguridad y control de la pesca
ilegal.
En tanto, la entonces ministra
María Paula Romo participó del
Diálogo Bilateral Ampliado, junto
al Comandante de la Policía, Ge-
neral Patricio Carrillo, en donde se
abordaron temas de cooperación
en seguridad, y la investigación
sobre las supuestas irregularida-
des en el manejo de los recursos
del Instituto de Seguridad Social
de la Policía (ISSPOL).
Además, hubo un encuentro con
la Oficina de Asuntos Internacio-
nales de Narcóticos y Aplicación
de la Ley, del Departamento de
Estado de EEUU.
VIAJES
INTERNACIONALES
DE AUTORIDADES
RESTRICCIONES COVID 19
DE COYUNTURA
REPORTE
Noviembre 2020
BINOMIOS
INSCRITOS
ELECCIONES 2021 - SITUACIÓN JUSTICIA SOCIAL
EL 2020 Y LA
REACCIÓN EN LAS
AMÉRICAS:
LA INSTITUCIONALIDAD
DEMOCRÁTICA VS EL CAOS.
JoséAntonio
VillenaSierra.
PhD(c) en Estado de Derecho.
(Universidad de Salamanca y
KUniversity of Leuven).
Máster en "International Business
Administration" (MIU, Florida).
Máster en Gobierno (USFQ), Masterando
en Innovación (Universidad de
Salamanca).
Presidente de la Asamblea General de
Derechos del Niño, la Mujer y la
Juventud (World Human Rights Forum).
Jefe de Despacho de la Vicepresidencia
del Parlamento Andino.
Presidente de la Asociación
Iberoamericana de Denominaciones de
Origen e Indicaciones Geográficas.
Abogado.
Docente Universitario.
EXPERIENCIA
Articulista invitado.
Es complejo analizar democrá-
ticamente a los Estados Unidos de
América (EEUU) en conjunto con
América Latina. Sus diferencias
frente al respeto a la autoridad, a
la institucionalidad, al orden y a la
justicia, son evidentes. EEUU, un
país con orden y respeto a la
justicia; América Latina, una región
desordenada y sin credibilidad a
su administración de justicia.
Curiosamente, este año, ambas
regiones enfrentaron protestas
sociales en sus calles, como justo
reclamo a la gestión de sus
máximas autoridades. Mientras
en Latinoamérica, la protesta se
da frente a la corrupción, la
inestabilidad institucional, el cam-
bio de normas electorales, la des-
igualdad social y la pobreza; en
EEUU, su población reclama para
que la toma de decisiones se ajus-
te a los pilares fundamentales de
su sociedad: la democracia, la
justicia y el orden institucional. En
EEUU, el descontento social
estalla frente al racismo, al exceso
de la fuerza pública y al irrespeto a
los DDHH (que tanto tiempo y
esfuerzo atravesaron para que se
reconozca a toda la población). El
estadounidense conoce sus nor-
mas, exige a sus autoridades el
respeto institucional tradicional, la
obediencia a las reglas “claras” y
el acato a la justicia como motor
para el progreso y las oportu-
nidades. EEUU tiene dos partidos
políticos hegemónicos. En Améri-
ca Latina hay cientos de movi-
mientos y una mínima existencia
institucional de un sistema de par-
tidos políticos.
Las recientes elecciones presi-
denciales estadounidenses enfren-
taron disputados resultados que
acarrean la ansiedad popular por
plasmar la voluntad popular y la
soberana administración de jus-
ticia. Se protesta, con la seguridad
de obtener respuestas en sus
instituciones. Se busca así fallos
que conduzcan al orden, a la ob-
tención de oportunidades, a la paz
y a la riqueza, medio único de res-
cate a los sectores marginales.
Esta es la histórica estructura de
EEUU. En América Latina se
presentan estallidos sociales ante
la corrupción generalizada, la ace-
falía política, la carente repre-
sentatividad, la fragilidad demo-
crática y la nula institucionalidad.
Se menciona constantemente la
opresión y la dependencia de la
región ante el “Imperio Estado-
unidense”. Cualquier tema es un
polvorín de protestas ante la insa-
tisfacción y la necesidad popular
constante. No parece ser la solu-
ción perenne, un pronunciamiento
electoral ni un fallo de la admi-
nistración de justicia. La alterna-
tiva: el “que se vayan todos”.
Existe un desconocimiento en la
población latinoamericana sobre
la toma de decisiones de sus
autoridades y sobre las “reglas” de
organización de los países. Ante el
desorden, la solución oportuna
parece ser que cada ciudadano
haga sus normas y a la justicia, se
la tome “por las propias manos”.
Perú, país con desarrollo econó-
mico constante durante las últi-
mas décadas, mantiene altos ni-
veles de pobreza, desempleo e
inestabilidad institucional por di-
versos factores (la violencia te-
rrorista, el fujimorismo, la corrup-
ción de cada gobierno, etc.). La
creciente macroeconomía nacio-
nal olvida paradójicamente las
básicas necesidades populares.
Perú enfrenta una de las mayores
crisis pandémicas del mundo y
una sofocante inestabilidad polí-
tica a causa de la corrupción. Cua-
tro expresidentes y 68 congresis-
tas enfrentan hoy, causas penales.
En marzo 2019 la corrupción hace
dimitir al Presidente Kuczynski.
Sucede Vizcarra al gobierno con
un discurso anticorrupción que le
otorga inmensa popularidad. Sin
embargo, su gobierno cae por el
mismo tema, a manos de los
grupos de poder fujimorista y anti-
fujimorista, que se alían para
captar el poder, negociar objetivos
y declarar a Vizcarra como “inca-
paz moral”. Sin duda, en Latino-
américa, “quien a hierro mata, a
hierro muere”.
Comienza así, la “crónica de una
muerte anunciada”. Los peruanos
condenan la caída de Vizcarra, al
tiempo que desconocen al suce-
sor Manuel Merino. Merino renun-
cia ante las violentas y masivas
protestas callejeras que llevan al
poder a Francisco Sagasti (no-
viembre 2020), un político que a-
barca todas las características
burguesas de la alta clase social
peruana. Perú, es el mismo país
que desde hace dos siglos. Hoy se
da una tregua ante el anhelo que
las condiciones y tiempos de un
nuevo periodo electoral calmen
las protestas, mantengan cierta
estabilidad institucional, superen
la lucha pandémica y permitan al
ciudadano, soñar con un justo
reparto de la riqueza y nuevas
oportunidades para una población
de casi 33 millones de personas.
Es este, un recurrente sueño lati-
noamericano inalcanzable?
En el vecino Estado Plurinacional de
Bolivia, el país latinoamericano con
mayor número de Constituciones
aprobadas y de golpes de Estado
realizados, el Presidente Evo Mora-
les se mantuvo 14 años en el poder,
pero no le bastaron. Con intencio-
nes de eternizarse, convocó a un
referéndum que obtendría resulta-
dos negativos a sus pretensiones.
Morales desconoce entonces la vo-
luntad popular y lleva su intención a
un simpatizante Tribunal Consti-
tucional que brevemente dicta un
fallo permisivo a disputar un cuarto
mandato y a no poner límites a la
reelección indefinida. Se desata así,
un periodo de protestas sociales
frente al fallo constitucional, las
mismas que no evitaron unas nue-
vas elecciones y el triunfo de Mo-
rales. La Organización de Estados
Americanos (OEA) mediante su
observación electoral denuncia un
fraude, el mismo que desata nuevas
protestas sociales. El pueblo exige
la salida de Morales, cambios es-
tructurales y un nuevo gobernante.
Morales dimite en noviembre 2019 y
renuncia también su posible suce-
sora. Asume el poder, Jeanine Áñez,
quien ofrece gobernar hasta la
convocatoria a elecciones, las mis-
mas que se aplazan dos veces ante
la crisis del Covid-19 y las pugnas
de poder (que cobraron la vida a
más de 30 bolivianos). En octubre
de 2020, se llevan a cabo nuevas
elecciones, las mismas que regis-
tran un aplastante triunfo de Luis
Arce, miembro del partido y del ga-
binete ministerial de Morales. Para
críticos y fanáticos, este triunfo mar-
ca también el regreso de un “auto-
exilado” Evo Morales a Bolivia y se-
guramente, al poder.
Los estadounidenses defienden sus
valores constitucionales y los prin-
cipios democráticos que cons-
truyen orden y generan el profundo
respeto de su población a sus ins-
tituciones. Latinoamérica es una
sociedad desordenada y con ba-
jísima institucionalidad a todo nivel.
Su población desconoce su futuro y
desamparadamente, carece de o-
portunidades. Dentro de sistemas
políticos corruptos, conviven la po-
litización de la justicia y la
judicialización de la política. En
pugnas medievales, de poco sirven
los discursos. Es mucho más, el
daño que dejan siglos sin orden, la
improvisación, el odio y la corrup-
ción. Más allá del descontento
social, es evidente la mutilación de
la educación, del sistema de salud y
la investigación científica o tecno-
lógica. Las pocas oportunidades y
la insatisfacción de necesidades
básicas llaman a gritos a una
integración regional que combata la
corrupción, la inexistencia insti-
tucional y marquen orden y desa-
rrollo.
@JosAnto92250519
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medio sin autorización escrita del autor.

2. Para los juristas, una verdadera
Corte Nacional de Justicia inde-
pendiente solo es una utopía. Para
muchos ecuatorianos, correspon-
de a una telenovela sin afición ni
misterio, de esas que no te en-
ganchan, que no te provoca ver el
final porque es predecible; la mi-
ran solo porque se transmite en el
entretiempo del noticiero de la
mañana, tarde o noche.
En su esencia, la Corte debe ser la
mejor expresión de justicia y con-
fianza en un país, pero lamen-
tablemente en el Ecuador muchos
saben de su existencia solo por-
que ahí es donde se ejecuta a los
gobernantes pasados, y mañana a
los actuales. Por eso su historia no
inspira sino desconfianza. No pue-
de haber justicia si todos saben
cuál será el final, sin importar las
pruebas, o si eres inocente o cul-
pable; cuando el veredicto está lis
to antes del juicio, la justicia no es
confiable y quien la ejerce, mu-
cho menos.
El caso Sobornos 2012-2016 des-
filó por esa Corte, y entre sus acu-
sados se encontraba la cúpula
correísta: ¿alguien dudó del final?
Pues, no; todos sabían que no
importaría la prueba o cuál era la
acusación, ni si entre los veinte
acusados habían inocentes, o si se
respetaban las reglas; todos sa-
bían que no les importaría nada, y
definitivamente así fue… no les im-
portó.
Dicho caso debía ser correcta-
mente investigado para poder ser
sancionado, y determinar con cer-
teza la supuesta entrega de di-
nero por parte de contratistas, a
cambio de contratos. Debió ser un
proceso ejemplar, pero en el
camino irrespetaron la ley y el pro-
cedimiento, sancionaron inocen-
tes, y lo disfrazaron de justicia. Na-
da vale la pena, por heroica que
sea la causa, si se arrasa con ino-
centes.
Otro juicio que actualmente reco-
rre los caminos de la más alta Cor-
te, es el caso Singue; un proceso
que definitivamente no tiene ra-
zón de ser y que ni siquiera debe
estar en juicio, porque la prueba
que lo sostiene es el criterio de un
supuesto “experto” que cree que
se pudo haber tenido una mejor
negociación en la adjudicación del
pozo petrolero; es decir, el caso se
sustenta en una expectativa cre-
ada en el imaginario de alguien
que en su vida se vinculó con el
negocio petrolero.
En el destino de Singue se juega el
futuro de quince personas, mu-
chas de ellas, funcionarios de
carrera, jubilados y profesionales
que llegaron días antes de la sus-
cripción del contrato; estas per-
sonas son el poco público que aún
confía en una correcta admini-
stración de justicia y, es obvio, en
su lugar haría lo mismo, tienen la
esperanza que la suerte no esté
jugada, ni que la sentencia esté
redactada antes del veredicto.
Ser juez de la más alta Corte
debería ser el mayor honor de un
jurista, y todos deberían estar pen-
dientes de cuales son los letrados
que ocuparán esas sillas, deba-
tiendo si su probidad es mere-
cedora de tan alta dignidad; pero
esta Corte ha perdido tanto su
credibilidad, que parece que a
nadie le importa; es tan prede-
cible, que no importa quienes la
integren, porque su misión será
decapitar al opositor del gobierno
de turno, y de ese juego estamos
cansados todos.
Hoy, el Consejo de la Judicatura
está llevando adelante el concur-
so para la renovación parcial de la
Corte Nacional de Justicia… y ¡mu-
chos no lo saben! Quienes segui-
mos el concurso, no podemos ac-
ceder al historial de los postu-
lantes porque la página no funcio-
na; han aplazado el proceso por
motivos definitivamente cuestio-
nables, y los mismos postulantes
empiezan a dejarlo porque dudan
de su legitimidad.
Múltiples sectores de la opinión
pública han demandado la sus-
pensión del concurso. No hay
confianza ni certezas sobre la na-
turaleza de un proceso que,
además, coincide con las elec-
ciones. ¿Podemos confiar así, en
una real despolitización de la jus-
ticia, o la desjudicialización de la
política?
Los eventos descritos, nos privan
de confiar.
3.
JUDICIAL
VETO PARCIAL
REFORMAS CÓDIGO
ORGÁNICO DE LA
FUNCIÓN JUDICIAL
CASO SINGUE
LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO
4. LEGISLATIVO
REFORMAS A LEY DE
LA ASAMBLEA NACIONAL
LEY DE APOYO
HUMANITARIO
para juzgar la conducta de los legisla-
dores; institucionaliza las sesiones tele-
máticas; conforma la Unidad Técnica de
Control de Ejecución Presupuestaria;
reduce los tiempos de trámite de las
leyes ordinarias; y obliga a que todos los
pedidos de juicio político pasen a dis-
cusión en el pleno de la Asamblea Na-
cional.
Los cambios en la ley que norma el
funcionamiento del Parlamento, llegan
después de 2 intentos fallidos: en 2009,
el entonces presidente Rafael Correa
vetó totalmente un primer proyecto de
reformas, y en 2017 hizo lo propio el
presidente Lenín Moreno.
El Presidente de la República dispuso la
sanción favorable, sin veto, y la publi-
cación en el Registro Oficial, del pro-
yecto de reformas a la Ley Orgánica de
la Función Legislativa (LOFL), aprobado
previamente por la Asamblea Nacional.
La iniciativa incluye 135 modificaciones
que, entre otras cosas, fortalecen y agi-
lizan la capacidad de fiscalización de los
asambleístas; crea un Comité de Ética
No obstante, el CJ adelantó que no sus-
penderá ni declarará desierto el concur-
so, porque, a su juicio, atentaría contra
los derechos de la mayoría de pos-
tulantes, y conminó al CPCCS a presen-
tar la fundamentación y motivación téc-
nica y jurídica sobre su pedido.
Hasta el momento, el cronograma del
concurso se mantiene. 96 aspirantes
siguen registrados en el proceso para
llenar 16 vacantes en la CNJ. Durante el
mes de noviembre, finalizó la fase de
méritos, e incluso se agotó la instancia
de recalificación. El CJ posesionó a los
integrantes del Comité de Expertos,
encargado de elaborar el banco de
preguntas para la prueba teórica que
rendirán los aspirantes.
El Consejo de la Judicatura ha anun-
ciado que, según el cronograma, prevé
culminar todo el proceso hasta el 4 de
marzo de 2021.
Con tropiezos, avanza el proceso de
renovación parcial de la Corte Nacional
de Justicia (CNJ). En noviembre, el Con-
sejo de la Judicatura (CJ) notificó los
resultados de la fase de méritos a los
postulantes del concurso para la se-
lección de jueces, abriendo la posi-
bilidad que los aspirantes presenten
pedidos de recalificación, los mismos
que fueron resueltos por los Tribunales
de Recalificación.
Los juristas Paúl Ocaña y David Carrión,
presentaron una acción constitucional
de medidas cautelares para que se sus-
penda el concurso, al que se sumaron
varias organizaciones sociales, civiles y
de profesionales del derecho, que
advierten irregularidades en el proceso.
La Jueza Marjorie Naranjo resolvió que
no se puede conceder la medida cau-
telar. El Consejo de Participación Ciu-
dadana y Control Social (CPCCS) tam-
bién solicitó formalmente a la Judica-
tura que considere declarar la nulidad
parcial o total del concurso, pues según
informes de su veeduría, existirían in-
dicios de irregularidades.
El Ejecutivo objetó parcialmente el
proyecto de reformas al Código
Orgánico de la Función Judicial
(COFJ). El presidente Lenín More-
no remitió a la Asamblea Nacional
objeciones a 24 de los 65 artículos
aprobados originalmente por los
legisladores.
Entre otros aspectos, el mandata-
rio cuestionó los mecanismos de
evaluación de los jueces, a fin de
garantizar la independencia de
sus decisiones; propuso que el
Consejo de la Judicatura (CJ)
cuente con el apoyo de un Comité
de Evaluación, cuyos integrantes
sean imparciales, y que dicha eva-
luación se haga cada 3 años; que
el derecho a la reelección de los
notarios pase por un concurso de
méritos y oposición; y que se abra
un plazo de 18 meses para que la
Judicatura implemente una plata-
forma electrónica única para el
servicio notarial telemático.
La Comisión Legislativa de Justi-
cia y Estructura del Estado analizó
el veto y aprobó por unanimidad
un informe no vinculante, en el
que recomendó que la Asamblea
se allane a 6 de las 24 objeciones
presidenciales, e insista en el texto
originalmente aprobado de los
restantes 18 artículos.
La Asamblea Nacional tiene plazo
hasta el 6 de diciembre para pro-
nunciarse sobre las objeciones.
En este proceso judicial, en el que
están vinculados el ex vicepre-
sidente, Jorge Glas, y los ex Mi-
nistros de Hidrocarburos, Carlos
Pareja Yannuzzelli y Wilson Pastor,
la Fiscalía General del Estado
(FGE) consideró que la negocia-
ción del contrato no cumplió con
los requisitos de licitación, provo-
cando un perjuicio para el Estado
de USD 28,5 millones, hasta el 30
de septiembre de 2016.
Por otro lado, la inexistencia del
delito de peculado en el caso Sin-
gue ha sido uno de los argumen-
tos centrales de los abogados de-
fensores de los procesados, que
esperan la sentencia del tribunal,
integrado por los jueces Iván León
(ponente), Javier de la Cadena y
José Layedra.
Una vez concluida la audiencia de
juicio, los magistrados deberán
convocar una fecha y hora para
dar a conocer su resolución oral
sobre el presunto delito de
peculado. Mientras eso ocurre,
analizarán todos los elementos
probatorios expuestos por la FGE,
y las pruebas de descargo de las
defensas técnicas de los 15 pro-
cesados.
Este supuesto perjuicio al país, se
habría dado al fijar un precio de
USD 33,5 dólares por barril. Sin
embargo, esta tesis ha sido
cuestionada por los abogados de-
fensores de los procesados, pues
el contrato sigue vigente, y en
lugar de ocasionar pérdidas para
el país, ha generado rentabilidad,
contrario a lo que sucede con la
empresa privada, que no ha recu-
perado su inversión. Añadieron
que la adjudicación del campo
Singue es similar a 20 contratos
más que están vigentes en
Ecuador, por lo que habría pre-
ocupación en los inversionistas de
este sector.
Es importante resaltar que a la
audiencia de juicio no se presentó
el Ministerio de Energía y Recur-
sos Naturales No Renovables co-
mo acusador particular en el caso.
Por el contrario, comparecieron
funcionarios de la institución para
explicar los réditos que ha reci-
bido el Estado ecuatoriano gracias
la suscripción del contrato. Así
mismo, la Procuraduría General
del Estado (PGE) distó del criterio
fiscal y no acusó a cuatro de los
quince procesados.
El 12 de noviembre del 2020 fue la
fecha límite para la aplicación de
varios beneficios de alivio finan-
ciero que planteó la Ley de Apoyo
Humanitario por la pandemia del
Covid-19, pero hay algunas excep-
ciones que se detallan en el regla-
mento de este cuerpo legal y que
generaron confusión. Por ejemplo,
la suspensión de servicios básicos
y de Internet por estar en mora. La
Ley de Apoyo Humanitario señala
que no se deberán suspender los
servicios de agua, luz y telecomu-
nicaciones por falta de pago
"mientras permanezca vigente el
estado de excepción y hasta por
dos meses después de su termi-
nación". Sin embargo, según el
reglamento, la prohibición del
corte de estos servicios estuvo
vigente solo hasta agosto de 2020.
Es decir, actualmente, las empre-
sas que proveen servicios básicos
y de telecomunicaciones ya están
habilitadas para suspender el ser-
vicio a aquellos clientes que no
han pagado. Esto, debido a que el
reglamento dice que la pro-
hibición, "se mantendrá vigente 60
días después" de que haya fina-
lizado el primer estado de excep-
ción que declaró el Gobierno el 16
de marzo del 2020 y su reno-
vación.
La Comisión de Participación Ciu-
dadana y Control Social de la
Asamblea Nacional, aprobó el
informe para segundo debate del
proyecto de Ley Orgánica de
Extinción de Dominio. Esta iniciati-
va apunta a regular la extinción de
dominio de los bienes de origen
ilícito e injustificado o destino ilíci-
to, localizados en el país y en el
exterior.
Para que se configure la extinción
de dominio deberá comprobarse
la existencia de algún bien de
origen presumiblemente ilícito e
injustificado, la presunción de un
acto ilícito, el nexo causal de estos
dos elementos, y el conocimiento
que tenga el titular del bien de
origen ilícito.
Son bienes objeto de extinción de
dominio, todos los que sean sus-
ceptibles de valoración económi-
ca, muebles, inmuebles, acceso-
rios, dinero, activos de cualquier
tipo, acciones, títulos valores,
derechos fiduciarios, cuentas del
sistema financiero, entre otros.
El proyecto incluye el principio de
imprescriptibilidad, y añade a la
Procuraduría y la Fiscalía General
del Estado como sujetos proce-
sales. En la fase de investigación
patrimonial, la propuesta garanti-
za la reserva correspondiente,
excepto para los afectados. Esta
investigación será de 12 meses
con la posibilidad de prórroga por
6 meses.
Si se aplica la extinción de domi-
nio, los fondos serán depositados
en una subcuenta de la Cuenta
Única del Tesoro Nacional, y ser-
virán para programas sociales.
La iniciativa está a la espera de su
debate en el pleno del Parlamen-
to.
LA MÁS
ALTA
CORTE
DiegoFernando
ChimboVillacorte.
Abogado @DiegoFChimboV
Abogado en libre ejercicio (Actualidad)
Socio fundador de Chimbo-Moreno
Abogados y Asociados.
Abogado, por la Universidad Central
del Ecuador.
Especialista en Derecho Penal, por la
Universidad Andina Simón Bolívar.
Especialista en Ciencias Penales y
Criminológicas, por la Universidad
Externado de Colombia.
Ha publicado varios artículos
judiciales, entre ellos: “Suspensión
Condicional de la Pena” en la revista
“Criterio Penal” y, el “Error de
Prohibición en la Justicia Indígena”, en
la Revista Derecho y Criminológica de
la Universidad Externado de Colombia.
Expositor invitado en varias
Universidades de Ecuador.
Capacitador en litigación oral.
EXPERIENCIA
FORMACIÓN
OTROS
En noviembre se conoció que 18 de los 20 sentenciados en el caso Sobornos
2012-2016, presentaron una acción extraordinaria de protección, contra la
sentencia por el delito de cohecho agravado. Las acciones fueron ingresa-
das ante el Tribunal de Juicio de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), que se
encarga de ejecutar la condena. Presentadas las acciones, el presidente del
Tribunal, Iván León, dispuso que la Secretaría de la Sala Penal de la CNJ
remita el expediente original a la Corte Constitucional (CC) para su cono-
cimiento, dejando copias certificadas de las sentencias y autos dictados en
esta fase para continuar con la ejecución.
Respecto de los valores a cancelar por concepto de reparación al Estado,
establecidos en la sentencia de la causa, el Procurador Íñigo Salvador
entregó a la Corte Nacional de Justicia un listado de 87 inmuebles y 44
vehículos, pertenecientes a 17 de los 20 sentenciados del caso. Si no can-
celan los USD 14,7 millones establecidos como reparación, esos bienes
serán embargados y rematados.
El procurador también solicitó al Tribunal que señale día y hora para el cum-
plimiento de los actos simbólicos, es decir, la presentación de disculpas
públicas en la Plaza de la Independencia, por parte de los sentenciados;
publicación de la parte resolutiva de la sentencia en tres medios de comuni-
cación; colocación de una placa en el Palacio de Carondelet, cuyo texto
determinó el Tribunal del caso; y cumplimiento de 300 horas de capacitación
en temas relacionados a transparencia y ética laica en la gestión pública.
DATOS:
Boletas de detención. - Hasta el momento, de los 20 sentenciados, el exvice-
presidente Jorge Glas, el exsecretario jurídico Alexis Mera, y la exasesora del
expresidente Rafael Correa, Pamela Martínez, cumplen prisión en distintas
cárceles del país. La secretaria de Martínez, Laura Terán, ya cumplió su senten-
cia, y actualmente se encuentra en libertad.
Reparación al Estado. – El empresario Alberto Hidalgo, de la constructora
Hidalgo & Hidalgo, pagó USD 368.000, establecidos en la sentencia, y Manuel
Fontana, de FOPECA, USD 778.000; en tanto, Ramiro Galarza, de CONSERMIN,
pidió se fije fórmula de pago.
CASO SOBORNOS 2012-2016
CONCURSO DE
JUECES
Articulista invitado.
Los artículos de opinión que se publican son de
exclusiva responsabilidad de su autor y no expresan
necesariamente el pensamiento de Transparent
Reputation Consulting. Está prohibida la reproducción
total o parcial en cualquier forma o por cualquier
medio sin autorización escrita del autor.

3. Fuentes: Banco Central del Ecuador, INEC, Ministerio de Economía y Finanzas
Canasta
Básica
Familiar
Noviembre 2020
Barril de
petróleo
WTI
al 27 de
Noviembre 2020
Riesgo
país
al 27 de
Noviembre 2020
Deuda
externa
pública
%PIB
Inflación mensual
Noviembre 2020
USD
710,74
USD
45.31 42.98%
-0,19
1079
puntos
A continuación, algunos beneficios
para el consumidor del mercado
ecuatoriano:
Desde la vigencia del acuerdo, ingre-
sarán a Ecuador con arancel 0%
algunos productos farmacéuticos,
fertilizantes, insumos de tecnología
médica (audífonos o implantes), entre
otros.
El tratado plantea una desgravación
progresiva para diversas prepara-
ciones alimenticias, bebidas energéti-
cas, alimentos infantiles o galletas.
El acuerdo contempla un contingente
para importar 140 toneladas de queso
procedente de Suiza exento de
aranceles.
Ecuador negoció beneficios para el
ingreso de cosméticos, vehículos y
joyas, entre otros.
Con el acuerdo, hay potencial de cre-
cimiento en el ingreso de maquinarias
y sus repuestos, equipos eléctricos,
productos de la industria química,
cosméticos, relojes y joyería de Suiza.
El comercio para importar chocolates,
galletas, bebidas y queso aumentará.
Desde Noruega se importarán má-
quinas industriales, consolas eléctri-
cas y cajas de plástico para CD y DVD.
Otros insumos que llegarán a más
bajo costo de los países nórdicos,
como, fertilizantes y fungicidas, para
el sector agrícola.
Los ecuatorianos podrán adquirir pro-
ductos islandeses sin aranceles como
aparatos para ortopedia y prótesis,
generadores de corriente, entre otros.
1.
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5.
ECONÓMICO
El Acuerdo Comercial de Asocia-
ción Económica Inclusiva entre
Ecuador y la Asociación Europea
de Libre Comercio (EFTA), por sus
siglas en inglés, entró en vigor el 1
de noviembre de 2020. Las prefe-
rencias arancelarias contenidas
en el tratado, que fue firmado en
junio de 2018, debían entrar en
vigencia tres meses después de
que el texto haya sido ratificado
por las naciones, pero los trámites
demoraron. EFTA es el mercado
de 14 millones de habitantes con
un alto poder adquisitivo, destacó
el Ministerio de Producción. Está
conformado por Suiza, Noruega,
Liechtenstein e Islandia. El marco
comercial permitirá que produc-
tos como quesos, antibióticos,
relojes, fertilizantes y maquinaria
industrial lleguen a un menor
precio desde los países nórdicos.
A partir de noviembre, la Agencia
de Regulación y Control de Ener-
gía y Recursos Naturales no Reno-
vables (ARC) es la entidad encar-
gada de fijar los precios del diésel
premium, diésel 2 y gasolinas ex-
tra y ecopaís dentro de las bandas
referenciales vigentes.
Así lo informó el Ministerio de E-
nergía, que aclaró que la decisión
ha sido publicada a través del
decreto ejecutivo 1183 emitido por
el Presidente de la República, Le-
nín Moreno, y cuyo objetivo es
generar mayor transparencia e
independencia en la determi-
nación de los precios. Anterior-
mente, era Petroecuador la que
fijaba dichos valores y tomando en
cuenta sus propios costos. Lo que
se lograría con este cambio, es
que la empresa estatal pase a ser
una abastecedora más de
combustibles, lo cual favorecería
la importación de derivados a
través de privados. La ARC rea-
lizará los cálculos en función de
índices especializados, como:mar-
cadores internacionales, costos de
fletes, seguros, tributos, transpor-
te y almacenamiento. El Ministerio
enfatizó que sigue vigente el sis-
tema de banda referencial de los
combustibles diésel premium,
diésel 2 y gasolinas extra, y eco-
país para los segmentos automo-
triz, camaronero, pesquero y atu-
nero, que evita incrementos en
más del 5% respecto al mes an-
terior. Los precios del gas para uso
doméstico, agroindustrial y ve-
hicular, no suben, según el Mi-
nisterio.
En noviembre el Directorio del
Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) nombró a sus nuevas
autoridades, tras la invitación que
realizara el nuevo presidente del
BID, Mauricio Claver-Carone. El
exministro de Economía, Richard
Martínez, fue designado como
vicepresidente de países de este
organismo internacional.
Este cargo, según el BID, es el
responsable de liderar la relación
del Banco con sus miembros,
incluida la formulación de estra-
tegias regionales y específicas
para cada país y, además, super-
visa las operaciones del Banco en
el sector público. En un comuni-
cado previo, el banco destacó que
“Martínez llevó adelante un ambi-
cioso proceso de reforma fiscal y
restableció las relaciones del país
con la comunidad financiera inter-
nacional”.
Tras conocer el anuncio sobre la
designación de Martínez, en su
cuenta de Twitter, el presidente
Lenín Moreno felicitó al exministro
de su Gobierno, “Estamos seguros
de que harás una extraordinaria
labor”.
La posible designación de Mar-
tínez ya había sido cuestionada en
Ecuador, pues el artículo 153 de la
Constitución establece que quie-
nes hayan ejercido la titularidad
de un ministerio no podrán ser
funcionarios de instituciones fi-
nancieras internacionales acree-
doras del país durante los dos
siguientes años de haber dejado
el cargo. Pero, el mismo Martínez
dijo que no tiene prohibición
porque el BID no sería una entidad
financiera internacional, sino de
desarrollo.
Richard Martínez fue ministro de
Finanzas entre el 16 de mayo de
2018 y el 7 de octubre de 2020 y fue
reemplazado por Mauricio Pozo.
Durante su gestión, Martínez lideró
varias acciones claves para la ad-
ministración de Lenín Moreno:
El establecimiento de una nueva
fórmula para fijar los precios de
los combustibles en Ecuador.
La renegociación de la deuda con
los tenedores de los Bonos Global.
Un nuevo acuerdo con el Fondo
Monetario Internacional (FMI) por
USD 6.500 millones.
En marzo de 2019 también firmó el
acuerdo número 19 con el orga-
nismo multilateral, el cual fue
suspendido un año después por el
incumplimiento de metas.
AGENCIA DE REGULACIÓN ESTABLECERÁ
LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES
ÍNDICES ECONÓMICOS
EL GOBIERNO ECUATORIANO
NEGOCIA DOS VENTAS DE
CRUDO A LARGO PLAZO,
PARA OBTENER FINANCIAMIENTO
CON DOS BANCOS CHINOS
Richard Martínez, exministro de Fi-
nanzas, mencionó en mayo pasado que
en estos créditos la tasa de interés sería
de alrededor del 6%. Además, señaló
que los primeros USD 1.700 millones se
esperaban recibir en este 2020. El resto
se obtendría en el 2021. Sin embargo,
estas operaciones todavía siguen en
negociación.
La estatal Petroecuador, encargada de
la comercialización de crudo, analiza
desde los primeros meses de este año
la venta de unos 70 millones de barriles
de petróleo, con vencimiento en 2025, a
cambio de un crédito de USD 1.400
millones, que sería otorgado por el
ICBC. A esta operación se suma otra con
el CDB, que entregaría USD 1.000 mi-
llones. Este crédito está atado a una
operación de venta de crudo de 84
millones de barriles. Estas últimas
entregas están previstas hasta el 2028,
según información del Ministerio de
Finanzas. Esta nueva demanda ha
puesto a la petrolera estatal en una
situación compleja, porque en pro-
medio las firmas chinas pagarían USD 2
menos por barril en relación con la
última venta de largo plazo a la firma
privada Shell, y no se cuenta con su-
ficiente crudo para asumir nuevos com-
promisos. Esto ocurre, incluso, pese a
que a fines de 2020 está previsto que
venzan tres de los ocho contratos
vigentes. En el 2021, se estima que el
país tendrá un déficit de 10,2 millones
de barriles de crudo de su oferta ex-
portable.
El Gobierno Nacional continúa nego-
ciando dos ventas de petróleo a largo
plazo, por un total de 154 millones de
barriles, para obtener financiamiento
con dos bancos chinos. De ese monto,
142,5 millones de barriles corresponden
a nueva producción y el resto a un
remanente de un contrato con China
anterior que se liquidará e incluirá en las
nuevas operaciones. Con todo ello, el
Fisco busca concretar un alivio econó-
mico por USD 2.400 millones. Estos re
recursos serán proporcionados por el
Banco Industrial y Comercial de China
(ICBC) y el Banco de Desarrollo de China
(CDB). Aunque, inicialmente, el Mi-
nisterio de Economía expresó que solo
una parte de este financiamiento estaría
condicionado a la entrega de crudo, se
esperaba obtener el resto a través de
una operación crediticia.
VIGENCIA EFTA
NOMBRAMIENTO DE
RICHARD MARTÍNEZ EN EL BID
Alejandra Rivas Mantilla
Fabricio Vela
Cristina Cabezas
Dr. José Antonio Villena
Dr. Diego Chimbo
Rivas Publicidad
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Equipo Editorial
Articulistas Invitados
Diseño y Diagramación